LA ASOCIACIÓN RECLAMA AL GOBIERNO DE ARAGÓN LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL PACTADA CON LOS SINDICATOS EN LA LEY DE PRESUPUESTOS

Zaragoza, 30 de noviembre de 2007.

La Asociación se ha dirigido hoy a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo para solicitarles que subsanen, en el texto del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2008, la omisión de la cláusula de revisión salarial para el conjunto de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, pactada entre Administración y Sindicatos en la Mesa de Función Pública del día 19 de febrero de 2007.

La Mesa de Función Pública alcanzó un acuerdo entre Administración y Sindicatos, el pasado 19 de febrero de 2007, en el que se incluía una cláusula de revisión salarial para el caso en que la inflación interanual superase el incremento retributivo autorizado por la Ley de Presupuestos, con el fin de asegurar el poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

Dicho Acuerdo no fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón, como exige la normativa aplicable a los pactos y acuerdos resultantes de la negociación colectiva, ni ahora ha sido incluída en el texto del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, como exige el artículo 21.1 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Dicha omisión viene a generar una inadecuada incertidumbre jurídica o dudas razonables de legalidad de tal medida, ya que difícilmente cabrá aplicar una subida retributiva que no haya sido oportunamente autorizada por las Cortes de Aragón, en la ley presupuestaria que ha de autorizar todos los gastos públicos, como se señala en el artículo 111 del Estatuto de Autonomía de Aragón: “El presupuesto de la Comunidad Autónoma será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos del sector público autonómico”.

Con el fin de despejar cualquier duda de legalidad respecto a la futura aplicación del acuerdo alcanzado por Administración y Sindicatos y para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa presupuestaria y del régimen retributivo previsto por el Estatuto Básico del Empleado Público, esta Asociación se ha dirigido, al amparo del derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 29 de la Constitución española, a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, del Gobierno de Aragón, para que subsanen la omisión producida en el proyecto de ley de presupuestos o, en caso contrario, expliquen las razones que justifican la no inclusión de la citada cláusula de revisión salarial, con las consecuencias y efectos que ello tendría en materia de negociación colectiva.

Asimismo, la Asociación ha trasladado igual petición a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo de la Mesa de Función Pública, a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y al Justicia de Aragón además de a los Consejeros señalados y a los Secretarios Generales Técnicos de los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón.

LA ASOCIACIÓN RECABA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN UN APOYO EXPRESO A LA PETICIÓN DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO PARA LA COMUNIDAD

Zaragoza, 29 de noviembre de 2007.

La Asociación se ha dirigido por escrito a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para informarles de la petición formulada, al amparo del artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, solicitando del Parlamento autonómico el respaldo político necesario par la aprobación de un Código de Buen Gobierno para la Comunidad Autónoma de Aragón y la adopción de una estrategia para el reforzamiento de los comportamientos éticos en el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, coherentemente con el Código de Conducta incorporado por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Similar petición se ha formulado al Justicia de Aragón, dada la misión supervisora de la Administración de la Comunidad Autónoma que estatutariamente le corresponde.

Seguidamente se transcribe el texto íntegro de la comunicación dirigida a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón:

“Zaragoza, 29 de noviembre de 2007.

Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Estimados Señores.

Me dirijo a ese Grupo Parlamentario, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para comunicarles que esta Asociación, en el ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, ha solicitado de ese Parlamento el impulso necesario para la aprobación de un Código de Buen Gobierno –para los miembros del Gobierno de Aragón y para los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón- y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para todo el conjunto de la Administración autonómica.

La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, de las Cortes Generales, y la ampliación de las facultades de autogobierno de Aragón, tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón con un amplio consenso entre las fuerzas políticas aragonesas, marcan un momento oportuno para reafirmar los principios y valores que componen la ética pública, con el fin de legitimar democráticamente las acciones públicas de gobierno e incrementar la confianza de los ciudadanos en el conjunto de las instituciones públicas.

No parece razonable que nuestra Comunidad Autónoma permanezca al margen del amplio movimiento de regeneración pública que, desde la aprobación del Informe Nolan en el Reino Unido (1995) hasta la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (2003), se ha extendido por el conjunto de los regímenes democráticos, siendo un ejemplo cercano de dicho movimiento la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de la Nación, en su reunión de 18 de febrero de 2005, en el que se proclaman los criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Se acompaña una copia del citado Código de Buen Gobierno.

