La Comisión de Peticiones del Senado, en su sesión del 21 de junio de 2010, ha decidido trasladar al Ministerio de Política Territorial una petición formulada por esta Asociación, con la finalidad de que las instituciones del Estado promoviesen el control de constitucionalidad del artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, al contemplar un régimen retributivo específico para los supuestos de "promoción interna temporal" que vulnera la ordenación básica de las retribuciones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Anteriormente, también los Ministerios de la Presidencia y de Justicia habían traladado a dicho Ministerio de Política Territorial las respectivas peticiones planteadas en relación al citado precepto de la Ley de Presupuestos aragonesa, si bien, hasta la fecha, no ha habido respuesta de dicho Ministerio, pese a haberse superado ya el plazo máximo de tres meses establecido por la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.
Ha de acogerse favorablemente la decisión adoptada por la Comisión de Peticiones del Senado, ya que anteriormente similar Comisión del Congreso de los Diputados comunicó el archivo de igual petición, sin exponer las razones que justificaban tal decisión, motivo por el que esta Asociación se dirigió al Presidente del Congreso para solicitarle que las decisiones denegatorias de las peticiones formuladas por los ciudadanos a dicha Cámara sean debidamente razonadas, tal y como exige la citada Ley Orgánica 4/2001.
Podría pensarse que los resultados obtenidos por esta Asociación, en su batalla por asegurar el respeto de la legislación básica de función pública por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma -en este caso, infringida por el Gobierno de Aragón y por las Cortes de Aragón-, son escasos y decepcionantes, con respuestas tardías, evasivas o inmotivadas. No podemos negar que nos gustaría observar otro nivel de implicación de las instituciones del Estado en esta materia, ya que buena parte de los problemas actuales que se padecen en el sector público son resultado de la injustificable inhibición de las instituciones del Estado en la defensa del principio de legalidad, sin el cual todo el edificio del Estado autonómico corre un gravísimo riesgo de derivar hacia la inobservancia de los límites marcados por la legislación básica y las normas presupuestarias, con un camino de retorno a la legalidad cada vez más dificultoso.
Pero el hecho de que las instituciones autonómicas no respeten las normas y que, ante ello, las instituciones estatales no ejerzan la función de control que les corresponde, no es razón suficiente para que Asociaciones como ésta se acojan al fatalismo de que no hay nada que hacer. Han de llegar peticiones a las Cortes Generales -las primeras, si es posible, de los propios servidores públicos- que reclamen una activa defensa de los principios de nuestro ordenamiento jurídico, sin cuya plena vigencia no hay función pública posible que pueda regirse por los valores y principios constitucionales.
Toca esperar, ahora, la respuesta final del Ministerio de Política Territorial, al cual todos los restantes destinatarios han remitido las correspondientes peticiones, a excepción del Congreso de los Diputados, cuya Comisión de Peticiones acordó, incomprensiblemente, archivar la petición. Sea cual sea esa respuesta, esta Asociación no va a desistir en sus reclamaciones o demandas de respeto a la legalidad, aunque las peticiones puedan entenderse condenadas de antemano al archivo. Nuestra insistencia no es sino reflejo de la contumacia de las instituciones aragonesas en vulnerar el ordenamiento jurídico, desconociendo con ello el deber primero de todo poder público que pretenda ejercer sus funciones democráticamente.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
15 comentarios:
Así, sin desfallecer.
O por la nobleza ....
¿Por lo de tozudos?
¿No somos aragoneses, acaso?
El despliegue realizado frente al artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos fue muy importante, pero los resultados muy escasos.
¿Tienen sede acaso?
¿Se podrían mandar cosas ya a la Cámara de Cuentas de Aragón?
Sin noticias.
¿Se sabe algo de lo ocurrido en el Tribunal de Cuentas?
El Gobierno ha decidido coger las riendas del desbocado gasto de personal y ha optado por suprimir 10.600 puestos de trabajo de la Administración General del Estado en los próximos tres años, que estaban vacantes y que no serán cubiertos, según lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Esta medida, que fue anunciada el pasado martes por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, supone bajar del 8 al 5 por ciento el número de vacantes de la Administración, implicando un ahorro de 250 millones de euros y, como ha anunciado hoy Fernández de la Vega, tiene como objetivo evitar "desviaciones al alza" de las masas salariales de los funcionarios. Esta medida no afectará a las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Justicia, los servicios penitenciarios, los servicios públicos de empleo estatal y los controladores aéreos"
Como ha venido publicando ABC, al Gobierno se le ha disparado el gasto de personal en los cinco primeros meses del año, llegando a alcanzar el desfase un total de 274 millones de euros, como así lo denunció el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Miguel Barrachina, que aludió al "descontrol absoluto del sector público nacional".
El descontrol en el gasto de personal es consecuencia, según aseguraron a ABC fuentes sindicales, de que se estaban produciendo contrataciones de laborales e interinos para cubrir estas plazas vacantes, y que ahora no podrán ser cubiertas por este tipo de trabajadores. El Gobierno blinda la contratación para evitar esta sangría, ya que, como ejemplo de este descontrol, el PP siempre ha denunciado que, desde el 31 de marzo de 2008 al 31 de marzo de 2010 se han creado 215.000 empleos.
