“OREGÓN TRANSPARENTE”: PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS POR LOS GABINETES DEL GOBIERNO DE OREGÓN.

De acuerdo con informaciones obtenidas en círculos de acreditada solvencia, como es el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Oregón, los responsables del Ejecutivo autonómico han preparado para los meses de verano un programa de visitas guiadas por los distintos Departamentos de la Administración oregonesa, con el fin de que los ciudadanos puedan conocer con todo detalle el trabajo realizado por los asesores de los gabinetes del Gobierno de Oregón, y de ese modo disipar cualquier duda que pueda existir sobre su correcto funcionamiento y el efectivo desempeño de sus funciones, en contra de lo que se ha venido insinuando reiteradamente desde distintos ámbitos sociales y políticos de nuestra Comunidad.

Las visitas parece que serán conducidas por los responsables de las Secretarías Generales Técnicas, quienes han suspendido sus vacaciones para poder atender esta iniciativa del Gobierno, y en ellas se recorrerán las estancias que ocupan los miembros de tales Gabinetes y se podrá conocer el contenido de su trabajo. Para ello, mediante dispositivos audiovisuales, se reproducirán algunos de los informes orales emitidos a los respectivos Consejeros e incluso se podrá conversar por videoconferencia con alguno de los asesores, toda vez que los festejos patronales de sus respectivos municipios les imponen una obligada pausa en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento.

Además, y como aliciente especial del citado programa, entre todos los participantes en dichas visitas guiadas se sortearán, en el mes de septiembre, dos de los puestos de trabajo –es decir, sueldos- actualmente vacantes en tales Gabinetes, dado que son puestos –es decir, sueldos- a los que puede acceder cualquier ciudadano mediante nombramiento libre por los miembros del Gobierno, al margen de cualquier requisito de mérito o capacidad.

No obstante, y como medida de orden público y aseguramiento de la separación de poderes, no se permitirá la participación en dichas visitas guiadas a los miembros del Poder Judicial, con el fin de que el recorrido realizado y las explicaciones atendidas no les puedan llevar a cuestionar la “versión oficial” que, sobre la actividad de los miembros de los Gabinetes, fue fijada por el Fiscal Superior de Oregón, al archivar la denuncia que se formuló en su día ante la Fiscalía General del Estado.

La medida se enmarca en el Plan denominado “Oregón Transparente”, dirigido a dar a conocer a los ciudadanos el funcionamiento interno de las instituciones públicas. Dicho Plan, cuyo coste se desconoce, se ha adjudicado de forma directa a una empresa consultora en la que tienen alguna participación ciertos miembros del propio Gobierno, lo cual, se asegura desde fuentes próximas a la Presidencia, es completamente legal.

P.D.: La Junta Directiva de esta Asociación celebra la realización de programas como éste, mediante los cuales se permite a los ciudadanos conocer directamente la realidad de nuestras instituciones públicas, al margen de las campañas de desprestigio o autobombo que unos y otros promueven. Confiamos en que sea un éxito de participación y felicitamos ya a los agraciados en el sorteo de puestos –es decir, sueldos-, a los que es posible que nunca podamos saludar personalmente, al menos en sus despachos. En todo caso, la Asociación proseguirá sus actividades a partir de las fiestas de San Roque.

LA ESCASA TRANSPARENCIA DE NUESTRAS ADMINISTRACIONES.

No ha de extrañarnos en absoluto que las instituciones aragonesas –sean autonómicas, provinciales o municipales- queden en entredicho en cualquier ranking sobre transparencia de la gestión pública. Así lo pone de relieve el reciente informe “Indice de Transparencia de los Ayuntamientos 2010”, que se hace público hoy por la prestigiosa organización Transparencia Internacional, mundialmente conocida como “coalición global contra la corrupción”.

Los Ayuntamientos de las capitales aragonesas –Zaragoza, Huesca y Teruel- no destacan en el panorama local español por su transparencia, lo que equivale a decir en su política de “prevención de la corrupción”. La opacidad es, precisamente, el caldo de cultivo de las numerosas irregularidades y abusos que detectamos los funcionarios públicos en el actuar de nuestras instituciones, irregularidades que constituyen un claro indicio del previsible grado de corrupción pública que se oculta a nuestros ojos.

Quienes gustan de las irregularidades –y con ellas, de la corrupción- se amparan en la opacidad existente -en la falta de publicidad o conocimiento de los criterios de gestión, en el secreto de muchas de las decisiones adoptadas, en el desconocimiento de los resultados de muchos expedientes de contratación o de subvención fallidos-, se aprovechan de la debilidad de los controles, y aspiran a quedar protegidos por la impunidad reinante. La fórmula es sencilla: opacidad para abusar e impunidad para no ser sancionados por el abuso cometido.

El poco entusiasmo por las exigencias de la ética pública de nuestros principales responsables locales ya lo pudo constatar esta Asociación, cuando propuso a ayuntamientos, comarcas y diputaciones la aprobación de códigos de buen gobierno para fortalecer las exigencias éticas en la gestión pública. El grado de receptividad o acogida a la propuesta fue mínimo y no faltaron quienes, como el alcalde de Huesca, Fernando Elboj, señalaron al Justicia de Aragón -cuando éste le recriminó la falta de respuesta a la petición de esta Asociación-, que tal medida –la aprobación de un código de buen gobierno- carecía de prioridad. Si la ética no es una prioridad en la acción pública, ¿qué puede serlo?

No deja de ser llamativo el hecho de que la gestión de los intereses generales que corresponde a las Administraciones Públicas se produzca al margen de las exigencias de transparencia y de rendición de cuentas que reclama el control efectivo por parte de los ciudadanos. ¿Qué interés hay en evitar esa transparencia? ¿Qué impide llevar a cabo una completa y puntual rendición de cuentas de la gestión pública realizada por cada equipo de gobierno? ¿Por qué los ciudadanos aceptan que los intereses públicos se gestionen de una forma que no tolerarían para sus intereses privados? ¿No es deber de todo ciudadano controlar a quienes ejercen el poder político, para así evitar el abuso de poder? ¿Existe algún interés por parte de políticos y gestores públicos en fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas? ¿Les es indiferente defraudar tal confianza?

Esperamos que los responsables de las capitales aragonesas no reciban el Informe hecho público por Transparencia Internacional con la misma indiferencia con que recibieron nuestra petición de aprobación de código de buen gobierno. Creemos necesario que se tomen el asunto en serio y expongan a la opinión pública su valoración sobre la mala posición que ocupan en el ranking de transparencia local y, sobre todo, que expongan las medidas que están dispuestos a impulsar para corregir la tendencia a la opacidad que pone de manifiesto el informe. No pueden no darse por aludidos. En cualquier caso, esta Asociación, haciendo nuevamente uso del derecho fundamental de petición, reclamará a dichos municipios un programa cuya finalidad sea asegurar la máxima transparencia en la gestión pública. En tiempos de crisis como los actuales, es la única opción responsable ante los ciudadanos.