El Estatuto Básico del Empleado Público, a su vez, incorpora un Código de Conducta, con el enunciado de los valores y principios a los que ha de sujetar su actuación el conjunto de los empleados públicos de las diferentes Administraciones –incluida la de la Comunidad Autónoma de Aragón- y, ya que parece razonable que las pautas de conducta ética de los empleados públicos sean exigibles en todas y cada una de las Administraciones Públicas, no parecería justificado que, por el contrario, los miembros del Gobierno de Aragón y los restantes altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no adoptasen un compromiso con los valores del servicio público igual al adoptado por sus homólogos de la Administración General del Estado, pues no se puede predicar la uniformidad de estándares éticos únicamente para el nivel administrativo y no para el nivel político, entendiendo esta Asociación que ninguna Comunidad Autónoma puede ni debe hallarse en dicha materia por debajo de las exigencias fijadas por el Estado para su propio ámbito.

Entendemos, además, que un liderazgo político claramente comprometido con los valores del servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública, siendo igualmente necesario para asegurar la relación de confianza entre ciudadanos e instituciones democráticas un firme compromiso de los responsables políticos para actuar, con transparencia y responsabilidad, al servicio de la sociedad y del interés general.

Por todo ello, valoramos como muy oportuna la posible iniciativa de las Cortes de Aragón, en su función de impulso político de la acción de gobierno, para establecer entre los objetivos prioritarios de la actual legislatura el de dotar al conjunto de las instituciones autonómicas, y en particular a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de una adecuada infraestructura ética, con la cual asegurar la profesionalidad de los funcionarios públicos y renovar el pacto básico de confianza entre los poderes públicos y los ciudadanos.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.”

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA ENCUESTA

La última encuesta bimensual propuesta por la Asociación para la Defensa de la Función Pública, sobre el sistema de selección de los miembros de los tribunales de oposiciones, ha tenido la mayor participación de todas las encuestas celebradas hasta la fecha, con 127 votos emitidos.

La mayor parte de las personas que han participado (más del 88%) han valorado dicho sistema como excesivamente discrecional. En este sentido, y con el fin de que dicha percepción desaparezca, la Asociación dirigió un escrito al Consejero de Presidencia, en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 29 de la Constitución, para que se implantase un sistema mucho más reglado y transparente.

A fecha de hoy ni siquiera se ha acusado recibo de tal petición.

LA ASOCIACIÓN SOLICITA A LAS CORTES DE ARAGÓN LA APROBACIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Zaragoza, 26 de noviembre de 2007.

En el día de hoy la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón, en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que el Parlamento autonómico impulse la adopción de un Código de Buen Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, similar al aprobado en la Administración General del Estado, así como un estrategia de ética pública para el conjunto de la Administración autonómica, para impulsar de forma efectiva los principios éticos y de conducta contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Tal medida supondría situar a nuestra Comunidad Autónoma junto a otras Administraciones o Instituciones que han señalado, como criterio rector de toda su labor de gobierno, principios de carácter ético visibles para los ciudadanos, como es el caso de la Administración General del Estado tras la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de la Nación, en su reunión de 18 de febrero de 2005. Este código proclamando como criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración los siguientes: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.

Entendemos que un Código de Buen Gobierno, dirigido a los miembros del Gobierno de Aragón y a los altos cargos de la Administración autonómica, sería un complemento necesario al Código de Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, extendiendo el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración Pública.

Consideramos igualmente que un liderazgo político claramente comprometido con los valores del servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública, sin que que pueda ejercerse ninguna acción de gobierno en democracia, en una sociedad plural y compleja como la actual, si no es desde un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.

Ante fenómenos de corrupción detectados en las instituciones públicas, como en el reciente caso del Ayuntamiento de Madrid, desde las instituciones públicas se ha emitir un claro mensaje de compromiso con los valores éticos de la democracia y de la gestión pública de los intereses generales de los ciudadanos, adoptando para ello aquellas medidas necesarias para asegurar y reforzar una gestión presidida por las notas de profesionalidad y transparencia.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN.

Zaragoza, 21 de noviembre de 2007.

Ayer tarde, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Asociación, en la que se abordó la oportunidad de la convocatoria de la Asamblea General de la Asociación. La decisión ha sido celebrar la asamblea durante el próximo mes de enero, con el fin de rendir cuentas de la gestión realizada desde la asamblea constitutiva por parte de la actual Junta Directiva y proceder al nombramiento de una nueva Junta Directiva. Además se va a proponer debatir y aprobar un documento en el que se formule una Propuesta de Buena Administración para la Comunidad Autónoma de Aragón, como documento que contenga el conjunto de las iniciativas de la Asociación para promover avances y mejoras en los diferentes ámbitos de la Administración autonómica y cuya presentación pública se efectuaría, durante el primer trimestre de 2008, ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón, a la que se acordó solicitar una comparencia.

