ABRIR NUEVOS CAMINOS.

La Junta Directiva de la Asociación, en su reunión del pasado lunes 18 de septiembre, dio por iniciado el nuevo curso de actividad, con la voluntad de reafirmar su defensa de los valores propios del Estado de Derecho –frente a los que confunden democracia con ilegalidad y desafío a las reglas de convivencia-, y con la decisión de poner en marcha nuevos proyectos e iniciativas, que permitan reforzar los principios constitucionales que han de presidir el funcionamiento de las Administraciones Públicas y la labor de los servidores públicos que trabajan en ellas.

Dos fueron las principales decisiones adoptadas por nuestra Junta Directiva –cuya composición fue recientemente renovada, en la asamblea del pasado mes de junio, celebrada en la Biblioteca Pública de Aragón-, una de ellas se refiere a la revisión y puesta al día del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado al inicio de la legislatura, y precisado de una actualización tras la aprobación por las Cortes de Aragón de su nuevo Reglamento –con novedosos cauces de participación ciudadana- y de la Ley de Integridad y Ética Públicas el 1 de junio, cuya lectura crítica resulta imprescindible para que la regeneración democrática e institucional que precisamos no sea una simple operación de estética y de creación de nuevas estructuras de discutible eficacia; y la otra consiste en el impulso de un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública, cuya finalidad sea realizar un seguimiento del grado de cumplimiento por parte del conjunto de las Administraciones de la legalidad constitucional y administrativa en materia de acceso al empleo público, asegurando el derecho de los ciudadanos a incorporarse a la función pública conforme a criterios de mérito y eficacia, y corrigiendo los actuales niveles de interinidad existentes en la mayor parte de las Administraciones, lo que supone un claro incumplimiento de la legalidad y un factor grave de desprofesionalización y de debilitamiento de la Administración como elemento esencial del Estado de Derecho, de aseguramiento diario del respeto a la legalidad.

Esta misma semana, representantes de la Asociación iniciarán los contactos para sentar las bases de dicho Observatorio, entrando en contacto con el Presidente de la Asociación de Academias de preparación de oposiciones en Aragón y con otras asociaciones o entidades representativas de funcionarios públicos. Se quiere diseñar un modelo de Observatorio que analice la realidad de las Administraciones aragonesas –autonómica y local, Universidad de Zaragoza, Administración sanitaria y educativa-, capaz de confeccionar un informe anual sobre el cumplimiento de cada una de las Administraciones y un conjunto de indicadores que permita confeccionar un ranking sobre dicho grado de cumplimiento. Agotada la estrategia judicial –tras diez años de impugnación de ofertas de empleo público, con importantes logros y también graves reveses-, es necesario impulsar nuevos modos de continuar nuestra labor de control y exigencia de respeto al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública. Para ello utilizaremos de forma sistemática el derecho de acceso a la información pública –en el marco de la nueva normativa de transparencia- y buscaremos la implicación activa de instituciones como el Justicia de Aragón.

Una vez definido suficientemente el Observatorio en el ámbito autonómico, trataremos de configurarlo a nivel estatal, dando así ejecución al proyecto que el pasado mes de junio miembros de nuestra asociación expusieron en el Congreso Estatal de Empresas de Formación, celebrado en Burgos.

En el actual escenario de tensión y de crisis que vive nuestro país, no podemos dejar de impulsar aquello que debe canalizar la aspiración común de todos los ciudadanos, como es una democracia de calidad, asentada en el escrupuloso respeto a las normas y en la voluntad decidida de respeto a los derechos de los ciudadanos constitucionalmente establecidos, descartando tanto la temeridad que con tanta preocupación observamos –de quienes de modo irresponsable patrimonializan las instituciones catalanas- como la falta de impulso regenerador por los responsables del actual deterioro de nuestro marco de convivencia, olvidando poner el acento de la acción política en las preocupaciones de las personas, olvidando que la razón de ser de todas las instituciones es el servicio a la libertad y bienestar de todos.