FINAL DE AÑO: PUNTO Y SEGUIDO EN LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Llega el final de año, en medio del paréntesis navideño, y esta Asociación deja el balance de su actividad para lo que constituye su verdadera cita anual, es decir, la asamblea general de socios que se celebra, cada año, en los meses de febrero o marzo. Nos limitaremos a constatar en esta fecha que durante el año que concluye, y a falta de calibrar los efectos que ello pueda tener en el futuro, esta Asociación no sólo ha tratado de mantener su actividad, como en años anteriores, sino que ha realizado un esfuerzo para abrir su campo de acción a otras Administraciones y a otros territorios.

La doble apertura de la Asociación se ha llevado a cabo, en primer lugar, con el cambio de sus Estatutos, al abrir su ámbito al resto de las Administraciones aragonesas -algo que hasta el momento apenas ha tenido repercusión, pero que abre una innegable perspectiva de futuro, al tratar de incorporar a las iniciativas hasta ahora desarrolladas lo que concierne al mundo de la administración local aragonesa, con su problemática específica-, y, en segundo lugar, con el inicio de relaciones de colaboración y articulación con otras entidades y plataformas que trabajan por objetivos directamente conectados con sus fines estatutarios o que circunscriben su acción -materialmente coincidente- al territorio de otras Comunidades Autónomas.

Ejemplos de esta segunda apertura son la incorporación a la Coalición Pro Acceso, conjunto de organizaciones que propugnan una ley de acceso a la información pública como mecanismo de transparencia en la gestión pública, y los contactos mantenidos con asociaciones de funcionarios asturianos y andaluces que se han organizado para promover y defender, al igual que nosotros, la profesionalidad de la función pública en sus respectivas Comunidades Autónomas. Confiamos en impulsar y ver, en un futuro próximo, una amplia plataforma de organizaciones de todas las Administraciones Públicas españolas trabajando en la misma dirección.

Otro dato que no podemos minimizar en este momento es la fase de normalización de relaciones que ha impulsado desde la Dirección General de la Función Pública su nuevo titular, Jesús Sarría, que ha reiterado -en los dos encuentros mantenidos en el último mes- su voluntad de mantener reuniones monográficas con los representantes de esta Asociación para abordar diferentes aspectos de la realidad de la función pública aragonesa. Si la apertura, en este caso, ha procedido del actual responsable de la Dirección General de la Función Pública -cosa que reconocemos y agradecemos-, creemos que la respuesta de diálogo ofrecida, desde el primer momento, por esta Asociación ha evidenciado su clara voluntad de colaboración con los responsables de la Administración para avanzar en propuestas de futuro, sin que ello implique la renuncia a exigir el respeto de la ley, factor fundamental de una Administración en un Estado de Derecho.

Finalmente, no debemos olvidar que este año, por tercera vez, la Asociación celebró el 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción, así establecido por Naciones Unidas para difundir los compromisos que contiene la Convención contra la Corrupción aprobada en 2003. La reivindicación de la ética pública, como elemento central de toda la actividad de la Asociación, no podía tener otro resultado que el asumir como objetivo prioritario la acción contra la corrupción pública, sea política o administrativa. Una línea que esta Asociación no hará sino reforzar en el futuro.

El año 2011, en definitiva, no sólo es tiempo en el que proyectar todas las líneas de trabajo iniciadas -este final de año no es más que un punto y seguido en la labor que esta Asociación viene desarrollando-, sino que, además, al ser un año electoral -con elecciones sindicales dentro de la Administración autonómica y elecciones locales y autonómicas, de las que saldrá la nueva composición de las Cortes de Aragón y surgirá el nuevo Gobierno de Aragón- es un tiempo de responsabilidad y de propuestas, tanto por la cita electoral del próximo mes de mayo como por las circunstancias de dificultad que vive nuestro país, que obligan a ejercer con especial exigencia las responsabilidades que como ciudadanos y servidores públicos nos corresponden.

CONTRA LA OPACIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL: ÚLTIMO RECURSO JUDICIAL DE 2010.

En el día de ayer, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa formuló un recurso contencioso-administrativo contra la falta de publicación del nombramiento del personal eventual de los Departamentos de Presidencia y de Ciencia, Tecnología y Universidad, resultante de los cambios operados en el Gobierno de Aragón, con motivo de la reincorporación al mismo de Eva Almunia, ahora al frente del Departamento de Presidencia.

Si el cese de un alto cargo es causa automática de cese para todo el personal eventual adscrito al mismo, como expresamente señala el Estatuto Básico del Empleado Público, es evidente que el cese de Javier Velasco como Consejero de Presidencia arrastró a todo el personal eventual de dicha Consejería, entre el que figuran los miembros del Gabinete de Comunicación, Unidad de Protocolo y Oficinas del Gobierno de Aragón en Bruselas y Madrid, además del estricto Gabinete del Consejero.

Razones que desconocemos, pero que podemos intuir, llevaron a la nueva Consejera de Presidencia, Eva Almunia, a eludir el deber de publicación del nombramiento de todo el personal eventual de su Departamento afectado por el cambio de titular. Tal obligación se quiso despachar con la mera publicación de un anuncio de la Secretaría General Técnica del Departamento, en el que se señalaba que el personal eventual proseguía, sin solución de continuidad, en el desempeño de los mismos puestos que venían ocupando.

Con tal fórmula, jurídicamente inaceptable, se venía a burlar el deber de publicidad y transperencia al que queda sujeta la actuación administrativa y, en especial, se incumplia el deber de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual del Gobierno de Aragón que impone el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. Es llamativo, y debe por ello destacarse, el hecho de que quien aspira a gobernar la Comunidad Autónoma, como es el caso de la nueva Consejera, ofrezca como primer signo de su gestión una descarada vulneración de la Ley, y concretamente de la Ley que regula la actividad del Ejecutivo autonómico. ¿Cabe imaginar peor credencial que esa?

Esta Asociación, tras poner en conocimiento del Justicia de Aragón y de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón la vulneración señalada, ha optado por acudir a los Tribunales para obtener un pronunciamiento judicial que declare la nulidad de los anuncios de publicidad como sucedáneo de la publicación de los nombramientos del personal eventual que exige la Ley -en especial cuando, ni siquiera, se identifica al personal objeto de nombramiento- y, consiguientemente, declare ilegal y contrario a derecho el desempeño de las labores de confianza ejercidas por todo el personal adscrito al Gabinete de Comunicación, Unidad de Protocolo, Oficinas de Bruselas y Madrid y Gabinete de la Consejera de Presidencia, con las consecuencia que ello lleve consigo.

Es difícil de entender que un Departamento de Presidencia, desde el que se pretende reflexionar sobre la calidad de la democracia, a través de jornadas auspiciadas por su Dirección General de Participación Ciudadana, desconozca un principio tan básico del funcionamiento democrático de las instituciones como es el cumplimiento de la legalidad. Debiera recordarse que el primer factor de calidad democrática es el comportamiento democrático de los responsables políticos, y no es democrático actuar en contra de lo que disponen las leyes, pues con ello lo que se pretende no es otra cosa que anteponer la voluntad personal de quien ocupa un cargo público a la voluntad general de los ciudadanos expresada en la ley. ¿Cabe apelar a la opinión de los ciudadanos, en procesos de participación, cuando se burla la voluntad de los ciudadanos, expresada en la ley? ¿No debiera resolver el Departamento de Presidencia tan flagrante contradicción?

EL SENTIDO DE LOS CONTROLES.

El poder democrático se caracteriza por ser un poder limitado, sujeto a controles que lo limitan y, sobre todo, lo supervisan. El sistema democrático, como destacó el profesor Martín-Retortillo, se fundamenta en el principio confianza-desconfianza, operando el primero en la confianza que se deposita en nuestros representantes a través del sufragio y el segundo a través del sistema de controles establecido para evitar un abuso o uso inadecuado de las potestades públicas que ejercen los cargos públicos elegidos por los ciudadanos.

Observamos con preocupación, especialmente en nuestra Comunidad Autónoma, cómo los controles se vienen desactivando o cuestionando de forma permanente, como si fueran algo negativo, que viene a poner en cuestión, de forma inoportuna, la transparente y correcta gestión de la mayoría parlamentaria y el gobierno al que sostiene. Se llega, como llegó el portavoz socialista en la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón, con motivo de la comparecencia de los representantes de esta Asociación, a calificar las denuncias por actuaciones ilegales de meras opiniones, pues según su tesis no existiría ilegalidad en tanto no sea declarada por un juez. Estrecha visión del Estado de Derecho, que no resiste el menor análisis.

¿Acaso alguien desconoce el enorme número de infracciones de todo tipo que no llegan a ser sancionadas nunca? ¿Dejan acaso de ser infracciones por el hecho de no ser sancionadas? Dejan de haberse producido cuando los tribunales se limitan a apreciar su prescripción. Sólo esa filosofía de que la ilegalidad, para existir, ha tenido que ser declarada por los tribunales, justifica la cultura de la impunidad en la que se ha instalado nuestra clase política, confiada en la remota posibilidad de que alguna de sus actuaciones irregulares -es decir, ilegales- sean declaradas o sancionadas por los tribunales. Al servicio de tal impunidad juega, además, la restricción en la posibilidad de acceso a los tribunales. No hay rubor, por ejemplo, en alegar la falta de interés legítimo de esta asociación para velar por el respeto de la legalidad de función pública. Curiosamente, el poder, en dicha estrategia de blindaje procesal, recibe el entusiasta apoyo de algún sindicato llamado de clase, como es Comisiones Obreras. Los que anteponen su interés o estrategia al buen funcionamiento del Estado de Derecho acaban, lógicamente, haciendo causa común en los momentos decisivos.

Esta Asociación confía, no obstante, en que algunas de sus "opiniones" se transformen en sentencias, incluido el futuro pronunciamiento del Tribunal Constitucional por la vulneración que en nuestra opinión efectuó la Mesa de las Cortes de Aragón al derecho de petición ejercido ante dicha Cámara. La mera posiblidad de una sentencia condenatoria ha forzado a un claro cambio de actitud. Por eso, cuando nuestras tesis y peticiones, pese a su argumentación jurídica, no reciben respuesta alguna por parte del Gobierno de Aragón -como ocurre con la desvirtuación del deber de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual-, no nos queda otro remedio que trasladar la cuestión a los tribunales. No para que corrija una interpretación inadecuada de la ley, sino para que sancione su flagrante incumplimiento.

