La Junta Directiva de la Asociación, en su reunión
del pasado lunes 18 de septiembre, dio por iniciado el nuevo curso de
actividad, con la voluntad de reafirmar su defensa de los valores propios del
Estado de Derecho –frente a los que confunden democracia con ilegalidad y desafío
a las reglas de convivencia-, y con la decisión de poner en marcha nuevos
proyectos e iniciativas, que permitan reforzar los principios constitucionales
que han de presidir el funcionamiento de las Administraciones Públicas y la
labor de los servidores públicos que trabajan en ellas.
Dos
fueron las principales decisiones adoptadas por nuestra Junta Directiva –cuya composición
fue recientemente renovada, en la asamblea del pasado mes de junio, celebrada
en la Biblioteca Pública
de Aragón-, una de ellas se refiere a la revisión y puesta al día del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y
Buena Administración, elaborado al inicio de la legislatura, y precisado de
una actualización tras la aprobación por las Cortes de Aragón de su nuevo
Reglamento –con novedosos cauces de participación ciudadana- y de la Ley de Integridad y Ética Públicas
el 1 de junio, cuya lectura crítica resulta imprescindible para que la
regeneración democrática e institucional que precisamos no sea una simple
operación de estética y de creación de nuevas estructuras de discutible
eficacia; y la otra consiste en el impulso de un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública, cuya
finalidad sea realizar un seguimiento del grado de cumplimiento por parte del
conjunto de las Administraciones de la legalidad constitucional y
administrativa en materia de acceso al empleo público, asegurando el derecho de
los ciudadanos a incorporarse a la función pública conforme a criterios de mérito
y eficacia, y corrigiendo los actuales niveles de interinidad existentes en la
mayor parte de las Administraciones, lo que supone un claro incumplimiento de
la legalidad y un factor grave de desprofesionalización y de debilitamiento de la Administración como
elemento esencial del Estado de Derecho, de aseguramiento diario del respeto a
la legalidad.
Esta
misma semana, representantes de la Asociación iniciarán los contactos para sentar
las bases de dicho Observatorio, entrando en contacto con el Presidente de la Asociación de Academias
de preparación de oposiciones en Aragón y con otras asociaciones o entidades
representativas de funcionarios públicos. Se quiere diseñar un modelo de
Observatorio que analice la realidad de las Administraciones aragonesas –autonómica
y local, Universidad de Zaragoza, Administración sanitaria y educativa-, capaz
de confeccionar un informe anual
sobre el cumplimiento de cada una de las Administraciones y un conjunto de
indicadores que permita confeccionar un ranking sobre dicho grado de
cumplimiento. Agotada la estrategia judicial –tras diez años de impugnación de
ofertas de empleo público, con importantes logros y también graves reveses-, es
necesario impulsar nuevos modos de continuar nuestra labor de control y
exigencia de respeto al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.
Para ello utilizaremos de forma sistemática el derecho de acceso a la información
pública –en el marco de la nueva normativa de transparencia- y buscaremos la
implicación activa de instituciones como el Justicia de Aragón.
Una
vez definido suficientemente el Observatorio en el ámbito autonómico,
trataremos de configurarlo a nivel estatal, dando así ejecución al proyecto que
el pasado mes de junio miembros de nuestra asociación expusieron en el Congreso
Estatal de Empresas de Formación, celebrado en Burgos.
En
el actual escenario de tensión y de crisis que vive nuestro país, no podemos
dejar de impulsar aquello que debe canalizar la aspiración común de todos los
ciudadanos, como es una democracia de calidad, asentada en el escrupuloso
respeto a las normas y en la voluntad decidida de respeto a los derechos de los
ciudadanos constitucionalmente establecidos, descartando tanto la temeridad que
con tanta preocupación observamos –de quienes de modo irresponsable patrimonializan las instituciones
catalanas- como la falta de impulso regenerador por los responsables del actual
deterioro de nuestro marco de convivencia, olvidando poner el acento de la acción
política en las preocupaciones de las personas, olvidando que la razón de ser
de todas las instituciones es el servicio a la libertad y bienestar de todos.
5 comentarios:
Magnífica manera de iniciar el curso lectivo. Ánimo y energía para todo y todo nuestro apoyo y admiración hacia la labor que venís desarrollando desde hace tantos años, ahora más que nunca, necesaria.
Sigamos!!
Es necesario estar siempre en movimiento. Mucha suerte y adelante.
Carmen
¡Buenas tardes!
¿El Gobierno no puede controlar y obligar a las CC.AA. y sobre todo Corporaciones Locales para que aprueben anualmente sus OEP y convoquen las plazas dentro del plazo improrrogable de 3 años como establece el TREBEP?
Porque existen numerosos ejemplos de AA.PP. que llevan años y años (y no únicamente desde que se acordó establecer tasas de reposición en los PGE) sin aprobar OEP o convocarlas. ¿Dónde está aquí el cumplimiento de la Constitución y las leyes? ¿Dónde queda el derecho constitucional de acceso a la función pública? Y ahora mediante un acuerdo se pretende estabilizar miles de plazas ocupadas de forma temporal o interina a través de procesos de consolidación o usando el sistema de concurso-oposición, beneficiando a un colectivo, el de interinos, frente a otros, el de no interinos. Porque que me digan a mí quién garantiza que todas esas personas que ocupan dichas plazas accedieron por un procedimiento transparente bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.
http://www.eldiario.es/economia/acuerdo-Gobierno-sindicatos-interinos-supondra_0_690831127.html
Se manejan unas cifras de alrededor medio millón de empleos públicos en los próximos tres años. Y mucho me temo que en CC.AA. y Corporaciones Locales se convoquen todas las plazas -las derivadas de la tasa de reposición y las ocupadas de forma temporal o interina- conjuntamente en un única convocatoria a través de concurso-oposición.
Para finalizar, la iniciativa de crear un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública me parece muy acertada, y quizás dicho informe anual que se confeccione se debería remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como al Congreso de los Diputados y Senado y otras instituciones.
No obstante, a mi juicio, la única solución a todo esto es que el Estado efectúe un seguimiento y control a CC.AA. y Corporaciones Locales para que, dentro de los límites previstos, aprueben sus OEP anualmente y se ejecuten las convocatorias correspondientes tal y como fija el TREBEP para dar así cumplimiento al mandato constitucional sobre derecho de acceso al empleo público.
http://www.levante-emv.com/costera/2017/10/06/xativa-valida-sindicatos-oferta-57/1624549.html
Buenas tardes, aquí un ejemplo de lo que se respeta el derecho constitucional de acceso a la función pública y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y existen numerosos casos por toda la geografía española. Ahora se les hace una convocatoria a medida por concurso-oposición y problema resuelto. Aquí el respeto a la CE y las leyes para unas cosas pero para otras parece ser que da lo mismo.
"El Ayuntamiento de Xàtiva sacará a concurso-oposición 57 plazas de funcionario ocupadas por personal en régimen temporal o de interinidad que accedió a la plantilla municipal con anterioridad a 2005 sin pasar ningún examen."
"Desde 1995, el Ayuntamiento de Xàtiva no ha convocado oposiciones libres."
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