Nuestra Asociación se
encamina hacia la celebración, el próximo mes de marzo, de su asamblea anual,
tras cumplir once años de existencia y actividad en defensa de la legalidad, la
profesionalidad y la ética pública en el seno de las Administraciones Públicas.
Sin duda, con menos resultados de los deseados, pero hay tareas en las que por
encima del resultado importa la actitud y el compromiso. Y es esa actitud y
compromiso los que queremos reafirmar en la próxima asamblea del 13 de marzo.
Queda a nuestras
espaldas un largo recorrido de logros y de reveses judiciales y
administrativos, y la conciencia inequívoca de que estamos muy lejos todavía de
un modelo de Administración plenamente comprometido con la legalidad y los
valores constitucionales, de una Administración al servicio del Estado de
Derecho y de los ciudadanos, de una Administración en la que imperen como
virtudes públicas la profesionalidad y el servicio al interés público, en la
que la fortaleza ética de sus miembros y de su organización sean un dique
sólido para los riesgos reales de la corrupción y de patrimonialización de lo público,
de uso indebido e ilegítimo de los recursos públicos. Una Administración que
sea agente de igualdad, cohesión social y de profundización democrática. Una Administración
que sea factor de dinamización y progreso y no freno y lastre para el avance de
la sociedad.
Y porque estamos lejos
todavía de ese horizonte que nos marcamos como fin de nuestra actividad, desde
un compromiso permanente de control y de exigencia, no podemos sino
reafirmarnos y redoblar en nuestro esfuerzo y en nuestro trabajo, sin dejarnos
llevar por el clima general de desistimiento, de resignación y de fatalismo.
Las cosas tienen remedio si hay voluntad de corregir las deficiencias, las
disfunciones, los incumplimientos, si hay deseo de reaccionar frente a lo que
es la banalización de la ilegalidad, cada vez más arraigada en nuestra función
pública, con toda su carga letal y deslegitimadora.
Vamos a seguir
trabajando por el respeto al derecho de acceso a la función pública, como
derecho fundamental que refuerza el carácter democrático de la Administración,
que simboliza su configuración, desde los principios de igualdad, mérito y
capacidad, como estructura propia del Estado de Derecho, como organización que
sirve con objetividad al interés general, y vamos a seguir reclamando coherencia
con todos los valores proclamados en las normas que ordenan la actividad de la
Administración, para que el ser y el deber ser de la función pública salven la
brecha que existe hoy en todo lo que observamos. Sin resignación, sin ceder a
otros valores o intereses distintos a los que dan sentido a nuestra labor de
servidores públicos.
