MANTENER LA CONFIANZA CIUDADANA: RAZÓN SUFICIENTE PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE PLAZA.

Las instituciones públicas de una democracia deben ser conscientes de que sus poderes y legitimidad proceden exclusivamente de la voluntad y la confianza de los ciudadanos, y que a dicha voluntad y confianza se deben, tanto en el ejercicio de sus funciones como en la necesaria rendición de cuentas de la labor desarrollada. Dicha idea queda claramente afirmada en el artículo 1 de la Constitución Española, al señalarse que todos los poderes del Estado –es decir, legislativo, ejecutivo y judicial- emanan del pueblo español, esto es, de todos los ciudadanos.

La voluntad política de los ciudadanos sigue expresándose –de manera fundamental- a través de las elecciones, de las cuales surgen los Parlamentos, y luego éstos a través de la confianza parlamentaria permiten la formación de gobiernos legítimos, resultado de la voluntad ciudadana. Esta es la lógica democrática propia de nuestras instituciones y éstas son las primeras que han de actuar coherentemente con tales postulados.

Difícilmente cabe admitir que una fuerza política parlamentaria, ante una gravísima irregularidad en un área de la acción política de un gobierno, como puede ser la plataforma logística PLA-ZA, se limite a decir que es preciso dejar actuar a la Justicia, sin interferir en su trabajo.

La malversación de fondos públicos que haya podido producirse en la actividad de dicha empresa pública puede ser constitutiva de delito y eso es lo que deberán esclarecer y sancionar, en su caso, los Tribunales. Pero la relación de confianza de los ciudadanos con las instituciones y sus titulares, a través de elecciones democráticas, no está depositada en los Tribunales, sino directamente en los Parlamentos e, indirectamente, en los Gobiernos, de modo que toda actuación contraria al interés general que, en sí misma, pueda ser constitutiva de un abuso de confianza o quiebra de la confianza otorgada por los ciudadanos a las instituciones políticas, requerirá una rápida y clara respuesta por parte de éstas, destinada a preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones representativas.

La rendición de cuentas de las instituciones ante los ciudadanos, en supuestos que pueden colocar bajo sospecha ciertas áreas de la gestión pública, ha de realizarse de forma directa, sin la mediación de los tribunales, a los que incumbe el simple control de legalidad de la actuación pública. Los poderes públicos han de actuar lógicamente con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, pero la confianza de los ciudadanos en las instituciones no se circunscribe a criterios de legalidad, y mucho menos de legalidad penal. La absolución por falta de pruebas no es suficiente para preservar la relación de confianza de los ciudadanos y eso, lamentablemente, parecen haberlo olvidado los titulares de muchas instituciones públicas. Resultado de ello es la creciente crisis de confianza de los ciudadanos en la clase política, a la que no se ve preocupada por rendir cuentas a los verdaderos titulares de los poderes de un Estado democrático, como son los ciudadanos, y no los partidos políticos, mero cauce de expresión de éstos.

Por estas sencillas razones de filosofía democrática, esta Asociación ha considerado necesario que las Cortes de Aragón creen una comisión de investigación sobre el funcionamiento de la empresa pública "Plataforma Logística de Zaragoza. PLAZA S. A.", destinada no a juzgar las responsabilidades jurídicas o penales de sus gestores o de sus directivos –función que corresponde en exclusiva a los tribunales-, sino a demostrar que la primera preocupación de las instituciones políticas es preservar la confianza de los ciudadanos, como elemento esencial de toda democracia, y ello requiere una preocupación máxima por esclarecer cualquier gestión que haya podido comprometer gravemente el interés general.

Quien no preserve la confianza ciudadana, que es causa de la legitimidad de origen de su función institucional, estará provocando la quiebra o pérdida de tal confianza, viéndose con ello privado de legitimidad de ejercicio, pues la confianza obtenida hay que mantenerla y, a ser posible, acrecentarla en el desempeño de las funciones públicas, lo que requiere, como en el presente caso, demostrar la voluntad de investigar, esclarecer y explicar a los ciudadanos lo que ha sucedido en PLAZA y las responsabilidades políticas en que se ha incurrido, por acción u omisión, para que tal abuso de confianza haya podido producirse.

La responsabilidad penal puede existir o no, pero lo que no puede haber es falta de responsabilidad política, pues ello supondría falta de dirección política en un área de la acción pública, lo que por sí solo supondría una actuación negligente constitutiva de responsabilidad política, al no haber velado adecuadamente por el interés general.