El
pasado martes, 19 de marzo, tuvo lugar en los locales de la Junta Municipal Centro del
Ayuntamiento de Zaragoza, la VI Asamblea
de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, convocada conforme a lo previsto en los Estatutos, para hacer
balance de la actividad desarrollada el último año, rendir cuentas de la
situación financiera de la
Asociación, renovar parcialmente la composición de la Junta Directiva, incluidos los
cargos de Presidente y Tesorero, y marcar los objetivos de acción futura.
La
sesión, a la que asistieron cerca de una quincena de socios, estuvo moderada
por el Presidente, Julio Guiral.
Tras
el inicio de la sesión, se procedió a aprobar el orden del día propuesto y el
acta de la asamblea anterior, celebrada el 21 de febrero de 2012, y seguidamente el Presidente
concedió la palabra al Secretario de la Asociación, Félix Gracia, para que expusiese de forma resumida las actividades desarrolladas en el último año.
El
año 2012, como sexto año de actividad de la Asociación, ha sido un
año de actividad reducida, si bien se han mantenido vivas las líneas
principales de acción, en particular la defensa del derecho de acceso a la
función pública, al solicitar del Gobierno de Aragón la ejecución de las
sentencias ya firmes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón por las que se anularon, respectivamente, las Ofertas de Empleo Público
de los años 2007 y 2011, aprobadas por el Gobierno de Aragón. Al margen de
otras actuaciones, se destacan los recientes escritos de petición dirigidos a la Vicepresidenta del
Gobierno español y a los presidentes del Congreso de los Diputados y del
Senado, solicitando que los poderes públicos españoles desarrollen las medidas
de prevención y corrección de la
corrupción que se contemplan en la Convención de Naciones Unidas de 2003, que fue
ratificada tanto por España en 2006 como, posteriormente, por la propia Unión
Europea. Se hace un repaso a las sentencias recaídas en este periodo, como
resultado de los diferentes recursos contencioso-administrativos promovidos por
la Asociación,
destacándose la sentencia favorable por la que se anularon distintos anuncios
de publicidad de nombramientos y ceses del personal de confianza de los
gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, obligando a que se proceda a
la publicación directa de las resoluciones de nombramiento y de cese de dicho
personal, tal y como se exige en la
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. También, entre
las actuaciones más recientes se cita el recurso de alzada promovido contra las
convocatorias de concursos de méritos realizadas por la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, al entender que algunos de los aspectos recogidos
en sus bases resultan contrarios a la
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Entre los actos públicos realizados a lo largo del año, el más
relevante fue, una vez más, la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, llevado a
cabo en el salón de actos de la
Biblioteca de Aragón y en el que participaron representantes
de la Asociación Aragonesa
de Responsabilidad Social Corporativa.
Seguidamente
el Presidente hizo mención al importante informe sobre el empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma
hecho público por el Justicia de Aragón el pasado mes de diciembre de 2012, e
informa de los contactos mantenidos con la Institución para la
celebración de un acto público en torno al mismo, para la exposición de su
contenido, conclusiones y recomendaciones, y debate público posterior.
Concluida
la exposición de las actividades desarrolladas, se inició un debate general
entre todos los asistentes, poniéndose de manifiesto el difícil momento que se
vive en la función pública aragonesa, por la desmotivación general por la falta
de objetivos y de estilos de dirección capaces de sumar a los profesionales a
proyectos de mejora. Se analiza también la falta de dinamismo interno de la Asociación, con una
parte importante de sus miembros ausente en cualquier iniciativa realizada, por
lo que se propone sondear el estado de ánimo y la disposición de los miembros,
así como la disponibilidad para reactivar la vida interna, para el análisis de
las grandes cuestiones de la función pública, como su ordenación legal o la
incidencia de propuestas normativas como el aprobado proyecto de ley de Calidad
de los Servicios Públicos. Se opina que la Asociación debe saber
elegir sus objetivos, para concentrar en
ellos su capacidad, y que esas líneas fundamentales de actuación debieran
referirse a la estrategia contra la corrupción, a partir de las previsiones de la Convención de Naciones
Unidas de 2003, y a las propuestas de buen gobierno y mejora de la función pública,
rescatando y poniendo en el debate público el contenido del “Documento de
Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la VIII Legislatura de las Cortes
de Aragón”, aprobadas en 2011 por la Junta
Directiva de la Asociación. También
se plantea un debate sobre los contenidos del blog de la Asociación y la
oportunidad o no de mejorarlo técnicamente y hacer sus contenidos más
accesibles, tema que deberá abordar en su caso la Junta Directiva, como órgano
responsable de la actividad de la Asociación. Igualmente,
se sugiere que la Asociación
busque alianzas con otras organizaciones de funcionarios públicos para sumar
fuerzas y abordar iniciativas de forma conjunta. En cualquier caso, se destaca
la necesidad de que la
Asociación no se deje ganar por el desánimo general que se
vive en el conjunto de la
Administración autonómica, y que se mantenga la línea de
actuación en materia de control y exigencia de respeto a la legalidad, valorándose
positivamente que, a pesar de contar con un nivel de actividad más reducido, la Asociación sigue
existiendo y conserva voluntad y energías para seguir trabajando por sus
objetivos.
Cerrado
este debate general, el Tesorero, José Ramón Gálligo, expuso el balance de las
cuentas de la Asociación,
detallando los gastos realizados a lo largo del año –siendo la partida más
destacada las costas abonadas por recursos judiciales desestimados, ante el
Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas-, si bien se sigue disponiendo de un
saldo positivo cercano a los 1.000 euros.
A
continuación se procedió a la renovación parcial de la Junta, que, conforme a lo
previsto en los estatutos, afectaba a los cargos de Presidente y Tesorero, y a un
vocal, todos ellos elegidos en 2011. Como vocales, se produce la salida de
Carmen Gonzalo, que opta por la no renovación, descartándose el nombramiento de
nuevos vocales, dado que el número actual de vocales existentes –seis- se
ajusta a las previsiones estatutarias. Como Tesorero fue reelegido José Ramón Gálligo, y el cargo
de Presidente finalmente resultó vacante al expresar Julio Guiral su decisión
de no continuar y no existir otro candidato a dicho cargo.
Entre
los presentes, ante la situación generada al quedar vacante el cargo de
Presidente y hallarse igualmente vacante el de Vicepresidente, al no haberse
cubierto en 2011, año en que procedía su renovación, se convino la necesidad
de la celebración próxima de una Asamblea Extraordinaria, en la que resolver la
situación, correspondiendo realizar su convocatoria a la Junta Directiva. Esta, tras los
cambios producidos en la VI Asamblea,
queda compuesta por Félix Gracia, como Secretario, José Ramón Gálligo, como Tesorero, y
Adolfo Ballestín, Antonio Brotons, Eduardo Notivol, Juan José Morales, Antonio
Serrano y Guadalupe Zárate, como vocales. Quedan vacantes los puestos de Presidente y Vicepresidente.
El
resultado de la renovación de la
Junta y la hora avanzada motivaron la clausura de la Asamblea, sin que se
planteasen ruegos o preguntas por parte de los asistentes.