UN OBSERVATORIO A OBSERVAR: EL OBSERVATORIO DEL EMPLEO PÚBLICO.

El Ministerio de la Presidencia ha impulsado en fechas recientes el llamado Observatorio del Empleo Público, cuya creación, prevista en el acuerdo estatal Gobierno-Sindicatos para la Función Pública 2010-2012, se ha producido a través del Decreto 868/2010, de 2 de julio.

Una primera lectura de dicha disposición, en particular de su parte expositiva, sorprende por la falta de encaje expreso del nuevo órgano y de la norma que lo crea en el marco constitucional y en el de la legislación básica estatal aprobada el año 2007. Al hablarse de las Administraciones públicas y del empleo público se omite cualquier referencia a los preceptos constitucionales en los que se formula la misión de la Administración pública: servir con objetividad los intereses generales. Es más, principios constitucionales de la Administración como el de eficacia ahora se presentan como elementos del nuevo modelo de economía sostenible. Más llamativa resulta todavía la omisión de toda referencia al Estatuto Básico del Empleado Público, norma marco del empleo público aprobada en el año 2007, y la renuncia a encuadrar al nuevo órgano dentro del régimen de cooperación interadministrativa que se establece en su artículo 100, donde se prevé la existencia de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y de la Comisión de Coordinación del Empleo Público. Es curioso a su vez que el nuevo órgano, de naturaleza interadministrativa, se ampare, para su creación, en la norma que regula la creación de órganos colegiados de naturaleza interministerial.

Dicho Observatorio se adscribe al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública. Está compuesto por representantes de las diferentes Administraciones Públicas –estatal, autonómica y local- y por representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Su función primordial es la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación.

A esta Asociación le interesa destacar, entre las funciones del nuevo Observatorio, la de recoger, analizar y difundir información en materia de empleo público de las Administraciones Públicas para la mejora y modernización de las mismas, así como la elaboración de un informe anual sobre las tendencias presentes y futuras del empleo público.

El esfuerzo realizado por esta Asociación, hasta ahora sin resultado, para que el Gobierno de Aragón elaborase un boletín estadístico periódico con información sobre la evolución de la función pública aragonesa, podría verse ahora respaldado por la obligada labor de difusión de información en materia de empleo público que corresponde realizar al nuevo Observatorio. Esta Asociación se va a dirigir al citado Observatorio, con la finalidad de que la información recogida, analizada y difundida se desglose oportunamente por cada una de las Administraciones autonómicas.

Creemos indispensable que el nuevo Observatorio dirija su atención, al menos, a los cuatro aspectos siguientes del empleo público: la selección de personal de nuevo ingreso –aprobación de las ofertas anuales de empleo público y condiciones de ejecución de los procesos selectivos-, las tasas de interinidad existentes en cada Administración –causas, consecuencias y remedios-, el régimen de provisión de puestos de trabajo –ámbito de la libre designación, estado del régimen de concurso de méritos y uso o abuso de las comisiones de servicios- y el régimen retributivo, vigilando el respeto por las diferentes administraciones de la normativa básica y de los limites presupuestarios anuales para los incrementos de la masa salarial.

Esta Asociación quisiera creer que la actividad de este Observatorio puede ser un factor positivo para incrementar la transparencia en el ámbito de la función pública, avanzando en el conocimiento de la realidad del empleo público y reforzando el necesario respeto a la normativa básica estatal por parte de todas las Administraciones Públicas. Por ello, vamos a observar con detenimiento el quehacer de este Observatorio, sus informes anuales y sus recomendaciones y propuestas. Y vamos a dirigirle, cuando lo entendamos oportuno, nuestras consideraciones y sugerencias.

LOS ASESORES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: UN ABUSO QUE NO CESA.

Es posible que el Gobierno de Aragón crea que el abuso perpetrado con los puestos de trabajo del personal eventual –utilizados, en buena parte, para “regalar” sueldos públicos a militantes de los partidos de la coalición de gobierno o personas afines a los miembros del Ejecutivo, sin la realización de función pública alguna que justifique su percepción-, a pesar de las ocasionales críticas, no le va a suponer coste político ni electoral alguno. Abusar de la confianza de los ciudadanos y utilizar fraudulentamente los fondos públicos, como se hace con el “caso de los asesores”, parece una práctica, si no admitida, al menos socialmente tolerada. Basta con observar el silencio de los medios de comunicación ante tal desafuero.

Mayor tranquilidad puede albergar el Gobierno con tal asunto a la vista del simulacro de investigación realizado por la Fiscalía de Aragón, debido a la denuncia realizada por esta Asociación ante la Fiscalía General del Estado. El asunto se despachó con un informe solicitado al Consejero de Presidencia, uno de los principales responsables del abuso, y el posterior archivo de la denuncia, llegando a afirmarse, sin el menor sonrojo, que no constaba que el personal eventual no cumpliese con las obligaciones propias de sus puestos. Acaso el Fiscal Superior no sólo no mostró la diligencia debida en la investigación de la denuncia, sino que tampoco se abstuvo, pese a concurrir causa legal de abstención por sus vínculos familiares con alguno de los miembros del Gobierno objeto de la denuncia.

Las medidas de ajuste adoptadas, con la correspondiente reducción salarial practicada a los empleados públicos, tampoco han constituido impedimento alguno para mantenter un gasto público que sólo cabe calificar de abusivo y fraudulento. Pagar a quien no trabaja –poner en nómina a personas con el único fin de asegurarles un ingreso a cargo del presupuesto público- es desviar el dinero público de los fines que le son propios y aplicarlo a otros que nada tienen que ver con el interés general. Es posible que tampoco lo considere así la Intervención General del Gobierno de Aragón, a la que le corresponde fiscalizar las nóminas de todos los empleados públicos. Veremos si, en los próximos meses, la Cámara de Cuentas de Aragón es capaz de encarar la cuestión como es debido.

Una irregularidad, por mucho que se reitere, no deja de ser una irregularidad. Su reiteración no la atenúa, sino que la agrava, pues pone de manifiesto la decidida voluntad de utilizar el poder como botín, para distribuirlo entre los afines. A eso se ha visto reducida en estas últimas legislaturas la mayor parte de los puestos de asesor de los gabinetes de los miembros del Gobierno. No podemos, desde esta Asociación, dejar de deplorar que un Gobierno incurra en prácticas tan censurables, tan opuestas a las exigencias de la ética pública, del pudor democrático y de las más elementales reglas de la buena administración.

