FUNCIÓN PÚBLICA CAMBIA DE MANOS.

La salida del Gobierno del Consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, con la que tanto se había especulado desde la misma fecha de su constitución, finalmente se ha producido esta semana última del año. El nuevo año, por lo tanto, lo estrenaremos con un nuevo responsable del Departamento al que corresponde la materia de función pública.

No vamos a juzgar desde esta Asociación la decisión tomada por el hasta ahora Consejero de abandonar sus responsabilidades políticas en Aragón para asumir otras dentro del organigrama de la Administración General del Estado: nos parece una decisión respetable y creemos que se adopta desde el compromiso con el servicio público. Algunas voces que critican dicho cambio curiosamente guardaron silencio cuando, en la anterior etapa de Gobierno, se produjo la salida de otro destacado Consejero del Gobierno de Aragón para asumir la Presidencia del Real Zaragoza, decisión mucho más cuestionable.

Lamentamos, en cualquier caso, la pérdida de impulso político que la importante área de gestión pública que agrupa el Departamento de Hacienda y Administración Pública puede experimentar con el cambio de Consejero, pues desde esta Asociación hemos podido constatar el sincero compromiso de Mario Garcés con la regeneración de la función pública y con el impulso de medidas de buena administración, algo que se acredita, entre otras cosas, con el nombramiento de Ignacio Murillo como Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

Mario Garcés ha sido el primer Consejero del Gobierno de Aragón en desear mantener contacto personal y directo con los responsables de esta Asociación y expresar su valoración altamente positiva al trabajo realizado en defensa de la función pública: ese simple dato lo diferencia claramente de los anteriores responsables del Departamento competente en materia de función pública -Javier Velasco y Eva Almunia-, que no solo no mantuvieron contacto alguno con esta Asociación, sino que ni siquiera atendieron los escritos de petición que se les dirigieron, ignorando con tal actitud el derecho fundamental ejercido por esta Asociación.

Desde esta Asociación hemos defendido siempre la fortaleza de las instituciones públicas, cuando son coherentes con los valores y principios que las deben regir, y por ello entendemos que, al margen de los cambios de responsables, y sin restar valor al importante factor personal de quienes dirigen equipos humanos, desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública ha de mantenerse un programa de medidas dirigidas a la ordenación de la función pública aragonesa para devolverle el papel que le corresponde en la garantìa de la legalidad, la calidad y la eficacia de los diferentes servicios públicos que se prestan a los ciudadanos.

Confiamos en que el nuevo responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública incluya entre sus prioridades la regeneración de la Administración Pública, más necesaria que nunca en tiempos de crisis y dificultades como los actuales, donde los servicios públicos cobran un especial valor para el ejercicio de la ciudadanía.

MIL CIEN NOTAS DE BLOG: RAZONES PARA SEGUIR.

El blog de esta Asociación ha llegado a las mil cien notas. Una cifra que puede parecer excesiva a unos e insuficiente a otros, pero que, en cualquier caso, es un claro testimonio de la actividad desarrollada desde enero de 2007, cuando se inauguró el blog, en el proceso de formación de la Asociación.

Cuando se hace repaso de las numerosas cuestiones que se han planteado por esta Asociación y que se han reflejado razonadamente en las notas de blog publicadas, cabe hacer un balance sobre el escaso eco o reacción ante las mismas por parte de los responsables políticos de nuestra Comunidad, que en su inmensa mayoría siguen al margen de las corrientes de exigencia democrática y transparencia que se vienen impulsando desde numerosas instancias internacionales: bastaría referirse al insuficiente impulso que en nuestro país -más aún en Aragón- han tenido las medidas contempladas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. Tal actitud no parece en modo alguno justificable, y por ello no debiera luego extrañarnos cuando la corrupción salpica a todos los ámbitos de la vida política y económica y se hace necesario apelar a la ética como exigencia ineludible en toda tarea pública. Seamos, pues, coherentes y llevemos a la práctica -a la vida de nuestras instituciones- las exigencias contenidas en la citada Convención de Naciones Unidas, para que la apelación a la ética no sea sólo un recurso retórico para desviar la presión de la opinión pública.

