El
pasado jueves por la tarde, en los locales de la Junta Municipal Centro del
Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, conforme al
orden del día establecido en su convocatoria, hecha pública en este blog
conforme a las reglas de transparencia establecidas.
Tras
la aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior, celebrada el
28 de octubre de 2914, el Presidente de la Asociación, Julio
Guiral, hizo un resumen de las principales actividades desarrolladas por la Asociación desde la
anterior sesión de la Junta Directiva,
destacando la celebración del Día Internacional contra la Corrupción el pasado 9
de diciembre, mediante una jornada sobre corrupción y pobreza, con diversos
ponentes, que tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo de la
Universidad de Zaragoza; en relación con el desarrollo de las
previsiones contenidas en la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, hay
que situar las sugerencias dirigidas a la Defensora del Pueblo Europeo y a los diferentes Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados, para la confección de una
estrategia europea y nacional que dé el debido desarrollo a las medidas
previstas en la Convención,
fundamentalmente en el ámbito del sector público; y se plantea la conveniencia
de remitir igual escrito de sugerencia o peticiones a otras instituciones europeas
y nacionales, para dar la máxima amplitud a la demanda de desarrollo de la Convención contra la Corrupción; se valoran
igualmente las respuestas recibidas de diferentes cargos públicos a algunas de
las peticiones realizadas, como la restricción de la libre designación en la
provisión de plazas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) o la
reclamada investigación sobre la falta de diligencia de la Intervención General
en remitir información al Tribunal de Cuentas sobre la actuación de la empresa
pública PLAZA, S.A.; se valora positivamente las advertencias realizadas desde
el Gobierno central sobre inconstitucionalidad de la proposición de ley de
actualización de los derechos históricos de Aragón, al venir a confirmar las críticas
realizadas desde esta Asociación en su momento, entendiéndose que lo procedente
sería la retirada de la proposición por los grupos parlamentarios proponentes;
y se aborda también el previsto proyecto de ley de integración efectiva del
CASAR en el Servicio Aragonés de Salud, informándose de los contactos
mantenidos con miembros del Colectivo Salud Cinco Villas, con el fin de coordinar
posibles actuaciones en contra de las medidas previstas en la ley, al suponer
una incorporación al empleo público de un amplio colectivo de personas, al
margen de los procedimientos reglados conforme a los principios de igualdad, mérito
y capacidad.
A
continuación se abordan los diferentes procesos actualmente en marcha en relación
con la defensa del derecho de acceso al empleo público: en primer lugar, se
valoran positivamente las recientes diligencias acordadas por el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, en las que se tiene por no ejecutadas
correctamente las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón que anularon las ofertas de 2007 y 2011, toda vez que las
ofertas complementarias aprobadas por el Gobierno de Aragón no han incluido la
totalidad de las plazas exigidas por los fallos judiciales; al margen de la
necesaria aprobación de nuevas ofertas complementarias, exigidas por el
Tribunal, resulta necesario reclamar responsabilidades administrativas y políticas
a quienes han provocado con su actuación el resultado de incumplimiento, para
lo cual se han enviado escritos a la Presidenta del Gobierno de Aragón y a los Grupos
Parlamentarios de las Cortes de Aragón; en segundo lugar, se analiza el estado
del proceso de impugnación de la
Oferta de Empleo Público de 2014 en la Administración General
del Estado, una vez conocida la contestación a la demanda formulada por la Abogacía del Estado, y se
conviene en la necesidad de que este proceso culmine necesariamente en un
pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el grado de respeto por parte
de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado al contenido esencial del derecho fundamental
de acceso a la función pública, promoviendo si fuera preciso el oportuno
recurso de amparo frente a la posible sentencia que dicte en su día el Tribunal
Supremo; y, finalmente, en tercer lugar, se valora la situación de falta de
aprobación de Oferta de Empleo Público de 2014 por parte del Gobierno de Aragón,
y la necesidad de llevar al control de los Tribunales la inactividad del
Gobierno, sin perjuicio de las ofertas sectoriales que hayan podido aprobarse
en el ámbito de personal docente y sanitario.
En
relación a la situación del personal de las empresas públicas, se considera la
necesidad de insistir en la necesaria investigación de la situación del
personal de la empresa pública SARGA, a la vista de la denuncia realizada por
trabajadores de dicha empresa en una comparecencia ante las Cortes de Aragón, y
en la denuncia de la ocupación de plazas propias de funcionarios por parte de
personal de las empresas, incurriéndose con ello en un claro préstamo de
trabajadores y en una suplantación de funciones reservadas a funcionarios públicos,
fundamentalmente en el área de Medio Ambiente.
Seguidamente,
se insiste en la oportunidad de abordar la elaboración del nuevo Documento de
Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la próxima legislatura,
que ha de consistir en la prioridad de los dos primeros meses de 2015, para
poder plantear nuestras propuestas de avance en la gestión pública al conjunto
de partidos que concurran a las elecciones autonómicas de mayo de 2015.
A
continuación, se acuerda la incorporación de la Asociación a la
organización Acción Cívica contra la Corrupción, para actuar como socio de la misma y
contribuir a la actuación coordinada en la lucha contra la corrupción desde
plataformas de ciudadanos comprometidos con la legalidad y el interés general.
Finalmente,
en el apartado de ruegos y preguntas, se plantea la necesidad de analizar los
cambios publicados en las relaciones de puestos de trabajo en los que existen
indicios de adecuación de las características del puesto a las condiciones de
los candidatos predeterminados, para reaccionar con lo que constituye una práctica
arbitraria y antijurídica de los Departamentos de la Administración
autonómica, admitida por los responsables del Departamento de Hacienda y
Administración Pública.
Concluye
la reunión con el convencimiento de que los meses que restan de legislatura requieren
una intensificación del esfuerzo de la Asociación para reaccionar frente a los claros
abusos detectados en el funcionamiento de la Administración
autonómica y para formular propuestas de futuro que permitan una alternativa a
la realidad existente.