En dicha Asamblea anual se propondrá en el orden del día el debate sobre la posible modificación de los Estatutos de la Asociación, con el fin de permitir la incorporación a la misma de personal propio de otras Administraciones Públicas presentes en Aragón (Administración General del Estado, Universidad y Administración Local de Aragón). Previamente a la celebración de dicha Asamblea, se ha acordado realizar una campaña de difusión para dar a conocer a todos los empleados públicos de Aragón y a los ciudadanos en general la razón de ser de la Asociación y los objetivos perseguidos por la misma.

El Presidente de la Asociación, Julio Guiral, informó a los restantes miembros de la Junta tanto de la reunión sostenida en fechas recientes con el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón y del posible calendario de encuentros con otros Grupos del Parlamento autonómico, como de las actividades realizadas por la Asociación desde el mes de septiembre, tras las vacaciones de verano. En particular, se trataron los escritos de petición formulados ante las Cortes de Aragón, así como las quejas formuladas ante el Justicia de Aragón, y el estado de los recursos jurisdiccionales promovidos frente al Decreto del Gobierno de Aragón que aprobó la Oferta de Empleo Público para 2007.

Por último, se acordó promover un recurso contencioso-administrativo frente a la modificación del puesto de Director/a de la Biblioteca Pública de Aragón, por considerarla un supuesto cualificado de arbitrariedad administrativa cuya consolidación no se debe consentir.

EL MAP promueve una cultura de calidad en la gestión pública para mejorar el servicio a los ciudadanos

I Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos, organizada por AEVAL
El MAP promueve una cultura de la calidad en la gestión pública para mejorar el servicio a los ciudadanos
lunes, 05 de noviembre de 2007
• Las Jornadas, que se celebran los días 5 y 6 de noviembre, tratan de aunar los intereses de las administraciones públicas y las entidades privadas para colaborar en la mejora de la calidad de los servicios • El debate se articulará sobre dos ejes fundamentales: la cooperación interadministrativa y la participación de la sociedad civil
mañana se ha inaugurado en Madrid la I Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos que, organizada por la Agencia de Evaluación y Calidad –dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)-, tiene como objetivo buscar iniciativas y nuevas fórmulas de gestión que puedan mejorar la atención al ciudadano. En el acto de inauguración de la Conferencia han participado la Secretaria General de Administraciones Públicas, Mercedes del Palacio; el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, y el presidente de la Agencia de Evaluación y Calidad, Juan Antonio Garde. Estas jornadas, que se celebran los días 5 y 6 de noviembre, reúnen en Madrid a responsables de gestión pública y expertos en calidad y gobernanza y en la prestación de los servicios públicos, como Elke Löffler, presidenta de Governance Internacional; José Ignacio Wert, presidente de EFQM (Fundación Europea para la Administración de la Calidad); Fernando Vallespín, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); Rafael Matesanz, coordinador nacional de Trasplantes; Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios; además de expertos españoles y europeos en la gestión de servicios públicos. VOCACIÓN DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN Mercedes del Palacio ha subrayado en su intervención la vocación de servicio de la administración pública, cuyo fin es “servir el interés general que determinan las leyes que expresan la voluntad de los ciudadanos. Y garantizarles la libertad y la igualdad de oportunidades precisas para proteger su dignidad y la efectividad de sus derechos”. La Secretaria General de Administraciones Públicas ha señalado la importancia de desarrollar una cultura de la calidad, “y aun de la excelencia”, en los servicios públicos, y ha destacado la notable evolución que este concepto ha experimentado en el ámbito de la gestión pública. Ya no se trata sólo de controlar el correcto desarrollo de los procesos, sino de “hacer de la calidad principio o técnica del buen gobierno, un instrumento de Governanza sobre el que se articule la intervención de todos los actores que participan en la gestión de las cosas públicas”. En la búsqueda de la calidad, según Del Palacio, la evaluación y el intercambio de información y experiencias constituyen el camino para identificar las buenas prácticas. DOS EJES DE DEBATE Los dos ejes fundamentales en torno a los cuales se articularán los debates sobre la mejora de los servicios son la cooperación interadministrativa y la participación de la sociedad civil. En un Estado descentralizado, con varias instancias territoriales de gobierno y con diferentes ámbitos de responsabilidad y competencia, “la coordinación y la colaboración interadministrativa resultan imprescindibles”, ha afirmado la Secretaria General. También, según dijo, es importante la participación ciudadana, “porque el Estado y las administraciones son para las personas y, por tanto, ha de contarse con ellas al gestionar y evaluar la calidad de los servicios públicos”. En este sentido, es importante aprovechar “los recursos y las capacidades de los particulares, la iniciativa social o empresarial de la sociedad civil, incorporando a la gestión pública la perspectiva de los actores privados”, concluyó Del Palacio. AEVAL Y LA CONFERENCIA DE CALIDAD La Agencia de Evaluación y Calidad, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas, se creó el 1 de diciembre de 2006, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Agencias Estatales, para la mejora de los servicios públicos. La AEVAL se encarga de valorar los resultados de las políticas públicas y la calidad de los servicios, conocer los efectos y resultados de los programas públicos y mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Fue la primera agencia estatal constituida con la finalidad de promover la cultura y prácticas de evaluación, elaborar sistemas de información e indicadores, fomentar la calidad de los servicios como compromiso con los ciudadanos y analizar las actividades y servicios que presten todas las agencias que se fueran creando. Es la primera vez que la Agencia de Evaluación y Calidad ejerce de coordinadora y anfitriona en una reunión que aglutina a todos los actores relevantes en la gestión, prestación y recepción de los servicios públicos. La Conferencia se desarrolla en dos jornadas con varias mesas redondas: “Cooperación Administrativa en el Gobierno Multinivel”, “Participación de la Sociedad Civil en la Gestión de los Servicios Públicos y en la Evaluación” y “Estrategias de Futuro para la Gobernanza”, donde participarán responsables de servicios públicos de las distintas administraciones y de varias universidades. También se hablará de buenas prácticas en las tres administraciones, con representantes de la Organización Nacional de Trasplantes, Red de Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Suma Gestión Tributaria, Diputación de Alicante, Organismo Autónomo Local de Gestión de Ingresos Públicos, Ayuntamiento de Majadahonda, Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.

