Zaragoza, 19 de marzo de 2009.
Los recientes acontecimientos que han ocupado las primeras páginas de la prensa aragonesa vienen a confirmar la necesidad de que el conjunto de las instituciones públicas aragonesas –sin distinción- adopten las necesarias medidas de prevención y corrección de la corrupción pública.
La credibilidad de los responsables políticos, como puede apreciarse en este momento en cualquier medio de comunicación, queda muy seriamente debilitada, al margen de aciertos o errores en la gestión, por la falta de compromiso expreso con los criterios éticos de comportamiento en el ejercicio de sus funciones públicas.
Esta Asociación, desde el momento de su formalización, ha tratado de impulsar ante el conjunto de las instituciones aragonesas la implantación de Códigos de Buen Gobierno, similares al establecido en 2005 por el Gobierno de España, con el fin de asegurar tanto la buena gestión de los intereses públicos como la necesaria confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.
La respuesta del conjunto de las instituciones a nuestra petición puso de manifiesto la carencia de impulso ético por parte de los diferentes responsables institucionales, quienes se limitaron a archivar tal propuesta, como fue el caso de la Mesa de las Cortes de Aragón, o ni siquiera se molestaron en responder a nuestra petición, como el Presidente del Gobierno de Aragón, a pesar de haberse formulado en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española.
Esta Asociación,frente a la constatada pasividad de los responsables políticos en la lucha contra la corrupción, va a seguir impulsando la adopción de iniciativas para la prevención y la corrección de la corrupción, conforme a lo que señala la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006.
Algunos políticos parecen haber dejado la labor anticorrupción en las manos exclusivas de jueces y fiscales, lo que resulta particularmente grave para la salud democrática de nuestras instituciones.
En la Asociación seguimos considerando que el primer compromiso de todo responsable político, en cualquiera de los niveles territoriales de gobierno, es el de garantizar a los ciudadanos que la gestión pública se atiene a la estricta legalidad y persigue únicamente el interés público.
El compromiso de los servidores públicos con la legalidad y el interés general debiera ser la primera garantía del correcto funcionamiento del Estado de Derecho y el más poderoso anticuerpo contra la permanente amenaza de la corrupción.
Debilitar los valores de la función pública, como ha venido haciendo el Gobierno de Aragón con su inadecuada política de personal, no puede producir otro resultado que dejar inerme a la Administración Pública aragonesa frente a fenómenos de abuso de poder y corrupción pública, tanto política como administrativa.
Ante algunas de estas manifestaciones ha tratado de reaccionar esta Asociación, mediante acciones judiciales o peticiones a los órganos de control o a través de la denuncia pública a los medios de comunicación.
No produce ninguna satisfacción que las informaciones recientes sobre el Ayuntamiento de La Muela –que puede ser considerado el paradigma de una forma de entender las tareas de gobierno- vengan a confirmar nuestra preocupación por la carencia de comportamientos éticos de algunos responsables institucionales, algo que muchos prefieren seguir ignorando.
Sería oportuno que las instituciones dejen de estar a la defensiva frente a la imparable exigencia de respeto a las reglas y liberen todo el lastre que sea preciso para devolver a la gestión de los asuntos públicos la dignidad que le corresponde.
Si se recupera la necesaria exigencia ética, el ejercicio de la política volverá a ser sinónimo de servicio y no de simple afán de poder o de lucro.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
35 comentarios:
Hoy día nuestros pueblos reclaman desesperadamente que nuestros líderes y organizaciones tanto públicas como privadas asuman comportamientos éticos en el ámbito de sus políticas, decisiones y ejecuciones.
En un momento de crisis como el que atravesamos, cuando todo está medio revuelto y confundido; muchas veces por efecto del poder instituido, de la propia norma social, la reflexión ética se muestra compleja pero no por ello deja de ser urgente.
Urge la conformación de una nueva ética del servicio público, que hunda sus raíces en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad destacados en nuestra constitución.
el vivir inmersos en la corrupción nos ha llevado a no rechazarla, a tolerarla, incluso a verla como un fenómeno normal.
la ética es un pilar de la función publica que garantiza la credibilidad en el sistema y legitima las acciones del gobierno.
La gestión urbanística es el ámbito de la actividad municipal donde se produce mayor nivel de corrupción. El urbanismo es, junto con la contratación, el gran espacio escénico de la corrupción municipal. La concejalía más apetecida por los políticos locales es, casi siempre, la responsable de la gestión urbanística.
Se hace necesario un pacto de Estado contra la corrupción. Así como la creación de Juzgados y Fiscalías especializadas, o la implantación de códigos de conducta en los Ayuntamientos, con su correspondiente régimen sancionador.