Esta Asociación, sin embargo, y al margen de lo que puedan pensar o insinuar algunos, no va a cejar en su labor de defensa de la legalidad y de los valores de la función pública, en la promoción de principios de buen gobierno y de buena administración, como los recogidos en el documento aprobado en el mes de junio de 2011, propuestas que, por el momento, no han merecido el menor comentario o respuesta ni de la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ni de ninguno de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón. La falta de respuesta institucional constituye una constante de la política aragonesa en estos temas, pero no por ello esta Asociación va a renunciar al ejercicio de su derecho de participación directa en los asuntos públicos.

Esta Asociación no ha de sumarse al silencio general sobre las insuficiencias y carencias de legalidad y transparencia en el funcionamiento institucional de la Comunidad Aragonesa, aunque ello resulte molesto e incomode a quienes, como el Ministerio Fiscal, el Justicia de Aragón o los Grupos Parlamentarios que conforman la oposición en las Cortes de Aragón, debieran ser los primeros garantes de la legalidad y la integridad de quienes ejercen tareas de responsabilidad pública. Y este blog seguirá siendo durante la presente legislatura el más claro ejemplo de la continuidad en el ejercicio público de la razón y en la defensa de mayores cotas de exigencia democrática, de ética pública y de compromiso con los principios que fundamentan el Estado de Derecho, como componentes esenciales del pacto constitucional que ha de presidir el conjunto de la vida social y política española.

UN HORIZONTE COMÚN PARA LA HUMANIDAD.

Las dificultades por las que atravesamos no nos pueden llevar a olvidar el principal desafío que tenemos como ciudadanos del mundo, como parte de la humanidad, todos y cada uno de nosotros. La injusticia, el hambre, la pobreza, la represión, la tortura, la cárcel o la muerte para quien se opone al poder de los tiranos que en el mundo existen son hoy, lo siguen siendo desde 1948, la más grave carencia de nuestro mundo y su superación habría de ser una de las principales tareas que Estados y ciudadanos debiéramos fijar entre nuestras prioridades.

Hoy, cuando se conmemora la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 por las Naciones Unidas, debemos valorar el privilegio que disfrutamos quienes vivimos bajo un Estado de Derecho, que reconoce y garantiza los derechos humanos, transformados por la Constitución en derechos fundamentales, y debiéramos sentir el compromiso que tal condición de ciudadanos de una democracia nos impone para luchar por que la libertad y el respeto al pluralismo -ideólogico, político, religioso- sea una realidad en todo el mundo, y para que todos los habitantes del planeta vean sus derechos civiles y políticos, y también los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos y garantizados por sus respectivos Estados.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada tras la victoria sobre las potencias del Eje en la II Guerra Mundial, marcó un horizonte de paz y libertad para el conjunto de las naciones de la tierra y proclamó los derechos a respetar para todas las personas, esas personas que nacen -o deberían nacer- libres e iguales, pero que todavía, en muchas partes del mundo, han de luchar y arriesgar su vida para que esa libertad e igualdad que proclaman los tratados internacionales sean una realidad en su país.

La defensa de los derechos humanos, la solidaridad y el apoyo a todos los activistas que han luchado y luchan -siguen luchando- por su respeto y no cesan en la denuncia de sus violaciones, forman parte del mismo compromiso ético que anima la lucha contra la corrupción, pues no hay corrupción política más grave que la violación de los derechos humanos de las personas desde un poder que precisamente debiera velar por su protección y aseguramiento. No hay poder público legítimo sin la garantía de los derechos humanos de la población: algo que no gusta escuchar a algunas potencias emergentes, cuyo progreso económico consideran compatible con la falta de libertades políticas.

Desde esta Asociación, como ya hemos repetido en otras ocasiones, la defensa de los valores constitucionales y del proyecto europeo, la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos en el mundo forman parte de un mismo compromiso con los principios éticos que han de presidir la vida pública, la nacional y la universal.

Esos valores comunes -llamémosles derechos humanos o derechos fundamentales- forman una ética compartida por la humanidad y su vigencia -su proclamación y su protección-, su disfrute por todos los habitantes del planeta constituyen el horizonte común del género humano, de todo lo que existe de humano en cada uno de nosotros. Sin derechos humanos, el mundo podría llegar a ser próspero -hagamos tal concesión teórica- pero sería un mundo inhumano y, por ello, nos veríamos obligados a combatir tal estado de cosas, por negar lo más precioso del ser humano, como es su libertad y su dignidad.

