Concluye
el paréntesis estival, y la llegada del mes de septiembre marcará, en breve, el
comienzo de un nuevo curso académico y político. Hemos alcanzado el ecuador de
la presente legislatura, lo que sin duda nos permite tener ya una idea aproximada
del balance y las perspectivas de la labor del actual equipo de gobierno en la Comunidad Autónoma.
Las expectativas que pudiéramos albergar sobre medidas de regeneración de la
vida pública han quedado defraudadas y servidores públicos y sociedad civil
debemos impulsar, con absoluta determinación, todas las exigencias necesarias
de cambio, para suplir la falta de iniciativa política.
El
nuevo curso que dará comienzo el próximo mes de septiembre es un año importante
para esta Asociación, pues son numerosos los temas que se acordaron en la
pasada asamblea general para ser impulsados en estos próximos meses.
La
restauración del derecho de acceso a la función pública –tras las resoluciones
judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obligan al Gobierno
de Aragón a ejecutar las sentencias firmes en materia de Oferta de Empleo Público-
va a ser una de las cuestiones centrales en este nuevo curso, y esta Asociación
está empeñada en abrir una nueva línea de debate sobre la idoneidad y la
constitucionalidad de las “tasas de reposición de efectivos” que incluyen todos
los años, desde 1995, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, limitando indebidamente el pleno ejercicio del derecho de acceso a la
función pública.
Desconocemos
el futuro que pueda aguardar al borrador de Anteproyecto de Ley de Función Pública
de Aragón, elaborado por la Dirección
General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, cuyo contenido nos parece
claramente insatisfactorio, resultando difícil obtener los acuerdos y consensos
necesarios para sacar adelante un texto como el actualmente disponible. Con
independencia de ello, desde nuestra Asociación vamos a seguir demandando el
respeto a la legalidad en materia de función pública a los distintos órganos de
la Administración
de la Comunidad Autónoma
y a las entidades locales aragonesas, y vamos a tratar de poner freno al actual
abuso de la libre designación como fórmula de provisión de puestos de trabajo,
tratando de eliminarla en aquellos ámbitos en que se ejercen tareas de control
y fiscalización, como son la Intervención
General o la Inspección
General de Servicios.
A
lo largo del nuevo curso impulsaremos, en los diferentes niveles de
responsabilidad pública –autonómica, estatal y europea- iniciativas a favor del
compromiso ético de los servidores públicos, propugnando el desarrollo y la
implantación de mecanismos de prevención y sanción de la corrupción pública
como los previstos por la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003,
ratificada por España en 2006.
Buscaremos,
en los próximos meses, la convergencia con otras asociaciones de funcionarios o
de la sociedad civil para llevar a cabo medidas que devuelvan a la función pública
el papel fundamental que le corresponde en un Estado de Derecho y que
expresamente le encomienda la
Constitución Española.
