HACIA LA ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN.

Nuestra Asociación se encamina hacia la celebración, el próximo mes de marzo, de su asamblea anual, tras cumplir once años de existencia y actividad en defensa de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en el seno de las Administraciones Públicas. Sin duda, con menos resultados de los deseados, pero hay tareas en las que por encima del resultado importa la actitud y el compromiso. Y es esa actitud y compromiso los que queremos reafirmar en la próxima asamblea del 13 de marzo. 

Queda a nuestras espaldas un largo recorrido de logros y de reveses judiciales y administrativos, y la conciencia inequívoca de que estamos muy lejos todavía de un modelo de Administración plenamente comprometido con la legalidad y los valores constitucionales, de una Administración al servicio del Estado de Derecho y de los ciudadanos, de una Administración en la que imperen como virtudes públicas la profesionalidad y el servicio al interés público, en la que la fortaleza ética de sus miembros y de su organización sean un dique sólido para los riesgos reales de la corrupción y de patrimonialización de lo público, de uso indebido e ilegítimo de los recursos públicos. Una Administración que sea agente de igualdad, cohesión social y de profundización democrática. Una Administración que sea factor de dinamización y progreso y no freno y lastre para el avance de la sociedad.

Y porque estamos lejos todavía de ese horizonte que nos marcamos como fin de nuestra actividad, desde un compromiso permanente de control y de exigencia, no podemos sino reafirmarnos y redoblar en nuestro esfuerzo y en nuestro trabajo, sin dejarnos llevar por el clima general de desistimiento, de resignación y de fatalismo. Las cosas tienen remedio si hay voluntad de corregir las deficiencias, las disfunciones, los incumplimientos, si hay deseo de reaccionar frente a lo que es la banalización de la ilegalidad, cada vez más arraigada en nuestra función pública, con toda su carga letal y deslegitimadora.

Vamos a seguir trabajando por el respeto al derecho de acceso a la función pública, como derecho fundamental que refuerza el carácter democrático de la Administración, que simboliza su configuración, desde los principios de igualdad, mérito y capacidad, como estructura propia del Estado de Derecho, como organización que sirve con objetividad al interés general, y vamos a seguir reclamando coherencia con todos los valores proclamados en las normas que ordenan la actividad de la Administración, para que el ser y el deber ser de la función pública salven la brecha que existe hoy en todo lo que observamos. Sin resignación, sin ceder a otros valores o intereses distintos a los que dan sentido a nuestra labor de servidores públicos.