Se equivoca el Gobierno si cree que el “caso de los asesores” está cerrado y que no se ha de volver nuevamente sobre ello. Mientras persistan el abuso y el fraude, tan visibles para tantos funcionarios, persistirá la denuncia por parte de esta Asociación, que no dudará en apelar a todas las instancias del Estado de Derecho para que se ponga fin a esta práctica impropia de una institución democrática, que no hace sino degradar la Administración Pública y privar de autoridad moral a los miembros del Gobierno ante el conjunto de los empleados públicos. También ante los ciudadanos.

PETICIÓN AL CONSEJERO DE PRESIDENCIA: GARANTIZAR EL DERECHO AL DESEMPEÑO EFECTIVO DE FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en ejercicio del derecho fundamental de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución Española, se dirige al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, para solicitarle que los órganos responsables de función pública en la Administración autonómica garanticen el derecho de todo empleado público al desempeño efectivo de funciones acordes a su condición profesional, corrigiendo con ello todas aquellas situaciones en que, mediante adscripciones provisionales u otras fórmulas, se adscribe a funcionarios a puestos vacantes carentes de contenido real, conculcando con ello el derecho al desempeño efectivo de funciones que establece el Estatuto Básico del Empleado Público y la obligación de gestionar de forma eficaz y eficiente los recursos públicos.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito remitido al Consejero de Presidencia:



"Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón

Zaragoza, 20 de julio de 2010.

Estimado señor:

El Estatuto Básico del Empleado Público, entre los derechos individuales que
reconoce a los empleados públicos en su artículo 14, incluye el relativo “al
desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional”,lo que entendemos constituye un mandato a todos los responsables de gestión de personal de la Administración autonómica, y muy en particular a los máximos responsables de la función pública aragonesa, como son el Consejero de Presidencia y el Director General de la Función Pública, para asegurar que todos y cada uno de los funcionarios y demás personal de la Administración autonómica se hallen adscritos a puestos de trabajo con contenido real y adecuado a su cualificación profesional.

La realidad de la función pública aragonesa, sin embargo, dista en estos
momentos del cumplimiento de tal precepto del Estatuto Básico, pues ha sido
práctica administrativa en los últimos años adscribir a funcionarios cesados en
puestos de libre designación o removidos por razón de supresión de puesto a
nuevos puestos creados a tal fin, con el carácter de “a amortizar”, o a puestos
vacantes disponibles, aunque carentes en muchos casos de funcionalidad real en la organización administrativa. La realidad resultante, en cada caso, ha sido
fruto de las circunstancias concretas, produciéndose en ocasiones una clara
integración en la actividad administrativa ordinaria. No obstante, en otros
casos se ha carecido de la capacidad o de la voluntad para que el funcionario
afectado asuma cometidos propios en el puesto al que ha sido adscrito, prolongándose de forma indebida situaciones que dañan tanto al afectado como al conjunto de la organización administrativa.

Consideramos que, si es responsabilidad del titular del Departamento de Presidencia llevar a cabo la adscripción del personal removido o cesado en sus puestos de trabajo, dicha adscripción no puede reducirse a la atribución formal de un puesto de trabajo y al aseguramiento de unas determinadas retribuciones, sino que, además, ha de suponer la atribución de unas funciones efectivas a desempeñar, acordes con la condición profesional y la trayectoria o carrera profesional propias del funcionario afectado, tal y como viene a expresarlo el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por ello, y al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, deseamos solicitar a ese Departamento la necesidad de controlar la situación de todos los puestos de trabajo cuyos titulares se encuentran en adscripción provisional, con el fin de determinar si los interesados están ejerciendo o no funciones reales y acordes a su condición profesional y grado de carrera profesional, pudiéndose realizar tal análisis de forma conjunta por la Inspección General de Servicios y las correspondientes Secretarías Generales Técnicas. Tras el citado análisis, y en el caso de constatar situaciones en las que no se respete el citado derecho al desempeño efectivo de funciones, dicho Departamento debiera impulsar las medidas para corregir tales anomalías y, en su caso, tomar las medidas correctivas necesarias si se apreciase que tal situación implica una manifiesta marginación laboral por parte de los responsables de la unidad o servicio a la que se halle adscrito el funcionario.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada al presente escrito, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín.Presidente de la Asociación paa la Defensa de la Función Pública Aragonesa".

NECESIDAD DE ABORDAR LOS PROBLEMAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Esta Asociación, desde su constitución en febrero de 2007, ha tenido como principal objetivo la promoción de los principios constitucionales a los que han de ajustarse tanto el funcionamiento de las Administraciones Públicas como la actividad de la función pública, al entender que la evolución de unas y otra se desviaban de los mismos de una forma preocupante. Y en ese empeño seguimos tres años y pico después, con algo ya de camino recorrido, lo que nos ha permitido ir descubriendo las verdaderas dificultades del desafío.

Es hora de preguntarse, seriamente, si interesa a alguien disponer de una función pública verdaderamente comprometida con el Estado de Derecho, es decir, con el principio de legalidad y los derechos de los ciudadanos. Un Estado de Derecho no se define, como algunos creen erróneamente, sólo por la existencia de un control jurisdiccional sobre los actos de la Administración, sino que debe manifestarse también en la plena sujeción de los actos administrativos, en su procedimiento de adopción, a la ley y al derecho, es decir, a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Un Estado de Derecho supone vivir bajo el imperio de las leyes, de modo que los ciudadanos no deban verse sometidos a la voluntad arbitraria de las personas que, elegidas o no, ejercen el poder político en cada momento.

Y ahí, entran en escena los servidores públicos, encargados de asegurar el buen funcionamiento de la administración pública, de atender la actividad del conjunto de los servicios públicos y de garantizar la ejecución de las leyes aprobadas por el Parlamento. La Administración sirve con objetividad los intereses generales –lo dice la Constitución Española-, pero su dirección, como es lógico, corresponde al Gobierno, llamado a aplicar el programa político respaldado en las elecciones generales por los ciudadanos y en la investidura del Presidente del Gobierno por los representantes de los ciudadanos. Gobernar y administrar no es posible sin la intervención necesaria de los funcionarios públicos, como agentes a los que corresponde ejecutar y desarrollar las políticas públicas diseñadas por el Ejecutivo.

Todos necesitamos una función pública competente y profesional, consciente de sus obligaciones constitucionales y legales. El Parlamento, el Gobierno y los ciudadanos, para que las reglas de funcionamiento de la democracia no se desvirtúen. También los propios servidores públicos necesitamos que el marco en el que se desarrolla nuestra actividad profesional sea coherente con los principios que la Constitución nos impone como guía. ¿Cabe a los funcionarios actuar con objetividad si la dirección política se apoya en criterios sectarios y clientelistas? ¿Cabe atenerse a la ley y al derecho si la dirección política antepone su capacidad de decisión y su legitimidad democrática al carácter vinculante de las normas? ¿Qué referencias restan a los servidores públicos, en su actividad, una vez perdidos los valores de la legalidad y la imparcialidad? ¿La estricta sumisión al poder político?

El problema más grave de la función pública, en el conjunto de las administraciones españolas –no sólo en la aragonesa-, es la crisis de legalidad que se atraviesa, dada la baja cultura democrática de la actual clase política española, pero además de éste, cuya solución sólo puede abordarse desde un amplio programa de regeneración institucional y democrática, es necesario identificar también otros problemas o defectos de la actual ordenación de la función pública que cada día alejan más la realidad de las administraciones públicas de los valores y principios constitucionalmente proclamados.

Para dicha tarea de análisis y de reflexión sobre la propia realidad profesional y sus implicaciones y consecuencias, de la cual poder extraer luego nuestras propuestas o nuestras denuncias –no hemos renunciado a ningún modo de acción posible que resulte coherente con los valores democráticos-, ofrecemos esta asociación y este blog a todos los servidores públicos de las administraciones aragonesas, con la voluntad de proponer a los diferentes partidos políticos, de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011, un conjunto de medidas encaminadas a fortalecer el papel de la función pública en el aseguramiento del buen gobierno y la buena administración.

PARO INTERNO EN LAS ADMINISTRACIONES: POLÍTICA DE ACOSO Y DERRIBO A LOS PROFESIONALES.

Uno de los contrasentidos mayores a los que podemos asistir en las Administraciones Públicas es el de contemplar situaciones en que servidores públicos de acreditada competencia profesional y manifiesta voluntad de trabajo, tras ser apartados de sus puestos de responsabilidad, al frente de una unidad o un órgano administrativo, son sencillamente aparcados en un puesto de trabajo vacante –o habilitado al efecto-, al que se deja vacío de contenido, condenando a dicho funcionario a un indeterminado periodo de hibernación profesional.

Dicha realidad constituye un doble despropósito: en primer lugar, vulnera el derecho de todo servidor público a disponer de un puesto de trabajo en el que desempeñar de forma efectiva las funciones o tareas propias de su condición profesional, acorde con la progresión alcanzada en su carrera profesional, derecho reconocido en el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público; y, en segundo lugar, supone un injustificable despilfarro de medios y recursos para la organización administrativa, al tener inactivos a funcionarios cualificados, mientras, al mismo tiempo, no se duda en promocionar a candidatos inidóneos –aunque sumisos- a determinados puestos de responsabilidad. Gestionar los recursos públicos de forma ineficaz e ineficiente, arbitraria e ilegal, como sucede en este tipo de situaciones, no parece traer consecuencia alguna para quienes así actúan, como responsables de los organismos o servicios en que dichas situaciones se producen.

Tal realidad no es sólo una disfunción de la organización administrativa, que pone de manifiesto la obsolescencia de sus técnicas de gestión de recursos humanos, al permitir prácticas que descapitalizan el potencial humano de la organización, sino que, además y principalmente, constituye una evidencia de los criterios sectarios con que el Gobierno de Aragón dirige la Administración Pública, condenando al ostracismo interno –a la invisibilidad, a la nada- a todo aquel que pueda resultar incómodo a los equipos de dirección política en un determinado ámbito de la Administración. Ello permite poner fin a la trayectoria profesional y a la carrera administrativa de cualquier funcionario que no se muestre dócil o sumiso a consignas o intereses de sus superiores.

Es muy preocupante, por otra parte, que tal situación se vea con creciente normalidad por el conjunto de los empleados públicos –parece asumido como hecho comprensible el que todo funcionario sea susceptible de caer en desgracia en cualquier momento, ante cualquier gesto de desafección a las directrices políticas, en particular si frente a ellas invoca el principio de legalidad o la profesionalidad e imparcialidad a la que se deben los servidores públicos-, lo que quiere decir que la fortaleza ética de la función pública es cada vez menor y que el respaldo que cabe esperar frente a la arbitrariedad ejercida por parte de la dirección política es, digamoslo sin rodeos ni eufemismos, nulo. ¿Compartimos, por lo tanto, valores o miedos? ¿El valor de la legalidad o el miedo a la arbitrariedad que puede arruinar nuestra vida profesional? O tal vez estemos ante el peor de los escenarios posibles: el del miedo a ser represaliados por defender la legalidad frente a consignas políticas ilegales.

A quienes viven instalados en el cinismo y únicamente velan por su interés personal –una especie que amenaza con colonizar la función pública, con efectos más dañinos y letales que los del mejillón cebra-, todo esto puede parecerles anecdótico o pueril, y seguramente se congratulen de que algunos se empecinen en reivindicar la legalidad y la ética pública –cuantos más sean mejor-, para así disponer de mayores posibilidades de promoción profesional. En una Administración donde no se concede valor a los principios éticos, al margen de posibles declaraciones huecas de algún Consejero o Director General, quienes se han entregado al pragmatismo más grosero –el que les dicta sus intereses personales- son puestos en valor por la dirección política. Con esa actitud vienen a apuntalar –consciente o inconscientemente- la estrategia de acoso y derribo seguida desde el poder contra quienes aún creen que la Administración sólo puede reconocerse como aliada insustituible del Estado de Derecho.

Esta Asociación, por si alguien lo desconoce o lo duda, ha tomado posición clara a favor de la alianza necesaria entre Administración y Estado de Derecho y no va a cejar en su determinación de corregir y denunciar la actual deriva que vive la función pública aragonesa, aun a riesgo de afrontar o sufrir ese ostracismo que acecha a todo servidor público comprometido con los valores genuinos de la función pública.

HACIA DÓNDE CAMINA LA ADMINISTRACIÓN ARAGONESA.

La crisis económica pone a prueba la solvencia de las organizaciones privadas y públicas, incluyendo lógicamente a las Administraciones Públicas. Frente a las dificultades salen a la luz, de forma inesperada, las debilidades antes disimuladas u ocultas. Gobernar y gestionar los intereses públicos constituyen una constante necesaria en toda sociedad, son tareas de las que no es posible dimitir o abdicar por parte de las instituciones: tales funciones han de ejercerse en todo momento, especialmente en circunstancias de riesgo y desconcierto.

Liderazgo y fortaleza de la organización, estructura sólida y compromiso profesional son elementos que, en las actuales circunstancias, se echan enormemente de menos en el seno de las Administraciones, por parte de un gran número de los servidores públicos. La Administracione Pública de la Comunidad Autónoma ofrece, en estos momentos, la imagen de una organización debilitada, con una enorme carencia de liderazgo político y técnico. Los ciudadanos pueden creer que hay gobierno en la Comunidad Autónoma, pero resulta más difícil para los funcionarios públicos creer que existe dirección en la Administración autonómica.

Una falta total de comunicación, de fijación de objetivos, de fortalecimiento de la imprescindible cohesión en los niveles sucesivos de la gestión pública da idea del nivel de abandono o desentendimiento a que ha llegado el Gobierno de Aragón en relación a la Administración que está llamado a dirigir. La vacante del responsable de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, en un momento que exige necesarias reformas en las estructuras y en los procedimientos de actuación, evidencia la falta de impulso político que padece la Administración autonómica.

La carencia de todo programa de modernización es una prueba concluyente del abandono sufrido por la Administración autonómica durante las legislaturas del gobierno de coalición PSOE-PAR. Este equipo de Gobierno ha querido prescindir, en todo lo posible, de la estructura administrativa y de los funcionarios públicos, optando por un desarrollo alternativo de entidades y empresas públicas como principales ejecutoras de los proyectos impulsados. Inversiones públicas sacadas del ámbito de la Administración y opacidad en la gestión pública y en la contratación de personal han sido notas distintivas de una estrategia que la crisis económica parece venir a quebrar. La aventura empresarial del Gobierno de Aragón parece próxima a su fin. Como la de tantos otros equipos autonómicos y locales en España.

¿Vuelve, por lo tanto, la hora de la Administración Pública? Es posible, pero se ha de ser consciente de que ésta se encuentra en un mal momento, después de tantos años de abandono y pérdida de valores. Las actuales circunstancias requieren una gran dosis de prudencia. La austeridad puede servir a muchos de coartada para lograr lo que no se logró con las empresas públicas, aunque se avanzaba en esa dirección, como es liquidar la función pública. Urge recuperar el valor y la razón de ser de las Administraciones Públicas y recuperar el papel decisivo que corresponde jugar a la función pública en la realización del Estado de Derecho y en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Los servidores públicos han de ser conscientes del momento que vivimos y no evadirse de la responsabilidad personal y colectiva que les corresponde en la regeneración de la Administración Pública. Mucho menos los políticos, a los que los ciudadanos han de recordar que, entre sus principales responsabilidades, está la de dirigir la Administración y hacerse responsables de su nivel de calidad y rendimiento. ¿Es mucho pedir?

PETICIÓN DE INFORMACIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES EN EL CASO ASAEL.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, se dirige a la Fiscalía General del Estado para solicitarle que informe a la opinión pública sobre las actuaciones realizadas para esclarecer hechos y responsabilidades en relación con la gestión del Presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), cuyas irregularidades fueron destacadas con amplio detalle en la prensa escrita aragonesa.

La petición se formula en los siguientes términos:


1. Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2009, en mi condición de Presidente de la citada Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, dirigí a esa Fiscalía General del Estado un escrito de denuncia por los hechos recogidos en la prensa aragonesa respecto a la irregular actuación del Presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL).

Entre dichas actuaciones irregulares por parte del Presidente de ASAEL, Jesús Solá, figuraban el desvío de fondos públicos para la contratación de servicios personales o la contratación de personal, con cargo a fondos obtenidos en virtud de convenios suscritos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio de labores al servicio de un partido político o el despido arbitrario de tales contratados tras producirse el cese del citado Solá como personal eventual dentro del Gabinete del Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Se adjunta copia del citado escrito de denuncia.

2. Como se señalaba en el referido escrito, y vista la gran difusión de tales hechos en la prensa aragonesa, esta Asociación, que tiene entre sus objetivos la defensa de la legalidad y de la ética pública, no podía permanecer indiferente frente a una destacada muestra de la “cultura de impunidad” que parece haber ir cobrando fuerza o arraigo en determinados ámbitos de la gestión pública aragonesa, razón por la cual se hacía necesario reaccionar frente a prácticas incorrectas de responsables institucionales y reclamar la intervención activa del Ministerio Fiscal para evitar la lesión a la ley y al interés general que suponen, en su mayor parte, los fenómenos de corrupción pública, sea política o administrativa.

3. Pese al año transcurrido desde la presentación del citado escrito de denuncia, esta Asociación desconoce las actuaciones que haya podido llevar a cabo el Ministerio Fiscal en relación con los hechos denunciados, así como el posible resultado obtenido de las mismas.

Si bien es cierto que no existe obligación legal de comunicar o informar de tales actuaciones a quienes intervienen como meros denunciantes, más allá de comunicar el posible archivo de la denuncia –lo que no se ha hecho hasta la fecha, de modo que cabe presumir que la investigación por los hechos citados puede seguir abierta en estos momentos-, entendemos que, dada la trascendencia pública que tuvieron los hechos –como quedaba acreditado con las páginas de prensa que acompañaban al escrito de denuncia-, sería deseable que la opinión pública conociese, en el grado que se entienda oportuno por esa Fiscalía General, las actuaciones realizadas para esclarecer los hechos y su posible valoración jurídica.

Consideramos necesario que una institución como el Ministerio Fiscal, a la que corresponde un destacado papel en la lucha contra la corrupción, ejerza su labor con las máximas cotas de transparencia y diligencia que le permitan los hechos investigados en cada caso, trasladando con ello a la opinión pública, es decir, al conjunto de los ciudadanos, la plena convicción de que existe un firme compromiso con la defensa del Estado de Derecho y una actuación decidida contra aquellas actuaciones que lo menoscaban, como son las actuaciones ilegales de quienes ejercen funciones públicas, defraudando con ello tanto la ley como la confianza depositada por los ciudadanos.

4. Tal petición de información sobre la actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal en relación con la denuncia sobre las irregularidades producidas en la gestión de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), ampliamente destacadas por la prensa aragonesa, resulta además coherente con las funciones que se recogen en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al señalarse que, en el ejercicio de las mismas, el Ministerio Fiscal podra informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario.

Entendemos que, precisamente para no contribuir, aunque sea involuntariamente, al desarrollo de la “cultura de la impunidad” a la que nos referíamos en el escrito de denuncia que formulamos con fecha 16 de julio de 2009, esa Fiscalía, en el ejercicio de las funciones que tiene expresamente atribuidas por su Estatuto Orgánico, debiera informar a la opinión pública sobre la labor desarrollada para esclarecer posibles hechos y responsabilidades a que hubiere lugar en relación con la denuncia realizada.

La anterior petición se realiza al amparo del artículo 29 de la Constitución Española.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada al presente escrito, aprovecho para expresarle mi más atento y respetuoso saludo.

Zaragoza, 12 de julio de 2010.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral Pelegrín.

UN AÑO DESDE LA DENUNCIA POR EL CASO ASAEL.

En estas fechas del mes de julio, se cumple un año de la denuncia realizada por esta Asociación a la Fiscalía General del Estado por las graves irregularidades en la gestión de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), reflejadas con amplio detalle en la prensa aragonesa. Entonces, a la vista de los hechos relatados, cuyo carácter ilícito resultaba más que evidente, esta Asociación consideró que era necesario apelar al control de los mecanismos del Estado de Derecho y dio traslado de una copia de toda la información publicada a la Fiscalía General del Estado, pidiendo una investigación sobre los hechos para promover, en su caso, la acusación pública por las actuaciones que pudieran revestir carácter delictivo.

Las consecuencias del inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Fiscal, una vez trasladada la denuncia a la Fiscalía de Aragón, no se dejaron esperar. Tras la dimisión del Presidente de la entidad, Jesús Solá, las entidades integradas en la Asociación optaron por la disolución de la entidad, para su posterior integración en la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), cerrando con ello la trayectoria de una entidad que había funcionado en gran medida a la sombra del Partido Aragonés (PAR). No hay que olvidar que el Presidente dimisionario de la entidad, a raíz de las denuncias de la prensa, era asesor en el gabinete del Consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

Sin embargo, y transcurrido ya un año desde la denuncia realizada por las informaciones publicadas sobre desvíos de fondos y la posible financiación irregular recibida desde distintos Departamentos del Gobierno de Aragón para fines poco especificados, nada sabemos sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal y sobre el resultado de las mismas. Nada ha impedido, por otra parte, que el principal denunciado siga ejerciendo sus funciones como alcalde de Herrera de los Navarros, cosa que en modo alguno puede extrañar a la vista del caso de La Muela, donde una alcaldesa imputada por numerosos delitos sigue ejerciendo sus funciones como máxima autoridad local.

Esta Asociación señaló en su escrito de denuncia al Fiscal General del Estado que no era deseable que en la política aragonesa se consolidase una "cultura de la impunidad", de modo que se creyera que todo estaba permitido y que nada tenía consecuencias, que todo se podía tapar, que la ley no constituía límite ni para las decisiones políticas ni para el afán de lucro personal. Reiteramos ahora, al cumplirse un año de aquella denuncia, que la acción de los poderes públicos en la investigación de los posibles casos de corrupción ha de ser lo más transparente posible, informando a la ciudadanía de todo aquello que no comprometa el éxito de las investigaciones. No es posible alimentar la duda sobre la inactividad de las instituciones encargadas de asegurar el respeto de la ley.

Por ello, en la semana próxima esta Asociación se va a dirigir por escrito tanto al Fiscal General del Estado como al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Aragón para que hagan público a la sociedad el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para esclarecer los hechos y abusos denunciados en su día en la gestión de dinero público por parte de los responsables de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL). Transparencia y diligencia han de caracterizar la actuación de las instituciones públicas frente a los casos de corrupción pública que trascienden a la opinión pública.

SE SOLICITA AL CONSEJERO DE PRESIDENCIA LA COBERTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS.

La acción de los Gobiernos resulta en numerosas ocasiones paradójica. Puestos de trabajo que cumplen un papel relevante en la organización pueden quedar vacantes por un largo periodo de tiempo, sin que se muestre voluntad o preocupación alguna por cubrirlos –como si, de ese modo, quisiera demostrarse que todos los puestos y todas las personas son prescindibles-, sin que se acierten a comprender las razones que pueda haber –si es que existen- para dirigir de tal modo los asuntos públicos. ¿No existen normas de suplencia que impiden que las responsabilidades queden desatendidas?

Es el caso de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, que se encuentra sin responsable desde hace prácticamente dos meses, sin que al parecer exista voluntad por parte del Gobierno de Aragón de cubrir un puesto que, si en todo momento resulta decisivo para asegurar el buen funcionamiento de la organización administrativa, lo es más en estos momentos en que las circunstancias económicas exigen medidas de reordenación del conjunto de recursos disponibles por la Administración autonómica.

Esta Asociación ha querido expresar al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, su preocupación por la situación de la citada Dirección General, al tiempo que aprovecha para recordarle el grave incumplimiento del Departamento de Presidencia en el conjunto de sus responsabilidades en materia de modernización y racionalización de los servicios públicos.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro de la petición dirigida al Consejero de Presidencia:


“Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón

Zaragoza, 7 de julio de 2010.

Estimado señor.

Le dirijo el presente escrito, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para expresarle nuestra preocupación por la situación en que actualmente se halla la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, dependiente de ese Departamento y carente de titular desde hace cerca de dos meses, tras el cese de su anterior responsable, así como para trasladarle nuestra petición de que el Gobierno de Aragón proceda al nombramiento de un nuevo titular para dicha Dirección General, con el fin de que pueda impulsar y coordinar las importantes funciones que corresponden a dicho Centro Directivo, especialmente en la presente coyuntura por la que atraviesa la Administración autonómica.

No parece razonable que, en los actuales momentos, cuando se anuncian importantes medidas de reducción del gasto público y se hace por ello necesario optimizar los recursos materiales y humanos disponibles por la Administración autonómica, el órgano directivo al que corresponde, entre otras funciones, la organización y racionalización administrativa y la redistribución de efectivos para asegurar una mejor gestión del conjunto de los servicios públicos, según señala el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, de estructura orgánica del Departamento de Presidencia, se encuentre vacante.

Es cierto que, hasta la fecha, el Departamento de Presidencia ha carecido de verdaderos programas de modernización administrativa, lo cual incide negativamente en la calidad de la organización y de la gestión administrativa del conjunto de los Departamentos. Así, ni en materia de programación de la gestión administrativa, que debiera haber permitido avanzar hacia una gestión por objetivos, ni en materia de racionalización de procedimientos, que debiera haber supuesto una decidida simplificación de trámites y aprobación de manuales de procedimientos, ni en materia de control de eficacia y eficiencia, que hubiera obligado a la realización de controles y auditorías administrativas de forma periódica, ni en materia de calidad de los servicios públicos, que debiera haber asegurado un marco general en el que promover cartas de servicios con compromisos de buena gestión hacia los ciudadanos, ni en materia de Administración electrónica, con la que debiera haberse fortalecido la accesibilidad y la transparencia de los servicios públicos, se han emprendido acciones efectivas.