Hay quienes confían la calidad de la democracia a los mecanismos de participación ciudadana -acaso con la secreta aspiración de desactivar todavía más el control ciudadano sobre el poder político-, pero olvidan poner el énfasis necesario en el carácter básico e insustituible de los mecanismos de control. La calidad de la democracia, como todo, está en el control de calidad y en la voluntad de calidad.

¿En qué condiciones ejercen sus funciones de control tanto la Intervención General como la Inspección General de Servicios? ¿Alguien, tanto en el Gobierno como en la oposición parlamentaria, ha prestado alguna atención a esta cuestión? ¿Cuál es la eficacia de la actividad de tales órganos? ¿Acaso se preocupa alguien de atender alguna de las sugerencias llevadas a cabo por parte del Tribunal de Cuentas al examinar las cuentas de nuestra Comunidad Autónoma? ¿No preocupa que se juzgue débil el control interno de las cuentas públicas de la Administración autonómica? ¿En qué radica dicha debilidad? ¿Preocupa a alguien cuando se acuerda el cese de algún alto funcionario de la Intervención General, como ha sucedido en este año? ¿No hay que reclamar que se expongan públicamente las razones de tales ceses para despejar las posibles sospechas de que con ellos sólo se busque la eliminación de controladores incómodos, es decir, profesionales convencidos del papel que les corresponde desempeñar?

Convencidos de que los controles -los sistemas de alerta- son un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento de cualquier organización o actividad, cuya importancia cobra particular significación cuando lo que se haya en juego son los intereses generales, esta Asociación va a reforzar su actividad de propuesta y vigilancia en todo lo que concierne a la vigencia del principio de desconfianza, es decir, de control al poder político. No se olvide que la profesionalidad y la inamovilidad de la función pública son, precisamente, un factor de limitación a la actuación del poder político. Ahora bien, corresponde en buena parte a los servidores públicos el lograr que ello sea efectivamente así.

LEJOS DE LA INDIFERENCIA Y DEL FATALISMO.

Cuando se aproximan los últimos días del año, inevitable paréntesis en la actividad de muchas organizaciones, entre las que se cuenta esta Asociación, toca trascender la casuística de la actividad diaria -esa inevitable sujeción al afán de cada día- y recobrar la perspectiva amplia por la que se guía la actividad desplegada a favor del respeto a la legalidad en la función pública y del buen funcionamiento de las instituciones públicas, aspecto que resulta trascendental para la calidad de la democracia y para la efectividad de los derechos de los ciudadanos.

Corresponde volver a reafirmar los fundamentos de nuestro trabajo, mucho más reducido de lo que desearíamos -pues han de reconocerse las limitaciones propias, y sobre todo hacerlas conocer a quienes parecen exigirle a esta asociación una labor de titanes, como es la de ocuparse de todo lo que concierne a la función pública, a la administración, a la vida pública y a la defensa de los valores de la democracia, sin prestarle apoyo o colaboración alguna para semejante tarea-, y esos fundamentos, al margen del mayor o menor acierto en su formulación -ahí están los principios y fines que constan en nuestros Estatutos-, se encuentran en algo tan simple como es el no ceder a la indiferencia ante lo que sucede en nuestro entorno ni cultivar el fatalismo en el que tantos justifican su inactividad. Como no hay nada que hacer y las cosas que suceden no tienen remedio, se dicen a sí mismos, es preferible ocuparse de los intereses privados y no empeñarse en batallas perdidas de antemano.

Como, por suerte o por desgracia, los miembros de esta Asociación aún no hemos perdido la sensibilidad que como servidores públicos nos corresponde en todo lo que afecta a la organización y actividad de la administración y de la función pública, y a todo el entramado institucional del que la misma forma parte fundamental -nos referimos al Estado social y democrático de Derecho y al Estado autonómico en que se organiza constitucionalmente España, a nuestro sistema democrático y al proyecto de integración europea que hoy más que nunca hay que respaldar, a pesar de las dificultades crecientes que impone el actual contexto internacional-, seguimos convencidos de la necesidad de plantar batalla -lo consideramos incluso nuestra obligación-, estamos dispuestos a proseguir y profundizar en nuestra de defensa y reivindicación del buen gobierno y de la buena administración, objetivos irrenunciables para avanzar en nuestro proyecto democrático. No puede considerarse perdida la batalla que se libra del lado de la Constitución y de la legalidad, desde la ética pública. Y si estuviera perdida -cosa que en modo alguno creemos-, no quedaría otro remedio que librarla pese a todo, para no ser cómplices ni partícipes del asalto y saqueo a nuestra democracia.

Es posible que sorprenda a muchos el hecho de que los funcionarios públicos -o algunos de ellos- hagan un uso público de la razón como pretende realizar esta Asociación en su blog y en sus diferentes escritos -expresando sus puntos de vista sobre la realidad de nuestras instituciones públicas, que en modo alguno puede considerarse monopolio de la clase política- y que con ello se arriesguen o nos arriesguemos a quebrar la imagen de imparcialidad que impone el estatuto jurídico de la función pública. Creemos que el compromiso de los servidores públicos es precisamente el de ejercer una defensa activa de los principios del Estado de Derecho, tanto en el desempeño de sus puestos de trabajo como en el ejercicio de su ciudadanía, en la que hay que entender comprendidos el derecho de asociación o la libertad de expresión.

Estamos faltos de organizaciones comprometidas con los valores e intereses públicos -incluso, cuando ello pueda ir en contra de intereses personales o corporativos-, y creemos que los servidores públicos asumen una responsabilidad especialmente exigente en el servicio al interés general -que no se cumple cuando dejan de importar las condiciones en que se ejerce la función pública y no se reacciona frente a la desprofesionalización, politización y patrimonialización de lo público-, y observamos con esperanza que la idea que anima a esta Asociación prende en otras partes de nuestro país, como ocurre en Asturias o Andalucía. Ello no hace sino reforzar nuestro rechazo a la indiferencia y al fatalismo. No importa que tengamos ante nosotros una tarea infinita y que este compromiso hayan de formularlo otros individuos y otras generaciones en el futuro como otros lo hicieron en el pasado.

Nuestras circunstancias -pese a las dificultades que apreciemos- son enormemente favorables respecto a las que otros han tenido que afrontar para defender similares objetivos, por lo que no hay nada que pueda justificar el desistimiento o la entrega a la indiferencia o al fatalismo.

AMONESTACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han sido seriamente amonestados por el Tribunal Constitucional, que les acusa de no respetar la Constitución, al incumplir los plazos establecidos para la renovación de los magistrados de dicho Tribunal. El Pleno de este órgano constitucional acordó, el pasado día 21 de diciembre, recordar a los grupos parlamentarios su obligación de respetar los preceptos de la Constitución y dirigió tal recordatorio al Presidente del Congreso, José Bono, con el ruego de que diese traslado del mismo a los distintos grupos de la Cámara.

Con ello se evidencia al máximo nivel posible la tensión producida entre las instituciones que encarnan el principio democrático -el Congreso de los Diputados y el Senado- y el órgano que tiene encomendada la más relevante tarea de defensa del Estado de Derecho, como es la protección de la Constitución frente a la actuación de cualquier poder público, incluido el Parlamento.

En el presente caso, el Tribunal no está enjuiciando la constitucionalidad de una norma o acto emanado de las Cortes Generales, sino que está recordando al Parlamento español la obligación de atenerse a los preceptos constitucionales en lo que afecta a los plazos de renovación de los magistrados de dicho Tribunal. Con ello, recuerda a los Grupos Parlamentarios -presencia de los partidos políticos en las Cortes Generales- el deber común de poderes públicos y de ciudadanos de cumplir lo establecido en la Constitución Española. Mal ejemplo de respeto a la Constitución ofrecen los partidos políticos cuando sus grupos parlamentarios tienen que verse amonestados por el propio Tribunal Constitucional.

Los ciudadanos asistimos a este conflicto con evidente perplejidad y acaso olvidamos nuestra capacidad para hacer uso, también por nuestra parte, de los mecanismos que arbitra la propia Constitución para intervenir y hacer oir nuestra voz ante las instituciones, contribuyendo con ello a que los poderes públicos reciban la oportuna presión ciudadana y social para ajustar su conducta y sus competencias a las exigencias de nuestra Constitución, sirviendo tal intervención como necesario reproche social que ha de recibir toda institución que ignore sus preceptos o mandatos.

En tal sentido, esta Asociación estudiará la utilización del derecho de petición a las Cámaras que se reconoce en el artículo 77 de la Constitución Española, para dirigirse al Congreso de los Diputados y respaldar de forma expresa, como ciudadanos españoles comprometidos con el Estado de Derecho, la amonestación realizada por el Tribunal Constitucional.

LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN DESCARTA CONFLICTO DE INTERESES DE UN MIEMBRO DE LA CÁMARA DE CUENTAS.

Por parte de la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, se ha dado traslado a esta Asociación de lo resuelto por la Mesa del Parlamento en relación con el escrito que fue remitido a dicho órgano sobre la posible incompatibilidad en que podía hallarse incurso un miembro de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, al ostentar la condición de Presidente de la Fundación Tarazona Monumental y, en tal condición, suscribir convenios de colaboración con un Departamento del Gobierno de Aragón, sobre el que necesariamente ha de ejercer su función de control la Cámara de Cuentas de la que forma parte.

En su escrito, la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón señala que el citado miembro de la Cámara de Cuentas dio cuenta, en el momento de la propuesta de su nombramiento como miembro de la Cámara, de su condición de Presidente de la Fundación Tarazona Monumental, cargo honorífico y no retribuido, habiendo igualmente informado que el convenio o protocolo de colaboración suscrito entre tal Fundación y el Gobierno de Aragón no contiene compromiso económico alguno y que el Patronato de dicha Fundación, en su reunión próxima, procederá a su sustitución en el Patronato y al consiguiente cese como Presidente, concluyendo por ello la Mesa de las Cortes de Aragón que con todo ello se despeja cualquier eventual conflicto de intereses que pudiera haberse planteado.

Esta Asociación analizará las explicaciones ofrecidas por la Mesa de las Cortes de Aragón, toda vez que el conflicto de intereses puede producirse sin necesidad de que se perciban retribuciones o indemnizaciones por la labor desempeñada, debiéndose descartar, cosa que no se hace en el escrito remitido, que la citada Fundación Tarazona Monumental haya percibido fondos públicos procedentes de la Comunidad Autónoma u otras entidades cuyo control o fiscalización corresponda realizar a la Cámara de Cuentas, en cuyo caso la incompatibilidad resultaría manifiesta. Nada se dice tampoco sobre la consideración de sector público aragonés que pueda corresponder a una Fundación en cuyo Patronato y capital fundacional figuran el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Tarazona, y sobre la prohibición de ostentar cargos en tales fundaciones que se impone a los miembros de la Cámara en el artículo 17 de su Ley reguladora. Cuestiones ambas que en modo alguno se han despejado en el escrito trasladado desde las Cortes de Aragón.

