PASAR A LA ACCIÓN.

Como señala hoy Fernando Vallespín en su interesante artículo, ha llegado el momento inaplazable de pasar a la acción para poner coto a la corrupción pública en España. No es posible seguir conviviendo con el mar de fondo que supone el desprestigio creciente de la política y de las instituciones públicas, a la vista de las informaciones constantes sobre fraudes, abusos, enriquecimientos ilícitos, nepotismo, redes clientelares y un largo etcétera que muestra el intenso grado de deterioro que han sufrido nuestras instituciones en manos de unos responsables políticos que parecen haber olvidado el primer fin de toda labor pública, como es el servicio a lo intereses generales. Están en juego no sólo la calidad de la democracia, sino también la salud de nuestro sistema constitucional y la propia convivencia social.

La corrupción pública abarca dos ámbitos distintos, como son el estrictamente político y el administrativo, correspondiendo el primero al nivel directivo, provisto por personas designadas por los partidos políticos, y el segundo al nivel profesional, integrado por empleados públicos. Son dos ámbitos claramente conectados, pues es difícil que el uso indebido o fraudulento de las potestades públicas pueda producirse sin que personas de ambos niveles -político y administrativo- se pongan mínimamente de acuerdo, aunque unos u otros se limiten a tolerar la conducta indebida del otro, aun sin participar del beneficio ilítico resultante.

Pero cuando hablamos de pasar a la acción, lógicamente aludimos a recurrir a la palabra en modo de propuestas para construir una robusta infraestructura ética -con mecanismos eficaces de prevención y corrección de la corrupción, pública y privada-, pues lo que está claro es que no caben meras actitudes de silencio o de simple condena retórica. La preocupación de esta Asociación frente al fenómeno de la corrupción pública ha sido constante desde el primer momento, y por ello una de nuestras actividades ha sido la celebración anual, cada 9 de diciembre, del Día Internacional contra la Corrupción, algo que años atrás pudo parecer a alguien extravagante, pero que el tiempo ha revelado como una preocupación general del conjunto de los ciudadanos.

Hemos reflexionado sobre la corrupción y sobre los mecanismos a impulsar para combatirla, y estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción pública ha de ser una de las tareas que han de asumir expresamente los servidores públicos que trabajan en las diferentes Administraciones, pues la garantía de la inamovilidad en la condición de funcionario público tiene precisamente como finalidad asegurar la independecia de cada agente público para evitar vulneraciones de la legalidad y enfrentarse a los fenómenos de corrupción que puedan producirse en su ámbito. Ciudadanos, servidores públicos y medios de comunicación han de constituir la imprescindible alianza para regenerar la vida pública española. Los políticos habrán de decidir su grado de compromiso en esta tarea, pero han de ser conscientes de que en su decisión se están jugando su propio futuro.

LA REGENERACIÓN PÚBLICA COMO PRIORIDAD PARA 2013.

La inicial pretensión de esta Asociación -modesta agrupación de un conjunto de servidores públicos de las Administraciones Públicas aragonesas, autonómica y local- fue la de reivindicar la recuperación ética en el ámbito de la función pública, ante la visible degradación de un principio tan básico como el de legalidad, sin el cual no cabía hablar de Estado de Derecho ni resultaba reconocible el papel que correspondía ejercer a la función pública, como estructura profesional al servicio precisamente del Estado de Derecho. La desnaturalización del papel que correspondía a los funcionarios públicos -dada la arbitrariedad del Gobierno de Aragón en el ejercicio de sus funciones en materia de función pública y el deliberado empeño en suplantar a ésta por una red de empresas públicas, debidamente supeditadas a su control político- fue la señal de alarma que nos hizo reaccionar.