Dicha situación de parálisis en los programas de modernización administrativa no debiera prolongarse por más tiempo. Constituyen, sin duda, una creciente desventaja comparativa no sólo de nuestra Administración sino también de la sociedad aragonesa en nuestro entorno. Tampoco las medidas de reducción del gasto público, con directa incidencia en la organización administrativa, debieran adoptarse sin incorporar un análisis de su impacto en la ordenación y calidad de los servicios públicos, lo que obliga a una directa intervención en su diseño, aplicación y seguimiento de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios.

Por todo ello, consideramos necesario que no se prolongue la situación de vacante actual de la citada Dirección General y, en consecuencia, en ejercicio del derecho de petición reconocido por el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que eleve al Gobierno de Aragón propuesta de nombramiento de una persona que reúna la competencia adecuada para asumir dicho puestos de responsabilidad, con el fin de impulsar los programas de modernización y racionalización que prevé la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma y que no han sido atendidos hasta la fecha por ese Departamento.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín.Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

SE RECLAMA TRANSPARENCIA Y COMPROMISO ÉTICO A LOS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se dirige hoy por escrito a los diferentes sindicatos de la función pública aragonesa para plantearles la necesidad de adoptar iniciativas que refuercen la credibilidad de los mismos, tanto en el conjunto de la sociedad como en el seno de las administraciones públicas, sugiriéndoles para ello la adopción de medidas de transparencia –dando a conocer las cifras de liberados sindicales en los diferentes ámbitos del sector público y la financiación pública recibida, entre otras informaciones- y la afirmación expresa y pública de un compromiso pleno con los valores éticos que se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La percepción social de los empleados públicos se ve claramente afectada por la imagen de las organizaciones sindicales que los representan, razón por la cual entendemos necesario que se adopten iniciativas para reforzar los valores que permitan gozar a éstas de la confianza y del respeto de la sociedad y del conjunto de los servidores públicos.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido a las organizaciones sindicales de la función pública aragonesa:

“Secciones Sindicales
Locales Sindicales
Edificio Pignatelli

Zaragoza, 6 de julio de 2010.

Estimados señores:

Las actuales circunstancias que viven tanto las Administraciones Públicas como los empleados públicos requieren, a nuestro juicio, reforzar la credibilidad de todos los agentes que intervienen en la determinación de las políticas públicas y en la ordenación del sector público, algo a lo que no pueden ser ajenas en modo alguno las propias organizaciones sindicales, cuya estructura y acción debieran ser públicamente conocidas tanto por el conjunto de los ciudadanos como por el propio colectivo de trabajadores de la función pública al que representan.

Entendemos que para ello resulta necesario el máximo esfuerzo de transparencia, de modo que, en una permanente labor de rendición de cuentas, se puedan hacer públicos datos como el número de representantes y liberados de cada organización sindical en los diferentes ámbitos de las Administración autonómica, así como el conjunto de fondos públicos recibidos y finalidad a que se destinan y el contenido del conjunto de pactos y acuerdos alcanzados o suscritos en el ámbito de la negociación colectiva.

Asimismo, creemos que el papel imprescindible que corresponde jugar a los sindicatos en la garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos y en la defensa de los derechos e intereses legítimos de los empleados públicos debiera quedar avalado por la asunción de códigos éticos de conducta, conformes con los principios y valores que han quedado plasmados en el Estatuto Básico del Empleado Público. Sólo desde el pleno compromiso con esos valores y con los fines que la propia Constitución Española asigna a las Administraciones Públicas puede cobrar verdadero sentido la acción sindical en el ámbito del sector público.

Por ello, nos dirigimos a esa Sección Sindical para sugerirle que, dentro del proceso de reflexión y decisión que a todos nos imponen las actuales circunstancias que vivimos en las Administraciones Públicas, adopte las citadas medidas tendentes a visualizar públicamente el compromiso de esa organización con los principios de transparencia y ética pública, contribuyendo de ese modo a restaurar el crédito social de los empleados públicos.

Atentamente,

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

CUANDO LA PRENSA MANDA CALLAR.

Ayer domingo, en las páginas de “El Periódico de Aragón”, se contenía un breve comentario editorial referido al Justicia de Aragón que, por sus implicaciones en la vida institucional y democrática de nuestra Comunidad Autónoma, no podemos pasar por alto. Al contrario, nos sentimos obligados a expresar públicamente nuestra total desaprobación.

En una sociedad libre y plural como la nuestra, en la que la Constitución reconoce y garantiza el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, resulta insólito que un medio de comunicación se permita afirmar que un responsable institucional debería permanecer callado, como hacía ayer “El Periódico de Aragón”, al referirse a las críticas realizadas por el Justicia de Aragón al recorte salarial practicado en las Administraciones Públicas. ¿Acaso el Justicia de Aragón no goza de libertad e independencia para emitir sus valoraciones sobre la actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma en un ámbito, como es el de la Administración Pública, cuya supervisión le corresponde llevar a cabo por mandato expreso del Estatuto de Autonomía? ¿Es preferible que las instituciones de control no expresen su criterio o formulen sus objeciones, siempre que lo hagan de manera razonada y en el ámbito de sus cometidos propios?

¿Cómo puede un medio de comunicación erigirse en censor de una institución pública? Si grave y antidemocrático resultaría que desde el poder público se mandase callar a un medio de comunicación, más grave aún resulta el que un medio pretenda hacer callar a una institución como el Justicia de Aragón, garante de los derechos y las libertades de los aragoneses. Mandar callar no es ni informar ni opinar, sino todo lo contrario: censurar. Es vulnerar el código principal por el que han de regirse los medios de comunicación: informar verazmente sobre los hechos y asegurar la libertad de expresión y el pluralismo de la sociedad. Ese pluralismo incluye, lógicamente, a las instituciones, cuya legitimidad ha de ser escrupulosamente respetada.

Es posible que el comentario de ayer no merezca ninguna crítica por parte de lectores conscientes de su gravedad –no es habitual que la prensa sea objeto de crítica, menos en sociedades como la aragonesa-, pero esta Asociación no sería coherente con sus valores y principios si consintiese con su silencio la injustificable desconsideración realizada hacia el Justicia de Aragón. No nos gustaría que en Aragón la prensa se creyera con la capacidad de mandar callar a una institución como el Justicia de Aragón. Nos gustaría, por ello, ver una rectificación o una disculpa por lo que ha sido un evidente exceso verbal, impropio en una sociedad democrática.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, JOSÉ BONO, RESPONDE A LA ASOCIACIÓN.

