La señal lanzada por el Gobierno de
Aragón, el recurrir en casación ante el Tribunal Supremo las dos sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaraban contrarias a Derecho las
ofertas de empleo público de 2014 y 2015, correspondientes a la anterior
legislatura y a la política de personal del Ejecutivo presidido por Luisa
Fernanda Rudi, es inequívoca, en un doble sentido. En primer lugar, no existe
voluntad de favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la función pública
que corresponde a los ciudadanos, al rechazarse precisamente las sentencias
judiciales que le dan amparo. En segundo lugar, se respalda el ilegal proceder
del anterior Gobierno de Aragón, haciendo propios sus incumplimientos.
Ni jurídica ni políticamente es
apreciable ningún cambio en la materia. Seguimos exactamente igual o peor que
en la etapa anterior, pues al menos el anterior Ejecutivo ejecutó las
sentencias del TSJA sin impugnarlas, lo que marca una diferencia notable, que
debe reconocerse a Mario Garcés e Ignacio Murillo, como responsables directos de
tal decisión.
La vulneración de los derechos de los
ciudadanos y la quiebra de la legalidad, al buscar que los Tribunales otorguen
amparo a la arbitrariedad administrativa que llevamos padeciendo durante años
de incumplimientos, no es meramente una cuestión jurídica que corresponda
debatir con razonamientos legales. Es, sobre todo, una cuestión política.
La seña de identidad de un Estado de Derecho es, por encima de otras, el
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y el sometimiento de los
poderes públicos al principio de legalidad, lo que conlleva como primer efecto
el obligado respeto de las decisiones públicas a los derechos que corresponden
a los ciudadanos.
Eso y no otra cosa es lo que está en
juego cuando el Gobierno de Aragón se permite incumplir el ordenamiento jurídico,
al aprobar ofertas de empleo público anuladas de manera reiterada por los
Tribunales –llevamos ya cinco sentencias condenatorias-, y, lejos de modificar
su conducta, su empeño consiste en buscar el respaldo judicial a sus
incumplimientos, dedicando recursos públicos a erosionar los derechos de los
ciudadanos y desvirtuar el modelo constitucional de función pública.
Por ese motivo, esta Asociación que
tiene abiertos diferentes procesos judiciales en defensa del derecho de acceso,
va a intensificar la acción ante los Grupos Parlamentarios de las Cortes de
Aragón, para que el respeto al derecho de acceso a la función pública autonómica,
pase a ser una cuestión prioritaria en la labor de control del Parlamento autonómico
sobre el Gobierno de Aragón. Los diputados autonómicos no pueden desentenderse
de esta cuestión, no pueden consentir que año tras año el Gobierno apruebe
ofertas de empleo ilegales que luego anulan los Tribunales, persistiendo año
tras año en el desprecio a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Hay conflictos jurídicos –y éste es uno
de ellos- que revisten trascendencia política y ponen al descubierto las
grandes deficiencias de la acción del Gobierno de Aragón, incapaz a un tiempo
de asegurar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de promover la
imprescindible profesionalidad e imparcialidad de la Administración
autonómica. Ambos aspectos obligan a una acción parlamentaria por los grupos
políticos presentes en las Cortes de Aragón. Las políticas públicas no pueden
dejarse al resultado de los procesos judiciales. La política debe reclamar
también su protagonismo en la defensa del Estado de Derecho, sin el cual la
democracia pierde el contrapeso necesario para asegurar su virtud como régimen
político.
Se reproduce a continuación el
contenido íntegro del escrito dirigido a uno de los Grupos Parlamentarios:
“Grupo Parlamentario Mixto (Chunta
Aragonesista)
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-Zaragoza
Zaragoza, 19 de mayo de
2016.
Estimados señores:
En mi condición de
Presidente de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, entidad que viene reivindicando desde el año 2007 el respeto al
derecho de acceso a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos el
artículo 23.2 de la Constitución
Española, y como continuación al escrito remitido el pasado
mes de enero, deseo informarles que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
mediante sentencia de 23 de marzo de 2016, declara contraria a Derecho la
oferta de empleo público para 2014 aprobada por el Gobierno de Aragón, al omitirse
la aprobación de oferta correspondiente al ámbito de administración general, en
la que se incluyera la totalidad de las plazas vacantes cubiertas por
funcionarios interinos.
Con dicha sentencia, son
ya cinco las ocasiones en las que los Tribunales declaran contraria a Derecho
una Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir
en la misma la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, de
acuerdo con lo que exigen tanto el artículo 10.4 del Estatuto Básico del
Empleado Público como el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón. El Tribunal Supremo anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 y el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, de acuerdo con lo declarado por el Tribunal
Supremo, ha anulado las Ofertas de Empleo Público de 2010, 2011, 2015 y, con la
nueva sentencia, la de 2014.
La resolución del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón reitera las razones que motivaron ya
las anteriores anulaciones, entendiendo obligado el respeto de la inclusión de
plazas ocupadas por interinos que exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado
Público como la Ley
aragonesa de función pública, pues el incumplimiento de dichos preceptos
suponen una lesión directa del derecho fundamental de acceso a la función
pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución
Española. Como señaló en su día el Tribunal Supremo, y ha
reiterado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, “no hay mayor negación
del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la
negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos”.
Esta Asociación se ha
dirigido tanto al Consejero de Hacienda y Administración Pública como al
titular de la Dirección General
de la Función Pública y Calidad
de los Servicios, en cuanto responsables de función pública, para solicitarles
que, frente a las sentencias recaídas en relación con las Ofertas de 2014 y
2015, se optase por su ejecución y no se plantease recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, pues ello no puede tener otra finalidad que la de retrasar la
firmeza y efectividad del fallo judicial y, en última instancia, tratar de
impedir el pleno restablecimiento del derecho de acceso a la función pública
dentro de la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Frente a ello, el
Gobierno de Aragón, a través de sus servicios jurídicos, ha promovido sendos
recursos de casación ante el Tribunal Supremo, con la pretensión de anular las
dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y evitar con ello
que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la función pública en
las condiciones previstas por la Constitución
Española y el Estatuto Básico del Empleado Público, tratando
de limitar dicho derecho con una interpretación lesiva de las tasas de
reposición de efectivos que establecen las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado para reponer bajas producidas a lo largo de cada ejercicio. Es necesario
y urgente combatir las tasas de interinidad existentes en las Administraciones
Públicas, pues la profesionalidad e imparcialidad de los servidores públicos va
ligada a su inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Sin
embargo, los esfuerzos del Gobierno de Aragón van claramente en la dirección
contraria.
Por tales razones, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa les
solicitamos que por parte de ese Grupo Parlamentario, dada la función de
control e impulso de la acción de gobierno que institucionalmente le corresponde,
se promuevan iniciativas parlamentarias para instar al Gobierno a retirar sus
recursos de casación y, en su lugar, proceder a la ejecución de las sentencias
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para así asegurar el
respeto al derecho de acceso a la función pública autonómica, conforme a lo
previsto en las leyes.
Agradeciendo de antemano
su atención, y quedando a su disposición para cualquier cuestión que deseen
plantear sobre el tema expuesto, reciban un atento y respetuoso saludo.
Julio
Guiral Pelegrín. Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función Pública Aragonesa"