Pues bien, el mundo sigue siendo inhumano en numerosas regiones del planeta -asoladas por la violencia, la represión, el fanatismo, la injusticia, el terror- y es compromiso de todos luchar por la efectiva vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin delegar en otros esa tarea.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN COMPROMISO CÍVICO IMPRESCINDIBLE.

Tanto la vida democrática -el buen funcionamiento de las instituciones- como la actividad económica de un país se fundamentan, en gran medida, en algo tan inmaterial como es la confianza -la confianza de los ciudadanos y la confianza de los mercados-, lo que tiene que ver con la credibilidad y con la transparencia, con la competencia y con la rendición de cuentas: todo ello nos remite, en suma, a las nociones de calidad democrática y ética pública.

Aragón y el conjunto de España han vivido experiencias agudas de corrupción pública -basta para constatarlo el hecho de que la sombra de la corrupción ya ha llegado a alcanzar a miembros de la familia real, curiosamente en relación con actuaciones de gobiernos autonómicos-, y las reacciones de los partidos políticos encargados de expresar o canalizar la voluntad política de los ciudadanos ha sido particularmente tibia ante la crudeza del fenómeno. Lo mismo cabría decir de los sindicatos y de tantas otras entidades sociales que apenas han reaccionado ante la asfixiante realidad del abuso del dinero público y el fraude a los ciudadanos llevado a cabo por numerosos responsables públicos. ¿Nada tienen que decir los empresarios o los colegios profesionales ante una realidad que mina los mismos cimientos de la convivencia social?

Desde esta Asociación hemos considerado siempre prioritaria la adopción de una estrategia de denuncia de la corrupción -incluidos aquellos supuestos que afectaban al régimen retributivo de la función pública y que, a primera vista, pudieran parecer beneficiosos para los empleados públicos, como si la corrupción pudiese traer algún beneficio para alguien-, y hemos reclamado siempre el importante papel que corresponde jugar a los servidores públicos -es decir, a la función pública- en la prevención y lucha contra la corrupción. Difícilmente puede gozar de confianza ciudadana una función pública que no esté plenamente comprometida contra el abuso de poder y la corrupción pública, en todas sus posibles manifestaciones.

En la labor desarrollada en este campo hemos podido constatar una gran negligencia o desidia por parte de las instituciones en la corrección de prácticas irregulares o utilización fraudulenta de recursos públicos -baste recordar, como ejemplos más significativos, la reacción de la Fiscalía de Aragón en el caso de los asesores ficticios del Gobierno de Marcelino Iglesias, práctica que servía para poner sueldo público a personas que no realizaban actividad alguna en los puestos que formalmente ocupaban, o la pasividad de todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón ante la petición de esta Asociación de que se crease una Comisión de Investigación para esclarecer tal situación-, y todo ello traslada inevitablemente un mensaje desalentador a la sociedad: la corrupción es un mal que se consiente y, si tal actitud no se corrige, irá ganando terreno constantemente, hasta alcanzar a todas las instancias de la sociedad.

Frente a la tibieza mostrada por tantos responsables públicos ante el fenómeno de la corrupción -por no hablar de quienes negaron la existencia de corrupción en Aragón, como hizo un Consejero de Presidencia del Gobierno de Marcelino Iglesias, declaración hoy radicalmente desautorizada por el hecho de que dos de sus entonces asesores se hallen bajo investigación judicial por su gestión pública como alcaldes-, desde esta Asociación queremos promover el rechazo cívico radical a la corrupción -a quienes la practican y a quienes la toleran, a quienes la justifican y a quienes la silencian-, sumándonos a la tolerancia cero que propugna la Organización de Naciones Unidas.

La corrupción socava la democracia, arruina el Estado de Derecho, empobrece la economía y envilece a las personas, quiebra las relaciones de confianza entre los ciudadanos y priva de autoridad moral y deslegitima a quienes ejercen responsabilidades públicas. La corrupción ataca los cimientos de la vida social y nuestro proyecto de vida en común, generando ruina e injusticia, desafección política y cinismo social.

