La Junta Directiva de
la Asociación, en su reunión de la pasada semana –tras aplazarse la
convocatoria inicialmente prevista, a causa del inesperado fallecimiento de
Emilio Gastón-, acordó formular recurso de casación ante el Tribunal Supremo
frente a la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de
20 de diciembre de 2017, en la que se desestimaba el recurso planteado, en vía
especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, contra la
Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón para 2016 en los
ámbitos de administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón y del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.
Aun valorando la
dificultad de obtener un pronunciamiento favorable de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y aun afrontando el riesgo de
una gravosa condena en costas –la defensa de la legalidad no resulta gratuita,
y supone un contrasentido que los recursos públicos se dediquen p a combatir el
respeto a los derechos de los ciudadanos, como viene haciendo el Gobierno de
Aragón y la Administración General del Estado-, no podemos dejar de agotar todas
las instancias posibles para insistir en nuestros planteamientos a favor del
derecho de acceso a la función pública, y entender que todo derecho fundamental
tiene un contenido esencial que debe ser respetado y que vincula a todos los
poderes, incluido el legislativo, razón por la cual hemos de seguir
cuestionando las tasas de reposición de efectivos generadoras de bolsas de
interinidad y de menoscabo de la función pública profesionalizada.
Acudiremos al Tribunal
Supremo frente a los pronunciamientos que entendemos no tutelan adecuadamente
los derechos fundamentales, y trataremos de hacerlo igualmente ante el Tribunal
Constitucional si se rechazaran nuestros argumentos. Cuando el derecho no lucha
por su garantía, por cálculos de posibilidades, está aceptando de antemano su
derrota, su vulneración. Hay batallas jurídicas y sociales que han de librarse
con independencia del resultado obtenido o esperado y la defensa de los
derechos fundamentales, consustancial a una sociedad democrática y a un Estado
de Derecho, es un objetivo irrenunciable para una Asociación como la nuestra, constituida
para reclamar el respeto de la legalidad en materia de función pública y para
promover la profesionalidad en los servidores públicos de todas las
Administraciones.
El debate jurídico es
una tarea imprescindible para que la realidad no se imponga a la legalidad,
para que la arbitrariedad –aunque se revista de norma jurídica- no se imponga
al derecho de los ciudadanos constitucionalmente garantizado, para que no
retrocedamos en los objetivos de calidad y de exigencia democrática que nos
hemos planteado individual y colectivamente. Para que la igualdad de los
ciudadanos sea real y efectiva, para que nadie patrimonialice lo público, lo que
es de todos, para que nadie se crea legitimado para cercenar el derecho que
asiste a los ciudadanos.
1 comentario:
El debate judicial es importante pero más importante me parece el generar ideas y combatir el conformismo con unas tasas de reposición que han destrozado la función pública de las Administraciones españolas, ante el silencio generalizado de los responsables políticos y de la mayor parte de los expertos en materia de gestión pública!!
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