En todo caso, hay que valorar positivamente la respuesta dada por la Mesa de las Cortes, en la medida en que supone un reconocimiento de la legitimación de los ciudadanos para instar la observancia o control del régimen de incompatibilidades que afecta a los titulares de las instituciones de la Comunidad Autónoma

Se reproduce a continuación el escrito remitido al Presidente de esta Asociación por la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón:

“La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2010 conoció su escrito, registrado con fecha 16 de noviembre, en el que hace constar la posible incompatibilidad de uno de los Consejeros de Cuentas de la Comunidad Autónoma, que desempeña el cargo de Presidente de la Fundación Tarazona Monumental, puesto de carácter honorífico y no retribuido, según hizo constar ante la Mesa en el momento de su propuesta como miembro de la Cámara de Cuentas, sin infracción por tanto del artículo 17 de la Ley reguladora de la Cámara de Cuentas de Aragón.

A estos efectos, le informo que D. Alfonso Peña Ochoa, a través de la Letrada Mayor en funciones de la Cámara, ha remitido a la Mesa tanto los estatutos fundacionales de la Fundación como el Protocolo de colaboración que fue objeto del tratamiento informativo al que se refiere su escrito, a efectos de justificar el carácter de su cargo y la ausencia de compromiso económico del Gobierno de Aragón en la colaboración suscrita con la Fundación Tarazona Monumental.

Asimismo, ha transmitido a la Mesa que está prevista la convocatoria del Patronato de la Fundación Tarazona Monumental durante el mes de diciembre, reunión en la que tratarán, junto a las actividades previstas para 2011, su sustitución en el Patronato y en la Comisión delegada, y su consecuente cese como Presidente, así como la revocación de los poderes otorgados en su favor. La Mesa considera en consecuencia que de este modo se evita cualquier eventual conflicto de intereses que pudiera haberse planteado.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Zaragoza, 14 de diciembre de 2010.

Carmen Agüeras Angulo, Letrada Mayor en funciones”.

SIGNOS DE CAMBIO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa estamos detectando positivos signos de cambio en el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, gracias a la actitud que parecen adoptar los nuevos responsables de la Dirección General de la Función Pública, Jesús Sarría, y de su Secretaría General Técnica, Felipe Faci.

Semanas atrás, nos dirigimos al Departamento de Presidencia para expresar nuestra preocupación por la escandalosa demora en la ejecución de los procesos selectivos para acceso a la Escala Auxiliar Administrativa –hace poco más de un mes se concluían las pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de 2007, después de haber transcurrido más de cuatro años desde la aprobación de las necesidades de personal de dicha Escala-, por la falta de inclusión de las necesidades de personal de dicha Escala en posteriores Ofertas de Empleo Público –ni una sola plaza en las de 2009 y 2010, ya que en 2008 se incumplió la obligación legal de aprobación de Oferta- y por las altas tasas de interinidad existentes en los puestos de trabajo reservados a dicha Escala, resultado lógico de la falta de selección de funcionarios de carrera.

Por primera vez –por primera vez en cuatro años, para tener una perspectiva adecuada del asunto-, un responsable del Departamento de Presidencia ha dado la tramitación preceptiva al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación, al acusar recibo de la petición, proceder a su admisión a trámite, informar de las medidas adoptadas y adquirir el compromiso de dar respuesta a la petición en plazo.

Algo que en un Estado de Derecho respetuoso de tal condición pudiera resultar natural u obvio, en nuestra Administración debe destacarse como una extraordinaria novedad, que viene a contrastar con actitudes previas de otros responsables y que desautoriza posturas desdeñosas hacia el derecho de petición como la mantenida a lo largo de estos años por el Director General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, incapaz de asegurar en la Administración autonómica el respeto al derecho de petición ejercido por los ciudadanos, como si éste no fuera uno de los mecanismos constitucionalmente arbitrado para la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Del “no os contestan ni os contestarán” que se nos espetó en un despacho del Edificio Pignatelli a los representantes de esta Asociación pasamos, ahora, a la sorprendente novedad de la escrupulosa tramitación del derecho de petición ejercido ante la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia. Celebramos el significativo triunfo de la legalidad que ello supone, acaso porque al fin alguien ha sido consciente –aunque sea tardíamente- de la gravedad que supone la vulneración reiterada y sistemática de los derechos fundamentales ejercidos por los ciudadanos. Confiamos en que la sensibilidad hacia el derecho de petición no sea una llamativa excepción, sino una simple manifestación de la nueva actitud en el ejercicio de las responsabilidades públicas dentro del Departamento de Presidencia.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito remitido por el Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia:

“Asunto: Petición selección e interinidad Auxiliares Administrativos.

Acuso recibo de su petición, con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón de 23 de noviembre de 2010, por la que solicita que se adopten las medidas oportunas para evitar que el desarrollo de los procesos selectivos se haga sin respetar los plazos de ejecución establecidos por la Ley de Ordenación de la Función Pública y que se corrijan las tasas de interinidad que afectan a los puestos de la Escala Auxiliar Administrativa.

Asimismo, le comunico que la citada petición queda admitida a trámite, por lo que esta Secretaría General ha solicitado informe a la Dirección General de la Función Pública y al Instituto Aragonés de Administración Pública en relación con la cuestión.

Finalmente, le indico que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, el plazo máximo para recibir contestación a su petición es de tres meses desde la fecha de su presentación.

Zaragoza, a 12 de diciembre de 2010.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, Felipe Faci Lázaro”.

PETICIÓN DE CONTROL PARLAMENTARIO SOBRE GRAVES IRREGULARIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se ha dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para trasladarles una reciente Sugerencia del Justicia de Aragón, relativa al deber de tramitación de procedimientos sancionadores por infracciones medioambientales denunciadas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, y solicitarles iniciativas parlamentarias de control para esclarecer el comportamiento de los responsables periféricos del Departamento de Medio Ambiente y averiguar las razones por las cuales un importante número de denuncias formuladas no son objeto de la preceptiva tramitación.

Los hechos revisten una enorme gravedad, razón por la cual hace escasos días se pidió una investigación a los responsables del Departamento de Presidencia y de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, Eva Almunia y Antonio Brun, respectivamente, hallándose esta Asociación a la espera de las medidas que puedan adoptarse por parte de la Inspección General de Servicios.

Los diferentes controles posibles sobre la irregularidad señalada por el Justicia de Aragón no son excluyentes, razón por la cual a la petición de investigación dirigida a los responsables de los que depende la Inspección General de Servicios de la Administración autonómica, se añade ahora la petición de medidas de control por parte de los Grupos Parlamentarios, control que se solicitará igualmente del Ministerio Fiscal.

La falta de averiguación de los hechos denunciados por agentes públicos, como son los Agentes de Protección de la Naturaleza, cuyas denuncias cuentan con valor probatorio –como expresamente se señala en las normas legales medioambientales de la Comunidad Autónoma-, al no incoarse siquiera el preceptivo procedimiento sancionador, podría constituir una grave irregularidad de carácter administrativo e incluso penal, al poder revestir los presupuestos de la prevaricación.

Dicha falta de tramitación, al margen del incumplimiento legal que constituye en sí misma, contribuye al mismo tiempo a privar de autoridad a los Agentes de Protección de la Naturaleza que actúan como denunciantes y a extender entre los infractores la expectativa de que los hechos punibles no serán sancionados, lesionando con ello la confianza de los ciudadanos en la aplicación de ley y en el buen funcionamiento de la Administración Pública y del propio Estado de Derecho.

No sancionar una infracción contra el medio ambiente, cuando se tiene la competencia irrenunciable para ello, supone en buena medida participar, en el grado que corresponda, en la comisión de la infracción, al propiciar su impunidad.

Esta Asociación confía en que los hechos, que no quiso aclarar el Departamento de Medio Ambiente, al negar al Justicia de Aragón la información solicitada por esta Institución, puedan ser debidamente analizados por los órganos de control administrativo y parlamentario e investigados por el Ministerio Fiscal, reconduciendo a la legalidad el ejercicio de las competencias sancionadoras en el ámbito de medio ambiente.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón:


“Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería

Zaragoza, 20 de diciembre de 2010.

Estimados señores:

Con fecha 4 de noviembre de 2010, el Justicia de Aragón ha formulado una sugerencia al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, cuyo texto se adjunta, solicitando que por parte del mismo se dé trámite a las denuncias presentadas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, incoando los preceptivos expedientes administrativos y dictando la resolución que en cada caso proceda.

Tal sugerencia se formula a raíz de una queja planteada ante dicha Institución, con la que se aportaba información estadística elaborada por la propia Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, en la que se constataba que el número de procedimientos sancionadores incoados por infracción medioambiental es significativamente inferior al de denuncias formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza. A su vez, el número de resoluciones dictadas, en ocasiones, supone, como es el caso del Servicio Provincial de Zaragoza, solamente el venticinco por ciento de las denuncias realizadas por tales Agentes, funcionarios dependientes del propio Departamento de Medio Ambiente.

Pese a haberse requerido al Departamento competente información sobre tales datos por parte del Justicia de Aragón, no se le ha facilitado información alguna a dicha Institución, de manera que no es posible conocer las razones que puedan explicar o justificar un dato tan llamativo, no pudiendo con ello despejarse las legítimas dudas sobre la existencia de irregularidades administrativas en el ejercicio de la potestad sancionadora por parte del Departamento de Medio Ambiente, con la posible aplicación de la ley de forma selectiva o arbitraria, lo cual podría constituir un supuesto de prevaricación por parte de los responsables administrativos.

Dada la gravedad de los hechos expuestos en la queja planteada, que vienen avalados por datos oficiales de la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, y vista la negativa de dicho Departamento a atender los requerimientos de información efectuados desde el Justicia de Aragón, consideramos totalmente necesaria la realización de un control parlamentario de dicha cuestión.

