NO ACEPTAR REBAJAS.

Hallándonos en vísperas de la celebración de la VI Asamblea anual de la Asociación, y con el fin de alentar el debate de iniciativas a abordar en el nuevo periodo que se abrirá tras su celebración, es necesario formular criterios o propuestas que sirvan para orientar actuaciones futuras. Esa debiera ser la función principal del blog en estos días previos.

Una posible iniciativa o actuación a desarrollar podría ser la detección de las carencias o déficits de regulación institucional que padece la Comunidad Autónoma de Aragón, parte de los cuales lógicamente han sido puestos ya de manifiesto por esta Asociación en el pasado. Siempre hemos sostenido que, dentro del mismo marco constitucional, no es aceptable que las instituciones públicas de los diferentes niveles de gobierno no se hallen sometidas a los mismos niveles de exigencia ética o no regulen similares mecanismos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Menos aceptable resulta todavía que las instituciones públicas aragonesas sean incapaces de asumir los estándares éticos establecidos en las instituciones del Estado o de otras Comunidades Autónomas. El caso de la regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos ha sido un claro ejemplo de la tendencia a la baja por parte de la clase política aragonesa.

Para algunos pueden ser cosas accesorias, pero no es anecdótico el hecho de que, a diferencia de otros Estatutos de Autonomía, la reforma de 2007 del Estatuto de Autonomía de Aragón no recogiese el derecho a una buena administración que fue formulado en el ámbito de la Unión Europea en el año 2000, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea aprobada en Niza. Tampoco pasó desapercibido el hecho de que, pese a incorporar el Estatuto por ver primera un Título de derechos de los aragoneses, no se recogiese como derecho estatutario el derecho de petición al Parlamento autonómico, pese a que la Constitución de 1978 recogió expresamente el derecho de petición a las Cámaras en su artículo 77 y el Parlamento Europeo no deja de potenciar tal mecanismo de comunicación entre los ciudadanos y la institución parlamentaria.

Seguramente serían numerosas las anomalías o rebajas que existen tanto en la regulación como –lo que es peor- en el funcionamiento de las instituciones, a pesar de las expresas previsiones legales. Ejemplo reciente de la inaplicación de una obligación legal de transparencia es la falta de publicación de los nombramientos y ceses del personal de confianza de los miembros del Gobierno, establecido en el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. Igualmente grave nos parece que, durante tres años consecutivos, el Gobierno de Aragón haya incumplido el plazo de remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón, siendo así el primero en incumplir lo establecido por el Estatuto de Autonomía de Aragón. Resulta difícil acusar luego al Gobierno de la Nación de otros incumplimientos cuando el Ejecutivo autonómico no es capaz de cumplir sus propias obligaciones.

En definitiva, esta Asociación debe seguir trabajando para mejorar el marco normativo de nuestras instituciones –dentro del objetivo general que podríamos calificar de buen gobierno-, para señalar sus insuficiencias y detectar las interesadas rebajas que, en numerosos casos, se promueven por los responsables políticos aragoneses, pero sobre todo para demandar medidas que incrementen el nivel de exigencia ética, la transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas y la depuración de responsabilidades por el uso indebido de las funciones públicas. Puede que no sea una línea de actuación suficiente para colmar el programa de la Asociación, sin duda, pero es una línea de actuación que no es posible abandonar, pues sólo la presión y el control de la sociedad civil puede compensar la falta de vigor ético que muestra una gran parte de nuestros responsables institucionales. No podemos consentir ni aceptar rebajas en la calidad de nuestra vida institucional.