LA OBLIGACIÓN DE UN CONSEJERO DE URBANISMO .

Zaragoza, 1 de abril de 2009.

Hace pocos días el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Alfonso Vicente, afirmaba que su Departamento no iba a llevar a cabo ninguna investigación sobre el funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, pues ya estaba investigando la Justicia.

El sentido común, sin embargo, aconseja justamente lo contrario. La forma de funcionar de esas Comisiones no ha permitido evitar ni la “desordenación del territorio” ni tampoco la corrupción urbanística, y ya que nadie se plantea cambiar el nombre a las Comisiones, debiéramos revisar al menos su composición y sus reglas de funcionamiento.

El Consejero competente en la materia no puede inhibirse. Legalmente es el responsable del buen funcionamiento de los servicios de su Departamento, salvo que creamos ingenuamente que todo aquello que no acabe en sentencia judicial condenatoria ha de presumirse que funciona bien.

El hecho de que la principal detenida a causa de la investigación judicial realizada fuese miembro de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza y, además, alcaldesa de uno de los municipios que mayor expansión urbanística ha experimentado, obliga a formular al menos dos preguntas:

- ¿qué razones o méritos llevaron a los responsables de la Diputación Provincial de Zaragoza a designar a la alcaldesa de La Muela como representante de dicha Diputación en la Comisión Provincial?

- ¿cómo es posible que las normas de dicha Comisión no eviten que pueda formar parte de la misma alguien con intereses tan directos y evidentes en los instrumentos urbanísticos que han de aprobarse en la Comisión?

El Consejero responsable en materia de urbanismo ni siquiera ha desmentido las informaciones difundidas respecto a la asistencia de la alcaldesa de La Muela a las reuniones de dicha Comisión, limitada a las sesiones en que se analizaban proyectos de su municipio. ¿Es esto posible? , ¿es posible que los miembros de un órgano administrativo no respeten las causas de abstención que establece la Ley de Procedimiento Administrativo?, ¿se toleró la vulneración del deber de abstención por quien ostenta la presidencia de la Comisión? Todas esas dudas corresponde despejarlas al Consejero titular del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y no al Juez que interviene por la trama de corrupción urbanística en La Muela.

Estamos convencidos de que los errores han de servir para aprender y no para eludir responsabilidades u ocultar disfunciones administrativas, y esta Asociación desea abrir una reflexión sobre la oportunidad de modificar la composición de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.

Surgen algunas preguntas: ¿Sabemos quién forma parte de las mismas? ¿Sabemos con qué criterios se les designa? ¿Sabemos qué facultades administrativas ejercen? ¿Sabemos qué garantías y controles funcionan respecto a las decisiones adoptadas?

El debate para responder a estas preguntas, consideramos debe realizarse en el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, pero también en el conjunto del Gobierno de Aragón y de la sociedad aragonesa.

Es preciso deslindar de forma adecuada las funciones de participación y de decisión administrativa, evitando la formación de órganos cuya composición, como ha quedado demostrado, permite la incorporación de vocales que no sólo tienen intereses directos en los asuntos que se deciden sino que su actuación parece quedar al margen de todo parámetro de objetividad y transparencia.

La participación nada tiene que ver con la apropiación del interés general en beneficio propio. Y de ello tan responsable es quien lo hace como quien lo permite.

PETICIÓN AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, MARCELINO IGLESIAS.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009.

Tal y como anunciábamos en días pasados, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy al Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitarle que promueva la creación de una Comisión Parlamentaria dedicada al estudio de las medidas necesarias para regenerar la vida pública aragonesa.

El liderazgo político de la Comunidad Autónoma que corresponde al Presidente Marcelino Iglesias aconseja que sea él quien impulse dicha iniciativa, sin perjuicio de que el ámbito parlamentario, por su pluralismo y representatividad, se considere el entorno idóneo para debatir las medidas necesarias para reforzar el comportamiento ético de las instituciones.

Para un buen funcionamiento de las instituciones no basta la ética de las personas, sino que es necesario que el diseño y funcionamiento de las instituciones en las que se integran las personas se ajuste a las exigencias de legalidad, transparencia, ética y control, algo en lo que nuestra Comunidad Autónoma se halla manifiestamente por debajo de los estándares establecidos en la Administración General del Estado. Como ejemplo de ello, puede citarse el deficiente régimen de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma o la falta de puesta en funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Aragón, creada por Ley en 2001.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro de la petición formulada al Presidente de la Comunidad Autónoma:


“Zaragoza, 31 de marzo de 2009.

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
50071-ZARAGOZA

Estimado Señor:

En fechas recientes, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón una petición, al amparo del Reglamento de las Cortes de Aragón, solicitando a dicho órgano parlamentario la creación de una Comisión especial de estudio, destinada a la elaboración de unos principios de conducta ética exigibles en el conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, con los que garantizar y controlar que el ejercicio de todos los cargos públicos se realice conforme a las exigencias de buen gobierno y buena administración, asegurando el servicio objetivo al interés general y reforzando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Consideramos que las Cortes de Aragón, al ser la institución que representa a todos los aragoneses, constituyen el ámbito más adecuado para un debate abierto y sereno sobre las medidas necesarias para regenerar la vida pública aragonesa y evitar que los principios de legalidad y de servicio público puedan ceder ante intereses personales, lícitos o ilícitos, menoscabando con ello el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y defraudando las expectativas depositadas por los ciudadanos en los responsables de las diferentes instituciones.

En atención a su condición de Presidente de la Comunidad Autónoma, y como representante máximo de la misma, entendemos que le corresponde impulsar dicha iniciativa a favor del mejor funcionamiento institucional, por lo que, con el máximo respeto y con la plena confianza en que la Mesa de las Cortes de Aragón considerará positivamente la petición formulada, le solicitamos su apoyo expreso a la constitución de dicha Comisión, pues una decisión de dicha naturaleza contaría con el destacado antecedente de la Comisión Nolan, constituida en 1995 en el Reino Unido para la regeneración de la vida pública por iniciativa del entonces primer ministro John Mayor.

Agradeciéndole su atención, reciba nuestro más respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.

LA CORRUPCIÓN IRRUMPE EN LA AGENDA ARAGONESA

Zaragoza, 31 de marzo de 2009.

