POR UNA CULTURA CÍVICA Y DEMOCRÁTICA.

La deriva independentista de las instituciones catalanas y su desafío manifiesto al orden constitucional español han venido acompañados de un conjunto de argumentos absolutamente falaces sobre lo que es y no es democrático, tratando de revestir la ilegalidad de ropajes democráticos a la vez que se tilda de reaccionarios y autoritarios a quienes defienden el Estado de Derecho, que no es otra cosa que la democracia institucionalizada y, por lo tanto, la máxima garantía de las formas y valores democráticos en nuestra sociedad. Mal pueden erigirse como paladines de la democracia quienes no respetan ninguna de sus exigencias.

Lo que evidencia el momento actual –al margen de otras muchas cosas- es la preocupante falta de cultura cívica y democrática en amplias capas de nuestra sociedad. Nadie mínimamente serio y formado y con el sentido suficiente de lo que supone vivir en democracia y bajo el imperio de las leyes puede aceptar la perversión del lenguaje -a la que asistimos- por parte de quienes propugnan la desaparición de nuestro marco de convivencia.

No basta con confiar en que la razón acabe imponiéndose al actual desvarío –fruto de la manipulación y la propaganda, de la falsedad, de la intolerancia y de la insolidaridad-, sino que es necesario promover tanto por las instituciones como por la propia sociedad civil un conjunto de iniciativas dirigidas a reforzar la cultura cívica y democrática imprescindible para el buen funcionamiento de una sociedad y un estado democráticos.

En reiteradas ocasiones, desde esta Asociación, hemos denunciado la banalización de la ilegalidad, la indiferencia con que buena parte de los responsables públicos decidían prescindir de las exigencias y garantías legales e imponer decisiones arbitrarias, sacrificando el interés general a otros intereses personales o clientelares, provocando la creciente desafección de los ciudadanos frente a las instituciones y la pérdida de confianza en el valor de la ley como garantía de los derechos y freno frente al abuso de quienes ejercen el poder en cada momento. La corrupción pública y el descrédito de la política son la más clara manifestación de ese proceso de deterioro y degradación que supone el desprecio y el desconocimiento de la ley.

Por ello, ahora que el desprecio de las leyes parece ser bandera democrática para una parte de la sociedad catalana y de sus instituciones -y de quienes son sus compañeros de viaje-, debemos reiterar nuestra defensa del Estado de Derecho como elemento indisociable de la vida democrática. Sin respeto a la ley no hay democracia ni libertad, sino arbitrariedad y opresión. La ley es el poder de los ciudadanos, y el Estado de Derecho está llamado a asegurar la igualdad de todos en derechos y obligaciones. El respeto a la legalidad constituye premisa necesaria de toda sociedad decente y civilizada. Esa es la convicción que como servidores públicos y como ciudadanos ha alentado en todo momento nuestra actividad como Asociación.

ABRIR NUEVOS CAMINOS.

La Junta Directiva de la Asociación, en su reunión del pasado lunes 18 de septiembre, dio por iniciado el nuevo curso de actividad, con la voluntad de reafirmar su defensa de los valores propios del Estado de Derecho –frente a los que confunden democracia con ilegalidad y desafío a las reglas de convivencia-, y con la decisión de poner en marcha nuevos proyectos e iniciativas, que permitan reforzar los principios constitucionales que han de presidir el funcionamiento de las Administraciones Públicas y la labor de los servidores públicos que trabajan en ellas.

Dos fueron las principales decisiones adoptadas por nuestra Junta Directiva –cuya composición fue recientemente renovada, en la asamblea del pasado mes de junio, celebrada en la Biblioteca Pública de Aragón-, una de ellas se refiere a la revisión y puesta al día del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado al inicio de la legislatura, y precisado de una actualización tras la aprobación por las Cortes de Aragón de su nuevo Reglamento –con novedosos cauces de participación ciudadana- y de la Ley de Integridad y Ética Públicas el 1 de junio, cuya lectura crítica resulta imprescindible para que la regeneración democrática e institucional que precisamos no sea una simple operación de estética y de creación de nuevas estructuras de discutible eficacia; y la otra consiste en el impulso de un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública, cuya finalidad sea realizar un seguimiento del grado de cumplimiento por parte del conjunto de las Administraciones de la legalidad constitucional y administrativa en materia de acceso al empleo público, asegurando el derecho de los ciudadanos a incorporarse a la función pública conforme a criterios de mérito y eficacia, y corrigiendo los actuales niveles de interinidad existentes en la mayor parte de las Administraciones, lo que supone un claro incumplimiento de la legalidad y un factor grave de desprofesionalización y de debilitamiento de la Administración como elemento esencial del Estado de Derecho, de aseguramiento diario del respeto a la legalidad.