Por tal razón, y mediante el presente escrito, les solicitamos que en el ejercicio de las funciones de impulso y control de la acción de gobierno que corresponde llevar a cabo a las Cortes de Aragón, por parte de ese Grupo Parlamentario se impulsen aquellas iniciativas parlamentarias que estimen oportunas para conocer las razones que motivan el bajo índice de tramitación de las denuncias medioambientales formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, reclamando, en su caso, de los máximos responsables del Gobierno de Aragón la realización de una investigación exhaustiva sobre los hechos contenidos en la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, en la que se determinen las responsabilidades administrativas o disciplinarias en que hayan podido incurrir los responsables, por acción u omisión, de tales irregularidades.

Agradeciéndoles de antemano la atención dada al presente escrito, reciban un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

EL MEJOR HOMENAJE AL JUSTICIA DE ARAGÓN: CONTESTAR SUS PETICIONES.

Ayer, como cada 20 de diciembre, se congregaron diferentes autoridades y representantes políticos ante el Monumento al Justiciazgo, en la Plaza de Aragón de la ciudad de Zaragoza, para tributar un homenaje a dicha Institución, con motivo del 419 aniversario de la ejecución de Juan de Lanuza, por orden de Felipe II, tras oponer al poder real las garantías jurídicas del ordenamiento aragonés.

El homenaje al Justiciazgo, al margen de la reivindicación de la institución recuperada, por constituir una de las más destacadas señas de identidad histórica de Aragón –aunque poco tengan que ver las prerrogativas del actual Justicia de Aragón con su antecedente histórico-, nos permite rememorar la dramática pugna entre poder político y poder jurídico, entre la fuerza y el derecho, pugna hoy superada en nuestro sistema constitucional, donde la fuerza sólo es legítima si la ampara el derecho. Hoy el poder político –como Estado democrático- y el poder jurídico –como Estado de Derecho- resuelven sus diferencias en los Tribunales o, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, quedando todos ellos sometidos al imperio de la ley y, destacadamente, al de la Constitución.

El Justicia de Aragón, configurado como institución básica de la Comunidad Autónoma de Aragón en el Estatuto de Autonomía, tiene como misión asegurar la vigencia del Estado de Derecho en nuestra Comunidad Autónoma, para lo cual atiende a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, a la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y a la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón. Es decir, vela por la vigencia efectiva de las normas que componen el ordenamiento jurídico aragonés y por el respeto de los derechos y libertades que se reconocen y garantizan en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico.

En el ejercicio de sus funciones, el Justicia de Aragón supervisa a las administraciones públicas, a las que solicita información respecto a las quejas que le formulan los ciudadanos. Ayer, el actual titular de la Institución, Fernando García Vicente, afirmaba que entre un 10% y un 15% de las peticiones de información quedan sin contestar por las administraciones o autoridades públicas a las que se dirige, a pesar de que la Ley establece la obligatoriedad de auxiliar a dicha Institución en el ejercicio de sus funciones.

Entre quienes incumplen dicha obligación de colaboración se encuentran los Consejeros del Gobierno de Aragón –representados en el acto de ayer por su Vicepresidente, José Ángel Biel, y su Consejera de Presidencia, Eva Almunia-, razón por la cual esta Asociación se dirigió recientemente al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para solicitarle que imparta instrucciones claras a los miembros del Gobierno autonómico y a los altos cargos de la Administración autonómica para que atiendan con la máxima diligencia los requerimientos de información por parte del Justicia de Aragón.

Creemos que el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha perdido una oportunidad de oro, al desaprovechar la fecha de homenaje al Justiciazgo para efectuar una declaración pública sobre la inequívoca voluntad de colaboración del Gobierno de Aragón con la relevante labor que el Estatuto de Autonomía encomienda al Justicia de Aragón, adquiriendo el compromiso de que los miembros del Gobierno de Aragón y los altos cargos de la Administración autonómica darán respuesta en tiempo y forma a toda petición de información por parte de tal Institución. En lugar de ello, la jornada ha servido para que el Justicia de Aragón reproche a las Administraciones –entre ellas, el Gobierno de Aragón- la falta de apoyo al ejercicio de su labor, con lo cual no sólo se desatiende el principio de lealtad institucional sino que se lesionan los derechos de los ciudadanos, al obstaculizar el funcionamiento de una institución que tiene como misión básica la protección de los mismos.

NUEVO ENCUENTRO CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: VOLUNTAD DE INTEGRACIÓN Y CONSENSO.

En el día de hoy, y a petición del Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, representantes de esta Asociación han mantenido con él una nueva reunión, para seguir profundizando en el intercambio de opiniones y puntos de vista sobre el actual estado de la función pública aragonesa y posibles horizontes de evolución u ordenación futura. Con ello se reafirma la voluntad de normalidad democrática que se nos expuso en el anterior encuentro, consistente en incorporar a esta Asociación a las habituales consultas por parte del Director General, como plataforma de defensa de los valores profesionales de los servidores públicos, gesto que desde esta Asociación debe reconocerse y agradecerse expresamente.

Este nuevo encuentro, que se ha prolongado durante dos horas intensas, ha servido para hallar sólidas coincidencias en cuanto al valor de la función pública como factor decisivo en el buen funcionamiento de las instituciones, así como en la necesidad de aprovechar la ordenación futura de la función pública aragonesa, al desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, para reforzar la profesionalidad de los servidores públicos.

Se ha coincidido en la importancia de impulsar la transparencia en la gestión pública y de promover el comportamiento ético de los empleados públicos y de los responsables políticos –en tal sentido, se ha hecho hincapié en el Código de Buen Gobierno Local recientemente aprobado por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, como estrategia imprescindible para recuperar la confianza de los ciudadanos en los gestores públicos y representantes políticos- y en la necesidad de definir adecuadamente las reglas de la función pública, a las que hayan de atenerse tanto los servidores públicos como el nivel político de dirección. Sólo desde el respeto a los valores profesionales de la función pública, el Gobierno puede hallarse legitimado a recabar y ejercer la dirección de la Administración que le corresponde.

Dirigir no es sinónimo de mandar y tanto funcionarios como responsables políticos han de someterse a los mandatos de la ley, algo que no se ha producido en el grado debido a lo largo de los últimos años, provocando con ello un grave proceso de deterioro de la función pública y una pérdida de credibilidad de las instituciones públicas. Esta es la valoración que se le ha expuesto al nuevo responsable de la Dirección General de la Función Pública, insistiendo en la conveniencia de recuperar el prestigio de la función pública, dentro y fuera de la Administración, tratando de contrarrestar con medidas adecuadas tanto el desánimo de muchos servidores públicos como la mala imagen que muchos ciudadanos tienen de los funcionarios y que se ha proyectado de forma deliberada desde diferentes ámbitos aprovechando la actual crisis económica.

Coincidimos con el nuevo Director General de la Función Pública en el papel de servicio a los ciudadanos que están llamados a desempeñar los funcionarios públicos –no sólo en el cumplimiento del programa político del Gobierno, sino también en el aseguramiento diario de la legalidad y del Estado de Derecho- y, por ello, valoramos muy positivamente la oferta realizada para mantener futuros encuentros a propósito de los contenidos del Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Aragón –ya le hemos manifestado nuestro desacuerdo con la denominación de Ley de Empleo Público- y para otras medidas más concretas de gestión, como pueda ser la futura Oferta de Empleo Público.

El hacer leyes –como ocurre en este caso, con la futura Ley de la Función Pública de Aragón- sólo tiene sentido cuando se cree en el valor de las leyes, en su aplicación y en su cumplimiento. Por eso, le hemos querido insistir al actual Director General que una medida tan importante o más que la elaboración de una nueva Ley –con la que venir a dar desarrollo al Estatuto Básico del Empleado Público- es el restablecimiento, en el seno de la Administración y de la función pública aragonesa, de la cultura de la legalidad, es decir, el actuar conforme a la ley, el asegurar la aplicación y el respeto de las normas legales.

Creemos –no quisiéramos equivocarnos- que estos encuentros mantenidos con el nuevo Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, pueden ser la oportunidad de revisar el rumbo seguido hasta ahora por la función pública y de avanzar hacia un programa de medidas que vengan a sentar las bases del “giro ético” que esta Asociación ha venido demandando desde su creación. El que esta oportunidad pueda malograrse no cabrá achacarlo, en ningún caso, a nuestro escepticismo o desconfianza. A la voluntad de integración y de consenso que se nos manifiesta por el nuevo Director General, responderemos con nuestras aportaciones constructivas y nuestro compromiso -demostrando que nos importa la función pública, y que por ello nos propusimos defenderla-, eso sí, desde la inevitable exigencia del respeto a la legalidad.

UN DISCURSO CLARO, PLURAL E INDEPENDIENTE.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es una entidad que agrupa a funcionarios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, abierta también a la incorporación de funcionarios y empleados públicos de cualquiera de las otras Administraciones aragonesas -municipal, comarcal, provincial, periférica estatal, Universidad-, que se constituyó hace cerca de cuatro años para ejercer públicamente la defensa de los valores y principios de una función pública comprometida con la democracia y el Estado de Derecho, ante un estado de cosas altamente preocupante que el transcurrir de los años no ha hecho más que confirmar y agravar.

En los casi cuatro años de actividad, se ha tratado de dar a conocer los objetivos de la Asociación y de formular numerosas propuestas para devolver a la función pública aragonesa sus señas de identidad -entre las que necesariamente han de primar la legalidad, la profesionalidad y la ética administrativa-, y, como no podía ser de otro modo, se han ejercido acciones jurídicas para combatir las más graves desviaciones de la legalidad que se han detectado en materia de personal o de gestión de los recursos públicos -reclamando, en muchos casos, la intervención de los órganos o instituciones encargados de velar por la legalidad de la gestión pública, como pueden ser el Justicia de Aragón, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Fiscal-, intentando con ello poner término a algunas de las notas más graves que han lastrado durante los últimos años a nuestras Administraciones, como son la patrimonialización de lo público, el desprecio a la legalidad y la "cultura de impunidad" en que se han movido un gran número de sus responsables, creyendo que todo era posible y que nada traería consecuencias. Esa cultura se ejemplifica a la perfección con la utilización fraudulenta que se hace de los puestos de asesor de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.

En ese contexto de desvalorización de las instituciones y de la Administración, la función pública constituía un testigo molesto -un elemento del Estado de Derecho incómodo dentro de la estructura de dominación política, reacio a dejarse arrebatar sus valores profesionales- y esta Asociación no fue más que el resultado lógico de esa reacción de la función pública aragonesa ante la premeditada labor de derribo de una Administración profesional, imparcial, sujeta a la ley por encima de consignas políticas arbitrarias u oportunistas, cuando no abiertamente ilegales.

