LA ASOCIACIÓN CUMPLE SIETE AÑOS.

“Ayer tarde, según el calendario previsto, se celebró, en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza, la asamblea constitutiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”. Esto se decía en este blog en una nota fechada el 15 de febrero de 2007. Hoy, por lo tanto, se cumplen siete años de la constitución de esta Asociación, de su asamblea fundacional. En aquellas fechas, había una particular expectación por lo que podría representar una asociación profesional que, en sus fines estatutarios, acertó a sintetizar un importante decálogo capaz de aglutinar a un amplio conjunto de servidores públicos.

Nos encontrábamos a tres meses de las elecciones autonómicas y nos habíamos propuesto impulsar un “giro ético” en la función pública, para devolver su primacía a principios tan esenciales como los de legalidad, profesionalidad o ética pública. La función pública estaba claramente devaluada y desde el Gobierno de Aragón se apostaba de forma abierta por un sector público empresarial que permitiera desembarazarse progresivamente de los funcionarios. Las Ofertas de Empleo Público o no se aprobaban o contenían un número ridículo de plazas, condenando a colectivos cada vez mayores a unas condiciones de provisionalidad que debilitaban progresivamente la capacidad de resistencia frente a la arbitrariedad política. La corrupción pública que intuíamos en aquellos años es la que ahora empieza a aflorar y ocupar páginas de prensa y horas de arduo trabajo de fiscales y jueces.

La trayectoria recorrida por esta Asociación en estos años –pese a la notoriedad que ha podido concedernos en las últimas semanas el proceso de ejecución de las sentencias que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, con el agrio debate mantenido ayer en las Cortes de Aragón para la convalidación del Decreto-ley 1/2014 aprobado por el Gobierno de Aragón- se ha concretado en un conjunto de peticiones, propuestas y denuncias, a través de las cuales reivindicar un papel protagonista de los servidores públicos en la defensa del Estado de Derecho y en la promoción de los valores constitucionales de la función pública.

Los planteamientos de esta Asociación indefectiblemente han chocado con los Gobiernos de cada momento –nos hemos acostumbrado a ver cómo nuestras tesis son valoradas por los grupos políticos cuando se hallan en la oposición, y como son ignoradas cuando esos grupos pasan a responsabilidades de gobierno, y viceversa- y han servido para poner de manifiesto un buen número de insuficiencias en el funcionamiento institucional de nuestro Estado autonómico.

No podemos olvidar que, al margen de las sentencias obtenidas en materia de oferta de empleo público, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, obtuvimos un enorme espaldarazo del Tribunal Constitucional frente a la Mesa de las Cortes de Aragón, cuando ésta, de forma incomprensible, archivó dos de nuestros escritos de petición alegando nuestra falta de legitimación para dirigirnos al Parlamento y la ingerencia en la actividad parlamentaria que representaban nuestras peticiones. El Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo interpuesto contra los acuerdos de la Mesa y declaró vulnerado el derecho fundamental de petición ejercido, reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 29 de la Constitución Española. Gracias a dicha sentencia del Tribunal Constitucional, nada impide que los ciudadanos puedan instar de las Cortes de Aragón, por ejemplo, la constitución de una comisión de investigación, como pudimos hacer meses atrás, aunque sin éxito, con motivo de las graves irregularidades afloradas en la ejecución del proyecto de plataforma logística PLAZA.

Es difícil sintetizar el trabajo desarrollado a lo largo de siete años de actividad constante. Creemos que la existencia de nuestra Asociación ha supuesto un elemento de control por parte de la la sociedad civil en materia de función pública, cuya incidencia en su necesaria regeneración y en la promoción del buen gobierno y de la buena administración ha sido menor de lo deseado, si bien el compromiso con los valores constitucionales constituye una actitud que debe mantenerse, más allá del éxito o fracaso de las iniciativas promovidas.

Tras los siete años transcurridos desde la fundación de esta Asociación, tal vez baste constatar que seguimos defendiendo los mismos principios y objetivos que nos propusimos desde el primer día, y que nuestro ámbito de actuación ha trascendido el marco estricto de la Administración de la Comunidad Autónoma y también nuestras iniciativas se han dirigido no solo a las instituciones aragonesas sino también a las del resto de las Comunidades Autónomas y a las del Estado. Este año iniciaremos, si nos siguen acompañando las fuerzas, una campaña ante las instituciones europeas para impulsar actuaciones referidas a la prevención y sanción de la corrupción pública en el conjunto de los Estados de la Unión Europea. Este compromiso queremos que se incluya en los programas electorales de todas las candidaturas al Parlamento Europeo.

En este aniversario queremos agradecer a todos los socios el apoyo brindado a lo largo de estos siete años, lo que ha hecho posible la existencia de esta Asociación, y también a todos aquellos que, desde los más diferentes ámbitos de la sociedad y de las instituciones, han prestado atención al mensaje y a los objetivos planteados en nuestras propuestas e iniciativas. También a quienes nos han hecho rectificar y aprender a ver las cosas de un modo distinto al que creíamos inicialmente correcto. De poco serviría el paso del tiempo si no nos permitiese aprender de nuestros errores y rectificar planteamientos, libres de todo dogmatismo pero también de todo pragmatismo