LA OPACIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN MATERIA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

Abundan en prensa y en notas informativas de los sindicatos de la función pública, noticias relativas a la próxima aprobación de la oferta de empleo público para 2017 por parte del Gobierno de Aragón, tras la correspondiente negociación colectiva. Sin embargo, y en contra de lo que requiere el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa para la información de relevancia jurídica, no es posible obtener dato alguno sobre dicho proyecto de oferta en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

De acuerdo con lo que señala el artículo 15 de la Ley8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, las Administraciones Públicas aragonesas publicarán, en su correspondiente portal de transparencia, “los proyectos de reglamento, una vez elaborados y previamente a la solicitud de los informes y dictámenes de los órganos consultivos”. 

Toda vez que la oferta de empleo público se tramita y aprueba como una disposición general, aprobada por Decreto del Gobierno de Aragón, su tramitación debiera quedar sujeta a la obligación de publicidad actica prevista en el precepto señalado. Sin embargo, es fácil apreciar, con una mera visita al Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, que no se respeta dicha obligación, y dicho incumplimiento no puede achacarse a inadvertencia, sino a una mala praxis –de evidente ocultación- que ya fue puesta de manifiesto por una resolución del Consejo de Transparencia de Aragón, resultante de una reclamación promovida por esta Asociación.

No es razonable que los proyectos de oferta solo tengan publicidad relativa a su tramitación una vez que han resultado aprobados por el Gobierno de Aragón, hurtando con ello la debida información a los ciudadanos sobre la adecuada tramitación del mismo, e impidiendo conocer el contenido del proyecto en el momento en el que el mismo ha sido elaborado, sin perjuicio de los trámites posteriores, como son los preceptivos informes de la Inspección General de Servicios y de la Dirección General de Servicios Jurídicos.

La Ley de Transparencia aragonesa no deja lugar a dudas sobre el momento en el que el proyecto de oferta de empleo público –como proyecto reglamentario- debe ser objeto de publicidad activa en el Portal de Transparencia, momento que fue expresamente indicado por el Consejo de Transparencia de Aragón en su resolución de 27 de marzo de 2017. Es evidente también la nula voluntad de los responsables de la Dirección General de la Función Pública de dar cumplimiento a lo indicado en la citada resolución, en la que se instaba al Departamento de Hacienda y Administración Pública –como sujeto obligado a publicar los proyectos de reglamento relativos a la oferta de empleo público de Gobierno de Aragón- a publicar, en lo sucesivo, la información en el momento procedimental oportuno.

Frente a lo instado por el Consejo de Transparencia de Aragón, los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública han hecho caso omiso a su obligación de publicidad activa, y nuevamente los ciudadanos vemos negado nuestro derecho a conocer el contenido de un proyecto de oferta de empleo público sobre el que, sin embargo, medios de comunicación y sindicatos difunden información, sin que ello pueda suplir la debida publicidad activa en el Portal de Transparencia.

LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA COMO TAREA PROPIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas tras la aprobación en 2003 de la Convención contra la Corrupción, ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008, esta Asociación organizará el próximo mes de diciembre un acto público en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón, con la intervención de Joan Llinares, Director de la nueva Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana.

Es importante afrontar el grave problema de la corrupción pública, tanto política como administrativa, con una estrategia amplia de medidas de prevención, entre las cuales ha de ocupar un papel fundamental el reforzamiento de la profesionalidad de los servidores públicos y la promoción de códigos de conducta que hagan de cada funcionario un agente activo de prevención de posibles irregularidades en la gestión pública, y hemos de explorar la función que pueda cumplir en dicha estrategia la creación de agencias de prevención, con una dependencia directa del Parlamento, como es el caso de la recientemente creada Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, y también de la aragonesa Agencia de Integridad y Ética Públicas, creada por la Ley 5/2017, de 1 de junio.

Entre los objetivos establecidos en la nueva Ley autonómica de Integridad y Ética Públicas se señalan el de establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los empleados públicos y regular el estatuto del denunciante. No es posible desconocer que desde 2007, años en el que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se incluía un ambicioso precepto dedicado a los códigos de conducta de los empleados públicos, nada se ha hecho para su instauración y control en los diferentes ámbitos de la Administración autonómica, y no parece que para la aplicación de una Ley sea necesaria la aprobación de otra, sino la adopción de medidas tendentes a llevar a la práctica administrativa los principios de conducta ya establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Diez años de inactividad en esta materia parecen quererse enmendar ahora con una nueva Ley, pero nada permite augurar, por el momento, que la nueva Ley vaya a tener mayor aplicación que el inaplicado Estatuto Básico del Empleado Público. Debemos por lo tanto alertar sobre el carácter meramente cosmético que pueden revestir ciertas decisiones legislativas, si las mismas no vienen acompañadas de una clara voluntad política de aplicación, y si las instituciones de control, como puede ser el Justicia de Aragón, no adoptan un compromiso firme en el ejercicio de su labor de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, evitando que las normas legales que debieran ayudar a corregir deficiencias y disfunciones de la acción pública se vean relegadas a la inoperancia, por la falta de aplicación real de sus previsiones.