Esta misma semana, representantes de la Asociación iniciarán los contactos para sentar las bases de dicho Observatorio, entrando en contacto con el Presidente de la Asociación de Academias de preparación de oposiciones en Aragón y con otras asociaciones o entidades representativas de funcionarios públicos. Se quiere diseñar un modelo de Observatorio que analice la realidad de las Administraciones aragonesas –autonómica y local, Universidad de Zaragoza, Administración sanitaria y educativa-, capaz de confeccionar un informe anual sobre el cumplimiento de cada una de las Administraciones y un conjunto de indicadores que permita confeccionar un ranking sobre dicho grado de cumplimiento. Agotada la estrategia judicial –tras diez años de impugnación de ofertas de empleo público, con importantes logros y también graves reveses-, es necesario impulsar nuevos modos de continuar nuestra labor de control y exigencia de respeto al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública. Para ello utilizaremos de forma sistemática el derecho de acceso a la información pública –en el marco de la nueva normativa de transparencia- y buscaremos la implicación activa de instituciones como el Justicia de Aragón.

Una vez definido suficientemente el Observatorio en el ámbito autonómico, trataremos de configurarlo a nivel estatal, dando así ejecución al proyecto que el pasado mes de junio miembros de nuestra asociación expusieron en el Congreso Estatal de Empresas de Formación, celebrado en Burgos.

En el actual escenario de tensión y de crisis que vive nuestro país, no podemos dejar de impulsar aquello que debe canalizar la aspiración común de todos los ciudadanos, como es una democracia de calidad, asentada en el escrupuloso respeto a las normas y en la voluntad decidida de respeto a los derechos de los ciudadanos constitucionalmente establecidos, descartando tanto la temeridad que con tanta preocupación observamos –de quienes de modo irresponsable patrimonializan las instituciones catalanas- como la falta de impulso regenerador por los responsables del actual deterioro de nuestro marco de convivencia, olvidando poner el acento de la acción política en las preocupaciones de las personas, olvidando que la razón de ser de todas las instituciones es el servicio a la libertad y bienestar de todos.

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo lunes 18 de septiembre

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 18 de septiembre  de 2017, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente

Orden del día:

1. Aprobación, si procede, del orden del día.
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
3. Informe de actividad del Presidente.
4. Acciones en materia de transparencia y del Consejo de Transparencia de Aragón.
5. Preparación del Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública.
6. Diseño de las actividades para el último trimestre del año 2017.
7. Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 15 de septiembre de 2017.

El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

Julio Guiral Pelegrín

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN ARAGÓN: SALUDO A LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FEDERALISTAS DE ARAGÓN.

Desde esta Asociación hemos defendido siempre la trascendencia de que los ciudadanos –y también los servidores públicos, en su incuestionable condición de ciudadanos al servicio del interés general- ejerzan de manera activa su rol cívico, pues la ciudadanía democrática implica una corresponsabilidad en la defensa y fortalecimiento de los valores que nos son comunes –y se hallan plasmados en la norma constitucional- y sirven de fundamento a la convivencia y a la cohesión social.

La salud democrática de un país requiere de una implicación crítica y responsable de sus ciudadanos en los asuntos que conciernen a todos, haciendo del diálogo y de la colaboración una práctica constante que dote de densidad y solidez a nuestra sociedad civil, y permita dotar de fortaleza y cultura cívica a nuestra vida pública, al funcionamiento de nuestras instituciones, dando consistencia efectiva a la exigencia de buen gobierno que debe existir en toda sociedad madura.

No es posible negar el grave momento que vive España a causa de la ruptura del pacto constitucional por parte de las autoridades catalanas, con una quiebra inaceptable de las exigencias del Estado de Derecho que las deslegitima como poder público, y por ello hay que saludar iniciativas ciudadanas que aspiran a fomentar una reflexión abierta, serena y plural sobre la estructura territorial de España y la potencialidad que la idea federal puede suponer para reconducir la peligrosa deriva que hoy afrontamos como comunidad política.

Ayer se constituyó en Zaragoza una asociación denominada Federalistas de Aragón, en la que se agrupan personas de muy variada procedencia dispuestas a compartir un esfuerzo por hallar fórmulas que permitan reforzar la vocación de integración política en España y en Europa, desde el reconocimiento de la diversidad y la capacidad de autogobierno territorial, perfeccionando para ello nuestra norma constitucional.

En este blog celebramos dicha iniciativa –por lo que tiene de síntoma saludable de movilización cívica y de responsabilidad democrática- y deseamos hacernos eco del contenido de su manifiesto fundacional, que reproducimos íntegro:

MANIFIESTO FUNDACIONAL

DE LA

ASOCIACIÓN FEDERALISTAS DE ARAGÓN.

Los abajo firmantes

Compartiendo

Que el Estado constitucional social y democrático de derecho es la forma política que garantiza la convivencia en un marco de pluralismo político y asegura el reconocimiento pleno y el libre ejercicio de los derechos y libertades.

Que la autonomía política, al afirmar la capacidad de autogobierno territorial en un Estado descentralizado, garantiza que ese Estado haga suyo el valor de la diversidad y el respeto a las diferentes identidades.

Que, desde el pluralismo que significa la autonomía, la afirmación de la unidad del Estado es condición de solidaridad territorial y cohesión social, redistribución de la riqueza y mejor garantía de los derechos y libertades que conforman la ciudadanía común.