En este semestre final de la legislatura, en el que habrán de celebrarse elecciones sindicales en la Administración autonómica y elecciones municipales y autonómicas, esta Asociación se siente llamada, como organización de la sociedad civil directamente afectada por ambos procesos electorales, a formular con la mayor claridad posible sus propuestas de mejora de la Administración y de la función pública, para trasladarlas seguidamente a las distintas organizaciones sindicales y a los partidos políticos que han de concurrir a ambos procesos electorales.

Esta Asociación ni es un sindicato ni un partido político, ni tiene vocación de serlo nunca. Es sencillamente una plataforma de debate y acción para todos aquellos servidores públicos que no son indiferentes al proceso de deterioro que viven nuestras Administraciones y a la pérdida creciente de legitimidad social ante los ciudadanos, por la ausencia de signos claros de compromiso con los valores constitucionales que dan sentido a la actividad de la Administración Pública y al estatuto jurídico de su personal: el servicio objetivo al interés general.

Pero precisamente porque nuestra composición es plural -no sólo en sentido ideológico, sino en la condición profesional de sus socios, al hallarse abierta a los empleados públicos de cualquier tipo- e independiente -no sujeta a la estrategia de ningún partido o sindicato, ni dependiente de las subvenciones o financiación pública que pudieran mediatizar nuestra actividad y nuestra libertad de decisión-, nos sentimos particularmente legitimados para dirigirnos a sindicatos y partidos políticos para trasladarles nuestras propuestas para devolver a la Administración el vigor del que hoy anda tan falto.

Ya lo hicimos en 2007, al poco tiempo de constituirnos. Todo el trabajo desarrollado desde entonces, en buena medida orientado por las propuestas formuladas en los documentos remitidos a sindicatos y partidos políticos, y el análisis de la evolución que han vivido en estos años nuestras Administraciones nos obligan a ampliar y precisar mucho más aquellas propuestas iniciales.

Nos gustaría que ambos documentos de propuestas fueran el mejor ejemplo del discurso claro, plural e independiente sobre las exigencias de buena administración y buen gobierno a que aspira esta Asociación, con el fin de superar las crecientes deficiencias que se ponen de manifiesto en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma. Esta Asociación con ello no pretende adoptar ninguna posición política o dar su apoyo -expreso o tácito- a ninguna de las opciones en liza. Serán los sindicatos o los partidos políticos, con sus programas y propuestas, los que en todo caso tomen posición en relación con lo que son los objetivos de esta Asociación, todos ellos perfectamente formulados en nuestra Constitución.

Confiamos en que tanto sindicatos como partidos políticos, en la actual coyuntura política y económica que vivimos, se hayan convencido del enorme valor que constituye disponer de una Administración Pública profesional, eficaz y eficiente, plenamente comprometida con la legalidad y la ética pública. Esperamos ver las medidas que contienen sus programas para avanzar en esa dirección y corregir los errores y deficiencias que hoy nos impiden contar con una Administración así en nuestra Comunidad Autónoma.

MEMORIA DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL SENADO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2010.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) de 7 de diciembre de 2010 publica el Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el periodo ordinario de sesiones febrero a junio de 2010, en el que se refleja la relación de peticiones presentadas, decisiones adoptadas sobre las mismas y contestaciones recibidas de las autoridades a que se trasladaron.

Entre las 46 peticiones que se reseñan figuran tres formuladas por esta Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, referidas a la necesidad de que desde el Ministerio responsable en materia de función pública se adopten las medidas de coordinación y vigilancia necesarias para asegurar el respeto al Estatuto Básico del Empleado Público en materia de acceso al empleo público, y a la procedencia de control de constitucionalidad de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, en lo que respecta a retribuciones de los empleados públicos.

Ambas peticiones fueron admitidas por la Comisión de Peticiones del Senado, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Constitución Española, fueron remitidas al Ministerio competente, sin que hasta la fecha se haya informado a la Cámara sobre la decisión adoptada por el Ministerio.

La Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, establece las obligaciones de las autoridades públicas a las que se dirijan peticiones al amparo del derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, y entre dichas obligaciones figura la prevista en su artículo 11.5: “Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas”. A ello se añade la previsión contenida en el artículo 195 del Reglamento del Senado: “En cada período ordinario de sesiones la Comisión de Peticiones informará al Senado del número de peticiones recibidas, de la decisión adoptada sobre las mismas, así como, en su caso, de las resoluciones de las autoridades a las que hayan sido remitidas. El texto del informe se incluirá en alguna de las publicaciones oficiales de la Cámara y será objeto de consideración en sesión plenaria”.

En cumplimiento de ambos preceptos se elabora y publica, semestralmente, el citado informe de actividad de la Comisión de Peticiones del Senado, lo que constituye un importante elemento de transparencia en su gestión. Sería deseable que un informe de similares características se elaborase igualmente por las Cortes de Aragón y por cada uno de los Departamentos del Gobierno de Aragón. Esta Asociación va a sugerir dicha elaboración tanto al Parlamento autonómico como a los miembros del Gobierno de Aragón, para así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: MANTENER LA LUCHA POR EL DERECHO, EN UN TIEMPO DE PROPUESTAS.

Ayer tarde, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la última reunión de la Junta Directiva del presente año, que se desarrolló conforme al orden del día previamente remitido y hecho público a través de este blog.

Tras la aprobación del acta de la reunión anterior, el Presidente de la Asociación informó de las principales actuaciones llevadas a cabo desde la anterior reunión de la Junta, incidiendo especialmente en el desarrollo del encuentro mantenido con el nuevo Director General de la Función Pública, Jesús Sarría. Se valoró muy positivamente dicha reunión, al ser el primer contacto formal sostenido con un responsable de función pública en los casi cuatro años de existencia de esta Asociación, destacándose el ambiente de cordialidad y de respeto que dominó el encuentro, sin que ello fuera obstáculo para que los representantes de la Asociación que acudieron a la misma pudieran expresar su abierta discrepancia con la orientación seguida en política de personal por el actual Departamento de Presidencia. El propio Director General expresó su deseo de mantener reuniones periódicas con los representantes de la Asociación, entendiendo la discrepancia como un valor democrático. Por parte de la Junta se valoró positivamente el nuevo clima de comunicación y se reafirmó la disposición a sostener una relación constructiva con los nuevos responsables del Departamento de Presidencia, centrándola en temas que quepa acometer y ejecutar en este periodo final de legislatura, como son la oferta de empleo público o la publicación de un boletín estadístico sobre la función pública aragonesa.

Asimismo, el informe se centró en la necesidad de proseguir las actuaciones necesarias para esclarecer las posibles irregularidades producidas en la gestión de ASAEL –al entenderlo como un caso representativo de patrimonialización indebida de las instituciones-, informándose del escrito de denuncia remitido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, y finalmente se hizo hincapié en la gravedad que revestía la irregular tramitación de las denuncias medioambientales formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, puesta de manifiesto en una reciente sugerencia del Justicia de Aragón, entendiendo necesario realizar actuaciones para procurar la corrección de tales irregularidades.

Posteriormente, se analizó la actuación de los miembros del Gobierno de Aragón en lo que afecta al incumplimiento del deber de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, que viene siendo sustituido, en el mejor de los casos, por meros anuncios de publicidad, y se acordó impugnar ante los Tribunales los anuncios de publicidad correspondientes a ceses y nombramientos de personal eventual publicados en el Boletín Oficial de Aragón de 20 de noviembre de 2010, correspondientes a los Departamentos de Presidencia y de Ciencia, Tecnología y Universidad. Se valoró la particular gravedad de que en tales anuncios ni siquiera se identificase al personal eventual que se reponía en sus puestos, tras los cambios de Consejero, entendiendo que la inexistencia de nombramiento o su falta de publicación viciaba de nulidad de pleno derecho el desempeño de tales puestos de trabajo, razón por la cual la cuestión ya había sido planteada ante la Inspección General de Servicios y la Intervención General.

Finalmente, y ante la doble cita electoral del primer semestre de 2011, al producirse en dicho periodo elecciones sindicales en la Administración autonómica y elecciones locales y autonómicas, se debatió la oportunidad de elaborar, desde el respeto y la valoración de la importante función y responsabilidad que corresponde a sindicatos y partidos políticos en el futuro de la Administración y de la función pública, dos documentos de propuestas a formular desde la Asociación a ambas organizaciones –sindicatos de la función pública aragonesa y partidos políticos-, con el fin de que en sus propuestas electorales o en su acción posterior –de negociación, gobierno u oposición- incorporen medidas o pautas de comportamiento que permitan avanzar en objetivos de buena administración y buen gobierno.

Con ello, la Asociación pretende conjugar, en la medida de sus posibilidades, la labor de defensa de la legalidad –continuando su lucha por el derecho- y la labor de reflexión y propuesta para afrontar este momento crítico que viven las Administraciones y la función pública. De ese modo se pretende ser coherente con los fines que establecen los estatutos de la Asociación, cuyos dos primeros son el compromiso democrático y la defensa de la legalidad.

ESCRITO RECORDATORIO AL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

En el día de hoy, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa nos dirigimos a la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, para recordarle que estamos pendientes de una respuesta a nuestra petición de que el Gobierno de España promoviese el control de constitucionalidad de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, al entender que lo establecido en su artículo 19.2 –posibilitando la percepción por funcionarios públicos de retribuciones básicas superiores a las propias de su grupo de titulación- vulneraba la legislación básica estatal en materia de retribuciones de los funcionarios públicos.

El pasado mes de febrero, en ejercicio del derecho fundamental de petición, nos dirigimos a diferentes instituciones del Estado, como son el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal de Cuentas y los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda y de Justicia, con dicha petición. Las respuestas dadas desde los Ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda, así como desde la Comisión de Peticiones del Senado, prácticamente coincidentes, se limitaban a comunicarnos que tal petición se había trasladado al Ministerio de Política Territorial por entender que el asunto correspondía a su competencia.

No obstante dicha remisión, y dado el tiempo transcurrido sin haber recibido contestación por parte del ahora Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, nos hemos visto en la necesidad de dirigirle un escrito para recordarle la obligación de respuesta que impone el ejercicio del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución y objeto de regulación por la Ley Orgánica 4/2001. De acuerdo con lo previsto en esta Ley, la autoridad pública a la que se dirija la petición debe dar respuesta razonada a la misma, en un plazo no superior a tres meses desde su formulación.

