El Director de la
Agencia Valenciana Antifraude, Joan
Llinares, tuvo una brillante intervención pública ayer tarde en el salón de
actos de la Biblioteca de Aragón, dentro del acto organizado por esta
Asociación para conmemorar el Día
Internacional contra la Corrupción, jornada destinada a difundir la
estrategia contenida en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,
aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006, cuyos compromisos siguen en
gran medida todavía pendientes de desarrollo.
Con una notable asistencia
de público, y tras una breve presentación del acto realizada por el Presidente
de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral,
el recientemente nombrado responsable de la Agencia Valenciana Antifraude abordó la problemática de la
corrupción en España y la necesidad de reconocer la existencia del problema
para afrontarlo con medidas eficaces, entre las cuales se encuentran las
Oficinas Antifraude, instrumento propugnado desde hace ya más de dos décadas
por la OCDE y la Unión Europea, y reforzado posteriormente por la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción, como agente especializado en la
prevención de las prácticas corruptas en la acción pública, y de investigación
de actuaciones irregulares de agentes públicos en el curso de los
procedimientos administrativos y en la gestión de recursos públicos.
La detección de las
zonas de riesgo y la identificación de las prácticas irregulares que puedan
darse en cada área de la gestión pública, como paso previo para arbitrar los
mecanismos de prevención propios de un marco de integridad institucional -entre
los cuales han de figurar la formación de los empleados públicos, el
establecimiento de códigos de conducta y los cauces de denuncia o alerta ética,
con medidas de protección a los denunciantes de irregularidades o conductas
ilícitas, para evitar que la denuncia pueda acarrearles perjuicios o represalias-,
fueron aspectos expresamente destacados en la intervención llevada a cabo ayer.
La corrupción menoscaba
el buen funcionamiento institucional y genera desconfianza ciudadana hacia los
poderes públicos, degradando la calidad de la democracia, pero fundamentalmente
afecta al principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, al hacer primar
sobre razones objetivas otras de índole subjetiva dirigidas a favorecer el
disfrute indebido de recursos públicos por redes clientelares, de naturaleza
política, económica o familiar. Es una tarea de todos reaccionar frente a dicho
estado de cosas –sin pensar que la corrupción es cosa de años pasados, de la
que han de ocuparse los tribunales-, y para ello hemos de dotarnos de
herramientas adecuadas, sin olvidar que los controles tradicionales se han
mostrado ineficaces o han sido burlados por las redes corruptas. Pero es una
tarea especialmente atribuible a responsables políticos y a quienes trabajan en
las diferentes Administraciones, cuya profesionalidad y compromiso ético exigen
una especial reacción frente a cualquier indicio o sospecha de corrupción. Pero
para que ello se produzca de manera eficaz son precisos cauces idóneos –con confidencialidad
y garantías suficientes- como los que la ley de creación de la Agencia
Valenciana Antifraude viene a prever.
Fueron numerosos los
casos relatados en su intervención que sirvieron para ilustrar la insuficiencia
de los actuales medios de control y, como Asociación comprometida con el
respeto al derecho de acceso a la función pública, queremos subrayar nuestra
satisfacción por el hecho de que la ley reguladora de la Agencia Valenciana
Antifraude incluya entre las áreas de especial supervisión y control la del
acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo en la
Administración, un área en la que hemos visto un persistente incumplimiento por
parte de las Administraciones en asegurar los principios de igualdad, mérito y capacidad,
y en la aprobación o ejecución de las ofertas anuales de empleo público, lo que
ha sido causa de elevadas tasas de interinidad y de grave deterioro de la
función pública en su funcionamiento.
Al acto de ayer se
invitó a la práctica totalidad de los altos cargos de la Administración de la
Comunidad Autónoma, sin que ninguno de ellos asistiera ni excusara su inasistencia,
salvo la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que agradeció la invitación
pero alegó razones de agenda que le impedían asistir. Todos ellos se privaron,
con ello, de la magistral exposición de Joan Llinares sobre el papel que
corresponde desempeñar a las instituciones públicas en la prevención y lucha
contra la corrupción. Y sobre todo perdieron la oportunidad de escuchar a un
responsable público solvente y con credibilidad.
La conferencia de ayer
fue una lección de integridad impartida por una persona que cree firmemente en
la ética pública, y cuyo magisterio y ejemplo queremos agradecer expresamente.
Fue un honor para esta Asociación contar con su presencia en el acto organizado
este año para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción. Un honor,
una satisfacción y un poderoso estímulo para seguir trabajando.
