PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN UN REPORTAJE DE HERALDO DE ARAGÓN: NECESARIA REVISIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL.

Ayer publicó Heraldo de Aragón un reportaje sobre los sueldos de los directivos de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuestión sobre la que no existe la transparencia debida a todo gasto público –la Ley de Presupuestos publica las retribuciones de los miembros del Gobierno de Aragón y de los altos cargos de la Administración autonómica, pero no recoge las retribuciones de los directivos del sector público empresarial, cuya fijación corresponde determinar al Gobierno de Aragón, según establece el artículo 87.3 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma-, y cuyos datos únicamente han sido conocidos –de modo parcial- como resultado del control parlamentario de los grupos de oposición.

Para dicho reportaje se requirió una colaboración por parte de nuestra Asociación, que no quisimos centrar exclusivamente en el tema retributivo de los directivos de las empresas, sino abordar la necesaria y urgente revisión del modelo de gobierno corporativo del sector empresarial público, racionalizando su estructura y reforzando su profesionalidad y eficiencia, en la línea fijada por las directrices aprobadas por la OCDE en 2011, a partir de las cuales está Asociación llevará a cabo distintos iniciativas y propuestas en los próximos meses.

Constituye una satisfacción el hecho de que esta Asociación haya sido invitada a expresar su opinión sobre el sector empresarial, junto a la de otros expertos, de los campos de la economía y el derecho administrativo, pues ello supone un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando, desde hace siete años, a favor de una Administración y una función pública comprometidas con los principios constitucionales de legalidad, eficacia y servicio al interés general.

Reproducimos, a continuación, el texto íntegro de la colaboración de esta Asociación recogida ayer en el reportaje de Heraldo de Aragón:

“URGE UNA REVISIÓN.

El sector empresarial autonómico experimentó en legislaturas pasadas un crecimiento exponencial, con voluntad deliberada de sustituir a la función pública profesional en determinados ámbitos de la gestión pública. En lugar de una función pública imparcial, garante de la legalidad, se optaba por empresas tuteladas políticamente con fines no siempre coincidentes con el interés general. Dicha expansión, sorprendentemente, no fue cuestionada desde la iniciativa privada, pese a alterar en muchos casos las reglas de competencia del mercado.

La selección del personal de las nuevas empresas se efectuó al margen de procesos ajustados a principios de igualdad, mérito y capacidad, eludiendo todo control de objetividad, negándose información sobre dicho personal a las Cortes de Aragón. Con ello se creaba un ámbito de gestión opaco y exento del control democrático. La opacidad afecta, también, a los sueldos de los directivos, cuyas cuantías no figuran en las leyes de presupuestos y se fijan libremente por el Gobierno de Aragón.

La dirección de las empresas públicas se atribuye a consejos de administración integrados por políticos –del gobierno y de la oposición- y altos cargos, en contra de los criterios de profesionalidad e independencia que propugna la OCDE, para evitar interferencias políticas en su gestión.

Urge una profunda revisión del sector público autonómico, que permita racionalizar y adecuar su gestión a las Directrices de Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas de la OCDE (2011), para evitar ineficiencias y distorsiones en el mercado y asegurar transparencia,  profesionalidad y calidad en su gestión. Esa revisión debiera haberse acometido con mayor celeridad que la aplicada en el área de las políticas sociales.

Julio Guiral Pelegrín, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”