El
Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado, de manera que su remisión al Congreso de los
Diputados, para su tramitación parlamentaria, se hará antes del 1 de octubre,
dando con ello cumplimiento a lo previsto en el artículo 134.3 de la Constitución
Española: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de
los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes
de la expiración de los del año anterior”. Dado el carácter anual de los
Presupuestos, su expiración se produce con el final del ejercicio, de manera
que la presentación ha de efectuarse antes del último trimestre del mismo, es
decir, con anterioridad al 1 de octubre.
Los
poderes públicos han de ajustar su actuación a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico, como resulta obligado en un Estado de Derecho, y la primera norma a
respetar por parte del Gobierno ha de ser, necesariamente, la Constitución. Actuar
de otro modo sería restar valor al principio de legalidad y considerar disponibles
por parte de los poderes públicos los mandatos constitucionales, cosa que en
modo alguno está al alcance de autoridades públicas ni ciudadanos.
El
cumplimiento de las normas es la primera obligación exigible a cualquier
responsable gubernamental, pues la legitimidad de origen que le confiere su forma de
constitución –la confianza otorgada por el Parlamento en el caso del Gobierno,
a través de la investidura de su Presidente- debe verse acompañada por la
legitimidad de ejercicio que se obtiene mediante una actuación respetuosa del
ordenamiento jurídico, pues la ley ha de entenderse como un límite
infranqueable para quienes ejercen cualquier tipo de poder político. Lo
contrario nos situaría fuera de nuestro modelo constitucional de Estado de
Derecho.
El
hecho de que los poderes públicos se ajusten a las normas supone la mejor
pedagogía para los ciudadanos de una democracia, pues difícilmente cabe esperar
o reclamar un comportamiento cívico y respetuoso de las leyes cuando las
autoridades incurren de forma reiterada en su vulneración.
El
Gobierno de Aragón, a su vez, debe ajustar la aprobación del Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón a lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Aragón, cuyo artículo
111.4 dispone: “El Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de
presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso”.
En
los últimos años, el Gobierno de Aragón ha incumplido de forma manifiesta el
plazo de presentación requerido por el Estatuto de Autonomía, y esta Asociación
se ha dirigido en todas las ocasiones al Justicia de Aragón para que recuerde
al Gobierno de Aragón la obligación de respetar el Estatuto de Autonomía, sin
que hasta la fecha se haya resuelto ninguna de las quejas planteadas por
vulneración del Estatuto, pese al tiempo transcurrido. Es evidente que este año
corremos nuevamente el riesgo de que el Gobierno de Aragón vuelva a ignorar las
fechas exigidas por el Estatuto de Autonomía, otorgándose a sí mismo de manera antijurídica
un plazo distinto al establecido por el Estatuto de Autonomía, desconociendo con ello lo
que implica ejercer el poder político en un Estado de Derecho. Veremos lo que
sucede, pero en el caso de rebasarse nuevamente el plazo legal, esta Asociación formulará
nueva denuncia ante el Justicia de Aragón, sin perjuicio de que la misma no sea
nunca resuelta, pues el peor escenario posible, más grave incluso de que el
poder político incumpla las leyes, es que los ciudadanos sean indiferentes a
dicho incumplimiento.
3 comentarios:
¿estamos en un estado de derecho?
Todo apunta a que no lo hará.
No se respetará el plazo.
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