Nuestra Asociación, desde una posición crítica con la nueva Ley de Integridad y Ética Públicas, tratará de que el conjunto de las instituciones públicas incorpore en sus objetivos de acción medidas que refuercen el papel de los servidores públicos en el ámbito de la prevención y la denuncia de la corrupción pública, entendiendo que el respeto al régimen de selección del personal de las Administraciones y el fomento de su profesionalidad en el desempeño de las funciones –con un sistema adecuado de provisión de puestos de trabajo y un modelo objetivo de carrera profesional- son elementos imprescindibles de dicha estrategia. Mal se puede aspirar a superiores niveles de integridad pública mientras el acceso al empleo público y el sistema de provisión de puestos permanecen claramente alejados de la legalidad constitucional y administrativa y la objetividad y el mérito siguen viéndose relegados por la discrecionalidad política y la vulneración de las normas.

NECESIDAD DE REFLEXIÓN, DEBATE Y ACCIÓN, DESDE EL COMPROMISO PLENO CON LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO.

Esta Asociación, en la reciente reunión mantenida por su Junta Directiva, ha valorado no solo la oportunidad sino también la necesidad de seguir impulsando, en el ámbito de las Administraciones Públicas y del conjunto de las instituciones públicas, una labor de impulso de medidas tendentes a reforzar el compromiso con la legalidad, la profesionalidad y la ética de los servidores públicos, para contribuir con ello a la fortaleza del Estado de Derecho y a la calidad de nuestra democracia, especialmente en estos momentos en los que se sufre el ataque indiscriminado por parte de aquellos que, pese a sus proclamas de democracia, son incapaces de apreciar todo lo valioso que ha aportado a la sociedad española la Constitución Española de 1978, en la que se han reconocido al más alto nivel los derechos fundamentales de los ciudadanos y se han proclamado los principios y dictado las reglas que aseguran nuestra libertad y nuestra convivencia dentro del respeto al pluralismo y a la diversidad.

Desde esta Asociación reivindicamos sin reserva alguna la vigencia de los principios y valores de nuestra Constitución y la imprescindible vigencia del Estado de Derecho, sin el cual cualquier aspiración de convivencia democrática resulta irrealizable. Cualquier proyecto formulado al margen de sus cauces constituye una amenaza a la libertad de todos y al bienestar colectivo, al que todos hemos de contribuir con un comportamiento cívico y respetuoso de la legalidad. No hay nadie exento del pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, y mucho menos las autoridades públicas y responsables institucionales, cuyo desafío al orden constitucional reviste una extrema gravedad.

Vamos a seguir ejerciendo el uso público de la razón, vamos a seguir promoviendo dentro de las Administraciones Públicas el cumplimiento de la legalidad, el avance en objetivos de profesionalidad e integridad en el desempeño de la función pública, el irrenunciable empeño en conseguir cotas crecientes de buen gobierno y buena administración que redunden en la calidad democrática de nuestra sociedad y nuestro sistema político, y animamos a servidores públicos y ciudadanos a participar de este esfuerzo común al que todos hemos de contribuir con nuestro trabajo, nuestra actitud, nuestra capacidad de encuentro.

Todas las ideas son valiosas si contribuyen a enriquecer el necesario debate en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, si se formulan desde el compromiso de profundizar en el proyecto de libertad y convivencia que supone nuestra comunidad política, definida en la Constitución Española y en los Tratados de la Unión Europea, y esta Asociación no solo está dispuesta a expresar sus ideas, desde el respeto a las de los demás, sino a considerar las ideas y posiciones ajenas como aportación estimable a los soluciones que entre todos hemos de ser capaces de hallar, para seguir avanzando en nuestra vida democrática, con el objetivo primordial de hacer realidad la libertad plena de las personas y la dignidad de todos, desde la solidaridad y la atención a las condiciones de vida de todos, de modo que nadie se vea excluido ni privado del potencial que le corresponde como persona, como ciudadano, como ser humano y elemento necesario y activo de la sociedad de la que todos formamos parte.