La investigación judicial abierta sobre la posible corrupción en el desarrollo urbanístico del municipio de La Muela, pese a la lamentable realidad que viene a poner de manifiesto, aporta indudables signos positivos para los ciudadanos, o al menos así lo consideramos desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

En primer lugar, la acción de la justicia, por la contundencia con la que ha irrumpido en el escenario aragonés, ha acabado de un plumazo con la cultura de la impunidad en la que parecía haberse instalado una parte de los responsables políticos y gestores públicos y privados de nuestra Comunidad Autónoma. No hace mucho tiempo, las denuncias por vulneración de la legalidad en materia de función pública, realizadas por miembros de esta Asociación ante la Comisión de Peticiones y de Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, eran calificadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en dicha Comisión como meras “opiniones”, señalando que las ilegalidades las declaran los jueces en sus sentencias. Hasta entonces, las denuncias de ilegalidad son meras “opiniones”. Creemos que, a partir de ahora, los responsables políticos deberán ser más receptivos a quienes alertamos a las instituciones de las quiebras de la legalidad, si realmente se sienten comprometidos con los principios del Estado de Derecho y la ética pública. Los que desoyen las alertas y sólo atienden a las sentencias de los Tribunales tendrán que afrontar la traumática sanción penal que no supieron o no quisieron evitar.

Este primer efecto de la actuación judicial a la que asistimos –la desaparición del sentimiento de impunidad de los políticos y gestores corruptos- es, sin duda, el más valioso de todos, pues ha de contribuir a restaurar en nuestra vida pública el respeto a las reglas, la honestidad, la transparencia y la responsabilidad. Resulta muy saludable y pedagógico –enormemente gratificante para los ciudadanos- que el Estado de Derecho, a través del Poder Judicial, sancione y retire de la acción política a quienes han incumplido su primer deber como cargos públicos, consistente en actuar con sujeción a las leyes , al derecho y al servicio del interés público.

Conviene recordar que la democracia es un sistema de autogobierno, donde los ciudadanos son gobernados por leyes –como expresión de la voluntad general- y no por personas –cuyas decisiones no se someten a reglas o límites-. En consecuencia, no resulta admisible que quien gobierne pretenda hacer prevalecer sus decisiones sobre las leyes que vienen a asegurar el interés general o garantizar los derechos de los ciudadanos. Ejemplos de esta actitud se han señalado muchos desde esta Asociación, sin resultado alguno en la mayor parte de los casos, pero la experiencia ahora vivida podría motivar algún cambio en esta actitud de nuestros responsables públicos.

En segundo lugar, la investigación judicial iniciada, al margen de las responsabilidades concretas que establezca por hechos delictivos que resulten probados, fuerza a todos a tomar posición ante una realidad –la corrupción, el abuso o el fraude cometido o consentido desde las instituciones- que ya no puede ser negada ni ignorada. Los responsables políticos no pueden mirar hacia otro lado o refugiarse en el mutismo, como si no quisiesen darse por enterados de que la corrupción es a ellos a quienes más afecta y que su responsabilidad pública les exige reaccionar de forma decidida frente a algo que deslegitima su función. Haber sido elegidos por los ciudadanos en modo alguno les faculta para actuar sin respeto a las leyes. La legitimad democrática del origen del poder, por el hecho de haber sido elegido por los ciudadanos, no basta. A dicha legitimidad de origen ha de añadirse la legitimidad de ejercicio, la cual sólo puede preservarse si el poder se ejerce respetando las exigencias del Estado de Derecho.

Gobernantes electos, al margen del apoyo recibido en las elecciónes, serán inhabilitados o encarcelados si ejercen el poder de forma ilícita y contraria a las leyes. No hay posibilidad de invocar el origen del poder –el respaldo electoral obtenido o renovado- como defensa frente a la ilegitimidad de su ejercicio –la corrupción, el abuso o el fraude en que incurra el gobernante electo-. Precisamente , el Estado de Derecho se dota de mecanismos que permiten retirar de la acción política a quienes burlan las reglas del juego, a quienes olvidan el sentido de las instituciones y pervierten su función.

La reacción del Estado de Derecho frente a las tramas corruptas del poder debe generar una innegable satisfacción en el conjunto de la ciudadanía. Cuando el sistema político, con sus mecanismos de control, es capaz de reaccionar con contundencia frente a corrupciones como la aflorada en Aragón, la única reacción posible es de orgullo y profunda satisfacción. El triunfo de la justicia sobre la corrupción es la afirmación de la dignidad de los ciudadanos frente a la ambición y codicia de quienes –desde el poder político o económico- desprecian reglas y límites y degradan con su comportamiento los mismos fundamentos de la sociedad democrática.

La justicia, al depurar el funcionamiento de las instituciones democráticas que han cedido a la tentación de la corrupción, devuelve a los ciudadanos el poder que ilegítimamente se les había usurpado por los corruptos. El poder de establecer las normas y el de exigir su respeto y cumplimiento. También el poder de sancionar a quienes las vulneren, en particular si lo hacen con abuso de la confianza otorgada por los propios ciudadanos. La corrupción ha de considerarse una traición a la democracia y debe ser sancionada por los jueces, para recordar que quien desee gobernar en democracia sólo lo puede hacer con plena sujeción al Estado de Derecho.

Por lo tanto, hechos como los sucedidos en Aragón nos obligan a todos a tomar conciencia de la situación y a actuar en consecuencia. Frente a la corrupción pública, sea política o administrativa, sólo cabe la condena. Inhibirse frente a ella es tolerarla y contribuir a su extensión o afianzamiento. La salud democrática de una sociedad exige combatir la corrupción de manera inequívoca. Precisamente, la sensación vivida en el seno de la Administración autonómica de creciente relajación frente al incumplimiento de las normas y el abuso de poder nos llevó a un grupo de funcionarios a crear la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, con el fin de promover el respeto a la legalidad y a la ética pública e impulsar medidas a favor del buen gobierno y la buena administración.

Nuestras denuncias o alarmas ante la situación fueron, con carácter general, ignoradas o desatendidas. O fueron tildadas de “opiniones”, señalándose que la ilegalidad la declaran los jueces. Lo que, probablemente, no entraba en los cálculos de quienes así reaccionaron a las advertencias de esta Asociación -algunas formuladas ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón- es que la reacción judicial, ante la gravedad de la situación, iba a actuar con la contundencia con la que lo está haciendo.



