NO SON SENTENCIAS HUÉRFANAS.

A la vista de la información que, a lo largo de estas últimas semanas, se ha difundido sobre las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por vulnerar el derecho de acceso a la función pública que establece el artículo 23.2 de la Constitución Española, cabría pensar que las dos sentencias han caído llovidas del cielo.

Nada se dice de quién promovió los recursos ni quién ha exigido su cumplimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Se debe de considerar un dato irrelevante, carente de todo interés informativo. Nada se dice de quién fue la parte actora ni tampoco quiénes fueron las partes codemandadas, pues el Gobierno de Aragón no estuvo solo en estos procedimientos judiciales, sino que contó con la extraña colaboración de los sindicatos mayoritarios de la función pública (UGT y CCOO). A lo mejor el silencio no es casual y no estamos ante una falta de información sino ante una tentativa de desinformación.

No deja de ser llamativo que tal actitud haya sido adoptada por Gobierno, sindicatos de la función pública y medios de comunicación aragoneses de forma unánime, omitiendo no solo toda referencia o información a los autores del recurso sino también a la trascendencia que las sentencias obtenidas han marcado en el actual panorama de la función pública. Llamativa falta de deontología profesional, al menos nos lo parece a nosotros, supone que, sobre el Decreto-ley 1/2014 aprobado por el Gobierno de Aragón para tratar de aparentar el cumplimiento de dichas sentencias, los medios de comunicación recaben exclusivamente la opinión a los sindicatos de la función pública aragonesa y no recojan la opinión de esta Asociación, pese a haber sido trasladada a los medios a través de numerosas notas de prensa, todas ellas ignoradas de forma deliberada. No obstante, la información –y menos la mala información- no puede alterar la realidad de las cosas, sobre todo cuando un tema está en manos de los Tribunales, encargados de aplicar el ordenamiento jurídico e inmunes a toda estrategia de desinformación.

Gobierno y sindicatos tienen sus razones para ignorar a esta Asociación: no olvidemos que ambas partes fueron codemandadas en el recurso promovido contra las Ofertas de Empleo Público y que hicieron causa común en su defensa, y de ahí el silencio interesado de algunos responsables sindicales, que no solo no nombran a esta Asociación sino que, además, callan que ellos fueron parte en el proceso judicial, oponiéndose a las pretensiones de esta Asociación. La honestidad más básica, sin embargo, debiera impedirles el pretender negociar ahora entre ellos las condiciones de ejecución de una sentencia que ambos perdieron y cuyo único fin perseguido parece ser el desvirtuar los términos de las propias sentencias.

Es preocupante observar el desarrollo de los hechos, porque la principal conclusión que cabe sacar de ello es que nada ha cambiado en la actitud de Gobierno y sindicatos tras las sentencias dictadas por los Tribunales. Sus comportamientos siguen siendo exactamente los mismos, sin reconocer el mínimo error en sus estrategias y despreciando el esfuerzo desplegado por quienes han reclamado el respeto al derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos. Pero, gusten o no, las sentencias están ahí y sobre su adecuada ejecución, como titulares del derecho a la tutela judicial efectiva, no opinarán quienes perdieron ambos procesos judiciales, sino quienes obtuvieron las sentencias que ahora toca cumplir al Gobierno de Aragón. Las sentencias no cayeron del cielo ni se encuentran huérfanas ni desamparadas. Esta Asociación y los Tribunales velarán por su correcta ejecución.