LA ASOCIACIÓN PIDE A LAS CORTES DE ARAGÓN QUE ASEGUREN LA PUBLICIDAD DE LOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Zaragoza, 14 de noviembre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió ayer a la Mesa de las Cortes de Aragón, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que el Parlamento autonómico impulse la publicidad de los nombramientos de personal eventual del Gobierno de Aragón y el sometimiento de dicho personal a la normativa básica aplicable al conjunto de los empleados públicos, en especial en lo referido al régimen de dedicación exigible.

El Estatuto Básico del Empleado Público establece que al personal eventual, al que corresponde el desempeño de funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, le será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición.

Por ello, y con el fin de garantizar el riguroso cumplimiento de los principios del citado Estatuto Básico, se estima necesario otorgar publicidad a los nombramientos de todo el personal eventual de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de las decisiones de nombramiento y cese de dicho personal –equiparándose con ello al régimen de publicidad de los nombramientos del personal eventual de las Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón-, y someter a dicho personal al régimen de control establecido para los funcionarios de carrera en cuanto a presencia en sus puestos de trabajo y cumplimiento de jornada, sin perjuicio de la disponibilidad requerida para el desempeño de sus funciones.

EL JUSTICIA DE ARAGÓN SUGIERE A LA ADMINISTRACIÓN QUE RESPETE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS AL APROBAR LOS PROGRAMAS Y PRUEBAS DE ACCESO

Zaragoza, 13 de noviembre de 2007.

El Justicia de Aragón, en una reciente resolución de 29 de octubre de 2007, dictada en relación con una queja formulada por esta Asociación, sugiere al Departamento de Presidencia que vele por el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de delegación de competencias en la aprobación de programas y pruebas que rigen el acceso a las distintas Escalas y Clases de Especialidad en las que se estructura la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La queja que ha dado origen a tal resolución fue formulada, con fecha 19 de abril de 2007, en relación con la Resolución de 4 de julio de 2007, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se daba publicidad al programa que regirá las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala Superior de Administración, Administradores Superiores. En dicha Resolución no sólo se fijaba el programa o temario exigible, sino también la estructura de las pruebas de acceso y los criterios de calificación de los respectivos ejercicios.

De acuerdo con el régimen de distribución de competencias en materia de personal, en la fecha en que se aprobó la citada Resolución de la Dirección General de la Función Pública, la competencia para aprobar las pruebas selectivas de acceso a las diferentes Escalas y Clases de especialidad correspondía, conjuntamente, a los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, no existiendo una delegación formal y expresa a favor de la Dirección General de la Función Pública para aprobar el programa ni para aprobar la estructura y la calificación de tales pruebas.

Tal y como señalan las normas de procedimiento administrativo, la competencia conferida por el ordenamiento jurídico es irrenunciable y será ejercida por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de delegación de la misma, con sujeción a lo previsto por la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

No resulta admisible que los órganos administrativos se arroguen competencias que están atribuidas a otros órganos, en particular cuando éstos son superiores jerárquicos de los mismos, pues el respeto a las normas de procedimiento y de organización constituyen un principio básico para la garantía de una buena administración y la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos. Por otra parte, la naturaleza de la materia, podría hacer indelegable su aprobación si se estimase que su contenido es propio de una disposición general, vinculante para las futuras convocatorias que hayan de aprobarse en ejecución de la Oferta de Empleo Público.