Constituye un compromiso cívico imprescindible el reaccionar lo más activamente posible contra la corrupción -tanto pública como privada-, pero a los servidores públicos les corresponde una especial responsabilidad en esa lucha, por el hecho de tener atribuido el ejercicio de funciones públicas y ser una de sus tareas la buena administración de los recursos públicos, asegurando su buen uso y su eficiente aplicación a fines de interés público.

En la víspera de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción parece oportuno llamar la atención sobre el fenómeno de la corrupción -casos como La Muela o ASAEL siguen sin concluir- y sobre la necesidad de que la ética pública que compartimos como ciudadanos se fortalezca con actitudes y medidas como las propugnadas por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006, cuyo grado de desarrollo en Aragón y en el conjunto de España sigue siendo claramente insuficiente.

UNA CONSTITUCIÓN PARA UNA DEMOCRACIA: VIGENCIA DE UN COMPROMISO.

Una Asociación como la nuestra, cuya finalidad principal es la defensa de los valores constitucionales propios de la función pública, no puede pasar por alto la conmemoración del aniversario de la Constitución Española, refrendada por los españoles el 6 de diciembre de 1978, tras la recuperación de la democracia.

Creemos, cada vez con mayor convicción, que las actuales dificultades que ha de afrontar nuestro país -al margen de la innegable coyuntura internacional- se deben en gran parte al olvido de los valores y principios constitucionales, en primer lugar por quienes ejercen responsabilidades públicas, pero también por entidades privadas y parte de la ciudadanía, que parecen haber olvidado que una nación es ante todo un "quehacer común" y que la vida pública ha de estar regida no por intereses y egoísmos particulares sino por valores comunes y objetivos compartidos, los cuales se encuentran expresados tanto ayer como hoy en nuestra norma fundamental.

Es la Constitución la que nos dota de una ética pública, concretada en principios y valores como los de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, y en la proclamación de la dignidad humana como fundamento de la paz y del orden social y político, dignidad que se concreta en el reconocimiento y en la garantía de un amplio catálogo de derechos fundamentales y en la formulación de deberes constitucionales.

Es la Constitución la que configura nuestro sistema político como una democracia, en la cual sólo la voluntad popular es fuente de la legitimidad de los distintos poderes públicos, y también como un Estado social de Derecho y Estado autonómico. El objetivo primordial, por lo tanto, es que poderes públicos y ciudadanos, en su ámbito respectivo de responsabilidad y actuación, contribuyan a la realización de los objetivos constitucionales, pues estos redundan necesariamente en la construcción de una sociedad libre comprometida con la garantía de la dignidad humana de todas las personas.

Tenemos la fortuna de vivir bajo una Constitución ideada para arraigar la vida democrática en España y asegurar la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos, y algo así no puede dejar de celebrarse -un año más-, aunque las circunstancias que hoy marcan la vida del país resulten enormemente inquietantes. Pero es precisamente en momentos de dificultad en los que la Constitución cobra especial significación, pues sólo desde la ética pública que en ella se establece cabe afrontar proyectos de reforma y medidas de sacrificio como los que hoy impone el contexto internacional y nuestra vocación europea, a la cual no debemos renunciar, pues constituye un factor imprescindible de nuestra identidad y proyección política.

Sólo podemos concebirnos como europeos y es en esa condición en la que, junto a las demás naciones que conforman la Unión Europea como proyecto de libertad y de bienestar, debemos buscar soluciones y compromisos para asegurar la vigencia de nuestros principios y valores y garantizar el futuro que hoy parece incierto para millones de ciudadanos europeos.

A ese esfuerzo han de aportar especialmente su contribución los servidores públicos, pues las instituciones y los servicios públicos son los que han de garantizar la realización de una gran parte de los derechos fundamentales y legales de las personas y los que desde la legalidad y la eficiencia han de fortalecer la cohesión social, dotando de contenido real al concepto de ciudadanía sobre el que se asienta el funcionamiento de una democracia y al que apela inevitablemente nuestra Constitución.