Puede ser una opinión más, a la que no es necesario prestar atención, pero estamos convencidos de que en Aragón nada va a ser igual , y que la inmensa mayoría de los ciudadanos celebra que, por fin, el Estado de Derecho haya reaccionado frente a una práctica política que amenazaba a la raíz misma de nuestra dignidad y nuestra libertad como ciudadanos.

Para concluir , y al igual que la mayor parte de las instituciones, organizaciones, entidades y ciudadanos de Aragón, esta Asociación se siente también en la necesidad y en la obligación de reflexionar sobre la corrupción pública en Aragón, para proseguir así en su compromiso de defensa de los valores constitucionales dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma.

PETICIÓN DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE ESTUDIO PARA REFORZAR LA ÉTICA INSTITUCIONAL EN ARAGÓN.

Zaragoza, 28 de marzo de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón una petición, al amparo del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar a dicho órgano parlamentario la creación de una Comisión especial de estudio, destinada a la elaboración de unos principios de conducta ética exigibles en el conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, con los que garantizar y controlar que el ejercicio de todos los cargos públicos se realice conforme a las exigencias de buen gobierno y buena administración, asegurando el servicio objetivo al interés general y reforzando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El ámbito parlamentario, en el que se hallan representados todos los aragoneses, constituye el espacio más adecuado para un debate abierto y sereno sobre las medidas necesarias para regenerar la vida pública aragonesa y evitar que los principios de legalidad y de servicio público puedan ceder ante intereses personales, lícitos o ilícitos, menoscabando con ello el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y defraudando las expectativas depositadas por los ciudadanos en los responsables de las diferentes instituciones.

Se reproduce, a continuación, el contenido íntegro del escrito de petición formulado:

“Mesa de las Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Me dirijo a ese Parlamento, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en el ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que por parte de esa Mesa, y de acuerdo con la Junta de Portavoces, se proponga al Pleno de la Cámara la creación de una Comisión parlamentaria especial de estudio, con el fin de precisar unos criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público. Asimismo, por dicha Comisión deberían formularse las medidas requeridas para asegurar la plena vigencia de los principios de buena conducta establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los que deben ajustar el ejercicio de su actividad el conjunto de los servidores públicos de las distintas Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma.

Esta Asociación se dirigió a ese órgano parlamentario, con fecha 26 de noviembre de 2007, para solicitar el impulso de un Código de Buen Gobierno y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, petición que, lamentablemente, fue archivada por dicho órgano.

Pese a ello, y ante la incontestable deficiencia de las instituciones de control que padecen numerosas Administraciones, entre ellas nuestra Comunidad Autónoma, cuya más grave manifestación son el objeto de las investigaciones judiciales sobre la presunta trama de corrupción asociada al desarrollo urbanístico del entorno de la ciudad de Zaragoza, entendemos más necesario que nunca que el Parlamento aragonés adopte, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, una iniciativa como la formulada en nuestra petición, tendente a impulsar las medidas que exige la regeneración de la vida pública aragonesa, tomando como ejemplo las experiencias desarrolladas en otros países de nuestro entorno.

Creemos que las Cortes de Aragón, como institución que representa a todos los aragoneses, es el ámbito adecuado para que se lleve a cabo una deliberación pública serena pero rigurosa sobre las medidas políticas y normativas precisas para reforzar el compromiso con los valores constitucionales del conjunto de la organización institucional autonómica, restableciendo con ello la confianza de los ciudadanos en el quehacer de las instituciones públicas.

Por todo ello, entendemos oportuno efectuar esta petición a ese órgano parlamentario, en la seguridad de que las Cortes de Aragón constituyen el espacio público e institucional apropiado para ello.

Agradeciendo la atención prestada a nuestro escrito de petición, quedamos a su entera disposición.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.

PRIMERA REUNIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: SE ACUERDA IMPUGNAR LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2009.

Zaragoza, 27 de marzo de 2009.

El martes 24 de marzo por la tarde, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la primera reunión de la nueva Junta Directiva de la Asociación, tras la renovación parcial de su composición en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado día 3 de marzo.

Tras la constitución formal de la nueva Junta, y de acuerdo con el orden del día propuesto por el Presidente, se pasó a analizar el proyecto de Oferta de Empleo Público para 2009, elaborado por el Gobierno de Aragón, entendiendo que los términos de la misma, en lo realtivo a los puestos correspondientes a Administración General, no se ajustan ni a las necesidades de personal de la Administración autonómica ni a las exigencias legales en materia de selección de personal de nuevo ingreso, limitando de forma arbitraria el derecho fundamental de los ciudadanos para acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española.

De acuerdo con ello, se adopta, por unanimidad de todos los presentes, la decisión de impugnar judicialmente dicha Oferta, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, alegando las razones que ya motivaron la impugnación judicial de la Oferta de 2007, todavía pendiente de sentencia. Asimismo, se acordó reclamar nuevamente a los responsables de función pública el establecimiento de un procedimiento objetivo de designación de los miembros de los Tribunales, conforme a la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón al Departamento de Presidencia, y pedir que en modo alguno se designen vocales en dichos órganos por organizaciones sindicales que realicen actividades de preparación de opositores.

Asimismo, la Asociación va a analizar la estructura de los procesos selectivos del personal docente, con el fin de solicitar que la fase de concurso se pondere de forma que no imposibilite o dificulte de forma no razonable el acceso a la función pública de quienes no hayan ejercido funciones como funcionario docente interino, evitando con ello que el ejercicio como interino se convierta en una condición necesaria para la superación de los procesos selectivos, dada la utilización del procedimiento de concurso-oposición.

Posteriormente, se analizaron las medidas necesarias para ejecutar diferentes decisiones adoptadas en la Asamblea Ordinaria de 3 de marzo, como son: la convocatoria de las reuniones de la junta directiva de forma abierta, con la posible participación, con voz pero sin voto, de aquellos socios que deseen asistir a las mismas; la puesta en funcionamiento de un foro electrónico de debate sobre temas de función pública, vinculado al actual blog de la Asociación; y la celebración de coloquios públicos sobre temas de interés sobre gestión pública, acordándose la oportunidad de iniciar dicha actividad con la celebración, el próximo mes de abril, de un primero coloquio sobre el tema “Función Pública y Corrupción”, para el cual se intentaría contar con un experto en derecho administrativo.