La Asociación se va a dirigir al Consejero de Presidencia para solicitarle la aceptación de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón y la adopción de medidas para corregir la situación señalada, la cual, por cierto, se reproducía el pasado viernes, con la publicación del temario y pruebas correspondientes a la promoción interna para acceso a la Clase de especialidad Administradores Superiores.

LA ASOCIACIÓN PIDE QUE SE DEJEN SIN EFECTO LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL PUESTO DE DIRECTOR/A GERENTE DE LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN.

Zaragoza, 12 de noviembre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió la semana pasada, por escrito, a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, para solicitarles que dejen sin efecto las modificaciones realizadas en el puesto de trabajo de Director/a Gerente de la Biblioteca de Aragón, por considerar que las mismas, carentes de toda justificación objetiva, tienen como única finalidad posibilitar el desempeño de tal puesto por la hasta ahora Directora General de Cultura, Pilar Navarrete, cuyo cese aparecía publicado el pasado viernes, 9 de noviembre, en el Boletín Oficial de Aragón.

Dicho puesto de trabajo, que consideramos de especial relieve y significación en el ámbito de la gestión cultural de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se hallaba configurado como puesto reservado a funcionarios superiores de la Administración autonómica, con nivel de complemento de destino 28 –equiparable a jefe de servicio-, pasando, tras la modificación aprobada, a nivel 26 –equiparado a jefe de sección-, posibilitando, además, que su desempeño sea ejercido por funcionarios tanto superiores como técnicos y permitiendo, igualmente, el acceso al mismo de funcionarios de la Administración Local de Aragón.

Estima la Asociación que los cambios producidos en el citado puesto son improcedentes, pues en modo alguno cabe someter la organización administrativa a decisiones ajenas al interés general y a la racionalidad organizativa, sin que deba olvidarse el impacto que decisiones de tal naturaleza tienen en el ámbito interno de la Administración y en la previsible quiebra de confianza entre los profesionales de la función pública y los responsables políticos que impulsan o adoptan tal tipo de decisiones.

La Asociación también se ha dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para que en el ejercicio de su labor de control e impulso de la acción de gobierno, puedan analizar la medida acordada e instar, en su caso, su revocación a los Consejeros responsable de la misma.

Asimismo, la Asociación se dirigirá a lo largo de esta semana al Justicia de Aragón, formulando ante dicha Institución una queja por la actuación de los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, así como de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, al entender que la actuación promovida persigue fines claramente distintos al interés general que ha de presidir toda actuación administrativa, incluidas las decisiones de tipo organizativo, por lo que cabría calificar la modificación realizada como “desviación de poder”.

La Asociación pide al Consejero de Presidencia nueva regulación para el sistema de designación de los tribunales de las pruebas de acceso

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa , que tiene como objetivo general la defensa y promoción de los valores, principios y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha dirigido al Consejero de Presidencia en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición , pidiéndole que proponga al Gobierno de Aragón la aprobación de una norma reglamentaria que establezca un procedimiento reglado y transparente para la designación de los miembros de los Tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

ENCUENTRO DE LA JUNTA DIRECTIVA CON RESPONSABLES DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DE LAS CORTES DE ARAGÓN.

Zaragoza, 6 de noviembre de 2007.

En la tarde de ayer, en el Palacio de la Aljafería, los miembros de la Junta Directiva de la Asociación tuvieron un encuentro con responsables del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, entre ellos su Portavoz, Antonio Suárez, en el transcurso del cual se aprovechó para exponerles la finalidad de la Asociación constituida, las diferentes iniciativas adoptadas hasta ahora y la voluntad de trasladar al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón aquellas cuestiones que, a juicio de la Asociación, revistan especial relevancia. En particular, se insistió en la necesidad de que las cuestiones que afectan a la Administración Pública, en cuanto organización destinada a la ejecución de las políticas públicas y a la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, figuren en la agenda política de la Comunidad Autónoma y reciban un tratamiento y atención adecuados por parte de los diferentes grupos políticos presentes en el Parlamento aragonés.

El encuentro fue muy positivo y esta Asociación confía en poder sostener encuentros similares con los restantes Grupos Parlamentarios, con carácter previo a la posible comparecencia ante la Comisión de Peticiones de la Cámara que se solicitará en próximas fechas.