Por ello, al celebrar la Constitución, renovamos nuestro compromiso como ciudadanos con la ética pública que en ella se formula, con el modelo de administración y función pública al servicio del interés general, con sujeción a la ley y al derecho, que en ella se establece para avanzar en calidad democrática, y reafirmamos la opción europea que como ciudadanos españoles nos liga al futuro de portugueses y griegos, italianos y franceses, alemanes y belgas, polacos e irlandeses, entre otros muchos.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EN LA JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE EL EMPLEO PÚBLICO EN ARAGÓN.

Se reproduce el texto íntegro de la intervención del Presidente de la Asociación, Julio Guiral, en la jornada organizada para hoy, por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, para reflexionar sobre la problemática del empleo público.

Las limitaciones de tiempo y los condicionamientos del contexto determinan el contenido de la intervención, sin perjuicio de que en ésta se hace una remisión a las propuestas que esta Asociación ha formulado en materia de buen gobierno y buena administración, entre las cuales figuran el conjunto de iniciativas para la mejora de la función pública.

TEXTO DE LA INTERVENCIÓN:

"Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar agradecer a los responsables del departamento y de la dirección de la función pública la invitación a tomar la palabra.

Confiamos en que nuestra presencia en este acto se entienda justificada tras cinco años de actividad como asociación.

Nuestra intervención debe ser coherente con la trayectoria de la asociación en la promoción de la recuperación de los principios éticos que rigen la función de los servidores públicos.

Hemos insistido en la trascendencia de los principios de buen gobierno y de buena administrativo el 27 de julio de este año, publicando un Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración para la VIII legislatura de las Cortes de Aragón, que está disponible para todos Vds. en nuestro blog o lo enviaremos a petición.

Ni dicho documento fue exhaustivo ni mucho menos lo será esta intervención.

La falta de crecimiento económico, el elevado desempleo y la caída de los ingresos con los que sostener los servicios públicos y la propia función pública, exige la mayor motivación de los servidores públicos para cumplir sus compromisos constitucionales.

Esa mayor motivación solo se alcanza en organizaciones transparentes en las que el mérito y la capacidad sean principios de selección para el ingreso y para la promoción a tareas directivas, y en las que el compromiso personal y la capacidad de innovación y mejora sean los fundamentos organizativos y funcionales, en el marco de un estricto compromiso con la ética pública y los valores constitucionales.

El respeto a los ciudadanos con cuyos impuestos se financian los servicios públicos refuerza la importancia del compromiso ético.

No abandonamos la idea de que el objeto del debate debe ser el servicio público y la función pública que lo ejerce, ya lo señalamos cuando criticamos la denominación del anteproyecto de ley del empleo público para Aragón.

El servicio público se basa en una compleja organización, de grandes dimensiones y regulada por normas precisas, en la que nos parece oportuno destacar dos aspectos esenciales.

El primero, la legitimidad en el acceso a la función pública y el segundo, la legitimidad en el desempeño de la función pública.

La legitimidad en el acceso solo se alcanza con el respeto a los principios constitucionales que debe traducirse una oferta pública de empleo anual y en los procedimientos de selección que se derivan. Ha sido necesario acudir al Tribunal Supremo para conseguir una sentencia que obligue a cumplir la Constitución y a garantizar el acceso a la función pública.

La sentencia sobre la oferta del 2007, breve e inapelable, exige una reforma en profundidad de los mecanismos para hacer efectiva la oferta anual cumpliendo la obligación de convocar todas las plazas ocupadas por interinos. Asunto grave en tiempos de restricción de crédito, pero ineludible.

Y exigible a todas las administraciones públicas.

Los procedimientos de selección, resultan obsoletos e inadecuados, lo que exige una reforma en profundidad, implementando entre otras medidas un sistema reglado y transparente de designación de los tribunales, como ya lo ha sugerido sin éxito el Justicia de Aragón.

Otro requisito es la ágil, correcta y transparente realización de las pruebas en los plazos que exige la ley. Sin olvidar unos temarios que permitan seleccionar a los candidatos más creativos y comprometidos con el servicio público y cumplan requisitos relacionados con la pertenencia a la Unión Europea.

La selección positiva de los empleados que sean necesarios y los mas adaptados al desempeño de servicios públicos, harán innecesarias muchas colaboraciones externas y mucho menos el irregular recurso al préstamo de trabajadores de empresas publicas, privadas e incluso no gubernamentales, consentido y practicado por un buen número de empleados públicos y directivos.