Finalmente, en el apartado de ruegos y preguntas, el Presidente informó de las diferentes entrevistas que le habían solicitado desde distintos medios de comunicación, con motivo de la postura expresada por la Asociación sobre la necesidad de que el Gobierno de Aragón adopte medidas de prevención respecto a la corrupción pública, valorándose igualmente, al hilo de los sucesos del Ayuntamiento de La Muela, la oportunidad de solicitar una revisión de la composición de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, mediante escrito de petición dirigido al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

QUEJA ANTE EL JUSTICIA DE ARAGÓN FRENTE AL PRESIDENTE DE LA DPZ, JAVIER LAMBÁN, POR FALTA DE RESPUESTA A UNA PETICIÓN SOBRE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.

Zaragoza, 23 de marzo de 2008.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió el 12 de noviembre de 2008 al Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Javier Lambán, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, para solicitarle el impulso de un Código de Buen Gobierno, en el que se estableciesen los principios que habían de regir la conducta de los responsables de carácter político de la Administración provincial, a semejanza del aprobado en 2005 por el Gobierno de España para sus miembros y los altos cargos de la Administración General del Estado.

Los fenómenos de corrupción política y administrativa que habían afectado a diferentes ayuntamientos del país -Marbella, Madrid, Coslada, Estepona, etc- hacían necesario y oportuno, a nuestro juicio, que todos los niveles de gestión pública, y en especial aquellos que se hallan más próximos a los ciudadanos, como es el caso de la Administración local, tanto municipal como provincial, asumiesen como elemento rector de su actividad un conjunto de criterios éticos claramente visibles para los ciudadanos.

Dichos Códigos de Buen Gobierno, dirigidos a los miembros de los órganos de gobierno y responsables políticos de la Administración local, constituían un complemento imprescindible al Código de Buena Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público para el conjunto de servidores públicos de todas las Administraciones Públicas, incluidas las de todas las entidades locales, y han de permitir extender el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración local.

No obstante el tiempo transcurrido desde la presentación de tal petición, el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Javier Lambán, ni ha acusado recibo de tal petición ni ha dado la respuesta razonada que exige la Ley Orgáncia 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.

Lamentablemente, ante dicho incumplimiento por falta de respuesta, lo que constituye una vulneración del derecho fundamental de petición, esta Asociación se ha visto en la necesidad de formular la oportuna queja ante el Justicia de Aragón, a fin de que ésta institución le requiera el necesario respeto a dicho derecho fundamental y, en consecuencia, la emisión de la obligada respuesta.

No es desde el mutismo a la petición de medidas que refuercen la ética pública de las instituciones como cabrá combatir de forma eficaz y creíble la corrupción pública, tanto política como administrativa, que se ha puesto de manifiesto en nuestra Comunidad Autónoma con la actuación judicial motivada por la supuesta corrupción que ha acompañado al desarrollo urbanístico del municipio zaragozano de La Muela.

Sorprende enormemente, por otra parte, que precisamente la alcaldesa de La Muela fuese representante de la Diputación Provincial de Zaragoza en la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza. Es muy probable que si la Diputación Provincial de Zaragoza se hubiese dotado de un Código Ético como el propuesto dicha designación no se hubiese producido nunca.

PETICIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO AL PRESIDENTE IGLESIAS

Zaragoza, 22 de marzo de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a dirigirse al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para solicitarle, al amparo del derecho fundamental de petición, la aprobación de un Código de Buen Gobierno en el que se recojan los principios éticos a los que han de ajustar su conducta los miembros del Gobierno de Aragón y los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Como ya hizo esta Asociación en noviembre de 2007, al plantear tal petición ante las diferentes instituciones aragonesas, dicho Código de Buen Gobierno, similar al aprobado por el Gobierno de España en el año 2005, debiera subrayar el compromiso ético de los responsables del Gobierno autonómico ante los ciudadanos, señalando de forma visible los criterios y principios que han de presidir su actuación pública, como son los de objetividad, integridad, responsabilidad, credibilidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia y honradez.

Un liderazgo político comprometido con los valores éticos es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública y en la sociedad y prevenir los posibles fenómenos de corrupción.

No cabe ejercer ninguna acción de gobierno valiosa en democracia si no se halla decididamente asentada en un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.

Cuando, como era inevitable, empieza a aflorar la corrupción que había arraigado en diferentes ámbitos de nuestra Comunidad Autónoma, desde las instituciones públicas debería emitirse, por sus máximos responsables, un claro mensaje de compromiso con los valores éticos de la democracia y del Estado de Derecho, adoptando para ello las medidas necesarias para asegurar y reforzar una gestión pública de los intereses generales presidida por la objetividad , la integridad y la transparencia.

La oportunidad para reforzar dicha transparencia y control efectivo la brinda la actual tramitación en las Cortes de Aragón del proyecto de ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Con este motivo, esta Asociación se dirigió a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para que en el proyecto de ley se incorporasen medidas de buen gobierno, transparencia y control de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y un régimen de conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración autonómica equiparable al establecido por el Gobierno de España para la Administración General del Estado.

Todos debiéramos estar atentos al resultado, pues en él se apreciará si hay voluntad real o no de combatir la corrupción pública.

La sanción de la corrupción corresponde, evidentemente, a la Justicia, pero su prevención no, más allá del efecto disuasorio de las condenas que dicte. Quien se sienta verdaderamente comprometido con la lucha anticorrupción sabe que el papel de los jueces es fundamental e insustituible, pero que su intervención sólo se produce cuando todos los demás mecanismos -administrativos y parlamentarios- han fallado.

Al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón incumbe una responsabilidad directa en la prevención y corrección de la corrupción pública, tanto política como administrativa, y sólo desde el cumplimiento de tal responsabilidad cabe otorgar credibilidad a sus declaraciones de respeto a la acción de la Justicia.

¿Queremos remediar verdaderamente los enormes déficits y carencias de nuestros mecanismos de control para que casos como el de La Muela no puedan volverse a producir en el futuro?.

No basta colaborar con la Justicia, como se afirma por los responsables del Gobierno.

Es preciso un programa de lucha contra la corrupción,cuya aplicación no incumbe a la Justicia sino al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón. Ese es el verdadero desafío y el deber que corresponde a todo equipo de gobierno frente a los ciudadanos en este momento.

CONVERSIÓN Y DILEMA DE LOS SINDICATOS: ¿DEFENSA O CRÍTICA DE LA OFERTA DE EMPLEO? ¿ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O SUBIDAS SALARIALES?.