Que se detecte un caso de corrupción en un ayuntamiento entra dentro de la miseria humana y resulta procedente investigarlo y que se depuren las responsabilidades que permita el precario sistema jurídico que nos han impuesto; no debería sorprender a nadie y cabría esperar que se haga Justicia de forma sosegada aunque con rigor.
Constantemente están saliendo en la prensa numerosos casos de corrupción municipal, a lo largo y ancho de toda España.
Se trata de municipios en los que han aterrizado individuos que, de una u otra forma, se dedican a la especulación inmobiliaria, al pelotazo y a la corrupción. Se constata la frecuente existencia de actitudes de cohecho, malversación, favoritismo y percepción de comisiones. Las competencias que en urbanismo tienen hoy los concejos son atractivos demasiado fuertes para despertar las bajas pasiones de los que dedican su vida a la gestión de lo público en esos palacios de oro que son los ayuntamientos. Y ello, independientemente del partido que se esconde detrás. Cabría pensar, no obstante, que no son los políticos los únicos responsables de lo que pasa. El pueblo que lo permite mediante su voto y que después de depositar la papeleta se lava las manos, ¿no tiene nada que ver?
Es un fenómeno nuevo que se agrava y multiplica cada vez más, según van avanzando los años, desde que se instauró la democracia. En tiempos pasados, solía darse algún caso de dudosas operaciones destinadas a financiar a partidos políticos. Casos aislados que saltaban a la prensa, de vez en cuando, con el consiguiente escándalo de los ciudadanos y a los que los políticos parecían inmunes.
Pero hoy la corrupción está avanzando, cada vez más, hasta llegar a niveles alarmantes, alcanzando a muchas personas particulares que, convertidos en verdaderos expertos inmobiliarios, buscan el rápido enriquecimiento: de pocero se pasa a promotor, de carpintero a constructor o de banquero a especulador. Y hasta se sospecha que hay muchos alcaldes que están dando permisos, de dudosa legalidad, a cambio de la generosidad de los dona ferentes. Y, a través de estas maniobras oscuras, pasan directamente de pobres a ricos, ante las propias narices del pueblo. Y es que el urbanismo tiene la virtud que tenía el rey Midas, de convertir en oro todo lo que tocaba.
mientras el urbanismo dependa de la decisión de unos poderes con muy escaso control, como son los municipios, será imposible frenar la corrupción.
En España no existe una política global, organizada y programada, contra la corrupción, cuya notoria y perversa presencia en nuestras instituciones públicas, hoy principalmente las locales, supone, a mi modo de ver, el problema más grave de entre los que actualmente aquejan a la política española, en tanto que afecta directamente a los pilares mismos del sistema democrático.
La corrupción en los Ayuntamientos es creciente,corriente ya, rutinaria casi, muy organizada. Tiene su causa principal en la falta de ética de los responsables políticos. En segundo lugar, viene propiciada por la mediocridad de Alcaldes y concejales, muy condicionados en su gestión y fácilmente manipulables, en consecuencia. La partitocracia, una inadecuada legislación electoral, el transfuguismo, el insuficiente régimen de incompatibilidades de los corporativos, la perversión del sistema de acceso a la función pública local, la ineficacia de los controles legales internos, etc., son otras tantas causas del fenómeno.
Como consecuencia de todo ello, surge el desprestigio de la política y la desconfianza de la ciudadanía en el sistema.
En mayor o menor medida, responsables somos todos, en una sociedad abierta, democrática y formada como la española. Naturalmente, y en primer lugar, los políticos que la practican ( sobre todo, los poco preparados). También los sobornadores ( empresarios o promotores), que son a la vez víctimas y causantes de la corrupción. Los jueces, que no siempre están a la altura, por falta de medios, legislación adecuada o estímulos profesionales; y los fiscales, que por los mismos motivos dejan bastantes veces de promover la acción de la justicia; el mundo económico-financiero, que influye poderosamente en las decisiones municipales; los medios de comunicación, que a veces silencian los casos de corrupción o los minimizan; los intelectuales, que están poco comprometidos en la lucha contra la corrupción, etc.
El giro ético que no se ha querido impulsar desde las instituciones se va a convertir en una verdadera catarsis política, algo que parece totalmente necesario en Aragón.
¿el alguacil alguacilado?
¿Día del Padre o del Padrino?
La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, detenida por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, esta acusada de nueve delitos: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en las subvenciones, prevaricación, fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales. Así lo indicó ayer su abogado Javier Notivoli, quien añadió que Pinilla se siente inocente y que, de hecho, confía en poder demostrar su inocencia «con relativa sencillez», por lo que «está deseando que le pregunten para poder contestar».