El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, se ha dirigido a esta Asociación, con fecha 24 de junio de 2010, en respuesta al escrito que le hicimos llegar, el pasado mes de mayo, para expresarle nuestra decepción por la decisión adoptada por la Comisión de Peticiones de dicha Cámara, al declararse incompetente para conocer de nuestra solicitud de que se instase del Gobierno el control de constitucionalidad del artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, al entenderlo contrario a lo establecido en la normativa básica estatal de función pública.

En el escrito dirigido desde la Asociación al Presidente del Congreso de los Diputados, entre otras cosas, se afirmaba lo siguiente: "Lamentamos enormemente, y no podemos dejar de manifestárselo, que las instituciones del Estado hayan desistido de un compromiso básico con los ciudadanos, como es el aseguramiento de las reglas del Estado de Derecho, entre las cuales figura necesariamente el principio de legalidad en su sentido más amplio, es decir, el sometimiento de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La inhibición frente a vulneraciones de la legislación básica estatal, en una materia como el régimen retributivo de los empleados públicos, reviste además una significación especial, pues nada puede resultar más decepcionante a quienes ejercen su actividad en el seno de las instituciones públicas que los responsables políticos de éstas se despreocupen del respeto de las reglas que las ordenan".

Tras diversas consideraciones, el escrito de la Asociación concluía en los términos siguientes: "Sencillamente queremos manifestarle que la función y el prestigio de una institución tan relevante como el Congreso de los Diputados para asegurar la calidad de nuestra democracia y el buen funcionamiento del sistema autonómico español, en nuestra opinión, no se afianzan con decisiones como la adoptada por la Comisión de Peticiones, de la que le acompañamos copia, así como del escrito de petición remitido en su día".

A ello viene a responder el Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, a esta Asociación, en los términos siguientes:

"Sr. D. Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa

Madrid, 24 de junio de 2010.

Estimado Señor:

En relación con su amable escrito en el que hace diversas consideraciones sobre una Petición presentada por la Asociación que usted preside para que por esta Cámara se instase al Gobierno a determinadas actuaciones en relación con la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010, le comunico que he resuelto dar conocimiento del mismo a la Comisión de Peticiones para que informe al respecto.

Le agradezco el tono de su escrito, así como el interés que por esta Cámara se deriva del mismo.

Atentamente,

El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez".

Esta Asociación no puede menos que celebrar tanto la respuesta recibida como la decisión que en ella se comunica, dirigida a pedir a la Comisión de Peticiones un informe sobre la cuestión planteada, ya que los diferentes órganos de las Cortes Generales -Congreso y Senado- debieran ser los primeros interesados en asegurar la protección de la legislación básica estatal, dictada por ambas Cámaras. Creemos que la relación de los ciudadanos con las instituciones, mediante el mecanismo de participación directa que constituye el derecho de petición, es enormemente valiosa para ejercer las responsabilidades que nos incumben como ciudadanos y, en ejercicio de ellas, reclamar a los responsables institucionales las que les son propias. Sirva de muestra la respuesta dada por el Presidente del Congreso de los Diputados a esta Asociación.

EL SENADO TRASLADA UNA PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN AL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL.

La Comisión de Peticiones del Senado, en su sesión del 21 de junio de 2010, ha decidido trasladar al Ministerio de Política Territorial una petición formulada por esta Asociación, con la finalidad de que las instituciones del Estado promoviesen el control de constitucionalidad del artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, al contemplar un régimen retributivo específico para los supuestos de "promoción interna temporal" que vulnera la ordenación básica de las retribuciones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Anteriormente, también los Ministerios de la Presidencia y de Justicia habían traladado a dicho Ministerio de Política Territorial las respectivas peticiones planteadas en relación al citado precepto de la Ley de Presupuestos aragonesa, si bien, hasta la fecha, no ha habido respuesta de dicho Ministerio, pese a haberse superado ya el plazo máximo de tres meses establecido por la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.

Ha de acogerse favorablemente la decisión adoptada por la Comisión de Peticiones del Senado, ya que anteriormente similar Comisión del Congreso de los Diputados comunicó el archivo de igual petición, sin exponer las razones que justificaban tal decisión, motivo por el que esta Asociación se dirigió al Presidente del Congreso para solicitarle que las decisiones denegatorias de las peticiones formuladas por los ciudadanos a dicha Cámara sean debidamente razonadas, tal y como exige la citada Ley Orgánica 4/2001.

Podría pensarse que los resultados obtenidos por esta Asociación, en su batalla por asegurar el respeto de la legislación básica de función pública por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma -en este caso, infringida por el Gobierno de Aragón y por las Cortes de Aragón-, son escasos y decepcionantes, con respuestas tardías, evasivas o inmotivadas. No podemos negar que nos gustaría observar otro nivel de implicación de las instituciones del Estado en esta materia, ya que buena parte de los problemas actuales que se padecen en el sector público son resultado de la injustificable inhibición de las instituciones del Estado en la defensa del principio de legalidad, sin el cual todo el edificio del Estado autonómico corre un gravísimo riesgo de derivar hacia la inobservancia de los límites marcados por la legislación básica y las normas presupuestarias, con un camino de retorno a la legalidad cada vez más dificultoso.

Pero el hecho de que las instituciones autonómicas no respeten las normas y que, ante ello, las instituciones estatales no ejerzan la función de control que les corresponde, no es razón suficiente para que Asociaciones como ésta se acojan al fatalismo de que no hay nada que hacer. Han de llegar peticiones a las Cortes Generales -las primeras, si es posible, de los propios servidores públicos- que reclamen una activa defensa de los principios de nuestro ordenamiento jurídico, sin cuya plena vigencia no hay función pública posible que pueda regirse por los valores y principios constitucionales.

Toca esperar, ahora, la respuesta final del Ministerio de Política Territorial, al cual todos los restantes destinatarios han remitido las correspondientes peticiones, a excepción del Congreso de los Diputados, cuya Comisión de Peticiones acordó, incomprensiblemente, archivar la petición. Sea cual sea esa respuesta, esta Asociación no va a desistir en sus reclamaciones o demandas de respeto a la legalidad, aunque las peticiones puedan entenderse condenadas de antemano al archivo. Nuestra insistencia no es sino reflejo de la contumacia de las instituciones aragonesas en vulnerar el ordenamiento jurídico, desconociendo con ello el deber primero de todo poder público que pretenda ejercer sus funciones democráticamente.