Constatando

Que la Constitución Española de 1978 asumió, junto a la democracia parlamentaria y las exigencias del Estado de Derecho, la pluralidad que da forma a España y diseñó un modelo territorial que ha garantizado la autonomía de nacionalidades y regiones.

Que el Estado Autonómico ha sido un instrumento esencial para desarrollar y consolidar el Estado social, profundizando en la dimensión material de la ciudadanía, llamada a hacer realidad la igual dignidad de todas las personas.

Que Aragón, por historia, geografía y convicción de su ciudadanía, constituye un elemento esencial para la articulación presente y futura del modelo constitucional, tal y como ha demostrado su rol en la configuración y evolución de la autonomía política en la España contemporánea.

Que el transcurso de los años, tras casi cuatro décadas de vigencia de nuestra norma constitucional, ha puesto de manifiesto problemas de diseño y funcionamiento del modelo territorial que afectan tanto a elementos técnicos como a su función instrumental para la integración nacional y la preservación de los intereses colectivos compartidos.

Que resulta preciso abordar una revisión del modelo territorial constitucional, que permita conciliar un avance en el reconocimiento de la diversidad y la capacidad de autogobierno de los territorios y un reforzamiento de las instituciones comunes y de la colaboración entre el conjunto de los territorios de España en los objetivos comunes a todos.

Que el federalismo, como fórmula de articulación territorial profundamente democrática, aporta una solución válida para el momento actual de España como marco político de convivencia, desde la libertad y el respeto mutuo de todos sus territorios y del conjunto de sus ciudadanos.

Declaramos nuestra intención de:

Asumir un compromiso cívico expreso para promover una reflexión sobre el devenir de la forma territorial de España como Estado y como nación.

Propugnar la definición de un modelo territorial que corrija las disfunciones detectadas en el Estado Autonómico y sirva para dar respuesta a los nuevos retos sociales y de gobernanza.

Llevar a cabo dicha tarea desde la reivindicación de los valores innatos al Estado constitucional: libertad, democracia, justicia y solidaridad.

Explorar y difundir la potencialidad del federalismo como fórmula política que, como enseña el Derecho comparado, mejor concilia la unidad y la diversidad, lo singular y lo común en sociedades complejas y plurales como la nuestra.

Impulsar asimismo la perspectiva federal para el perfeccionamiento del proyecto de integración política que representa la construcción europea.

Por todo ello,

Nos proponemos constituir una plataforma cívica abierta y plural para reflexionar desde Aragón sobre el federalismo como fórmula política adecuada para afrontar los retos que la organización territorial plantea a la España contemporánea y para avanzar en el proceso de integración política europea que demanda un mundo globalizado.

Y convocamos a esta tarea de reflexión y debate al conjunto de los ciudadanos y de las organizaciones cívicas aragonesas, para que la voluntad integradora que anima nuestra vida colectiva permita trazar un nuevo horizonte de convivencia democrática para el conjunto de España en una Europa que no renuncie a su proyecto de integración política como federación.

LLEGA UN INCIERTO SEPTIEMBRE.

Esta Asociación retoma su actividad, dando comienzo al nuevo curso. Convencida de que promover la defensa de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública constituye una tarea más necesaria que nunca, tanto en nuestra sociedad como en el conjunto de las Administraciones y de las instituciones públicas.

El debate y el uso público de la razón –en cualquiera de los ámbitos de convivencia cívica existentes- se convierten hoy en un deber imperioso para el conjunto de la ciudadanía y de los servidores públicos, pues las cuestiones que se están dilucidando estos días en España nos conciernen a todos, y nadie puede eludir su parte de responsabilidad en la solución que demanda el actual desafío a la legalidad constitucional española.

La quiebra de las normas, la usurpación de las instituciones democráticas para colocarlas al servicio de proyectos de exclusión y de ruptura, el desafío constante y el desprecio a las reglas en que se fundamenta la convivencia pacífica de todos los ciudadanos marcan, en Cataluña y en el conjunto de España, un momento de excepcional gravedad que en modo alguno podemos desconocer.

Es indispensable que los órganos del Estado aseguren la plena vigencia de nuestro ordenamiento constitucional, sin el cual no es imaginable la convivencia en el respeto de los derechos de todos ni cabe admitir la legitimidad de ningún poder público al margen del mismo, pues no hay fuente de legitimidad alternativa al respeto del ordenamiento jurídico y a la observancia de la norma constitucional.

Estamos convencidos del total fracaso de aquellas iniciativas tendentes a menoscabar la democracia constitucional española –como las que se impulsan en este momento desde el soberanismo catalán, con absoluta irresponsabilidad y falta de sentido cívico y democrático-, y como Asociación seguiremos trabajando por objetivos de buen gobierno y buena administración, desde nuestro radical compromiso con el Estado de Derecho y los principios constitucionales, rechazando cualquier discurso identitario que atente contra la configuración plural y libre de la ciudadanía.