Según Notivoli, Pinilla «no ha hecho nada». «Está bien» porque «es una mujer muy fuerte», pero reconoció que «asusta la cantidad y la gravedad de los cargos que se le imputan».
Los 19 detenidos en la operación Olivos por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en La Muela prestaron declaración durante todo el día de ayer en dependencias policiales y no está previsto que pasen a disposición judicial hasta mañana.Quien sí ha sido citado a declarar hoy como imputado es Carlos Martín Rafecas, alto funcionario del Gobierno de Aragón con el cargo de subdirector provincial de Urbanismo de Zaragoza.
Satisfacción no, pero da mucho gusto que acabe la impunidad de nuestros políticos desaprensivos.
No es necesario hacer sangre en este momento, pues la escabechina parece que va a ser morrocotuda.
Buena traca final para esta época de estabilidad y de negocio que ha presidido Iglesias.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, manifestó hoy que la corrupción urbanística es un "cáncer social" que hay que "combatir con toda intensidad" porque "hace que se enriquezcan unos pocos con el patrimonio de todos" y la sociedad "no debe admitir" eso, especialmente cuando hace referencia a un bien de primera necesidad "como la vivienda".
Agregó que la "transparencia" y el cumplimiento de las normas es fundamental "y hay que estar claramente en contra de la corrupción urbanística si la hay", si bien señaló que no se podía pronunciar sobre la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio zaragozano de La Muela, que llevó a la detención de 19 personas, entre ellas la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla (PAR).
"No puedo opinar si la hay o no", comentó en declaraciones a los medios de comunicación tras tomar posesión de su cargo ante la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, porque la Ley de Justicia señala que esta institución "no puede intervenir en nada cuando se está tramitando un procedimiento y penal todavía menos".
Por eso, "hay que esperar al resultado de la investigación que se está realizando para poder tomar un criterio", aunque sí realizó una reflexión general sobre la corrupción urbanística, respecto a la que señaló que hay mecanismos para evitarla, que, no obstante, se podrían mejorar.
¿No es todo esto una oportunidad para que desde el Justicia de Aragón se impulsen medidas de prevención y corrección de la corrupción pública en Aragón?
Ahora tiene su oportunidad.
Acaso asistamos al próximo "hundimiento" de la política aragonesa entendida como Aragón, S.A.. Creo que es difícilmente imaginable que, con las estructuras de poder que existen en Aragón, nadie pudiera hacer negocios ilícitos sin el "conocimiento" de los todopoderosos de la Comunidad Autónoma.
Mi cliente está sorprendido por su detención porque no ha hecho nada.
Lo que realmente sorprende es que detengan a un corrupto.
Espero que todo esto dé un buen tema a Labordeta para su labor de pregonero en las fiestas del Pilar.
La presidencia de la Diputación de Zaragoza ha anunciado a través de un comunicado que se ha decidido revocar el nombramiento de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, como miembro de la Comisión Provincial del Territorio, donde la institución provincial tiene tres representantes.
A buenas horas.
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha recordado este viernes que “la crisis o la situación financiera no puede servir de excusa al Alcalde para recortar derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras”. En este sentido el edil ha puesto de manifiesto que “IU no admitirá ninguna medida en el ámbito laboral que no cuente con el apoyo de la junta de personal municipal”.
¿de verdad son derechos conforme a Derecho?
No es mal año para subir los sueldos a los funcionarios todo lo que permita la negociación colectiva.
¿alguien recuerda el convenio de escándalo firmado en el ayuntamiento de zaragoza?
España menosprecia su capacidad para crear corrupción. No es fácil. España debería desarrollar instituciones y universidades que instruyeran en el arte del engaño y de la prevaricación. España es un país exportador de políticos corruptos y está perdiendo una valiosa oportunidad de afianzarse en la champions league.
Todopoderosos o madamases. De ambos modos podemos llamar a quienes mueven los hilos de la política aragonesa. Nadie se enriquecería sin su permiso en el grado que ha sucedido en La Muela.
Ergo ... queda por delante un ímprobo trabajo para la justicia, pero los ciudadanos volvemos a estar ilusionados, porque la justicia ya no vale lo mismo que el orín de los perro.
¿Acaso es creíble que el canchullo muelano pueda desarrollarse durante años y planes urbanísticos al margen del consentimiento de los chanchulleros autonómicos? ¿Alguien se cree que esto lo hace sólo una alcaldesa y cuatro funcionarios municipales?