LA ASOCIACION CONSIDERA ARBITRARIA LA MODIFICACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GERENTE DE LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN.

Zaragoza, 2 de noviembre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa considera arbitraria la modificación del puesto de Director gerente de la Biblioteca de Aragón para posibilitar su desempeño por un alto cargo del departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Hoy viernes se publica en el Boletín Oficial de Aragón una Orden suscrita por los Consejeros de Presidencia, Javier Velasco, y de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, por la cual se modifican las características del puesto de trabajo correspondiente a la Dirección de la Biblioteca de Aragón, centro dependiente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Dicho puesto hasta la fecha estaba configurado como un puesto reservado a funcionarios superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y con un nivel de complemento de destino 28 –equiparable a jefe de servicio-, en atención a su contenido funcional y a la responsabilidad específica que le corresponde.

La Orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Aragón introduce tres modificaciones, todas ellas carentes de justificación a juicio de esta Asociación, como son las siguientes: se rebaja el nivel del complemento de destino del puesto de trabajo, de 28 a 26, dando a entender con ello que el grado de complejidad y responsabilidad del citado puesto se ha visto reducido o devaluado; coherentemente con la modificación anterior, se permite su desempeño por funcionarios técnicos del Grupo B y no sólo por funcionarios superiores pertenecientes al Grupo A, pese a contar la Administración de la Comunidad Autónoma con una Clase de especialidad específicamente cualificada para este tipo de funciones como son los Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural (Bibliotecas) y contar el citado centro cultural con otros puestos de trabajo dependientes del modificado que se hallan adscritos solamente a funcionarios superiores; y, por último, se abre la posibilidad de que el citado puesto de trabajo sea desempeñado por funcionarios pertenecientes a la Administración Local de Aragón, algo totalmente innecesario al hallarse adscritos a dicho centro numerosos funcionarios especializados en gestión bibliotecaria pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ninguna de las modificaciones resulta congruente con la naturaleza del puesto de trabajo y las necesidades de provisión del mismo, por lo que no cabe atribuir tal modificación, impulsada desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que a la voluntad de adjudicar tal puesto a la actual Directora General de Cultura, Pilar Navarrete, como se ha señalado en fecha reciente en los medios de comunicación aragoneses. Tal modificación, además, entra en contradicción con la definición que se mantiene para otros puestos de dirección de bibliotecas, archivos y museos, de Zaragoza, Huesca y Teruel, igualmente dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y reservados, en exclusiva, para funcionarios superiores.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, a la vista de ello, va a solicitar información sobre esta modificación a los órganos administrativos que la han impulsado, tramitado y aprobado, entendiendo que lo sucedido supone un claro indicio de la subordinación de la organización administrativa a intereses personales o políticos, con claro desprecio de los criterios de profesionalidad y racionalización que han de presidir la gestión de los servicios públicos.

LA ASOCIACIÓN FORMULA LA DEMANDA EN EL RECURSO ORDINARIO CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2007.

Zaragoza, 2 de noviembre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa acordó, en su día, recurrir el Decreto que aprobaba la Oferta de Empleo Público para el año 2007, por entender que vulneraba el artículo 23.2 de la Constitución española, así como distintos preceptos de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha impugnación se formuló por dos vías procesales diferentes: por una parte, a través del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, por entender lesionado el derecho de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución; y, por otra, mediante el procedimiento ordinario, al sostener que dicho Decreto incurría en numerosas infracciones de preceptos legales e incumplía igualmente lo previsto en el Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con ello, y conforme a los plazos legalmente previstos, el pasado día 4 de octubre, la Asociación presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el escrito de demanda correspondiente al recurso ordinario, señalando en el mismo el conjunto de infracciones de las normas en que, a juicio de la Asociación, incurre el Decreto aprobado por el Gobierno de Aragón.

En concreto, se entienden vulnerados el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública -en el que se señala que todas las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios-, y otros preceptos de la citada Ley, referidos a la promoción interna, pues determinadas modalidades de promoción previstas en el Decreto, tanto de promoción horizontal, vertical o cruzada, no sólo no pueden encontrar fundamento jurídico en la normativa vigente sino que suponen una vulneración de la misma.

Nuevamente, la Asociación desea aclarar o manifestar que el recurso formulado no tiene otra finalidad que, en coherencia con sus fines y objetivos, procurar el estricto respeto de la legalidad y la solución al serio problema de temporalidad existente en el empleo público, solución que ha de pasar por el más estricto respeto al derecho de acceso de los ciudadanos y a los principios de mérito y capacidad.