ABC.
Comentario:
Y si sobran funcionarios ¿por qué hay cantidad de personas de empresas contratados para hacer labores de funcionarios? .Observen algunos ministerios.
Comentario:
MI PREGUNTA ES: ¿PUEDE ESTE PAIS PERMITIRSE EL LUJO DE REDUCIR PERSONAL DE EDUCACIÓN Y AULAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD, COMO SE ESTÁ HACIENDO? SI LAS ULTIMAS GENERACIONES DISTAN MUCHO DE SER LOS MEJORES DE EUROPA EN ESTA MATERIA... ¿QUE VA A PASAR A PARTIR DE AHORA?
Comentario:
Y si los ciudadanos no comieran ni bebieran ni tuvieran que comprarse una casa se ahorrraría más aún. ¡Eliminar puestos de la admón! ¿Y por esto les pagamos a lo políticos?
Por segundo día consecutivo, más de dos millones de madrileños sufrieron ayer los efectos de una huelga salvaje de Metro que no ha respetado los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo, ha violentado el derecho de los trabajadores a acudir a sus puestos laborales y ha alterado gravemente la vida ciudadana. La conducta de los liberados y piquetes sindicales de UGT y CC OO ha sido violenta e intimidatoria, como ya sugerían las soflamas de los sindicalistas que amenazaron el martes con «reventar Madrid». De hecho, cuatro trabajadores que querían cumplir con su deber fueron brutalmente agredidos por los matones sindicales. La huelga seguirá hoy y mañana, y se suspenderá el fin de semana por dos motivos: para no entorpecer la fiesta del orgullo gay y porque perderían los elevados pluses que cobran en días no laborales. Al margen de que la fiesta gay les merezca más consideración que el trabajo de cientos de miles de ciudadanos, a los que han tomado como rehenes, lo cierto es que la conducta inaceptable de los burócratas sindicales pone de manifiesto la urgente necesidad de desarollar una ley de huelga que impida el abuso y el matonismo como en estos días. El derecho a la huelga nada tiene que ver con la coacción y la desmesura, y debe armonizarse con el derecho que asiste a los trabajadores y a los consumidores. Tampoco es admisible que se recurra a la huelga salvaje con fines políticos, como es el caso. El Gobierno de Esperanza Aguirre no ha tomado ninguna decisión que no esté en consonancia con el recorte decretado por el Gobierno de Zapatero de rebajar un 5% el sueldo de los funcionarios y empleados públicos. En otras comunidades, como Cataluña y el País Vasco, también se han aplicado los mismos recortes salariales, pero ningún sindicato ha convocado ninguna huelga salvaje. ¿Por qué en Madrid? Porque en la Comunidad madrileña gobierna el PP, ni más ni menos. Ése es también el motivo por el que alguna destacada miembro del Gobierno de Zapatero ha arremetido contra Aguirre, en vez de ponerse a su lado y frente a la manifiesta ilegalidad sindical de no respetar los servicios mínimos. Resulta hipócrita exigir a las autonomías que secunden el plan de recortes del Gobierno y, al mismo tiempo, criticar a la presidenta madrileña por hacerlo. No están los tiempos ni la maltrecha economía para caer en demagogias políticas ni sindicales, porque sólo se podrá salir de la crisis si todos los actores públicos actúan en la misma dirección. No parece que sea ésa la preocupación de los actuales dirigentes de UGT y CC OO, que han llevado a sus sindicatos al mayor desprestigio y desafección social en 30 años de democracia. Nunca antes, como en estos días de huelga salvaje, se había detectado una indignación tan intensa y generalizada contra los sindicalistas, que son vistos como burócratas privilegiados cuya máxima preocupación es defender su ventajosa posición salarial. Tras haber contribuido, con su apoyo cómplice al Gobierno, al desastre económico y laboral, los sindicalistas pretenden ahora lavarse las manos manchadas organizando huelgas salvajes contra una presidenta regional del PP.
LA RAZON.
La realidad constitucional es que Cataluña no tiene un "derecho a decidir" ni un derecho a pactar con el Estado, como si ambas entidades fuesen de igual naturaleza. Su derecho al autogobierno tiene unos límites que marca la Constitución. Podrán discutirse, interpretarse, cambiarse e incluso suprimirse esos límites, pero por los cauces constitucionales, no al margen de ellos, y eso por la propia garantía del derecho a la autonomía. De lo contrario, podría fundamentarse también el camino inverso y laminar por vía legislativa el autogobierno de nacionalidades y regiones. Ya ha sucedido –recuérdese la LOAPA– y la Generalitat ha acudido al TC para impedirlo, en muchos casos con notable éxito.
El tripartito y los nacionalistas catalanes no pueden esperar de la Constitución una respuesta al estilo de Groucho Marx: "Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros".
Franciso Bastida Freijedo.
DIARIO DE MALLORCA.
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