EL VALOR DE LAS INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES PARA LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA.

Las decisiones colectivas pasan ineludiblemente por las instituciones democráticas de las que nos hemos dotado para nuestro autogobierno. En momentos de dificultad y descrédito como los que vivimos – donde el nivel de corrupción de nuestra vida política y económica debe preocuparnos seriamente, pero no hasta el punto de pensar que es un mal insuperable-,  es cuando más necesario resulta saber distinguir lo sustantivo de lo circunstancial. No podemos prescindir de la democracia parlamentaria ni negar el papel central de los partidos políticos en el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno. Tampoco podemos renegar de los principios de respeto y solidaridad sobre los que se asienta nuestro modelo de sociedad. Democracia política y dignidad humana –con el aseguramiento de condiciones dignas de vida para todos- es un binomio que debemos reforzar en lugar de debilitar o cuestionar. No se avanzará hacia mayores cotas de dignidad apartándonos de los valores y mecanismos propios de la democracia constitucional.

No es admisible, salvo en un ejercicio supremo de irresponsabilidad, denostar la función que corresponde jugar a nuestras instituciones políticas, como son el Gobierno, el Parlamento o la Corona. Al margen de evidentes errores y de discrepancias más o menos señaladas, debemos concluir que la democracia, como dijera el italiano Giorgio Gaber, es el sistema más democrático de los que existen, y por lo tanto el más apreciable y válido para organizar nuestra vida colectiva. Más allá de la voluntad de cambio y regeneración que todos alentamos, nuestra Constitución y las instituciones que en ella se configuran son la principal garantía de convivencia presente y futura y contienen en sí mismas las alternativas o remedios –la solución- a todas las disfunciones que hoy aquejan a nuestro país.

Los valores y normas constitucionales representan el principal acuerdo al que podemos apelar como sociedad política –como nación- y no como mero o simple agregado de individuos, un acuerdo que nos obliga y ampara a todos los ciudadanos y cuyo contenido hemos de respetar y exigir –defender- al mismo tiempo.

Cuando esta Asociación denuncia la vulneración de derechos fundamentales está reclamando la importancia de respetar el principal contenido de nuestra Constitución, defendiendo así nuestra norma fundamental como programa y marco válido para el buen gobierno y la buena administración, para el establecimiento –aunque lo sea siempre de manera precaria e inestable- de una sociedad decente y civilizada, en la que se aseguren los derechos de los ciudadanos y de las demás personas que viven en España, aunque no cuenten con la ciudadanía española.

Esta Asociación lleva años dirigiéndose a todo tipo de instituciones públicas –Cortes Generales, Gobiernos, Parlamentos autonómicos, Defensor del Pueblo, Justicia de Aragón y demás Defensores autonómicos, Ministerio Fiscal, Tribunales, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas, etc-, demandando de todas ellas medidas en defensa de la misión constitucional que corresponde desempeñar a la función pública en el servicio objetivo del interés general. Pese a importantes logros, la mayor parte de nuestras propuestas han carecido del eco esperado y han decaído, al ser rechazadas o quedar sin respuesta-, pero ello no nos hace concluir ni que nuestro esfuerzo haya sido inútil –no nos hace desistir de nuevos intentos- ni que dichas instituciones sean prescindibles o abiertamente censurables.

Las tensiones presentes en toda decisión pública son muchas, y lo que no podemos permitir es que entre ellas no esté presente la presión de la ciudadanía comprometida con los principios de la legalidad y la defensa del interés general. Los servidores públicos, como ciudadanos especialmente comprometidos con la legalidad y el Estado de Derecho y con el papel cohesionador de los servicios públicos, hemos de ser un factor permanente de exigencia y de resistencia, de impulso y desarrollo de todas las potencialidades que encierra nuestro modelo constitucional para hacer realidad –en el mayor grado posible- los valores de la libertad, la justicia y la igualdad. Y en esa tarea han de estar comprometidos los diferentes poderes y órganos constitucionales, a cuyo servicio nos encontramos.