Deberíamos entender todos que la vulneración de las normas no puede generar derecho alguno para nadie y que el modelo de empleo público de la Comunidad Autónoma no puede configurarse al margen o en contra del ordenamiento jurídico, pues ello supondría renunciar a los principios constitucionales con los que la función pública ha de identificarse en todo momento.

Malestar en la empresa.Se estima que más de 7,6 millones de españoles sufre algún trastorno psíquico como consecuencia de su trabajo

Considerando el interés de esta noticia, aparecida en EL PAIS, LA transcribimos íntegra :

BORJA VILASECA 02/09/2007

Por mucho que se les trate como máquinas, los trabajadores son ante todo seres humanos. Los expertos en management insisten en que la "cultura obsoleta" que impera en el 80% de las empresas españolas, así como el "liderazgo tóxico" que ejerce la mayoría de sus jefes, está causando un creciente malestar entre la población activa. Se estima que el 38% de los asalariados (más de 7,6 millones de personas) sufre algún trastorno psíquico derivado del trabajo, como el estrés, el burnout, el mobbing y la depresión.
Cada vez más expertos cuestionan la correlación entre el crecimiento económico que genera el sistema capitalista y el bienestar de la sociedad
España vive apegada a la cultura de la presencia, postergando su evolución hacia la de la eficiencia, basada en la dirección por objetivos
"La mayoría de empresas parecen dormidas, esperando a que este malestar sea masivo e inaguantable", alertan los expertos
Nadie pone en duda que el sistema capitalista es muy eficiente a la hora de generar crecimiento económico: a lo largo de la última década, España ha crecido un 2,6% anual de media, según un informe de Caixa Catalunya. Entre otras causas que justifican este desarrollo se encuentra la aportación de la inmigración al producto interior bruto (PIB), y, entre otras consecuencias, la disminución del paro, que en el segundo trimestre de este año afectaba al 7,95% de la población activa, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, desde enero a septiembre del año pasado el número total de empresas constituidas ascendió a 115.753, un 8,49% más que durante el mismo periodo de 2005, según un estudio realizado por Informa D&B. Y el porcentaje de compañías de hasta 42 meses de vida aumentó durante ese mismo plazo un 35,2%, según un informe del Instituto de Empresa.
Estos datos ponen de manifiesto la bonanza económica en la que se encuentra este país, ahora mismo, la octava economía más importante del mundo. Aunque la mayoría de actores socioeconómicos relacionan este auge económico con el incremento del bienestar de la sociedad, empiezan a alzarse otras voces que no sólo cuestionan dicha correlación, sino que se atreven a decir lo que nadie quiere escuchar: "Cada vez estamos más agotados y somos menos felices".
Lo cierto es que "la vorágine que marca la pauta del sistema de mercado actual parece generar la creencia de que el afán de lucro es la única manera de garantizar la supervivencia de las empresas", señala Juan Carlos Cubeiro, director de la consultora Eurotalent, especializada en desarrollo estratégico y directivo para la mejora cualitativa de las organizaciones. Este experto lamenta que "muchos empresarios persigan este fin sin preocuparse por los medios para conseguirlo, desbaratando a los profesionales la posibilidad de encontrar el equilibrio con su vida personal y familiar".
No en vano, "España todavía vive apegada a la cultura de la presencia -caracterizada por el autoritarismo, el control y la desconfianza-, postergando su necesaria evolución hacia la de la eficiencia, basada en la dirección por objetivos, la flexibilidad y la autonomía", apunta Cubeiro. Así, los españoles son de los que más curran: 1.780 horas de media durante 2006, según The Economist, esto es, 219 horas al año más que la media de la Unión Europea (UE) de los 15.
Ese mismo año, el 15% de la población activa española dedicó más de 50 horas semanales a su función profesional, sin contar las horas extras, el tiempo destinado a comer o los desplazamientos in itínere, según una encuesta del portal de internet Monster, especializado en ofertas de empleo. La mitad de los profesionales, por otra parte, trabajó más de 40 horas; el 25%, entre 25 y 40 horas, y el 10% restante, menos de 25 horas.
Pero estar en el trabajo no es lo mismo que estar trabajando. Prueba de ello es que la productividad española sólo ha crecido un 0,9% en la última década, y ya se encuentra 16 puntos por debajo de la media de la UE de los 15, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y ya es un 25% más baja que Francia, Italia y Alemania, ocupando la 29ª posición mundial desde el punto de vista de la competitividad, según el ranking elaborado en 2006 por el Foro Económico de Davos.
