A punto de concluir el
periodo de vacaciones de verano, y en el umbral de un nuevo curso que nos ha de
llevar al final de la legislatura autonómica y a la triple cita electoral del
próximo mes de mayo, con la prevista celebración de elecciones municipales,
autonómicas y europeas, lo que evidencia la conformación democrática de todos
los niveles de gobierno que se superponen en nuestra compleja sociedad, esta
Asociación también se dispone a retomar el pulso de su actividad cívica de
promoción de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el
seno de las Administraciones y de defensa de los valores constitucionales como
garantía de convivencia democrática y salvaguarda de la libertad y del
pluralismo.
El compromiso con el
servicio público y su correcto funcionamiento y el reforzamiento de la
operatividad de los mecanismos de control y de participación social en la
gestión pública van a seguir inspirando las próximas iniciativas de nuestra
Asociación, desde la convicción de que los servidores públicos han de ser un
elemento decisivo para conformar una cultura de transparencia e integridad en
el conjunto de las instituciones públicas, sin obviar el primordial deber de
eficacia y dedicación plena en la realización del interés general, como
cometido propio de la Administración Pública.
En las actuales
circunstancias, la defensa del Estado de Derecho cobra particular
significación, con el convencimiento de que solo el respeto y sometimiento a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, tanto por parte de los
poderes públicos como de los ciudadanos, puede preservar el legítimo ejercicio
de los derechos de todos, el necesario debate público sobre los problemas colectivos
y la cohesión del conjunto de la ciudadanía en torno a valores compartidos,
llamados a reconocer y respetar la dignidad de todas y cada una de las personas
que componen nuestra sociedad.
Por ello, esta
Asociación no limita su actividad a las cuestiones que afectan al
funcionamiento interno de la Administración –ni asume en modo alguno la defensa
de los derechos de los funcionarios públicos, tarea propia de otras
organizaciones-, sino que dirige su reflexión y su acción al papel que
corresponde a la función pública y a la Administración en el fortalecimiento
del Estado de Derecho y el aseguramiento de los principios democráticos y de la
calidad de los servicios públicos, contribuyendo activamente al logro de
objetivos de buen gobierno y buena administración.
En dicha tarea
desearíamos contar con la participación del más amplio número de servidores
públicos, del conjunto de las Administraciones que compartan nuestros
planteamientos, y estamos abiertos a la colaboración entusiasta con el conjunto
de instituciones y entidades de la sociedad civil, conformando redes de
confianza recíproca que nos permitan avanzar juntos, sumandos esfuerzos y
compartiendo objetivos de mejora social y calidad democrática.
