La Junta Directiva de la Asociación, reunida el
pasado martes 23 de mayo, decidió proceder a la convocatoria de la Asamblea anual de la Asociación para el próximo
20 de junio de 2017, una vez superadas las circunstancias que han demorado tal
decisión.
La
citada Asamblea, de acuerdo con lo señalado en los Estatutos, conocerá de la
memoria de actividades del año concluido, así como del balance económico de
dicho periodo, y procederá a la renovación parcial de los miembros de la Junta, incluidos los cargos
de Presidente y Tesorero.
De
acuerdo con lo decidido en la reunión del pasado martes, la Asamblea del próximo mes
de junio habrá de servir para realizar un documento de estrategia de la Asociación, revisando
las pautas de actuación que se han seguido en los diez años de actividad que
ahora concluyen, y deberá igualmente revisarse y actualizarse el Documento de
Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración aprobado al comienzo de la
actual legislatura, si bien todas sus propuestas siguen conservando gran parte
de su vigencia, a la vista de los escasos progresos –por no hablar de
retrocesos- habidos en materia de legalidad, profesionalidad y ética en la
función pública.
Especial
atención, en la nueva estrategia a seguir por la Asociación, merece el
objetivo de permanente defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública,
ante la preocupante involución de la posición adoptada por el Tribunal Supremo
en sus más recientes pronunciamientos sobre ofertas de empleo público, en las
que parece haberse ignorado el contenido esencial del derecho, al admitir su
total disponibilidad por parte de las leyes de presupuestos.
En
tal sentido, esta Asociación está dispuesta a promover, junto con otras
entidades privadas, un Observatorio del Derecho de Acceso al Empleo Público,
desde el que poder realizar un completo seguimiento del respeto por parte de
las Administraciones Públicas del régimen de acceso al empleo público –en
especial, la aprobación de oferta anual de empleo público, la realización de
los procesos selectivos autorizados en el plazo marcado por las normas, y la
realización de las pruebas de selección con las garantías adecuadas para
asegurar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad-, con la
consiguiente eliminación de las actuales tasas de interinidad que han
desfigurado y degradado nuestro modelo constitucional de función pública.
Estamos
convencidos de la necesidad de que los servidores públicos cuenten con un
instrumento como esta Asociación para la promoción y defensa de los valores de
la función pública, y para contribuir activamente, en ejercicio de su
responsabilidad cívica, a la calidad institucional y a la vigencia plena de los
principios democráticos.