La lucha por una función pública constitucional, al servicio de la democracia y de los ciudadanos, no podía separarse de su inevitable contexto, como era el funcionamiento del conjunto de las instituciones públicas. La reacción de buena parte de la clase política, con una indisimulada animosidad hacia la aparición de esta Asociación, nos confirmó el acierto de nuestra iniciativa, pues era evidente que una función pública anestesiada y carente de aliento democrático -absolutamente sometida y derrotada moralmente- era una condición necesaria para el modelo de gobierno que se auspiciaba por la coalición del momento, donde lo público parecía haber pasado a ser considerado como mera oportunidad de negocio o de colocación.

El conocimiento real de la situación -dada la opacidad reinante- había que sustituirlo por la intuición y los indicios de utilización irregular de las potestades públicas, sometiéndolas a intereses ajenos a los del interés general. Sólo una clase política carente de la menor referencia democrática sobre su papel pudo, como hizo la Mesa de las Cortes de Aragón, negar a los ciudadanos la legitimación para dirigir peticiones al Parlamento autonómico, vulnerando así el derecho ejercido por esta Asociación, y así quedó proclamado por el Tribunal Constitucional al estimar el recurso de amparo formulado. Dicho pronunciamiento no motivó la menor reacción por parte de los grupos políticos de la Cámara, lo que supone un claro indicio de la esclerosis democrática de nuestro entramado institucional.

Defender los principios y valores constitucionales de la función pública, algo esencial si queríamos mantener un mínimo de autoestima como servidores públicos y seguir creyendo en el importante papel que nos correspondía en el aseguramiento del funcionamiento y del vigor del Estado de Derecho, nos obligó a ampliar nuestro campo de acción, asumiendo como objetivos el esfuerzo en promover criterios de buen gobierno y buena administración, lo que supuso entrar en abierta confrontación con la clase política entonces hegemónica.

Han cambiado parcialmente los equipos de gobierno -seguimos con gobiernos de coalición, lo que es una clara hipoteca para revisar a fondo la acción de gobierno de la anterior etapa, y baste como ejemplo el estruendoso silencio sobre la liquidación de ASAEL- y las circunstancias económicas parecen la coartada perfecta para manejar a su antojo las condiciones de la función pública. Desconocemos algo tan básico como el horizonte que se desea establecer para las Administraciones Públicas en Aragón, más allá de la posible reordenación de sus competencias y estructura. Carecemos de debate público sobre el futuro de la función pública, más allá de la protesta constante por los continuos recortes y la indefinición creciente del futuro.

En este contexto, esta Asociación considera más necesario que nunca promover el ejercicio público de la razón por parte de quienes se hallan comprometidos con una función pública profesional, esencial en nuestro modelo constitucional de Estado, y renovar nuestro compromiso con objetivos irrenunciables de regeneración pública, tanto política como administrativa. Ha de desterrarse el clima de impunidad de que han gozado buena parte de nuestros responsables políticos y financieros en el pasado -esta Asociación ha sido testigo directo de la resistencia de la Fiscalía a indagar la realidad de ciertas irregularidades denunciadas, como la utilización fraudulenta de los puestos del personal eventual de los gabinetes del Gobierno de Aragón, que fue denunciada en su día ante la Fiscalía General del Estado-, y para ello hemos de convertir en una de nuestras prioridades el trabajo dirigido a la regeneración de nuestras instituciones políticas y, en particular, de los órganos de control llamados a velar por el buen ejercicio de las funciones públicas.

Los pasos que puedan darse en esa dirección -como la anunciada Ley de Transparencia, Participación Pública y Buen Gobierno por parte del Gobierno de Aragón- han de ser reales y coherentes con el resto de actuaciones. En ocasiones el mejor desmentido a las pretendidas medidas de transparencia y buen gobierno es el modo de desempeño de las responsabilidades públicas, lastrado por las prácticas y vicios que en teoría se pretende superar. Por ello, la presión ciudadana es esencial para que podamos recuperar el control democrático de nuestras instituciones, porque no podemos olvidar que las instituciones son públicas y por ello de todos los ciudadanos, y no de quienes han pretendido apropiarse indebidamente de ellas. Esta ha de ser una línea de acción prioritaria para el año 2013 que ahora se inicia.