MENSAJE A LOS FUNCIONARIOS ANDALUCES DE LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO.

En fechas recientes, con motivo de las masivas protestas realizadas por funcionarios de la Junta de Andalucía contra el Decreto Ley de reordenación del sector público aprobado por dicha Comunidad Autónoma, tuvimos conocimiento de la existencia de la Asociación en Defensa del Servicio Público, "integrada por funcionarios públicos, personal laboral al servicio de la Administración Pública, y cualesquiera otras personas que promuevan la defensa del servicio público prestado por profesionales públicos independientes desde la propia Administración Pública".

Entre sus fines figuran, entre otros, el velar por el cumplimiento del sometimiento de la actuación de la Administración Pública al principio de legalidad, así como realizar cuantas actuaciones se estimen necesarias para la consecución de una Administración Pública profesional cuya actividad se guíe por criterios de legalidad, técnicos, de imparcialidad, de transparencia en su actuación, y de eficacia y eficiencia del sector público, dando cumplimiento real a los derechos y deberes establecidos en la Constitución Española de 1978 para todos los ciudadanos.

Nos alegra enormemente el hecho de que en distintas Comunidades Autónomas vayan surgiendo asociaciones con planteamientos similares a los de esta Asociación, como ya hemos podido descubrir en Asturias y en Andalucía, y confiamos en poder establecer entre todos relaciones cordiales de comunicación y de colaboración, de modo que en un futuro próximo podamos abordar iniciativas conjuntas en defensa de los principios constitucionales de la función pública, reforzando con ello la profesionalidad de los servidores públicos y su papel decisivo en la garantía del Estado de Derecho y de los derechos de los ciudadanos.

Reproducimos a continuación el mensaje remitido a la citada Asociación:


“ASOCIACIÓN EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO

Zaragoza, 7 de diciembre de 2010.

Estimados compañeros:

Como representantes de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en febrero de 2007 para la defensa y promoción de los valores y principios de la función pública, y en especial los de legalidad, profesionalidad y ética pública, queremos trasladaros nuestra satisfacción por la creación de vuestra Asociación y nuestras felicitaciones por la extraordinaria movilización que se ha producido entre los funcionarios de la Junta de Andalucía para defender el modelo constitucional de función pública, una de cuyas claves es el régimen de acceso conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad.

Al igual que vosotros, por lo que hemos podido ver en vuestros Estatutos y en vuestro blog o página web, un grupo de funcionarios que trabajamos en la Administración autonómica aragonesa creimos necesario reaccionar frente a la deriva que vivía nuestra Administración, con una creciente proliferación de entes y empresas públicas que paulatinamente venían desplazando a la función pública departamental en diferentes áreas de actividad –todas ellas estratégicas- o suplantándola, a través de irregulares préstamos de trabajadores por parte de tales empresas a los Departamentos, en un evidente fraude del sistema de selección de personal y desvirtuación del estatuto propio de los funcionarios de carrera y de la ordenación de los puestos de trabajo.

El régimen de función pública vive en nuestra Comunidad Autónoma una profunda crisis, en lo que respecta al régimen de selección y de provisión de puestos de trabajo, e incluso al régimen retributivo –fruto de la negociación colectiva se han introducido conceptos retributivos ilegales, como la cláusula de revisión salarial, contraria a la legislación básica estatal, o el anticipo de carrera profesional, al objeto de pagar algo que aún no está regulado y bien podría ser que no lo esté nunca-, pero lo más grave, desde nuestro punto de vista, es la creciente pérdida de valores que sufre el conjunto de los profesionales de la función pública, al olvidar paulatinamente la ética administrativa a la que se deben –nos debemos- y sustituirla por el simple cumplimiento de las órdenes o decisiones políticas que se adoptan, de modo que la Administración pasa a ser un mero instrumento de ejecución de decisiones políticas, con independencia de las exigencias de la legalidad material y procedimental. El principio de jerarquía, único realmente vigente, parece haber reducido a un mero papel retórico o decorativo los verdaderos componentes de la profesionalidad de los servidores públicos. Con ello, la Administración olvida su responsabilidad en la defensa del Estado de Derecho y en la garantía de los derechos del conjunto de los ciudadanos.

Todo ello, en nuestra opinión, hacía necesario lo que denominamos “giro ético” de la Administración Pública, empezando por adoptar un compromiso activo con los valores propios de la función pública –los constitucionales, en primer lugar- y una defensa pública de los mismos, de modo que los problemas de la administración y función pública, hasta entonces ignorados por todos y ausentes en el debate político y social, se incorporasen a la agenda política e informativa.

Para ello, hemos formulado numerosas propuestas a las instituciones públicas aragonesas a través del derecho de petición –casi siempre sin obtener respuesta-, hemos comparecido ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón, planteado quejas ante el Justicia de Aragón –Defensor del Pueblo autonómico- y acudido a los Tribunales o al Ministerio Fiscal, según las circunstancias del caso.

En definitiva, creemos que los funcionarios hemos de comprometernos en la defensa de la función pública –más allá de nuestros meros intereses, cosa a la que ya se dedican los sindicatos- y nos alegra ver que esa idea va prendiendo poco a poco en las diferentes Administraciones Públicas –no sólo en Aragón, sino también en Asturias y Andalucía-, por lo que queremos enviaros nuestro saludo, nuestra felicitación y nuestro deseo de colaboración para que podamos sumar los esfuerzos y reflexiones de todos, dado que estamos embarcados en una tarea común, la de asegurar la Administración que se merecen los ciudadanos y que exige una democracia constitucional como la española.

Recibid un caluroso abrazo.

Julio Guiral Pelegrín y Félix Gracia Romero, Presidente y Secretario de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”