Zaragoza, 21 de marzo de 2009.

Quien tenga un mínimo conocimiento de los argumentos esgrimidos por los sindicatos de la Administración aragonesa, en su sorprendente alineamiento con el Gobierno de Aragón para defender la Oferta de Empleo Público de 2007, cuando fue impugnada judicialmente por esta Asociación, no podrá dar crédito a sus actuales críticas a la propuesta de Oferta de Empleo Público para 2009.

Esos mismos sindicatos que defendieron la, a nuestro juicio, ilegal Oferta de 2009 y que pactaron, sin reparo de ningún tipo, la no aprobación de Oferta en 2008, se ven ahora desagradablemente sorprendidos por la pretensión de la Administración de aprobar una oferta “testimonial” para 2009, cuyos números producen rubor a cualquier persona que conozca la realidad de la función pública aragonesa.

Quienes en su día defendieron, frente a las tesis de esta Asociación, la potestad de autoorganización de la Administración para apreciar las necesidades de personal de nuevo ingreso no parecen ya muy convencidos de sus argumentos, puesto que critican sin matiz alguno la decisión adoptada por la Administración en el ejercicio de sus potestades.
Olvidaron entonces que el ejercicio de toda potestad debe hacerse con sometimiento a la legalidad, y aquella Oferta, al igual que la que ahora se critica, no incluía las plazas que exigían y exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, los sindicatos de la administración aragonesa parecen haber abandonado sus peregrinas tesis sobre las plazas que han de contenerse en una oferta de empleo público.

No obstante, si fueran coherentes con lo que ahora proclaman, deberían desistir de su oposición a nuestra demanda judicial contra la Oferta de 2007 –todavía pendiente de juicio- y dejar de respaldar con ello al Gobierno de Aragón. No es previsible, sin embargo, que lleven a cabo un acto tan elemental de coherencia.

En tiempos de crisis, invocan la legalidad aplicable a la oferta de empleo, por entender que el derecho fundamental de acceso al empleo público, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, ha de salvaguardarse en los momentos de mercado laboral precario. Los derechos fundamentales debieran respetarse en todo momento, haya crisis o no, pues lo contrario convertiría a la coyuntura económica en un motivo o excusa para la suspensión de derechos de los ciudadanos. ¿Se han reducido en alguna medida los liberados sindicales a causa de la coyuntura económica? Es un dato que debieran facilitar los sindicatos para que sepamos cuál es su esfuerzo real o contribución para paliar los efectos de la crisis en el empleo público.

En tiempos de bonanza, los sindicatos olvidaron los objetivos de empleo público, de estabilidad y de respeto del derecho de acceso para centrar sus reivindicaciones en subidas salariales, incrementando permanentemente el volumen de gastos de personal –sin que ello llevase aparejado nunca mayor calidad en el trabajo ni mejores servicios a los ciudadanos-, incrementos que han ido lastrando a la Administración autonómica y han generado una cultura administrativa radicalmente ajena a valores de solidaridad, responsabilidad, buen desempeño o logro de objetivos.

Pero lo peor y más grave de esa estrategia es que se promovieron medias salariales contrarias a la legalidad presupuestaria y al régimen retributivo vigente en las Administraciones Públicas. Al fraude de la Administración en la oferta de empleo público los sindicatos añadieron el fraude en las retribuciones de los empleados públicos, contribuyendo con ello a la perversión del régimen de personal y reduciendo a la nada el valor de la legalidad.

Unos sindicatos que primaron, al margen de toda fundamentación legal, subidas salariales para los empleados públicos de la Comunidad Autónoma contrarias a la legislación básica –como ocurre con la cláusula de revisión salarial pactada en 2004 y aplicada en diferentes ejercicios- y a la legalidad retributiva –cómo es posible justificar el pago de un anticipo a cuenta de la futura carrera profesional, cobrar por algo hipotético y desconocido, resultado del acuerdo de la mesa sectorial de administración general de 13 de agosto de 2008-, califican ahora de antisocial la Oferta de Empleo Público prevista para 2009, porque el Gobierno no apuesta por el empleo.

¿Nadie había pensado que incrementar el coste del personal fijo de plantilla sólo podría hacerse mediante la supresión de personal temporal? En la tramitación de las leyes de presupuestos, quien propone el incremento de una partida –como es el caso de los sueldos de los funcionarios con una determinada antigüedad- debe señalar qué otro gasto se ha de minorar para financiar el incremento pretendido. ¿Sabemos quién ha pagado, con la merma de sus posibles derechos, el ilegal incremento retributivo promovido por los sindicatos y asumido por el responsable del Departamento de Presidencia? ¿De dónde se retiró el dinero para pagar un gasto que no estaba presupuestado ni autorizado por las Cortes de Aragón?.

Es evidente que, en el acuerdo de todos, estaba el hecho de que los incrementos retributivos de unos –los fijos- supondrían el desempleo de otros –los temporales o interinos-, lo que supone, sin duda, un maravilloso ejemplo de “solidaridad” en tiempos de crisis.

La estrategia sindical en retribuciones de los empleados públicos no sólo parece prescindir de criterios básicos de equidad con la situación que viven millones de empleados en el sector privado, sino que ni siquiera internamente se ha cuidado una estrategia para preservar los puestos de trabajo del personal temporal. Acaso porque esos puestos no eran sino las dotaciones económicas imprescindibles para financiar el incremento de los afortunados que gozaban de empleo estable.

Pues bueno, una vez puesta en marcha dicha dinámica de insolidaridad y de quiebra de la legalidad, ahora cuesta trabajo prestar credibilidad a las críticas que los sindicatos realizan a la Oferta de Empleo Público para 2009.

En breve plazo tendrán la oportunidad de acompañar a esta Asociación en su impugnación judicial a la Oferta que apruebe el Gobierno, pues las razones que nos llevaron a impugnar la aprobada en 2007 son las mismas que nos llevarán a impugnar la de 2009, así como para denunciar ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo la falta de aprobación de oferta en 2008, vulneración de la ley avalada por el acuerdo de alguno de los sindicatos que ahora tanto denostan el proceder del Gobierno.

VIGENCIA Y URGENCIA DE LA ÉTICA PÚBLICA.

Zaragoza, 19 de marzo de 2009.

Los recientes acontecimientos que han ocupado las primeras páginas de la prensa aragonesa vienen a confirmar la necesidad de que el conjunto de las instituciones públicas aragonesas –sin distinción- adopten las necesarias medidas de prevención y corrección de la corrupción pública.

La credibilidad de los responsables políticos, como puede apreciarse en este momento en cualquier medio de comunicación, queda muy seriamente debilitada, al margen de aciertos o errores en la gestión, por la falta de compromiso expreso con los criterios éticos de comportamiento en el ejercicio de sus funciones públicas.

Esta Asociación, desde el momento de su formalización, ha tratado de impulsar ante el conjunto de las instituciones aragonesas la implantación de Códigos de Buen Gobierno, similares al establecido en 2005 por el Gobierno de España, con el fin de asegurar tanto la buena gestión de los intereses públicos como la necesaria confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.

La respuesta del conjunto de las instituciones a nuestra petición puso de manifiesto la carencia de impulso ético por parte de los diferentes responsables institucionales, quienes se limitaron a archivar tal propuesta, como fue el caso de la Mesa de las Cortes de Aragón, o ni siquiera se molestaron en responder a nuestra petición, como el Presidente del Gobierno de Aragón, a pesar de haberse formulado en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española.

Esta Asociación,frente a la constatada pasividad de los responsables políticos en la lucha contra la corrupción, va a seguir impulsando la adopción de iniciativas para la prevención y la corrección de la corrupción, conforme a lo que señala la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006.

Algunos políticos parecen haber dejado la labor anticorrupción en las manos exclusivas de jueces y fiscales, lo que resulta particularmente grave para la salud democrática de nuestras instituciones.

En la Asociación seguimos considerando que el primer compromiso de todo responsable político, en cualquiera de los niveles territoriales de gobierno, es el de garantizar a los ciudadanos que la gestión pública se atiene a la estricta legalidad y persigue únicamente el interés público.

El compromiso de los servidores públicos con la legalidad y el interés general debiera ser la primera garantía del correcto funcionamiento del Estado de Derecho y el más poderoso anticuerpo contra la permanente amenaza de la corrupción.

Debilitar los valores de la función pública, como ha venido haciendo el Gobierno de Aragón con su inadecuada política de personal, no puede producir otro resultado que dejar inerme a la Administración Pública aragonesa frente a fenómenos de abuso de poder y corrupción pública, tanto política como administrativa.

Ante algunas de estas manifestaciones ha tratado de reaccionar esta Asociación, mediante acciones judiciales o peticiones a los órganos de control o a través de la denuncia pública a los medios de comunicación.

No produce ninguna satisfacción que las informaciones recientes sobre el Ayuntamiento de La Muela –que puede ser considerado el paradigma de una forma de entender las tareas de gobierno- vengan a confirmar nuestra preocupación por la carencia de comportamientos éticos de algunos responsables institucionales, algo que muchos prefieren seguir ignorando.

Sería oportuno que las instituciones dejen de estar a la defensiva frente a la imparable exigencia de respeto a las reglas y liberen todo el lastre que sea preciso para devolver a la gestión de los asuntos públicos la dignidad que le corresponde.

Si se recupera la necesaria exigencia ética, el ejercicio de la política volverá a ser sinónimo de servicio y no de simple afán de poder o de lucro.

CUMPLIR ACUERDOS Y VULNERAR LEYES.

Zaragoza, 17 de marzo de 2009.

En una nota hecha pública hoy con el expresivo título “EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO”, el sindicato Comisiones Obreras informa de una próxima modificación de la Instrucción aprobada por la Dirección General de la Función Pública, el pasado 18 de diciembre de 2008, por la que se regula la consolidación de grado personal derivada del Acuerdo Administración-Sindicatos de 13 de agosto de 2008.

Con dicha modificación, instada por el citado sindicato, se van a ampliar los supuestos en que cabrá reconocer grado personal al margen de los requisitos que establece la vigente normativa sobre consolidación de grado personal, contenida en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio.

Esta Asociación ha solicitado tanto al titular del Departamento de Presidencia como al conjunto de los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos del Gobierno de Aragón, así como al Justicia de Aragón, la anulación de la referida Instrucción, al entender que su contenido tiene naturaleza normativa y, por lo tanto, constituye un desarrollo de la Ley de Ordenación de la Función Pública, por lo que ha de ser regulado mediante Decreto del Gobierno de Aragón, conforme al procedimiento establecido para la aprobación de las disposiciones de carácter general.

Comprendemos que las organizaciones sindicales valoren positivamente que se cumplan los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva, pero lo que no comprendemos de ninguna forma es que dichos sindicatos puedan admitir y celebrar que la ejecución de tales acuerdos se haga al margen de la legalidad, con vulneración manifiesta de las reglas más básicas del ordenamiento jurídico.

Debemos recordar que el principio de legalidad es de mucho mayor valor, en todos los sentidos, que cualquier posible acuerdo que pueda alcanzarse en la negociación colectiva.

Si las conquistas laborales en la Administración autonómica han de hacerse, como ya parece habitual, mediante la quiebra de elementos esenciales del Estado de Derecho, como son el principio de legalidad, los derechos fundamentales o la división de poderes –todos ellos vulnerados por unos u otros acuerdos fruto de la negociación colectiva-, la imagen de los sindicatos quedará inevitablemente asociada a la degradación de nuestro sistema constitucional. No puede existir Estado social sin Estado de Derecho, pues éste constituye la principal garantía de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores del sector público.

La negociación colectiva, como señala el Estatuto Básico del Empleado Público, ha de respetar, entre otros, el principio de legalidad, algo que parecen obviar de forma sistemática tanto los responsables sindicales como los propios responsables de la función pública, entre los cuales hay que citar expresamente al Director General de la Función Pública, Antonio Brun, y al Consejero de Presidencia, Javier Velasco.

Esta Asociación, como ya ha señalado en otras ocasiones, no va a consentir que los diferentes elementos del régimen de función pública -entre los que destaca el de la carrera administrativa- sean objeto de desarrollos ilegales. Ni la Dirección General de la Función Pública debe usurpar las funciones normativas que corresponden al Gobierno de Aragón, prescindiendo además de los trámites y garantías previstos para la aprobación de normas reglamentarias, ni los sindicatos pueden llevar a cabo su acción sindical desde el desprecio al valor esencial de la función pública, que es el respeto a la legalidad.

Es decir, esta Asociación no admitirá que el “CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS” vaya asociado a la “VULNERACIÓN DE LAS LEYES”.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ACUSA RECIBO DE LA QUEJA POR LA FALTA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2008.

Zaragoza, 12 de marzo de 2009.


El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, ha acusado recibo de la queja presentada por esta Asociación ante dicha Institución con motivo de la falta de aprobación por el Gobierno de Aragón de Oferta de Empleo Público de 2008, para atender las necesidades de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y posibilitar el ejercicio del derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad por parte de los ciudadanos.

La no aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2008, incumpliendo con ello el caráctar anual establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública,constituye una falta de sometimiento a la ley y una lesión a la correcta ordenación de la función pública y a la necesidad de reforzar su funcionalidad y eficacia. Pero,sobre todo, supone una nueva y grave violación del derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23. 2 de la Constitución española.

El hecho de que el ejercicio de dicho derecho fundamental haya de realizarse en los términos previstos en la ley implica que la vulneración de las obligaciones legales, como es la aprobación anual de la oferta de empleo público y la inclusión en la misma de todos los puestos vacantes ocupados por personal interino, suponga al mismo tiempo una vulneración del derecho fundamental, sin que ninguna razón justifique o excuse al Gobierno de Aragón de dicho incumplimiento.

El vigor democrático de una sociedad se manifiesta, en primer lugar, en el respeto por parte de todos los poderes públicos a los derechos de los ciudadanos –muy particularmente, los derechos fundamentales, proclamados por la norma constitucional y dotados del máximo grado de protección- y en la reacción institucional y ciudadana que pueda producirse frente al menoscabo de tales derechos.

La aceptación de los abusos de poder o la falta de reacción jurídica y cívica frente al vaciamiento de los derechos de los ciudadanos, como viene ocurriendo con la política del Gobierno de Aragón en materia de selección de personal, constituye uno de los síntomas más preocupantes del desistimiento ético de la sociedad civil.

SATISFACCIÓN POR EL NUEVO MANDATO DE FERNANDO GARCÍA VICENTE COMO JUSTICIA DE ARAGÓN.

Zaragoza, 12 de marzo de 2009.

En el Pleno de las Cortes de Aragón celebrado hoy se ha producido, con el respaldo unánime de todos los Grupos Parlamentarios, la elección de Fernando García Vicente como Justicia de Aragón, de modo que, tras su futura toma de posesión, iniciará su tercer mandato como titular de la Institución autonómica encargada de la defensa de los derechos individuales y colectivos de todos los aragoneses.

Esta Asociación ha manifestado públicamente, en varias ocasiones, su reconocimiento a la labor realizada por Fernando García Vicente al frente de la institución del Justicia de Aragón, agradeciendo la receptividad mostrada hacia la labor de la Asociación, a cuya Junta Directiva recibió en la sede de la Institución poco tiempo después de celebrarse la asamblea constitutiva.

La tramitación dada, durante estos dos últimos años, a las numerosas quejas y propuestas planteadas ante el Justicia de Aragón ha supuesto, sin duda, la relación más positiva y fecunda de entre las mantenidas por esta Asociación con el conjunto de las instituciones públicas a las que se ha dirigido. Por ello, la nueva elección de García Vicente como titular de la Institución añade a nuestra valoración del papel que corresponde al Justicia de Aragón la confianza en el quehacer ya acreditado por su reelegido titular.

Deseamos que el tercer mandato de García Vicente como titular de la institución del Justicia de Aragón, durante el cual se ha de revisar la organización institucional de la Comunidad Autónoma para adecuarla al nuevo contenido del Estatuto de Autonomía, tras su reforma de 2007, y se ha reformar la legislación de la función pública aragonesa, para adaptarla al vigente Estatuto Básico del Empleado Público, contribuya positivamente a la mejora de la Administración autonómica como organización al servicio del interés general y de los derechos de los ciudadanos aragoneses.

Esta Asociación, mediante el ejercicio de los mecanismos de participación en los asuntos públicos que prevé nuestro ordenamiento, proseguirá depositando su confianza en la labor institucional del Justicia de Aragón y, por ello, colaborando lo más activamente posible en el desarrrollo de su labor de supervisión de la Administración de la Comunidad Autónoma, para que la actividad de ésta sea respetuosa con el ordenamiento jurídico aragonés y con los derechos constitucionales y estatutarios de los aragoneses.

NECESIDAD DE UN COMPROMISO PÚBLICO DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Zaragoza, 9 de marzo de 2009.

Las informaciones que han comenzado a trascender sobre supuestos de corrupción pública en las distintas Administraciones Públicas han dejado de ser episódicas –por mucho que se quieran presentar así- para convertirse en indicios de una probable corrupción sistémica de nuestras organizaciones públicas.

No sabemos determinar –tarea siempre imposible- el alcance y la gravedad de esta corrupción, aunque puede intuirse que ninguna Administración que fuese objeto de una minuciosa investigación se vería exenta de irregularidades en el uso de los fondos públicos y de prácticas que podrían calificarse de corrupción pública, ya sea política o administrativa.

Las circunstancias –y el hecho evidente de que España no hace sino empeorar en las encuestas anuales que sobre corrupción realiza la organización Transparencia Internacional- aconsejan preguntarse sobre la existencia de una estrategia en nuestras Administraciones Públicas para prevenir y corregir la corrupción pública, en el conjunto de sus posibles manifestaciones o modalidades.

Debe subrayarse, en primer lugar, la falta de liderazgo político que en la materia se percibe en nuestras instituciones públicas, al margen de algunas iniciativas adoptadas en la Administración General del Estado.

Los responsables directos de los asuntos públicos, ya sean responsables políticos o servidores públicos, tendrían que expresar de forma clara e inequívoca su compromiso con la legalidad y la ética pública y deberían señalar las medidas que han adoptado –al margen de toda retórica- para evitar que la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas pueda ser defraudada por quienes las dirigen o trabajan en ellas.

Quienes trabajamos en la Administracion autonómica –en cualquiera de sus niveles de gestión- sabemos perfectamente que no existe estrategia alguna de prevención y lucha contra la corrupción pública.

Sabemos también que los responsables máximos de la Comunidad Autónoma de Aragón no han formulado jamás un compromiso expreso con los principios de la ética pública, algo que sólo puede observarse con preocupación, ya que tal actitud traslada un mensaje nada positivo al conjunto de los empleados públicos, cuyo compromiso con la legalidad puede carecer del necesario respaldo político si interfiere con objetivos concretos –lícitos o no- de la acción del Gobierno.

Es cierto que el Estatuto Básico del Empleado Público incorpora en su articulado un código ético de conducta para el conjunto de los empleados públicos, en el que ningún hincapié se ha hecho por parte de los responsables de función pública o por las organizaciones sindicales.

Este código, como ha señalado reiteradamente esta Asociación, es insuficiente para impulsar un comportamiento ético en el conjunto de los servicios públicos aragoneses, pues no cabe esperar un comportamiento ético de los empleados públicos si los responsables máximos de la Administración no impulsan y aseguran un clima ético en el conjunto de la organización.

En este contexto, esta Asociación va a insistir ante el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón en la necesidad de adoptar un Código de Buen Gobierno por parte del Ejecutivo aragonés y de los órganos de dirección del Parlamento autonómico, así como en la conveniencia de elaborar una estrategia de fortalecimiento de la ética pública, con un compromiso público e inequívoco por parte de sus máximos responsables.

LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN IMPULSA LA AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROYECTO ASOCIATIVO.

Zaragoza, 4 de marzo de 2009.

Ayer tarde, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza, tuvo lugar la II Asamblea Ordinaria de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en la que se hizo repaso a lo realizado durante el último año, se procedió a la renovación de la Junta Directiva y se marcaron líneas de actuación para el futuro.

Entre las decisiones adoptadas cabe destacar la proyectada apertura de la Asociación al conjunto de empleados públicos de la Administración local aragonesa y de la Universidad de Zaragoza, para lo cual se celebrará antes de las vacaciones de verano una Asamblea Extraordinaria para debatir los necesarios cambios a introducir en los actuales Estatutos.

Conforme al orden del día aprobado, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, hizo un repaso a las treinta actuaciones más relevantes realizadas por la Junta Directiva a lo largo de este último año, haciendo especial hincapié en el desarrollo de la comparecencia ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón y en los contactos mantenidos con los diferentes Grupos Parlamentarios.

El informe de actividad dio pie a un intenso debate entre los asistentes, en la búsqueda de fórmulas que aproximen la actividad de la Asociación al conjunto de los servidores públicos de la Administración autonómica, para lo cual se propuso la celebración de coloquios públicos sobre temas monográficos relativos a función pública, la apertura de un foro electrónico de discusión y la celebración de las sesiones de la Junta Directiva abiertas a los miembros de la Asociación que deseen acudir a las mismas.

Se insistió en la necesidad de que el esfuerzo de la Asociación se centre, durante el próximo año, en las exigencias fundamentales del modelo de función pública a establecer en la Administración autonómica a partir del Estatuto Básico del Empleado Público.

Posteriormente, el Tesorero de la Asociación, José Ramón Gálligo, expuso el balance económico del año, especificando los ingresos por cuotas de los socios, única fuente de financiación de la Asociación, y los gastos producidos por las acciones judiciales promovidas y por los actos públicos celebrados, además del gasto corriente en envíos postales, señalando el saldo favorable resultante.

De acuerdo con las previsiones estatutarias, a continuación se procedió a la renovación de la mitad de los miembros de la Junta Directiva, produciéndose la reelección del actual Presidente, Julio Guiral Pelegrín, y actual Tesorero, José Ramón Gálligo Gutiérrez de Terán, y de los vocales Julio Calvo Iglesias y Manuel Fábregas Giné. Causan baja como vocales María Luisa Gavín Lanzuela y Pilar Vaquero Valiente, pasando a ocupar sus puestos los nuevos vocales Francisco Muñoz y Victorino Ortega. Completan la actual Junta los miembros no afectados por la renovación: Eduardo Notivol Paino, como Vicepresidente, Félix Gracia Romero, como Secretario, y los vocales Antonio Brotons Floria, Manuel Díaz Muiña, Ignacio Murillo García-Atance y Víctor Sanz Trullén.

El tono general de la sesión de ayer fue de satisfacción por el trabajo realizado hasta el momento y de confianza en los resultados a obtener el próximo año como fruto de un trabajo serio y riguroso sostenido en el tiempo y abierto a la participación y escrutinio de todos.

Se valoró la oportunidad de seguir utilizando como vía preferente de acción el ejercicio del derecho de petición ante las instituciones y se convino en la oportunidad de prestar mayor atención a la problemática planteada por las empresas públicas, en cuanto a su utilización como alternativa irregular a la función pública.

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA REAFIRMA SU COMPROMISO AL CUMPLIR DOS AÑOS DE ACTIVIDAD.

Zaragoza, 2 de marzo de 2009.


La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha cumplido dos años de vida y de intensa actividad, desde su creación en febrero de 2007. Mañana martes, día 3 de marzo, celebrará su II Asamblea General Ordinaria, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza.


La Asamblea constituirá la oportunidad para hacer repaso del trabajo realizado en el último año – destacando la comparecencia realizada ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón en el mes de noviembre- y efectuar un balance de los logros obtenidos, en particular en lo que se refiere a las diferentes sugerencias formuladas por el Justicia de Aragón con motivo de las quejas planteadas ante dicha Institución.


El compromiso de los servidores públicos con el Estado de Derecho, el impulso de la ética pública en el seno de las instituciones autonómicas, el respeto de la legalidad en aspectos esenciales de la función pública –como es la aprobación anual de la oferta de empleo público o la sujeción de las retribuciones a la legalidad presupuestaria- y la necesidad de configurar una Administración Pública profesionalizada al servicio del interés general siguen siendo retos fundamentales en los que la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa desea continuar trabajando con energías renovadas, tras la celebración de su Asamblea anual y la renovación parcial de su Junta Directiva.


También son objetivos obtener una mayor presencia en el conjunto de las Administraciones Públicas aragonesas, así como coordinarse con otras asociaciones de funcionarios, españolas y europeas, que persigan fines similares o colaborar con plataformas ciudadanas que trabajan a favor de la transparencia administrativa o contra la corrupción pública.


La Asociación desea igualmente trabajar conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil aragonesa para promover medidas de buen gobierno y de buena administración en el conjunto de las instituciones autonómicas, y para favorecer la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos y la necesaria regeneración de la vida democrática en nuestra Comunidad Autónoma.