Las tareas citadas no exigen innovación legal alguna, solo la voluntad de una buena administración.

El segundo aspecto de interés se sitúa en la legitimidad en el ejercicio de la función pública.

No han sido ni son los mejores tiempos para la legalidad administrativa. La sentencia de la oferta es sólo la punta del iceberg.

Entendemos que es urgente una cultura del respeto a la legalidad administrativa y presupuestaria.

Todo el personal directivo debe implicarse en impulsar este cambio y aplicar los principios de competencia, de responsabilidad y de dedicación en el desempeño de los puestos de trabajo.

CUMPLIR la legalidad administrativa exige competencia profesional, experiencia suficiente y cultura del trabajo en equipo que incremente la creatividad y dificulte la arbitrariedad. Exige también una cultura de los resultados y una cultura de la evaluación continuada, para determinar si el servicio público cumple los estándares de calidad exigidos en los servicios privados.

CUMPLIR la legalidad exige asegurar la existencia y el acceso a la información y la transparencia en la gestión.

El respeto a la legalidad administrativa exige también un compromiso activo frente a la corrupción política y administrativa.

Nada hay que inventar de nuevo, la estrategia de actuación está en el Convenio de la Naciones Unidas contra la corrupción.

Hemos propuesto establecer un sistema de alertas éticas, para posibilitar que los funcionarios y demás empleados públicos (ya que las empresas públicas merecen una especial), puedan informar a los órganos competentes de los casos de corrupción o de conductas irregulares de las que sean conocedores, con las garantías de seguridad jurídica, confidencialidad, y protección de los interesados. Es el artículo 8 de la Convención, a no olvidar.

CUMPLIR la legalidad administrativa, requiere un sistema de provisión de los puestos de trabajo con procedimientos que aseguren la cualificación de los candidatos. El actual estado de provisionalidad, de abuso de las comisiones de servicios a la carta, del exceso de las interinidades, es un desprecio a la legalidad administrativa aunque beneficie a muchos.

La cultura de respeto a la legalidad administrativa se puede promover desde los procedimientos selectivos -temarios y pruebas- y desde la formación continua obligatoria que además es la única garantía de la profesionalidad., La formación continua debe reforzar los criterios de profesionalidad en el ejercicio de las funciones y la gestión pública. Puede ser además un procedimiento objetivo para el sistema de provisión de puestos de trabajo y el desarrollo de la carrera administrativa.

Presuponemos que el EBEP marca las líneas maestras para un nuevo concepto de carrera administrativa, pero ¿estamos de acuerdo en avanzar en esa línea?

La cultura de respeto a la legalidad administrativa exige una actitud activa para la corrección de ciertos ismos: amiguismos, corporativismos, sectarismos político y profesional, egoísmos, personalismos, caciquismos, e hipersindicalismo.

Para combatirlos resulta clave la ejemplaridad de los cargos y directivos públicos y el cumplimiento de los códigos de buena conducta.

No hay tiempo para más. Insistimos en que para implementar estos objetivos no es necesario un especial esfuerzo legislativo.

Casi todo lo señalado es cuestión de buena administración, con normas y actitudes positivas basadas en la selección adecuada de los profesionales, en la formación continua y en el trabajo cooperativo y de equipos con buenos coordinadores y directivos.

Pero si se trata de legislar sobre la función pública, hagámoslo para conseguir un estatuto jurídico de los empleados públicos que asegure el modelo constitucional de la administración pública democrática. Definamos un procedimiento de elaboración, realicemos un diagnóstico real desde fuera de la organización de la función pública y aseguremos que en la elaboración se escucha a los usuarios de los servicios públicos.

Y que esa ley contenga las normas, y los procedimientos para conseguir el objetivo preciso de conformar una función publica empeñada en el respeto a la legalidad presupuestaria y administrativa y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como a un desempeño de sus funciones comprometido con la cultura de los resultados, la eficiencia , la evaluación y las transparencia.

Desde una aproximación como la que hemos propuesto, situada en las antípodas del fallido sistema aplicado hasta ahora, sería ingenuo pensar que la solución pasa por concentrar demasiados esfuerzos en redactar un nuevo proyecto de ley.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN".