Las
recientes actuaciones de la Fiscalía
Anticorrupción por la posible malversación de caudales públicos
en el proyecto de la plataforma logística de Zaragoza –durante los años del
anterior Gobierno de coalición PSOE-PAR-, hechos sobre los cuales demasiados ámbitos
políticos, económicos y sociales de nuestra Comunidad Autónoma guardan riguroso
silencio –un silencio que hace sospechar la enorme gravedad y trascendencia del
caso- nos obligan a incidir en el origen de la denuncia de los hechos, que ha
permitido la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.
Nos
encontramos ante un supuesto de whistleblowing o de denunciantes internos, pues
según la información publicada en la prensa, fueron dos trabajadores –de la
propia empresa pública “PLAZA, S.A.” y de la UTE “Acciona-MLN”- los que pusieron en
conocimiento de la Fiscalía
las graves irregularidades producidas en la ejecución de uno de los proyectos
de mayor significación económica llevados a cabo en Aragón en el presente
siglo. No fue ningún órgano de control, interno o externo de la administración,
ni ningún directivo de las numerosas empresas instaladas en la plataforma,
quien denunció las prácticas irregulares de la plataforma. Fueron dos
trabajadores, cuya motivación desconocemos, pero cuya acción, sin duda, va a
servir para liquidar la “cultura de impunidad” que ha imperado en la gestión pública
aragonesa durante muchos años.
Como
se indica en wikipedia, “un alertador
—término cuyo uso no está extendido—, (en inglés whistleblower, persona que hace sonar un silbato o pito), es
alguien que da a conocer el comportamiento erróneo que existe dentro de una organización
o conjunto de personas. Generalmente, la persona pertenece a esa misma
organización. La revelación de esta conducta puede ser de varios tipos: la
violación de una ley, regla o regulación que puede ser una amenaza al interés
público, como un fraude contra leyes de salud o seguridad y/o sobre corrupción
política. Los whistleblowers, pueden hacer sus alegaciones internamente,
con otras personas en la organización o externamente a reguladores, agencias, grupos
mediáticos o grupos que tengan relación con el tema. Frecuentemente se ven
obligados a afrontar represalias de las manos de la organización o grupo
acusado o de organizaciones indirectamente relacionadas”.
El
whistleblowing, como instrumento de prevención de la corrupción o
funcionamiento indebido de las organizaciones –tanto públicas como privadas- requeriría
que las mismas se dotasen de mecanismos para que las personas que trabajan en
ellas puedan alertar sobre aquellas irregularidades detectadas, de manera que
las propias organizaciones, comprometidas con sus códigos éticos de buen
gobierno, pudieran corregir las situaciones denunciadas, evitando actuaciones
ilícitas de directivos de la propia organización.
Este
sistema, implantado en las Administraciones Públicas anglosajonas, es el que se
propugna por la Convención
de Naciones Unidas contra la
Corrupción de 2003, cuyo artículo 8.4 señala: “Cada Estado
Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de
su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para
facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las
autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de
sus funciones”.
La
verdadera voluntad de una organización de luchar contra la corrupción –sea un
partido político, una empresa o una administración pública- está precisamente
en dotar de capacidad a cada uno de sus miembros para que, con plenas garantías,
pueda poner en conocimiento del órgano determinado –interno o externo- aquellas
irregularidades graves contrarias al interés general que detecte en el
ejercicio de su actividad.
Esta
Asociación, en los primeros meses de este año, se dirigió a las Cortes
Generales y al Gobierno de España, en ejercicio del derecho de petición, para
solicitar el desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico de la previsión de la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción,
sin que ninguna de dichas instituciones, hasta la fecha, se haya comprometido a
impulsar medidas en tal sentido. Los hechos recientes de PLAZA vienen, sin
embargo, a avalar la importancia de que la lucha contra la corrupción se asuma
por el personal de las organizaciones públicas y privadas, con un régimen de garantías que impida futuras represalias.
10 comentarios:
La Fiscalía Anticorrupción considera que los documentos incautados evidencian la presunta veracidad de la denuncia presentada en su oficina por presunta malversación y blanqueo de capitales.
La investigación se dirige a conocer si la UTE pudo hinchar algunas de las facturas de obra sobredimensionando el volumen de varios de los trabajos realizados.
El inicio de la prueba testifical convocada coincidirá con el comienzo de un Consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo en el que se prevé dar instrucciones al consejo de administración de Plaza para que la sociedad pública se persone en la causa penal abierta por presunta malversación.
Un día después, el viernes próximo, se reunirá el consejo de administración de Plaza, en el que el Gobierno aragonés ostenta la mayoría, para acordar personarse en la causa.
Por otra parte, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha puesto de relevancia este martes el presunto caso de corrupción detectado en Plaza no fue detectado por ningún órgano de control "interno o externo" de la administración sino de dos trabajadores, uno de la plataforma logística y otro de Acciona.
A su juicio, esto avala "la importancia de que la lucha contra la corrupción se asuma por el personal de las organizaciones públicas y privadas, haciéndose preciso un régimen de garantías que impida futuras represalias".
Heraldo de Aragón.
M. VALLÉS / AGENCIAS 28/08/2013
El caso Plaza centrará buena parte de la actualidad política en este nuevo curso, que comenzará mañana con la celebración del Consejo de Gobierno en el que precisamente se fijará la posición del Ejecutivo. La propuesta del presidente de la sociedad y consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, pasará por la personación en la causa y por apartar al directivo detenido, Miguel Ángel Pérez, de sus responsabilidades en la empresa pública.
La presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, se incorporó a su despacho este lunes después de sus vacaciones. Desde entonces ha mantenido diversas reuniones para conocer los detalles del caso. Este jueves se terminará de perfilar. Pero parece claro que se optará por la personación en la causa penal y por apartar a Miguel Ángel Pérez. Desde el Ejecutivo reiteran su voluntad de que todo se esclarezca cuanto antes, por el daño que causa a la imagen de Plaza y porque los populares no quieren que se asocie a la comunidad con la corrupción.
Más dudas existen sobre la conveniencia o no de poner en marcha una comisión de investigación en las Cortes de Aragón. Todo dependerá de las negociaciones entre PP y PAR. Pero entienden los populares que no puede optarse por la transparencia en el Gobierno y vetar esta propuesta en el Parlamento. El PSOE tampoco lo tiene claro aún. Esta misma semana, el secretario general de los socialistas se reunirá con los consejeros que tienen en Plaza: Fernando Gimeno, Roberto Fernández y Jesús Sarría. La iniciativa de crear la comisión viene de IU y será debatida en la próxima Mesa y Junta de Portavoces.
FISCALÍA En el frente puramente judicial, la tensa colaboración que mantienen la Fiscalía Anticorrupción, que lanzó el operativo contra las presuntas irregularidades en Plaza, y el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que dirige la investigación, vivirá mañana un nuevo capítulo.
Según publicó Efe, el fiscal José Grinda, que viajó desde Madrid para liderar los diez registros, volverá a interrumpir sus vacaciones para asistir mañana al interrogatorio de los dos exgerentes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona y Mariano López Navarro, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón.
Los directivos, que actualmente trabajan en Brasil y Colombia, respectivamente, han sido citados por el titular del Juzgado de Instrucción 7 --que sustituye al del número 1, por vacaciones-- para mañana, pese a que Grinda había pedido que lo retrasasen para poder estar presente. Pero el juez no lo ha estimado oportuno, y en lugar de enviar a otro compañero, el fiscal ha optado por continuar él mismo con el caso.
No es el primer desencuentro que tiene con la Justicia de provincias, ya que tampoco los jueces que interrogaron a los tres detenidos --el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el director técnico, Miguel Ángel Pérez y el director de obra de la consultora Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld-- siguieron su criterio de enviarles a prisión preventiva.
Por otro lado, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa lamentó ayer a través de un comunicado la falta de regulación sobre lo que en inglés se conoce como whistleblowing (soplar el silbato), la denuncia de los trabajadores que en Europa está regulada desde el 2003 para casos de corrupción a través de organismos externos. En el caso de Plaza, según lamentó la asociación, tuvo que ser una denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado la que pusiese en marcha la operación.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
Que tiren de la manta y que se lleven por delante al que haya metido la mano porque hasta donde yo sé en esos años el viceconsejero era Escó, el consejero Velasco y el presidente Marcelino.
Comentario:
Que lo tienen fácil. ¿Qué empresas y empresillas tienen siempre trabajo y en tiempos malos que casi nadie tiene, ellos tienen para ir tirando. A la administración le han vendido siempre los mismos. Si tienes amigos, te comes algún rosco. Si no lo tienes, son migajas. Si se te ocurre insinuas algo, te borran de la lista de vendedores. Esto es de vergüenza. Aquí y en Canarias.
Comentario:
No hay huevos para meter mano a todo esto. Salta todo por los aires. Al tiempo. Ojalá me equivoque.
¿Tanto alcance tiene?
Interesante propuesta.
Creo recordar que la Diputación General de Aragón ya puso una denuncia hace algún tiempo y el Juzgado (¿el número 1?) la desestimó. Ha tenido que ser el fiscal de anticorrupción el que meta mano a este asunto. Me pregunto ¿por que no hizo nada el fiscal de Zaragoza en su día?
El actual gerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Jesús Andreu, fue una de la personas que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas prácticas corruptas y de malversación que se investigan en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).
