PUNTO MUERTO.

La función pública aragonesa, en su conjunto, debiera estar embarcada en un permanente proyecto de mejora y de adecuación a las demandas de los ciudadanos en la prestación de servicios públicos y en la tramitación de procedimientos administrativos, en los que quedasen adecuadamente aseguradas las garantías de los derechos de las personas interesadas. Pero no es esa tensión la que se percibe en los diferentes ámbitos de la Administración aragonesa. La maquinaria administrativa, por el contrario, parece hallarse en punto muerto, más allá de la gestión interna y rutinaria sin apenas valor añadido.

Domina la sensación de parálisis, de falta de rumbo, de ausencia de dirección y carencia de liderazgo. No hay proyecto político ni de gestión que resulten mínimamente reconocibles, a los que los funcionarios puedan aportar su conocimiento e impulso técnico, su compromiso profesional. No existe ilusión ni empeño en contribuir al buen funcionamiento del Estado de Derecho ni a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo en momentos particularmente difíciles y comprometidos como los presentes, cuando más necesario resultaría.

No hay garantía alguna de que el Gobierno de Aragón actual tenga un compromiso inequívoco con el respeto de la legalidad y con el respaldo a la profesionalidad de quienes trabajan en la función pública autonómica. Sin confianza en los profesionales del sector público, cualquier acción de gobierno está llamada al fracaso y a la esterilidad, como estamos comprobando a la altura del ecuador de la presente legislatura.

La regeneración política y la cohesión social ante la crisis debieran ser los dos ejes esenciales de la actual acción de gobierno, pero no es posible detectar en los actuales responsables políticos ningún mensaje sólido en tales direcciones. Si el liderazgo político en la sociedad aragonesa es apenas perceptible, en el seno de la Administración autonómica es nulo, inexistente.

La falta de habilidades directivas y el sectarismo son dos elementos que lastran poderosamente la actuación de los responsables de la actual Administración aragonesa en ámbitos decisivos de la gestión pública, y restan credibilidad a cualquier mensaje de futuro que pretende transmitirse. 

Se impone una profunda reflexión sobre el actual marasmo que vive la administración autonómica, pues la escasez de recursos no puede servir de justificación a la parálisis existente, sino que justamente debiera ser razón para redoblar esfuerzos, coordinación, priorización de objetivos y, sobre todo, mostrar ejemplaridad y capacidad de movilización de recursos disponibles por parte de todos, pero muy en especial por los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración autonómica.