UN ESPACIO NECESARIO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Los servidores públicos, junto a todas aquellas personas que tienen conciencia de la importancia que reviste una Administración Pública profesional, imparcial y eficiente para el buen funcionamiento institucional, debemos ser capaces de articular un espacio común de reflexión y debate, de encuentro y diálogo.

El ejercicio de una profesión no se agota con su desempeño y práctica diaria –tratando de mantener estándares adecuados de rendimiento-, sino que requiere una reflexión sobre los retos que ha de plantearse ante los cambios en su entorno –para adaptarse a los mismos y ser capaz de responder a nuevas demandas sociales, con el fin de preservar su utilidad social y evitar los riesgos de deslegitimación que conlleva la visión de la función pública como aparato ineficiente, burocratizado y privilegiado por el estatuto de sus miembros- y por la evolución no siempre positiva de sus dinámicas internas, con un constatado nivel de incumplimientos normativos y una cultura organizativa no suficientemente orientada a los resultados y al servicio efectivo de la sociedad y del interés general.

Ese espacio ha de ser necesariamente un espacio público, socialmente abierto, en el que intervengan los profesionales del sector público y los ciudadanos, los expertos en los actuales desafíos de la sociedad y los usuarios y destinatarios últimos de los servicios públicos, cuya posición ha de ser de corresponsabilidad y no de demanda arbitraria a los poderes públicos, sin consideración alguna de los costes de oportunidad que implica toda acción pública.

En ese espacio debieran tener una posición protagonista las escuelas de función pública –como es el Instituto Aragonés de Administración Pública- y también las instituciones dedicadas a la protección de los derechos de los ciudadanos y de la tutela del ordenamiento jurídico, como es el Justicia de Aragón en nuestra Comunidad Autónoma. Tiempo atrás sugerimos desde esta Asociación a la institución del Justicia el impulso de un Aula de Buena Administración, en la que generar un espíritu de cambio y renovación de los servidores públicos, desde la óptica del compromiso con la legalidad y los derechos de los ciudadanos, pero esa idea, aunque acogida con interés en su momento, no ha tenido ningún desarrollo.

No podemos esperar ni pretender que la función pública cambie por el simple hecho de aprobar una nueva Ley –como la que se ha elaborado por enésima vez por el Gobierno de Aragón, para dar desarrollo a un Estatuto Básico del Empleado Público que cada día parece estar más en entredicho, como lo demuestra el hecho de que el régimen de acceso a la función pública en él previsto se haya visto desplazado por las previsiones anuales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como si la función pública y el derecho de acceso a la misma fuera una mera decisión de gasto público-, ni cabe dejar el futuro de la función pública y de la Administración en las exclusivas manos de los responsables políticos y de los sindicatos de la función pública, porque el futuro y la calidad de la función pública –el papel que le corresponde desempeñar para el aseguramiento cotidiano del Estado de Derecho- no se limita, ni mucho menos, a la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Es más, sería oportuno considerar si la acción sindical dentro de la función pública es una de las principales razones de su deterioro, al incurrirse en una indebida patrimonialización de lo público por quienes precisamente están obligados a actuar con objetividad y al estricto servicio de la legalidad y del interés general. No hemos escuchado ninguna reflexión seria de los sindicatos sobre el papel que desean jugar en le prevención y lucha contra la corrupción administrativa. Ni les hemos visto asumir un verdadero compromiso con la legalidad en el ámbito público, sin el cual cualquier acción pierde su legitimidad.

Consideramos por ello necesario abrir un espacio público de reflexión sobre la función pública –y los condicionamientos y exigencias de todo tipo que inciden sobre ella-, en el que tengan un papel relevante los propios servidores públicos, para analizar el desempeño de su actividad profesional y contribuir a la superación de las muchas ineficiencias que hoy acumula la Administración Pública. La reforma de las Administraciones Públicas –verdadera asignatura pendiente de nuestra democracia- no puede tener a los servidores públicos como testigos indiferentes o como grupo de presión para acomodarla a sus intereses personales. Debemos ser parte activa en ese proceso, asumiendo un necesario ejercicio de autocrítica sobre el olvido de valores y la dejación de responsabilidades en el desempeño de nuestra actividad, y un compromiso decidido con el determinante papel que corresponde a la función pública en la realización del Estado de Derecho y el buen funcionamiento de los servicios públicos.