Así lo ha explicado hoy el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde el ejecutivo ha tomado la decisión de personarse en la causa judicial abierta por supuesta malversación de cincuenta millones de euros, y de proponer mañana, en el Consejo de Administración de la sociedad, que ésta se persone también.
La operación se destapó el pasado 14 de agosto por parte la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que abrió diligencias para investigar las obras de urbanización llevadas a cabo en la plataforma logística entre 2002 y 2011 y en la que hay tres imputados.
Se trata del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, del director técnico de obra de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, y del director técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez.
Precisamente será mañana, en el Consejo de Administración, cuando se conozca la decisión que se toma respecto a éste último, de entre las alternativas que maneja el gobierno pero que Fernández de Alarcón no ha querido avanzar.
"Por supuesto que se tomará alguna medida", se ha limitado a decir en la rueda de prensa, donde ha asegurado que adoptar medidas respecto al director técnico es competencia del Consejo de Administración.
En su reunión de hoy, el gobierno ha aprobado dar órdenes a los consejeros que pertenecen al Consejo de Administración de Plaza para que mañana voten a favor de que la sociedad, de la que es propietario el ejecutivo en un 51 por ciento, se persone en la causa abierta en la Fiscalía Anticorrupción.
Fernández de Alarcón ha rehusado dar muchos datos acerca de la operación, escudándose en que está bajo secreto de sumario, y también ha rechazado decir quiénes son las otras personas que denunciaron ante la Fiscalía porque "no son de la competencia" del gobierno.
Ha añadido que el Gobierno de Aragón fue informado a finales del mes de mayo de la existencia de supuestas irregularidades en determinadas obras de Plaza en el periodo 2002-2011.
Los documentos e informes que así lo apuntaban fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y el ejecutivo decidió comprobar "técnicamente" alguno de estos hechos.
Los antecedes y parte de la documentación, según Fernández de Alarcón, revelaron la existencia de determinadas prácticas en Plaza que habrían supuesto "perjuicio económico severo y continuado" a la comunidad autónoma y a la sociedad.
El Gobierno de Aragón, ha dicho, dispone de "un montón" de informes que serán presentados "en el momento procesal oportuno".
El consejero ha concluido que las auditorías técnicas que se han hecho hasta ahora sobre la actividad de Plaza deberán de ser completadas con auditorías físicas, pero no ha concretado nada más.
Finalmente, Fernández de Alarcón ha calificado los hechos de "lamentables" y, en este sentido, ha asegurado que él trabaja para cumplir su deber de "defender el patrimonio de los aragoneses". "No quiero hacer ninguna otra consideración", ha concluido.
La instrucción sobre el caso de presunta corrupción en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza alcanza hoy una de sus jornadas destacadas con la comparecencia de los dos exgerentes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Mariano López Navarro, encargada de los trabajos que están siendo investigados. José María Jordán y Miguel Ángel Bretón han llegado desde Brasil y Colombia, donde trabajan actualmente para Acciona, tras la citación del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, y el fiscal anticorrupción José Grinda, que lideró la operación de registros y detenciones en Zaragoza, ha interrumpido sus vacaciones para estar presente en sus interrogatorios.
La fecha de las comparecencias había despertado polémica, ya que según unas presuntas filtraciones de Anticorrupción la Fiscalía la habría impugnado, para retrasarlas hasta que Grinda estuviese trabajando. Pero ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se encargó de desmentir estas informaciones, al asegurar que el juzgado no había recibido ninguna notificación ni petición de cambio de fecha.
Así pues, los dos exgerentes de la UTE detallarán ante el juez y el fiscal su papel al frente de la empresa durante la época de las presuntas irregularidades, prácticamente toda la pasada década, en la que Anticorrupción considera que, a base de movimientos de tierras ficticios y certificaciones falsas de obras, se llegaron a acumular unos sobrecostes de 50 millones de euros en la urbanización del polígono industrial.
Por estas presuntas desviaciones fueron arrestados --y puestos en libertad con cargos-- el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez y el jefe de obra de la consultora Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld. También fueron registradas diez sedes empresariales y domicilios particulares en Zaragoza, donde se incautó abundante documentación que actualmente está siendo desprecintada e inventariada en el juzgado, por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (UDEF) de Madrid.
La fecha importante en lo judicial coincide además con el inicio oficial del curso político, con un Consejo de Gobierno en el que el Ejecutivo aragonés fijará su postura oficial respecto al tema de Plaza. Todo hace indicar que el Gobierno se personará en la causa penal y apartará a Pérez de sus responsabilidades actuales. Todo ello antes de que, mañana, el consejero de Obras Públicas y presidente de Plaza, Rafael Fernández de Alarcón, presida el consejo de administración de la sociedad, con un orden del día similar.
EL PERIODICO DE ARAGON.
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