Así, orientar la estrategia empresarial exclusivamente al crecimiento económico no suele traer consigo el resultado esperado, sino más bien todo lo contrario. "El modelo de negocio que sólo tiene en cuenta los números es obsoleto e inadecuado porque solamente invierte en aspectos tangibles, los cuales, al estar al alcance de cualquier compañía, no generan ningún valor añadido", afirma el profesor de Harvard Robert S. Kaplan, considerado por The Financial Times como uno de los 25 mejores "pensadores económicos" del momento.
Paradójicamente, la pérdida de competitividad y la escasez de valor añadido producido por las empresas están afectando al salario de sus plantillas. A finales del año pasado, los españoles cobraron una media de 1.553 euros brutos al mes, una cantidad similar a la registrada en 1997, según las conclusiones de un estudio de Adecco y el IESE. Mientras, el sueldo de los directivos se ha ido multiplicando, hasta situarse entre 40 y 100 veces por encima del resto de trabajadores, según un informe de la consultora de recursos humanos ICSA.
Pero el afán de lucro no sólo afecta a los salarios de la gran mayoría: "Como consecuencia de la falta de racionalización de la organización del trabajo y del liderazgo ambicioso, tóxico y autoritario ejercido por la mayoría de directivos y jefes, cada vez más asalariados son víctimas de diversos trastornos psíquicos", afirma el psicólogo laboral Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta afirmación es corroborada por Valentí Valls, médico adjunto y cardiólogo del hospital Clínico de Barcelona, para quien "las personas que trabajan más de 10 horas al día pueden estar poniendo en riesgo su salud, aunque no perciban conscientemente el estrés en su organismo".
Ahora mismo el estrés afecta al 32% de la población activa, según datos del informe Cisneros VI, y "afecta tanto física como mentalmente, hasta desencadenar crisis de ansiedad, anginas de pecho e infartos", añade Valls. Además, "el estrés suele ser la antesala del síndrome del trabajador quemado, más conocido como burnout, caracterizado por el agotamiento emocional, el aislamiento laboral y el vacío existencial derivado, sobre todo, de la creencia de que el trabajo que uno hace carece por completo de sentido", describe Piñuel.
Otro malestar en alza es el acoso laboral (mobbing), que ya afecta al 9% de los trabajadores. "Las víctimas de esta violencia psicológica se caracterizan por ser personas que destacan en un ambiente laboral mediocre, marcado por la envidia y la rivalidad entre compañeros, que luchan por escalar en la jerarquía", sostiene Piñuel.
Este experto también señala la adicción al trabajo (workaholics) como un fenómeno que tiene más presencia en las llamadas "empresas tóxicas", que suelen premiar los excesos de sus profesionales, "despreocupándose de si dicho sobreesfuerzo agrava su deterioro físico y psíquico". Se estima que el 8% de la población activa dedica más de 12 horas al día a su profesión para huir de sus problemas personales.
Todos estos trastornos psíquicos suelen tener un final común: la depresión, descrita como "un profundo sentimiento de tristeza y de apatía" que ya afecta a entre el 15% y el 30% de los trabajadores, y que supone para las empresas españolas un desembolso anual de 750 millones de euros en bajas laborales, sin contar el impacto brutal que tiene sobre su productividad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tanto Cubeiro como Piñuel, opinan que "dado que todos los actores implicados están perdiendo, la transformación empresarial española ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad vital". Y concluyen: "Lamentablemente, la mayoría de empresas parecen dormidas, esperando inconscientemente a que este malestar sea masivo e inaguantable". Todo apunta a la tesis formulada por el filósofo español José Antonio Marina, para quien "la realidad demuestra que ninguna situación cambia hasta que deviene insoportable".
Vuelta a la 'normalidad'
Como cada año, el llamado síndrome posvacacional vuelve a ser protagonista durante las primeras semanas de septiembre, cuando la mayoría de los trabajadores retoma su actividad laboral después de las vacaciones de verano. Se estima que el 35% de los 20,3 millones de asalariados españoles suele padecer "insomnio, pérdida de apetito, agotamiento emocional, falta de concentración, así como algunos momentos de ansiedad y vacío interior", según la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA).
Todos estos síntomas, provocados por un desajuste temporal de los hábitos, desaparecen a los pocos días. Sin embargo, "para cada vez más españoles esta vuelta a la normalidad supone la aparición de una angustia existencial, que en ocasiones se convierte en la antesala de una profunda depresión", sostiene el psicólogo laboral Iñaki Piñuel, que acaba de publicar La dimisión interior. Del síndrome posvacacional a los riesgos psicosociales en el trabajo (Pirámide).
En su opinión, "la aparición de este síndrome pone de manifiesto las condiciones tóxicas a las que están abocados millones de trabajadores, que padecen daños psíquicos a lo largo de todo el año, pero que sólo toman plena consciencia de su malestar después de un breve periodo de descanso y desconexión con la empresa".