Cuando
está a punto de concluir el mes de febrero, tal vez valga la pena recuperar el
texto del artículo publicado en “Heraldo de Aragón” el 23 de febrero de 2007,
para presentar a la opinión pública la constitución de esta Asociación y exponer las
razones que llevaron a ello a un conjunto de servidores públicos de la Comunidad Autónoma.
La
preocupación por una función pública cuyas señas de identidad se veían
amenazadas era, visto en perspectiva, una reacción frente a la crisis de
legalidad que se estaba manifestando en el conjunto de las instituciones
españolas y a la pérdida de valores fundamentales en la configuración del
servicio público.
Creíamos
en la necesidad de una reacción “desde dentro”, en la reivindicación de la
legalidad y la ética pública por parte del conjunto de profesionales de la
función pública, frente a la devaluación constante de los principios propios del
Estado de Derecho con los que debe hallarse radicalmente comprometida la función
pública.
Siete
años es un tiempo suficiente para analizar el grado de vigencia de una idea o
proyecto, como los que representa esta Asociación, y también constituyen un
recorrido y una experiencia acumulada que permiten revisar en profundidad
objetivos y modos de actuación.
Por
ello, y ante la Asamblea
anual de socios que deberá celebrar esta Asociación en fechas próximas, se hace
necesario efectuar un balance de lo que este proyecto ha supuesto, de lo realizado
en todos estos años y de lo que sigue pendiente de acometer -lo mucho que queda por hacer-, y deberíamos
aprovechar la próxima Asamblea para una puesta al día ambiciosa de objetivos y
una apertura al conjunto de la función pública española, articulando
actuaciones colectivas para la promoción y defensa de una función pública
constitucional plenamente comprometida con la democracia y los ciudadanos.
Ese
balance puede iniciarse con una relectura, desde la distancia que otorga el camino
recorrido, del llamamiento fundacional de esta Asociación que se publicaba en
la prensa aragonesa hace ahora siete años:
"GIRO
ÉTICO EN LA
ADMINISTRACIÓN.
Un
colectivo de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, reunidos en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza, hemos
constituido la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa. Su objetivo principal es "la defensa y promoción de los
valores, principios y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, con el fin de contribuir al correcto funcionamiento del Estado
social y democrático de Derecho y del Estado autonómico que definen la Constitución española
y el Estatuto de Autonomía de Aragón".
La
Asociación
pretende que la
Administración cumpla la misión que constitucionalmente le
corresponde: la defensa y satisfacción del interés general, el aseguramiento
del Estado de Derecho y la plena realización de los derechos y libertades de
los ciudadanos, contribuyendo a hacer cada día más eficientes nuestros
servicios públicos y, con ello, más sólido nuestro sistema democrático y más
fuerte la cohesión social sobre la que se sustenta.
¿Por
qué una Asociación de este tipo y por qué en este momento? Tras casi 30 años de
Constitución democrática en España y cerca de 25 años de Estatuto de Autonomía
en Aragón, el peso adquirido por la Administración de la Comunidad Autónoma
como prestadora de servicios esenciales para el bienestar de la población
aragonesa es innegable. Cerca de cuarenta mil servidores públicos trabajan en
sus diferentes Departamentos y Organismos, en las actividades más diversas. Sin
embargo, y pese a la importancia que su buen funcionamiento tiene para la
calidad de vida de todos los aragoneses, creemos que su situación y su futuro
no constituyen ni una prioridad política ni una cuestión de preocupación
ciudadana acorde con la incidencia que le corresponde en la vida colectiva y
particular de los aragoneses. Pensamos que en la Administración
autonómica no se han interiorizado suficientemente los principios
constitucionales que han de presidir todo ejercicio de la acción pública, en
especial el de legalidad o sometimiento pleno a la ley a la derecho.
Con más frecuencia de la debida, las
instituciones públicas se apartan de los fines y de las reglas a las que
deberían ajustar su actividad. Prevenir y atajar este tipo de situaciones
constituye una especial responsabilidad de los funcionarios públicos.
Consideramos que ese “déficit constitucional” que presenta en la actualidad la Administración Pública
aragonesa ha de afrontarse con diversas medidas. Una de ellas, la que incumbe
al conjunto de los servidores públicos, es la de contribuir “desde dentro” a
que la Administración
sea la organización profesionalizada, madura, eficiente y respetuosa de las
garantías jurídicas que nuestro ordenamiento constitucional exige.
Los servidores públicos debemos promover e
impulsar, con nuestro trabajo y actitud, todas aquellas medidas de mejora que
permitan configurar una Administración valorada y respetada por el conjunto de
los ciudadanos, receptiva a sus demandas, cuidadosa y exquisita con sus
derechos. La
Administración es una organización de la que se dota una
sociedad para atender, de forma objetiva, eficaz y eficiente, bajo la dirección
política del Gobierno, los intereses generales. Debería ser un elemento
primario y básico de una ética pública compartida por responsables políticos y
servidores públicos que la
Administración se ajuste al modelo que las normas establecen
y que los ciudadanos demandan.
Ese
cambio de actitud que propugna la
Asociación, con una permanente defensa de la legalidad y del
respeto a los derechos de los ciudadanos, es lo que denominamos "giro
ético". Se trata simplemente de que ser y deber ser se vayan aproximando
cada día más, en lugar de distanciarse. Pretendemos, en suma, que la Administración sea
una organización que se considere y se reconozca al servicio de los ciudadanos
y de la democracia.
Julio
Guiral Pelegrín, Manuel Diaz Muiña y Félix Gracia Romero, funcionarios y
promotores de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa".
