domingo, 22 de marzo de 2009

PETICIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO AL PRESIDENTE IGLESIAS

Zaragoza, 22 de marzo de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a dirigirse al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para solicitarle, al amparo del derecho fundamental de petición, la aprobación de un Código de Buen Gobierno en el que se recojan los principios éticos a los que han de ajustar su conducta los miembros del Gobierno de Aragón y los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Como ya hizo esta Asociación en noviembre de 2007, al plantear tal petición ante las diferentes instituciones aragonesas, dicho Código de Buen Gobierno, similar al aprobado por el Gobierno de España en el año 2005, debiera subrayar el compromiso ético de los responsables del Gobierno autonómico ante los ciudadanos, señalando de forma visible los criterios y principios que han de presidir su actuación pública, como son los de objetividad, integridad, responsabilidad, credibilidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia y honradez.

Un liderazgo político comprometido con los valores éticos es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública y en la sociedad y prevenir los posibles fenómenos de corrupción.

No cabe ejercer ninguna acción de gobierno valiosa en democracia si no se halla decididamente asentada en un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.

Cuando, como era inevitable, empieza a aflorar la corrupción que había arraigado en diferentes ámbitos de nuestra Comunidad Autónoma, desde las instituciones públicas debería emitirse, por sus máximos responsables, un claro mensaje de compromiso con los valores éticos de la democracia y del Estado de Derecho, adoptando para ello las medidas necesarias para asegurar y reforzar una gestión pública de los intereses generales presidida por la objetividad , la integridad y la transparencia.

La oportunidad para reforzar dicha transparencia y control efectivo la brinda la actual tramitación en las Cortes de Aragón del proyecto de ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Con este motivo, esta Asociación se dirigió a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para que en el proyecto de ley se incorporasen medidas de buen gobierno, transparencia y control de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y un régimen de conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración autonómica equiparable al establecido por el Gobierno de España para la Administración General del Estado.

Todos debiéramos estar atentos al resultado, pues en él se apreciará si hay voluntad real o no de combatir la corrupción pública.

La sanción de la corrupción corresponde, evidentemente, a la Justicia, pero su prevención no, más allá del efecto disuasorio de las condenas que dicte. Quien se sienta verdaderamente comprometido con la lucha anticorrupción sabe que el papel de los jueces es fundamental e insustituible, pero que su intervención sólo se produce cuando todos los demás mecanismos -administrativos y parlamentarios- han fallado.

Al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón incumbe una responsabilidad directa en la prevención y corrección de la corrupción pública, tanto política como administrativa, y sólo desde el cumplimiento de tal responsabilidad cabe otorgar credibilidad a sus declaraciones de respeto a la acción de la Justicia.

¿Queremos remediar verdaderamente los enormes déficits y carencias de nuestros mecanismos de control para que casos como el de La Muela no puedan volverse a producir en el futuro?.

No basta colaborar con la Justicia, como se afirma por los responsables del Gobierno.

Es preciso un programa de lucha contra la corrupción,cuya aplicación no incumbe a la Justicia sino al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón. Ese es el verdadero desafío y el deber que corresponde a todo equipo de gobierno frente a los ciudadanos en este momento.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Me pregunto si es que hay algún momento de no colaborar con la justicia. El que acuede a muletillas socorridas y tan huecas como esa sabrá lo que ha estado haciendo antes de que la justicia se ponga en marcha.

Anónimo dijo...

De acuerdo con todo lo escrito. Ahora bien, un Código como el aprobado por el Gobierno del país no es deseable, porque tan sólo supone una capa de maquillaje sin fondo real. El Código de Buen Gobierno ha de ser una norma jurídica con consecuencias ante su incumplimiento. Corremos el riesgo de que se apruebe un Código y se diga a todo el mundo que con esa aprobación se da un paso adelante, cuando no es verdad si los incumplimientos de dicho Código no conducen a sanciones. Creo que debemos tener cuidado con lo que proponemos, porque pueden aprovechar nuestra propuesta para sencillamente una mera "operación cosmética", y esto se volvería en nuestra contra. Francamente, creo que es mejor no tener un Código que tener uno que no sirva para absolutamente nada.
Un saludo.

Anónimo dijo...

¿cómo es posible que estos temas no susciten más comentarios?

Anónimo dijo...

Este blog me parece un oasis de libertad.