El zorro controlando las gallinas, así funciona la política en España.
O mejor, el zorro engordando sus gallinas.
¿Cómo es posible que los alcaldes, y en concreto la alcaldesa de La Muela, formen parte de un órgano administrativo, y por lo tanto técnico y objetivo, como son las comisiones provinciales de urbanismos, para dar el visto bueno a sus propios proyectos? ¿Tiene esto algún sentido? ¿Me lo puede explicar alguien?
Lo peor de todo, nos enteramos de eso a raíz de la detención.
¿Y la ley de incompatibilidades?
¿Alguien me puede explicar cómo altos funcionarios de la DPZ pueden ejercer su profesión en el ámbito privado sobre temas conexos con sus responsabilidades administrativas?
¿También los va a cesar Lambán?
Comprendo que los abogados defensores tienen que realizar su labor, pero que la hagan ante los tribunales y no ante la sociedad, salvo que los defensores del interés público también tengan acceso a los micrófonos y las cámaras.
La DPZ posee tres puestos en la Comisión Provincial de Urbanismo, órgano por el que pasan todos los desarrollos urbanísticos de los municipios de la provincia. El PSOE, que pese a disfrutar de una mayoría absoluta de 14 diputados gobierna en coalición con el PAR --3-- y CHA --1-- frente al PP --9--, tiene dos de los tres asientos que corresponden a la institución, ocupados por los alcaldes de Alagón, José María Becerril, y Épila, Martín Llanas. El tercero es el asignado a Pinilla.
¿Por qué se dice que los puestos de la Comisión Provincial son del PSOE? ¿Está corrompido también el pensamiento? ¿Qué lógica tiene la presencia de alcaldes en ese órgano administrativo? ¿de qué pueden discutir con los técnicos? ¿o es que ejercen de comisarios políticos?
Cuanto más se sabe, más explicable resulta todo lo sucedido.
¿Quién y por qué propuso al juez Pascual Estevill como vocal del Consejo General del Poder Judicial?
¿Quién y por qué propuso a la alcaldesa de La Muela como vocal de la Comisión Provincial de Urbanismo? ¿Cuáles eran sus méritos para el desempeño de tales funciones?
¿Sobre ese tema no va a dar ninguna explicación el señor Lambán ni nadie se la va a exigir?
Leo como algo premonitorio lo que se decía por esa Asociación en junio de 2007:
"Desde este blog, herramienta de trabajo de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa y foro de discusión libre, queremos promover una reflexión colectiva sobre los compromisos ineludibles de cada funcionario público con la realización diaria del Estado de Derecho y con la prevención de todo fenómeno posible de corrupción política o administrativa".
Yo no sé el alcance que haya podido tener esa reflexión y sus frutos reales, pero estoy convencido de que ha incidido, por poco que sea, en el estado y disposición existente en esta Comunidad para hacer frente al desgobierno y la corrupción existente en tantos ámbitos.
Pero el trabajo, creo, no ha hecho más que comenzar.
Esto decía el Presidente italiano, Spadolini, en 1993 ante los senadores españoles:
"Un cierto grado de corrupción parece inseparable de las democracias industriales avanzadas, pero eso no quiere decir que sea inevitable y que fatalmente deba ser así. El problema es que los partidos no deben sustituir a la sociedad civil. Los partidos deben ser conscientes de que deben dedicarse a ser gestores de ideas, no de bienes ni de empresas, porque eso corresponde a la Administración pública. Los partidos deben tener el coraje de afrontar este problema, de cambiar, porque en caso contrario el desencanto puede llevar a tentaciones autoritarias".
Para Maquiavelo la corrupción inevitablemente se produce cuando el poder de los ricos se une al poder de los gobernantes. Esta alianza, aseguraba, destruye a la república y convierte a la libertad republicana en "una máscara de dominación."
DECIA Montesquieu, a propósito de la antigua Roma, que «como los hombres han tenido siempre las mismas pasiones, las causas de los grandes cambios son siempre las mismas». La principal del derrumbamiento romano, la corrupción, invita a buscar similitudes no sólo con la España actual, sino con lo que hemos dado en llamar mundo (civilización) occidental.
La corrupción es tan inevitable como las enfermedades. Como éstas, ha de ser combatida. Entre los protagonistas de la lucha contra ella (perdedores seguros, sólo en apariencia) están los que desinteresadamente combaten la podredumbre política de nuestras democracias occidentales. Subrayo desinteresadamente porque ninguna bandera garantiza el espíritu del que la porta, como la oposición a una dictadura no avala la condición democrática de nadie.
Publicar un comentario