Entendemos que tanto las remisiones realizadas por parte de los Ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda, como el traslado realizado a dicho Ministerio por parte de la Comisión de Peticiones del Senado, conforme a lo que prevé el artículo 77 de la Constitución Española, colocan al mismo en la posición de autoridad pública destinataria de la petición y sujeta, por ello, a la obligación de dar respuesta razonada a la misma.

Consecuentemente, hemos instado a dicho Ministerio a dar respuesta a la petición remitida el pasado mes de febrero a diferentes Ministerios del Gobierno de España y a las dos Cámaras de las Cortes Generales –bien directamente o a través del conducto que imponga el procedimiento aplicable en cada caso- e informar de la valoración realizada sobre las dudas de constitucionalidad planteadas por la citada previsión de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010, y de las posibles medidas adoptadas para su oportuno control o corrección.

Es público y notorio que no se promovió recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, pero sería deseable conocer qué iniciativas se adoptaron –si es que se adoptó alguna- para tratar de corregir una previsión retributiva contraria a la legislación básica estatal, previsión que, por cierto, algún sindicato de la función pública aragonesa desea volver a introducir en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011. Por lo visto, da igual todo lo dicho, en este tema, por el Justicia de Aragón y por la Intervención General del Gobierno de Aragón. Da lo mismo que la fórmula de la “promoción interna temporal” pueda ser anulada por ilegal en una próxima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Perseverar en el error –cuando el error supone una ilegalidad- se considera, por lo visto, una legítima pretensión sindical.

PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES EN LA DGA.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido tanto a la Consejera de Presidencia, Eva Almunia, como al responsable de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, Antonio Brun, para solicitarles la apertura de una investigación sobre la actuación de los órganos competentes del Departamento de Medio Ambiente para la tramitación de las denuncias formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza.

Con fecha 4 de noviembre de 2010, el Justicia de Aragón formuló una sugerencia al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para que dé trámite a las denuncias presentadas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, incoando los preceptivos expedientes administrativos y dictando la resolución que en cada caso proceda.

Tal sugerencia se efectuó a raíz de una queja planteada ante la Institución, con la que se aportaba información estadística elaborada por la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, en la que se constataba que el número de denuncias que dan lugar a la incoación de procedimiento sancionador es en algunos casos inferior al cincuenta por ciento de las formuladas y el de las resoluciones dictadas, en ocasiones, supone solamente el venticinco por ciento de las denuncias realizadas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, funcionarios dependientes del propio Departamento de Medio Ambiente.

Pese a haberse requerido al Departamento competente información sobre tales datos por parte del Justicia de Aragón, no se le ha facilitado información alguna a esta Institución, de manera que se desconocen las razones que expliquen o justifiquen un dato tan llamativo, lo que hace imprescindible despejar cualquier duda sobre la existencia de graves irregularidades administrativas en el ejercicio de la potestad sancionadora por parte del Departamento de Medio Ambiente, al aplicar la ley de forma selectiva o arbitraria, lo cual podría constituir un supuesto de prevaricación por parte de los responsables administrativos.

Dada la gravedad de los hechos expuestos en la queja planteada, que vienen avalados por datos oficiales de la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, y vista la negativa de dicho Departamento a atender los requerimientos de información del Justicia de Aragón, esta Asociación considera totalmente necesaria la realización de una investigación interna por la parte de la Inspección General de Servicios, órgano de control interno adscrito al Departamento de Presidencia, razón por la cual ha solicitado tanto a la titular del Departamento como a otros altos cargos directamente responsables de la actividad de la Inspección General de Servicios que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la actuación señalada, depurando en su caso las responsabilidades que concurran.

CARTA AL ALCALDE DE HUESCA: SATISFACCIÓN POR EL CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA APROBADO.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se dirigió ayer al Alcalde de la Ciudad de Huesca, para expresarle su satisfacción por la reciente aprobación de un Código de Buena Conducta Administrativa por parte del Ayuntamiento que preside, dando con ello respuesta a lo solicitado, hace ya dos años, por esta Asociación.

Esta Asociación se caracteriza por canalizar todas sus iniciativas a través de las instituciones públicas, reclamando a éstas un compromiso activo con los principios y valores constitucionales que han de presidir toda actuación de las Administraciones Públicas y de los servidores públicos adscritos a cada una de ellas.

El hecho de que el Ayuntamiento de Huesca haya atendido la petición de esta Asociación y, en consecuencia, apruebe un Código de Buena Conducta Administrativa reviste un enorme valor, pues viene a demostrar que el trabajo continuado, la insistencia y sobre todo la coherencia, dan su resultado, y ello supone un aliciente para redoblar en el esfuerzo por mejorar la realidad de nuestra función pública.

No hemos querido dejar de expresarle, de forma directa y sin dilación alguna, la satisfacción que nos ha supuesto la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Huesca, con unanimidad por parte de todos los grupos políticos, demostrando con ello que las medidas de reforzamiento de la ética pública constituyen un terreno común a todos, por su carácter institucional y profundamente democrático.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro de la carta remitida al Alcalde de la Ciudad de Huesca:


“D. Luis Felipe Serrate
Ayuntamiento de Huesca
Plaza de la Catedral, 1
22071-HUESCA

Zaragoza, 13 de diciembre de 2010.

Estimado señor:

Hemos tenido conocimiento, a través de diferentes medios de comunicación, de la aprobación por ese Ayuntamiento, en el pleno celebrado el pasado viernes 10 de diciembre, de un Código de Buena Conducta Administrativa, como resultado de la petición realizada en su día por esta Asociación.

Deseamos, en primer lugar, trasladarle nuestra satisfacción por tal decisión, al entender que con ello se da un paso significativo en el reforzamiento de los principios éticos y de conducta por los que han de guiarse los servidores públicos de esa institución, en el marco de lo establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Asimismo, la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Huesca supone un importante estímulo para que otras Corporaciones Locales adopten similares iniciativas, tendentes a reforzar la ética pública en el seno de las instituciones, potenciando de ese modo una cultura organizativa en la que la legalidad, la profesionalidad y la transparencia ocupen la posición central que les corresponde.

Confiamos igualmente en que dicha decisión pueda verse acompañada, en un futuro próximo, por nuevas medidas dirigidas a asegurar la integridad institucional, como factor generador de confianza para los ciudadanos y de credibilidad para las instituciones públicas.

Le expresamos, finalmente, nuestra confianza en que el referido Código tenga una incidencia real en el funcionamiento de los servicios públicos de la ciudad de Huesca y permita a los servidores públicos de ese Ayuntamiento un correcto desempeño de sus funciones, para lo cual sería necesario que los responsables políticos de la institución actúen, en todo momento, de forma coherente con los principios proclamados, asumiendo con ello el liderazgo que toda estrategia de ética institucional requiere.

Reiterándole nuestra satisfacción por la medida aprobada por ese Ayuntamiento, reciba nuestro más cordial y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.

INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTATUTARIO PARA EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: QUEJAS TRAMITADAS POR EL JUSTICIA DE ARAGÓN.

Mediante escrito de 7 de diciembre de 2010, la institución del Justicia de Aragón ha comunicado a esta Asociación el archivo de una de las quejas relativas al incumplimiento del plazo fijado por el Estatuto de Autonomía de Aragón para la remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a las Cortes de Aragón, que ha de efectuarse antes del 1 de octubre de 2010. Las quejas planteadas se refieren al incumplimiento en que se incurrió con los Proyectos de Ley de Presupuestos correspondientes a 2010 y a 2011, y el archivo afecta a la primera de ellas.

Dicho archivo se acuerda a la vista de la información remitida a dicha Institución desde el Departamento de Economia, Hacienda y Empleo y al hecho de que, en estos momentos, se está tramitando un expediente de queja en relación con el mismo motivo respecto a la aprobación de los presupuestos del año 2011. Por lo tanto, dada la coincidencia del motivo de ambas quejas, se ha acordado continuar exclusivamente con la tramitación del nuevo expediente, relativo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011, archivando la queja referida a los de 2010.

El informe remitido por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, en fecha que no se hace constar, relativo a la demora en la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2010 señala lo siguiente:

“El Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón fue aprobado por el Gobierno de Aragón en su sesión de fecha 9 de noviembre de 2009.

Dicha iniciativa legislativa fue admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Aragón con fecha 10 de noviembre de 2009 y publicada en el “Boletín Oficial de las Cortes de Aragón” con fecha 11 de noviembre de 2009, estando en la actualidad en tramitación.

Las incertidumbres que pesan sobre la situación económica presente así como sobre su evolución futura, nos han dificultado sobremanera nuestras previsiones sobre el comportamiento de las finanzas públicas autonómicas. Este hecho se ha traducido en la imposibilidad de contar con mayor antelación con el marco financiero en el que sustentar el presupuesto para 2010”.

Desde esta Asociación podemos entender perfectamente las dificultades que la situación impone a la confección del Proyecto de Ley de Presupuestos –dificultades que, sin embargo, no serán mayores que las existentes para los Presupuestos Generales del Estado, que sí se presentan en el plazo determinado por la Constitución Española-, pero el Gobierno de Aragón ha de esforzarse por cumplir las preceptos del Estatuto de Autonomía y dar razones de peso y excusas cuando no sea capaz de ello.

No es posible que frente al incumplimiento de un mandato estatutario, como el plazo temporal impuesto para la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma –con el cual, además, se garantiza el tiempo máximo de que disponen las Cortes de Aragón para su estudio, debate y aprobación-, se trate de minimizar y restar importancia al hecho, como viene sucediendo lamentablemente, tratando de equiparar equivocadamente la vulneración de las normas institucionales al funcionamiento normal de las instituciones. Esto último es lo que esta Asociación considera particularmente preocupante y considera que no cabe aceptar.

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: JUEVES, 16 DE DICIEMBRE.

De acuerdo con la decisión adoptada por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la publicación de la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo jueves, 16 de diciembre:

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos de la Asociación, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 16 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sitos en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Informe del Presidente sobre actuaciones realizadas: valoración del contacto mantenido con el nuevo Director General de la Función Pública.
4. Informe del Tesorero sobre estado de cuentas.
5. Acciones judiciales a plantear por falta de publicación de nombramientos de personal eventual del Gobierno de Aragón.
6. Criterios para la preparación de documentos de propuestas con motivo de las elecciones sindicales y elecciones autonómicas a celebrar en el primer semestre de 2011.
7. Propuestas, ruegos y preguntas.

