EL GOBIERNO DE ARAGÓN CONTRA EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO: ESCRITO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN.

La señal lanzada por el Gobierno de Aragón, el recurrir en casación ante el Tribunal Supremo las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaraban contrarias a Derecho las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, correspondientes a la anterior legislatura y a la política de personal del Ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi, es inequívoca, en un doble sentido. En primer lugar, no existe voluntad de favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos, al rechazarse precisamente las sentencias judiciales que le dan amparo. En segundo lugar, se respalda el ilegal proceder del anterior Gobierno de Aragón, haciendo propios sus incumplimientos.

Ni jurídica ni políticamente es apreciable ningún cambio en la materia. Seguimos exactamente igual o peor que en la etapa anterior, pues al menos el anterior Ejecutivo ejecutó las sentencias del TSJA sin impugnarlas, lo que marca una diferencia notable, que debe reconocerse a Mario Garcés e Ignacio Murillo, como responsables directos de tal decisión.

La vulneración de los derechos de los ciudadanos y la quiebra de la legalidad, al buscar que los Tribunales otorguen amparo a la arbitrariedad administrativa que llevamos padeciendo durante años de incumplimientos, no es meramente una cuestión jurídica que corresponda debatir con razonamientos legales. Es, sobre todo, una cuestión política. La seña de identidad de un Estado de Derecho es, por encima de otras, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y el sometimiento de los poderes públicos al principio de legalidad, lo que conlleva como primer efecto el obligado respeto de las decisiones públicas a los derechos que corresponden a los ciudadanos.

Eso y no otra cosa es lo que está en juego cuando el Gobierno de Aragón se permite incumplir el ordenamiento jurídico, al aprobar ofertas de empleo público anuladas de manera reiterada por los Tribunales –llevamos ya cinco sentencias condenatorias-, y, lejos de modificar su conducta, su empeño consiste en buscar el respaldo judicial a sus incumplimientos, dedicando recursos públicos a erosionar los derechos de los ciudadanos y desvirtuar el modelo constitucional de función pública.

Por ese motivo, esta Asociación que tiene abiertos diferentes procesos judiciales en defensa del derecho de acceso, va a intensificar la acción ante los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para que el respeto al derecho de acceso a la función pública autonómica, pase a ser una cuestión prioritaria en la labor de control del Parlamento autonómico sobre el Gobierno de Aragón. Los diputados autonómicos no pueden desentenderse de esta cuestión, no pueden consentir que año tras año el Gobierno apruebe ofertas de empleo ilegales que luego anulan los Tribunales, persistiendo año tras año en el desprecio a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Hay conflictos jurídicos –y éste es uno de ellos- que revisten trascendencia política y ponen al descubierto las grandes deficiencias de la acción del Gobierno de Aragón, incapaz a un tiempo de asegurar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de promover la imprescindible profesionalidad e imparcialidad de la Administración autonómica. Ambos aspectos obligan a una acción parlamentaria por los grupos políticos presentes en las Cortes de Aragón. Las políticas públicas no pueden dejarse al resultado de los procesos judiciales. La política debe reclamar también su protagonismo en la defensa del Estado de Derecho, sin el cual la democracia pierde el contrapeso necesario para asegurar su virtud como régimen político.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a uno de los Grupos Parlamentarios:

“Grupo Parlamentario Mixto (Chunta Aragonesista)

Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

50071-Zaragoza

Zaragoza, 19 de mayo de 2016.

Estimados señores:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad que viene reivindicando desde el año 2007 el respeto al derecho de acceso a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española, y como continuación al escrito remitido el pasado mes de enero, deseo informarles que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante sentencia de 23 de marzo de 2016, declara contraria a Derecho la oferta de empleo público para 2014 aprobada por el Gobierno de Aragón, al omitirse la aprobación de oferta correspondiente al ámbito de administración general, en la que se incluyera la totalidad de las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos.

Con dicha sentencia, son ya cinco las ocasiones en las que los Tribunales declaran contraria a Derecho una Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir en la misma la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, de acuerdo con lo que exigen tanto el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público como el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Tribunal Supremo anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de acuerdo con lo declarado por el Tribunal Supremo, ha anulado las Ofertas de Empleo Público de 2010, 2011, 2015 y, con la nueva sentencia, la de 2014.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón reitera las razones que motivaron ya las anteriores anulaciones, entendiendo obligado el respeto de la inclusión de plazas ocupadas por interinos que exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley aragonesa de función pública, pues el incumplimiento de dichos preceptos suponen una lesión directa del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española. Como señaló en su día el Tribunal Supremo, y ha reiterado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, “no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos”.

Esta Asociación se ha dirigido tanto al Consejero de Hacienda y Administración Pública como al titular de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en cuanto responsables de función pública, para solicitarles que, frente a las sentencias recaídas en relación con las Ofertas de 2014 y 2015, se optase por su ejecución y no se plantease recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pues ello no puede tener otra finalidad que la de retrasar la firmeza y efectividad del fallo judicial y, en última instancia, tratar de impedir el pleno restablecimiento del derecho de acceso a la función pública dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Frente a ello, el Gobierno de Aragón, a través de sus servicios jurídicos, ha promovido sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, con la pretensión de anular las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y evitar con ello que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la función pública en las condiciones previstas por la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público, tratando de limitar dicho derecho con una interpretación lesiva de las tasas de reposición de efectivos que establecen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para reponer bajas producidas a lo largo de cada ejercicio. Es necesario y urgente combatir las tasas de interinidad existentes en las Administraciones Públicas, pues la profesionalidad e imparcialidad de los servidores públicos va ligada a su inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno de Aragón van claramente en la dirección contraria.

Por tales razones, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa les solicitamos que por parte de ese Grupo Parlamentario, dada la función de control e impulso de la acción de gobierno que institucionalmente le corresponde, se promuevan iniciativas parlamentarias para instar al Gobierno a retirar sus recursos de casación y, en su lugar, proceder a la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para así asegurar el respeto al derecho de acceso a la función pública autonómica, conforme a lo previsto en las leyes.

Agradeciendo de antemano su atención, y quedando a su disposición para cualquier cuestión que deseen plantear sobre el tema expuesto, reciban un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función  Pública Aragonesa"