Nos hacemos
eco en nuestro blog de una valiosa iniciativa puesta en marcha en nuestro país
para sumar el esfuerzo de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, lo
que supone un claro compromiso con los valores democráticos que han de regir
tanto la vida pública como la convivencia civil.
Esta
Asociación ha reivindicado siempre la ética pública como elemento
imprescindible en cualquier programa de buen gobierno y buena administración. Una
ética pública que no consiste en la plasmación de documentos tan grandilocuentes
como inútiles, sino en comportamientos de compromiso personal y colectivo con el respeto de la
legalidad y la defensa del interés público.
Nuestras
escasísimas fuerzas no nos han permitido acometer el trabajo y los objetivos que
nos planteamos en nuestro momento fundacional, aunque no podemos negar que
nuestra actividad no ha carecido de incidencia real sobre la situación de la función
pública en nuestra Comunidad Autónoma, como se pone de manifiesto, por ejemplo, con las sentencias
obtenidas en materia de oferta de empleo público, que han
desautorizado de manera evidente la arbitrariedad del Gobierno de Aragón en sus
políticas de personal.
Nos gusta
comprobar que nuestras ideas, al reclamar el papel esencial de la función pública
en la defensa de la legalidad y en la prevención de la corrupción pública, son
coincidentes con las expresadas en la prensa por personas como Antonio Muñoz
Molina (en su reciente artículo “La
corrupción y el mérito”) o Enrique Gil Calvo (en su también reciente artículo
“Epidemiología de la corrupción”).
Pero aún nos
gusta más descubrir que la sociedad civil española es capaz de poner en marcha,
frente al espectáculo desolador de la corrupción pública y privada que
presenciamos, valiosas iniciativas para reclamar la fortaleza de la Ley y la capacidad del Estado
de Derecho frente a quienes se creían amparados por la impunidad, resultado de
la inacción institucional y de la desmovilización ciudadana.
Por ello,
queremos compartir con todos los que se asomen a este blog nuestra satisfacción por la existencia de una
iniciativa ciudadana como es Acción Cívica contra la corrupción, cuyos
principios y objetivos quedan perfectamente explicados en el texto que, extraído
de su página web, reproducimos a continuación:
“Acción Cívica contra la
corrupción es una asociación independiente y
apolítica que brinda su estructura para que abogados de cualquier punto de
España puedan personarse como Acusación
popular, en representación de la misma y de forma
desinteresada, en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos.
Del mismo modo, si en un
momento dado llegan hasta la asociación pruebas suficientes sobre un caso de
corrupción aún oculto, Acción Cívica se planteará la formalización de la
correspondiente denuncia ante la
Fiscalía.
Este proyecto, sencillo
en su dinámica pero profundo en su cometido, fue ideado en Valencia por un
grupo de ciudadanos y está respaldado por el escritor Antonio Muñoz Molina en
calidad de socio de honor. Como es obvio, en esta asociación nadie recibe
retribución económica alguna.
Acción Cívica es una
asociación ajena a
intereses partidistas y no adscrita a ideología política alguna:
la neutralidad y la independencia son los principios fundamentales que le dan
sentido y que alimentan su funcionamiento; los valores que le otorgan su fuerza
y le imprimen sus cualidades esenciales como movimiento ciudadano.
El único objetivo de la
asociación consiste en coadyuvar con la justicia y colaborar en el
esclarecimiento de la verdad, sin importar el color de los partidos
involucrados en cada uno de los casos. Quedan fuera motivos de cualquier otra
índole, como pueden ser rencores u odios personales, que no suelen conducir a
metas positivas sino todo lo contrario. No estamos aquí contra nadie sino a
favor de lo que consideramos justo para la colectividad. Actuamos sólo desde
planteamientos racionales, de un modo
aséptico y constructivo; sin estridencias y al servicio siempre
de la Fiscalía
Anticorrupción, una institución digna de encomio a la que de
forma recurrente se le niegan los refuerzos que tan urgentemente necesita.
La idea
nació a raíz de la experiencia vivida en un procedimiento judicial por desvío
de subvenciones públicas destinadas a países subdesarrollados, proceso en el
que Antonio Penadés, presidente de la asociación, ejerce la acusación popular a
título individual. Este asunto queda explicado en el artículo «Caso Cooperación: la depravación moral», publicado en el
diario El País el 21 de marzo de 2013.
En esos momentos eran muy pocos los que confiaban
en que fueran a servir para algo los esfuerzos llevados a cabo por la juez, los
fiscales Anticorrupción y el resto de las acusaciones. Sin embargo, el juicio
oral de la primera de las tres piezas separadas, celebrado en el TSJ de
Valencia entre enero y marzo de 2014, finalizó con sentencia condenatoria para
los nueve encausados y con penas de 8 años de cárcel para los dos protagonistas
de la trama, lo que convierte a este proceso en un hito en la lucha contra la
corrupción política en España.
Son muchos los motivos
que nos hacen considerar que los ciudadanos
debemos dar un paso al
frente contra la corrupción, esa lacra que tanto daño ha hecho
ya a nuestra democracia, a nuestra convivencia y a nuestra economía. Mediante
la constitución de esta asociación nos rebelamos contra la idea de que es
imposible cambiar el estado actual de las cosas y lo hacemos del modo más
pragmático:
1. Ayudando a fiscales y jueces a limpiar las instituciones del Estado con
instrumentos a nuestro alcance, en especial mediante el ejercicio de la Acusación popular en
procedimientos por corrupción política.
2. Reclamando la implantación de un sistema eficiente de control en la Administración para
evitar que esta situación se repita en el futuro.
Partimos de la idea de
que ambas medidas son necesarias para alcanzar una justicia social que permita
acercarnos a la ética colectiva y a la optimización de los recursos humanos y
materiales de nuestro país. La depuración de las responsabilidades penales
es un paso esencial, pero todo este esfuerzo resultaría inservible sin la
restauración de los controles
administrativos que algunos políticos eliminaron durante un
silencioso proceso en el que los funcionarios de carrera que ejercían esas
funciones acabaron siendo reemplazados por personas afines al partido.
Con el objeto de salir
algún día de la crisis económica y de valores que nos azota, consecuencia en
gran medida de lo anterior, debemos hacer cuanto esté en nuestras manos para
ayudar a la Justicia,
que encarna el último
filtro del Estado de Derecho. Cuando vemos la cantidad de
talento desaprovechado que hay en España, en especial entre los jóvenes,
preparados pero desmotivados y casi sin opciones, reforzamos el convencimiento
de que la única posibilidad de remontar esto pasa por juzgar y encarcelar a los
culpables por corrupción, restituir el dinero robado y tomar medidas sólidas de
cara al futuro.
En el final de su
imprescindible ensayo “Todo lo que era sólido”, Antonio Muñoz Molina afirma que
«no tendremos disculpa si no hacemos todos lo poco y lo mucho que está en
nuestras manos, en las de cada uno, para que no se pierda lo que tanto ha
costado construir, para asegurar a nuestros hijos un porvenir habitable». Es hora de que la ciudadanía dé un paso
adelante y reivindique su espacio; y que, actuando al servicio
de los fiscales y los jueces, marquemos a la clase política cuáles son los
límites que impone nuestro ordenamiento jurídico y la ética más elemental”.
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