ÉTICA PÚBLICA Y CÓDIGOS DE CONDUCTA: EL PRIMER PASO LO DA EL AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

El Ayuntamiento de Huesca, en su último pleno, celebrado el pasado viernes 10 de diciembre de 2010, aprobó un Código de Buena Conducta Administrativa para el personal de dicha Institución, con el fin de reforzar la transparencia y la motivación en la actuación de los servidores públicos de dicha institución local.

Tanto en las declaraciones de los responsables municipales, como en los medios de comunicación que recogen la noticia de tal decisión municipal, se señala que dicha aprobación es resultado de la petición realizada por parte de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

Esta Asociación acoge con satisfacción, como no puede ser de otra manera, que una Administración Pública aragonesa destacada, como es el Ayuntamiento de Huesca, se dote de un instrumento destinado a reforzar los valores que han de presidir la actuación de los servidores públicos, colocando el principio de legalidad en primer lugar, como exigen el artículo 103 de la Constitución Española y la propia configuración de España como Estado de Derecho, algo que ha de proyectarse sobre la realidad de todos los poderes públicos, incluido el poder público local del que forma parte el Ayuntamiento de Huesca.

Es importante que se impulsen códigos de buena conducta –su aprobación es, precisamente, una de las medidas que propugna la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el año 2003 y ratificada por España en 2006-, interiorizando con ello en cada Administración Pública lo establecido, con carácter general, en el Estatuto Básico del Empleado Público, al formular los principios éticos y principios de conducta de los empleados públicos en sus artículos 52 a 54.

Es verdad que la aprobación de tales Códigos ha de ir acompañada de otras medidas –como el Código de Buen Gobierno para los responsables políticos de la institución, al que en concreto se refería la petición formulada en su día por esta Asociación-, de modo que la conducta de los servidores públicos se vea reforzada por la propia ética de la institución –en todos sus niveles de decisión-, pero no vamos a restar valor al paso dado por el Ayuntamiento de Huesca, que entendemos como un primer paso al que habrán de acompañar otros en el futuro, en la misma línea marcada por éste.

Confiamos, igualmente, en que el ejemplo dado por el Ayuntamiento de Huesca –con la unanimidad de todos los grupos políticos presentes en el consistorio- sea seguido por otras instituciones públicas aragonesas, como son los ayuntamientos de las restantes capitales de provincia y capitales de comarca, entes comarcales y diputaciones provinciales. Esta Asociación, en próximas fechas, les hará una invitación expresa a dar dicho paso, como ya ha hecho el Ayuntamiento de Huesca, e igualmente reiteraremos tal propuesta al Gobierno de Aragón.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido en su día al entonces alcalde de la ciudad de Huesca, solicitando la aprobación de un Código de Buen Gobierno:

“D. Fernando Elboj Broto
Ayuntamiento de Huesca
Plaza de la Catedral, 1
22071-HUESCA

Zaragoza, 11 de noviembre de 2008.


Me dirijo a ese Ayuntamiento, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en el ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, para solicitar que por parte de esa Alcaldía se impulse la aprobación de un Código de Buen Gobierno y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para la Administración municipal de la ciudad de Huesca.

La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, por parte de las Cortes Generales, mediante Ley 7/2007, y la profundización en los procesos de descentralización política y administrativa en nuestro país, de la que es ejemplo la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón en abril de 2007, hacen necesario situar en el núcleo de la acción pública los principios y valores que, desde ámbitos como la OCDE o la Unión Europea, se señalan como constitutivos de una ética del servicio público, con el fin de incrementar la confianza de los ciudadanos en el conjunto de las instituciones públicas.

Ello supondría colocar al Ayuntamiento de Huesca al lado de otras Administraciones e Instituciones que han formulado, como criterios rectores de toda su labor de gobierno, principios de carácter ético visibles para los ciudadanos, como es el caso de la Administración General del Estado tras la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de España, en su reunión de 18 de febrero de 2005, proclamando como criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración estatal los siguientes: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.

Entendemos que un Código de Buen Gobierno, dirigido a los miembros de ese Ayuntamiento y a los responsables políticos de la Administración municipal, sería un complemento necesario al Código de Buena Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, extendiendo con ello el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración Pública.

Consideramos igualmente que un liderazgo político claramente comprometido con los valores de servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en las Administraciones Públicas y que, a su vez, ningún liderazgo político puede ejercerse en democracia, en una sociedad compleja y plural como la actual, si no es desde un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.

Por todo ello, concedemos un gran valor a la iniciativa que pudiera asumir ese Ayuntamiento para incluir, entre las prioridades de la presente legislatura en materia institucional, un firme compromiso con los principios de la ética pública, promoviendo y renovando con ello un pacto básico de confianza entre la institución municipal y el conjunto de los ciudadanos a cuyo servicio dirige el conjunto de su actividad.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

LEALTAD INSTITUCIONAL CON EL JUSTICIA: PETICIÓN AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido nuevamente al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para reiterarle –ya se hizo en dos ocasiones en el año 2007- su preocupación por la falta de colaboración de los Departamentos del Gobierno de Aragón con la institución del Justicia de Aragón, al dejar de atender sus peticiones de información y obstaculizar con ello la tramitación de las quejas planteadas por los ciudadanos.

Recientes resoluciones del Justicia de Aragón –una de ellas con motivo de una queja planteada por esta Asociación en relación con la Oferta de Empleo Público de 2010- han señalado la falta de respuesta por parte del Departamento afectado a sus requerimientos de información, incumpliendo con ello el deber de auxilio a dicha Institución que señala el artículo 19 de la Ley reguladora del Justicia de Aragón: “Todos los poderes públicos y entidades afectadas por esta Ley están obligados a auxiliar al Justicia en sus investigaciones”. El incumplimiento de dicho deber legal de auxilio supone una cualificada vulneración del principio de cooperación y lealtad institucional que se establece en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, y al que deben ajustarse en su actuación el conjunto de los Departamentos del Gobierno de Aragón.

En el escrito remitido al Presidente del Gobierno de Aragón se insiste en la gravedad que tiene obstaculizar el funcionamiento de instituciones que tienen como misión específica la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y se recuerda que tales comportamientos pudieran ser constitutivos de infracción penal.

Confiamos en que el Presidente Iglesias, a diferencia de las dos ocasiones anteriores en que nos dirigimos a él con esta misma preocupación, no sólo dé la respuesta que exige el ejercicio del derecho fundamental de petición, sino que, además, recuerde a los miembros del Gobierno de Aragón y a los restantes altos cargos de la Administración autonómica la obligación de colaborar con el Justicia de Aragón y de atender con absoluta diligencia las peticiones de información efectuadas desde dicha Institución.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito de petición dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón:

“Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 11 de diciembre de 2010.

Estimado señor:

En el año 2007, al poco tiempo de constituirse esta Asociación, le dirigimos dos escritos, en los meses de marzo y de diciembre, para expresarle nuestra preocupación por la falta de diligencia de los Departamentos del Gobierno de Aragón en atender las peticiones de información realizadas por el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, al tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos ante dichas instituciones.

En dichos escritos le solicitábamos que desde la Presidencia del Ejecutivo se impartiesen instrucciones al conjunto de los miembros del Gobierno de Aragón y a los titulares de los órganos directivos de la Administración autonómica con el fin de que se atendiesen de forma diligente los requerimientos de información efectuados por parte del Defensor del Pueblo y del Justicia de Aragón, en cuanto instituciones que tienen encomendada la función de velar por el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lamentablemente, el tiempo transcurrido no ha venido a corregir la situación que entonces le señalábamos, y nuevamente hemos tenido conocimiento de resoluciones del Justicia de Aragón en las que se señala, de manera expresa, el incumplimiento del deber legal de auxiliar a dicha Institución en que incurren determinados Departamentos del Gobierno de Aragón, como ha ocurrido recientemente con los Departamentos de Presidencia y de Medio Ambiente. Ambos Departamentos han incumplido dicho deber, a pesar de haber sido expresamente requeridos a ello de forma reiterada, por cuatro veces, antes de constatarse el citado incumplimiento.

El deber de colaborar con el Justicia de Aragón no sólo se establece expresamente en la Ley reguladora de dicha institución, sino que la obligación de atender sus requerimientos ha de deducirse directamente del principio de colaboración mutua y de lealtad institucional respecto al resto de los Poderes y de las Administraciones Públicas que se establece como principio de funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma, en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.

Desconocemos si desde esa Presidencia se llegaron o no a impartir instrucciones en el sentido solicitado, dado que nunca recibimos respuesta expresa a nuestra petición, como exigiría el cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, pero nuevamente nos vemos en la necesidad de reiterarle nuestra petición, y destacar la gravedad que representa el que los miembros de un Gobierno autonómico no se sometan a las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico, y en particular a las establecidas para asegurar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Consideramos que no es necesario que le destaquemos la gravedad de tales conductas ni le recordemos que las mismas pueden incurrir en el tipo penal que se establece en el artículo 502 del vigente Código Penal, entre los delitos contra las instituciones del Estado, por obstaculizar la actividad de instituciones públicas en su labor de defensa de los derechos de los ciudadanos.

Apelamos por ello, una vez más, a su sentido institucional para solicitarle, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, que se dirija a los miembros del Gobierno de Aragón y a los titulares de los órganos directivos de la Administración autonómica al objeto de evitar que, en el futuro, los requerimientos de información realizados por las instituciones del Justicia de Aragón o Defensor del Pueblo puedan quedar nuevamente desatendidos, contribuyendo con ello al óptimo funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada al presente escrito, reciba nuestro más respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

CADA UNO DE NOSOTROS.

En la declaración realizada hoy por el Secretario General de Naciones Unidas, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en este día de 1948, se lleva a cabo una profunda reflexión sobre el decisivo papel que juegan en el mundo los defensores de los derechos humanos. Derechos de todos, pero defendidos por unos pocos, que en dicha labor todavía, en buena parte del mundo, arriesgan su seguridad, su libertad y su vida. El mensaje concluye con una invitación nada sencilla: "Seamos cada uno de nosotros un defensor de los derechos humanos".

Con esa invitación que pone fin a su mensaje, podemos preguntarnos no sólo sobre nuestra actitud en relación con la defensa de los derechos humanos -o de los derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos que se han reconocido en nuestra Constitución-, sino también sobre la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para incidir en nuestra realidad social y laboral y, así, contribuir a la vigencia efectiva de los derechos de todos -incluidos los nuestros- y con ello acercarnos al objetivo ético de "sociedad decente y sociedad civilizada".

