ESCRITOS DIRIGIDOS A LOS CONSEJEROS DE EDUCACIÓN DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: NECESIDAD DE OFERTA DOCENTE.

A lo largo de la presente semana, desde la Asociación nos hemos dirigido al conjunto de los responsables de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas para insistirles en la necesidad de aprobar Oferta de Empleo Público para personal docente no universitario en 2014, y realizar los procesos selectivos de manera coordinada en el conjunto del Estado, dando con ello cumplimiento a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y, en su caso, dentro de los márgenes autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Sorprende la actitud de ciertos responsables –como fue el caso de la Consejera del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, en un momento inicial-, capaces de sostener la inoportunidad de convocar procesos selectivos dado el reducido número de plazas que resulta de la aplicación de las tasas de reposición establecidas. ¿Cómo es posible que las tasas de reposición no solo no se ajusten a las necesidades reales de personal ni respeten lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que además sirvan de coartada final para no aprobar Oferta de Empleo Público? Hay quien confunde la calidad de un derecho con la cantidad de las plazas que permitan ejercerlo. Nada autoriza a privar del disfrute del derecho a un conjunto de ciudadanos por la apreciación subjetiva sobre el volumen de plazas que corresponde ofertar.

Un Gobierno no está más o menos obligado a aprobar una Oferta y desarrollar un proceso selectivo según el número de plazas que corresponda ofertar. No estamos ante una cuestión de número, sino de calidad. La lesión del derecho fundamental es la misma en cualquier caso, pues no se califica en función del número de personas afectadas sino en función del cumplimiento o no de las obligaciones legales que corresponden al Gobierno.

Ese sencillo mensaje es el que pretendemos trasladar al conjunto de responsables de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, con independencia de que sigamos trabajando para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas abandone el antijurídico sistema de las tasas de reposición de efectivos, por el que se lleva a cabo el vaciamiento del régimen de acceso establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público y el menoscabo del contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido al Consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León:

“Excmo. Sr. Consejero

Consejería de Educación

Av. Monasterio de Nuestra Señora del Prado, s/n.

47014- Valladolid

Zaragoza, 13 de febrero de 2014.

Estimado señor:

Como presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, dedicada a la promoción y defensa de los principios constitucionales que ordenan la función pública, como son los de legalidad, profesionalidad y ética pública, deseo expresarle nuestra preocupación por el respeto del derecho de acceso a la función pública en el conjunto de nuestras Administraciones Públicas y solicitarle la adopción de las medidas necesarias para asegurar su pleno ejercicio en el ámbito de la Administración educativa de esa Comunidad Autónoma.

Constitución Española ha venido a configurar, en su artículo 23.2, el derecho de acceso a la función pública como un derecho fundamental, cuya realización debe ser garantizada por el conjunto de los poderes públicos, a través de la aprobación de la Oferta anual de empleo público y del desarrollo de los correspondientes procesos selectivos, en los términos establecidos, con carácter vinculante para el conjunto de las Administraciones, en el Estatuto Básico del Empleado Público y en las normas especiales que le sirven de desarrollo en cada ámbito de la Administración Pública. En dicha Oferta, de acuerdo con lo señalado en la Sentencia de 29 de octubre de 2010 del Tribunal Supremo, han de incluirse la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se decida su amortización. La no aprobación de la Oferta de Empleo Público o la no inclusión de las plazas que señala el Estatuto Básico del Empleado Público ha de considerarse, a la vista de lo señalado por el Tribunal Supremo, como una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública del que son titulares los ciudadanos.

Las altas tasas de interinidad que se registran en la actualidad en la práctica totalidad de las Administraciones Públicas son la prueba más evidente del elevado grado de incumplimiento del régimen de selección de personal, que se concreta tanto en la vulneración del derecho de acceso de los ciudadanos como en el deterioro progresivo de la función pública, ya que la falta de estabilidad del personal repercute negativamente en todos los ámbitos de ordenación del sistema de empleo público, al estar éste diseñado a partir del principio de fijeza o inamovilidad propio del funcionario de carrera. Es igualmente constatable que las condiciones de precariedad en el empleo son un factor que incide de manera negativa en la calidad de los servicios públicos y en el desempeño de las funciones propias del personal funcionario.

Dado que el derecho fundamental de acceso a la función pública se reconoce por la Constitución a todos los ciudadanos y vincula a todas las Administraciones Públicas, desde esta Asociación hemos querido dirigirnos a todos los responsables de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas, para recordarles la obligatoriedad de aprobar la correspondiente Oferta de Empleo Público, en el marco del ordenamiento jurídico que regula el régimen de selección del personal docente. Entendemos que todos los responsables políticos de las Administraciones educativas de las respectivas Comunidades Autónomas debieran asegurar de manera coordinada el correcto funcionamiento de dicho sistema de selección, sin olvidar no obstante el derecho que asiste a cualquier ciudadano a acceder a los puestos de trabajo de cualquier Administración Pública, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Corresponde al Gobierno de esa Comunidad Autónoma la aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2014, en los términos que marca el Estatuto Básico del Empleado Público o, en su caso, en las condiciones autorizadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, a pesar de que esta Asociación considera que las tasas de reposición previstas en esta Ley lesionan indebidamente el contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública.

Por todo ello, y en ejercicio del derecho fundamental de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que impulse la aprobación de oferta de personal docente no universitario correspondiente a 2014 en el ámbito de esa Comunidad Autónoma, asumiendo un claro compromiso para garantizar la efectividad del derecho de acceso a la función pública y corregir las tasas de interinidad existentes en la Administración educativa.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”