En el día de hoy, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa nos dirigimos a la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, para recordarle que estamos pendientes de una respuesta a nuestra petición de que el Gobierno de España promoviese el control de constitucionalidad de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, al entender que lo establecido en su artículo 19.2 –posibilitando la percepción por funcionarios públicos de retribuciones básicas superiores a las propias de su grupo de titulación- vulneraba la legislación básica estatal en materia de retribuciones de los funcionarios públicos.
El pasado mes de febrero, en ejercicio del derecho fundamental de petición, nos dirigimos a diferentes instituciones del Estado, como son el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal de Cuentas y los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda y de Justicia, con dicha petición. Las respuestas dadas desde los Ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda, así como desde la Comisión de Peticiones del Senado, prácticamente coincidentes, se limitaban a comunicarnos que tal petición se había trasladado al Ministerio de Política Territorial por entender que el asunto correspondía a su competencia.
No obstante dicha remisión, y dado el tiempo transcurrido sin haber recibido contestación por parte del ahora Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, nos hemos visto en la necesidad de dirigirle un escrito para recordarle la obligación de respuesta que impone el ejercicio del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución y objeto de regulación por la Ley Orgánica 4/2001. De acuerdo con lo previsto en esta Ley, la autoridad pública a la que se dirija la petición debe dar respuesta razonada a la misma, en un plazo no superior a tres meses desde su formulación.
Entendemos que tanto las remisiones realizadas por parte de los Ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda, como el traslado realizado a dicho Ministerio por parte de la Comisión de Peticiones del Senado, conforme a lo que prevé el artículo 77 de la Constitución Española, colocan al mismo en la posición de autoridad pública destinataria de la petición y sujeta, por ello, a la obligación de dar respuesta razonada a la misma.
Consecuentemente, hemos instado a dicho Ministerio a dar respuesta a la petición remitida el pasado mes de febrero a diferentes Ministerios del Gobierno de España y a las dos Cámaras de las Cortes Generales –bien directamente o a través del conducto que imponga el procedimiento aplicable en cada caso- e informar de la valoración realizada sobre las dudas de constitucionalidad planteadas por la citada previsión de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010, y de las posibles medidas adoptadas para su oportuno control o corrección.
Es público y notorio que no se promovió recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, pero sería deseable conocer qué iniciativas se adoptaron –si es que se adoptó alguna- para tratar de corregir una previsión retributiva contraria a la legislación básica estatal, previsión que, por cierto, algún sindicato de la función pública aragonesa desea volver a introducir en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011. Por lo visto, da igual todo lo dicho, en este tema, por el Justicia de Aragón y por la Intervención General del Gobierno de Aragón. Da lo mismo que la fórmula de la “promoción interna temporal” pueda ser anulada por ilegal en una próxima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Perseverar en el error –cuando el error supone una ilegalidad- se considera, por lo visto, una legítima pretensión sindical.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
Hay que tener confianza en determinadas instituciones, como se está viendo ahora con el Informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General de la C.A. de Aragón de los años 2004 y 2005.
Aunque sea con un retraso de varios años, finalmente las irregularidades salen a la luz.
Ya se sabe que la paciencia y la perseverancia son dos buenas virtudes, muy necesarias en estos tiempos.
¡Mucho ánimo y apoyo a la Asociación!
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