Cada acto nuestro no sólo contribuye a formar nuestro carácter como personas. También contribuye, en la medida que corresponda, a formar un determinado tipo de sociedad, más o menos decente, más o menos civilizada. Cada uno de nosotros, los que trabajamos en la Administración, los que tenemos la condición de servidores públicos, contribuimos de forma relevante a formar la cultura organizativa dominante en el ámbito de nuestros Departamentos, organismos, centros de trabajo. Lo hacemos con nuestra forma de actuar, de trabajar, de relacionarnos y colaborar con los otros, con nuestra actitud ante la legalidad, la información a los ciudadanos, la gestión del dinero público, con el cumplimiento de nuestros deberes, la responsabilidad mostrada en el desempeño de los puestos de trabajo, la imparcialidad y objetividad con la que nos conducimos, el compromiso con la actuación eficaz y eficiente, la calidad del trabajo, la satisfacción del interés general y la realización de los derechos de los ciudadanos.

Trabajar bien en la Administración Pública -de forma profesional y ética- ha de contribuir a robustecer el Estado de Derecho, que está llamado a asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos, haciendo realidad en nuestro país los derechos humanos internacionalmente proclamados. De ese modo, cada servidor público podría ser algo semejante a ese defensor de los derechos humanos que nos propone el Secretario General de Naciones Unidas en su mensaje. De cada uno de nosotros depende, también, incorporar ese horizonte en nuestra actividad profesional diaria.

POR UNA ÉTICA CIVIL DEMOCRÁTICA: REUNIDOS EN TORNO AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Ayer tarde, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nos reunimos treinta personas para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, leer el mensaje hecho público con tal motivo por el Secretario General de Naciones Unidas, conocer el mensaje emitido esa misma mañana por Transparencia Internacional, alertando sobre la extensión del soborno en el conjunto de las administraciones públicas en el mundo, y escuchar las reflexiones que, desde la ética y la transparencia de las cuentas públicas, realizaron Julio Guiral, Presidente de esta Asociación, y Rafael López Insausti, Presidente de la Asociación Pro Transparencia de las Cuentas Públicas.

Las exposiciones de los dos ponentes resultaron complementarias en cuanto a la estrategia adecuada para la prevención de la corrupción pública: en primer lugar, se abundó en la importancia de la ética pública y la necesidad de una estrategia de prevención y lucha contra la corrupción –impulsando el catálogo de medidas que se contienen en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003- y en el decisivo papel que en dicha estrategia corresponde jugar a la función pública, es decir, a los servidores públicos; en segundo lugar, se hizo hincapié en la opacidad actualmente existente en la gestión del dinero público –particularmente, en el entramado empresarial público de nuestra Comunidad Autónoma- y en la urgencia de contar con un desarrollo normativo que haga posible el “derecho a saber” mediante un acceso directo y real a las cuentas públicas, posibilitando que los ciudadanos puedan conocer el modo de utilización de los fondos públicos, destacándose no sólo la actual falta de transparencia en el gasto público sino también el deficiente funcionamiento del control interno y de los mecanismos de rendición de cuentas, como ha puesto de manifiesto el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas públicas de nuestra Comunidad Autónoma correspondientes a 2004 y 2005.

Ética pública –integridad de los gestores públicos- y transparencia de las cuentas públicas –rendición plena y directa de la gestión del dinero público ante los ciudadanos- son dos elementos fundamentales en cualquier estrategia de prevención y lucha contra la corrupción.

Lamentamos que, pese al compromiso adquirido por España al ratificar en 2006 la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, existan Comunidades Autónomas como la aragonesa en la que no existe programa de actuación alguno que tenga como objetivo reforzar las buenas prácticas de la gestión pública, fortalecer la profesionalidad e integridad de la función pública y asegurar la transparencia y adecuada utilización de los fondos públicos.

El acto contó con un animado coloquio, en el que las numerosas intervenciones abundaron en la escasa preocupación de las instituciones y de la ciudadanía en general por el fenómeno de la corrupción –repasar la prensa de ayer daba una idea de la general indiferencia sobre el papel a jugar por la convención de naciones unidas contra la corrupción, con la única excepción de la tira de humor de Cano en “Heraldo de Aragón”, en la que se ilustraba a la perfección la actitud de nuestros poderes públicos y agentes sociales en este tema-, lo que revela el enorme retraso que llevamos como Comunidad Autónoma en una materia trascendental para el funcionamiento de la vida democrática y el desarrollo de la actividad económica, pues la confianza y la transparencia son requisitos indispensables para asegurar su calidad.

COMBATIR LA CORRUPCIÓN DESDE LA ÉTICA PÚBLICA.

Al igual que hemos hecho en años anteriores, nos gustaría señalar también en este año 2010 que conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción no es una celebración en negativo, sino todo lo contrario.

Cuando se combate algo normalmente es porque se está reivindicando y defendiendo su contario. En este caso, entendemos que corrupción significa lo contrario a ética pública y ésta la concebimos como un componente esencial de todo Estado democrático y como condición imprescindible de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.

Por ello, para nosotros la celebración de este día se encuentra indisolublemente unida, y no sólo por su cercanía temporal, con la celebración del aniversario de la Constitución Española (6 de diciembre) y del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre).

Si no hacemos de la ética pública un elemento central del funcionamiento democrático y de la vida económica y social difícilmente podremos apreciar la carga destructiva que para el desarrollo, la democracia y la convivencia social tiene la corrupción.

Como Asociación para la Defensa de la Función Pública hemos tenido siempre claro que dicha defensa había de realizarse desde un planteamiento ético –reivindicando la ética pública-, razón por la cual la actuación contra la corrupción pública –tanto política como administrativa, pues ambas conviven estrechamente- ha pasado a ser una de las líneas habituales de nuestra actuación.

Es impensable, a nuestro juicio, aspirar a la vigencia de las normas de función pública si el contexto real y cotidiano de nuestras instituciones no se ajusta suficientemente a las exigencias que impone la ética pública.

PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN: NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA PÚBLICA.

El acto público que celebrará mañana esta Asociación, para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción y profundizar en el conocimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el año 2003 y ratificada por España en el año 2006, tiene como principal objetivo insistir en la necesidad de impulsar una estrategia destinada a prevenir y combatir la corrupción, dentro de cada Estado, en cada ámbito de gestión pública, al margen de la necesaria cooperación internacional que requiere la actual dimensión que ha cobrado el fenómeno de la corrupción.

En un debate parlamentario celebrado no hace mucho en las Cortes de Aragón, el entonces Consejero de Presidencia, Javier Velasco, afirmó de forma rotunda que "en Aragón no existe corrupción". Dicha afirmación, difícilmente sustentable a la vista de la realidad de nuestra Comunidad Autónoma, desenfoca el tratamiento político que, a nuestro juicio, debiera darse a la cuestión. No se trata tanto de discutir si existe o no la corrupción -y el alcance del fenómeno, en su caso-, sino de conocer cuál es el programa de prevención y combate de la corrupción de que se ha dotado el Gobierno de Aragón, para que la corrupción que exista se pueda investigar y sancionar y además tratar de evitar, mediante medidas eficaces y conocidas por todos, la posible aparición de nuevos casos o sucesos de abuso o enriquecimiento ilícito de responsables públicos.

Sería ingenuo creer que un Consejero o un Gobierno cuentan con la capacidad de asegurar la integridad de todos los responsables públicos y funcionarios del conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, incluidos los que no quedan bajo su dirección política. La integridad de las personas responde tanto a la interiorización personal de los principios éticos, como a la existencia de un marco que refuerce el buen funcionamiento y la transparencia de las instituciones públicas y que fomente una cultura política y cívica de rechazo de la corrupción.

En este terreno es en el que creemos que el Gobierno de Aragón muestra una preocupante falta de iniciativa, ya que, ante sucesos como los ocurridos en el Ayuntamiento de La Muela o las irregularidades señaladas en la gestión de Asael o las más recientes deficiencias en la gestión del gasto público detectadas por el Tribunal de Cuentas, no hay más mensaje que el de una declarada voluntad de colaborar con la Administración de Justicia -como si fuera posible hacer otra cosa- o el de una retórica confianza en que todas las dudas queden despejadas con una más detallada información. Queda, en todo caso, patente la resistencia a reconocer la posibilidad de irregularidades o responsabilidades en la gestión pública y, lo que es más importante, la voluntad de sancionarlas. Por supuesto, jamás se anuncia el inicio de investigación interna alguna y, si se anuncia, jamás se conocen los resultados de la misma.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción enuncia, entre sus fines, el de promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Para ello, entre las medidas preventivas, se establece la obligación de los Estados -mención que concierne a todos los niveles de gobierno del Estado, incluidas las Comunidades Autónomas- de formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Son numerosas las medidas que contiene la Convención de Naciones Unidas en materia de prevención de la corrupción, en lo que afecta al sector público, pero queremos destacar entre ellas la relativa a la adopción de sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados y funcionarios públicos, incluyendo la adopción de códigos o normas de conducta -es decir, el aseguramiento de una función pública profesional y ética-, y, como particularmente novedosa y reseñable, la posibilidad de establecer sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.

Celebraríamos que la afirmación realizada por el Consejero Velasco en las Cortes de Aragón fuese cierta y que en Aragón no existiese corrupción -en nuestra opinión, sin embargo, tal objetivo queda todavía muy lejano, entre otros motivos por la ausencia de mecanismos eficaces de prevención de la corrupción en nuestras Administraciones y, lo que resulta más grave, por el debilitamiento de los tradicionales órganos de control interno, como son la Inspección General de Servicios o la Intervención General-, pero si el Gobierno de Aragón realmente estuviese convencido de que tal afirmación es real y desease demostrarlo a quienes sospechamos justamente lo contrario, sería deseable que impulsase mecanismos eficaces y transparentes para denunciar e investigar posibles casos de corrupción.

Sería verdaderamente difícil que alguien denunciase una corrupción que, en opinión del Consejero Velasco, no existe. En estos momentos, por el contrario, podemos pensar simplemente que la falta de cauces adecuados de denuncia y control puede crear la apariencia -irreal- de que la corrupción no existe. Sería grave e irresponsable practicar la política del avestruz en tema tan serio.

Dótese a nuestras instituciones de esos cauces y mecanismos que propugna la Convención de Naciones Unidas y de ese modo podrá quedar patente no sólo que no hay nada que ocultar de la gestión llevada a cabo en estos años pasados, sino también la conveniencia de dotar a futuros Gobiernos de controles transparentes para evitar que la idílica realidad que se nos predica pueda deteriorarse en próximas legislaturas.