La Asociación para la
Defensa de la Función Pública Aragonesa va a reclamar al Gobierno de Aragón y
al resto de Administraciones Públicas aragonesas el impulso de acciones
formativas en materia de ética administrativa, para asegurar el compromiso
ético de los servidores públicos y convertir a la función pública profesional
en un eficaz elemento de prevención de la corrupción pública.
Desde esta Asociación queremos
insistir en la necesidad de incluir en las acciones de formación del personal
de la Administración cursos o jornadas específicas sobre ética administrativa.
No hay que olvidar que entre los derechos que reconoce el artículo 14 del
Estatuto Básico del Empleado Público se incluye el relativo a la formación
continua y a la actualización de sus conocimientos y capacidades profesionales.
A dicho derecho se suma el deber que el ordenamiento jurídico impone a las
Administraciones públicas aragonesas la reciente Ley de Integridad y Ética
Públicas.
En efecto, la
programación de tales contenidos formativos es algo que ha establecido de
manera expresa la reciente Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética
Públicas, en cuyo artículo 7 se dispone: “El
Instituto Aragonés de Administración Pública incluirá en su planificación anual
cursos específicos de formación en materia de integridad y ética públicas para
todos los empleados públicos”.
No debe olvidarse que
ya el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007, incluyó un
Capítulo, dentro de su Título III, en el que se incorporaba un código de
conducta de los empleados públicos, que hasta la fecha apenas ha tenido
plasmación alguna en la realidad de las Administraciones.
Frente a la
indiferencia existente respecto a los temas de integridad por parte de los
responsables de la función pública, la reciente aprobación de la Ley de Integridad
y Ética Públicas, al incorporar igualmente un código de conducta para los
empleados públicos y obligar a las Administraciones Públicas a incluir en su
Plan de formación acciones formativas o iniciativas referidas a la divulgación
y el conocimiento de los principios de dicho código de conducta, viene a dar a
la formación en materia de ética administrativa un nuevo impulso que no es
posible desconocer como se ha venido haciendo hasta el momento.
Por dicho motivo, nos
vamos a dirigir al conjunto de entidades del sector público de Aragón a las que
resulta de aplicación la Ley de Integridad y Ética Públicas para solicitar la
realización de actividades de difusión y conocimiento que refuercen la
conciencia ética del personal de las distintas áreas de gestión pública, de
modo que la función pública pueda cumplir el papel relevante en la prevención
de la corrupción que le corresponde y que expresamente le asigna la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por
España en 2006.
