LOS DEMASIADOS FRENTES ABIERTOS CONTRA LA ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA.

Esta Asociación trata de hacer frente con sus escasos medios a un conjunto de procesos judiciales promovidos para la defensa del derecho de acceso a la función pública, para reclamar el respeto del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) tanto en la aprobación de las Ofertas de Empleo Público por parte de las diferentes Administraciones Públicas como en la regulación de las tasas de reposición de efectivos que incluyen cada año las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, al convertirlas en un límite antijurídico a la convocatoria de las plazas cubiertas por funcionarios interinos, lo que supone una inaplicación de lo previsto en el EBEP y, al mismo tiempo, una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española.

Hemos insistido en anteriores notas que la legalidad presupuestaria no puede desconocer las exigencias de la legalidad constitucional o de la legalidad sectorial, cuyas obligaciones han de marcar las previsiones de gasto y no al contrario, pues no es función del legislador –vía ley de presupuestos- alterar el alcance de los derechos fundamentales de los ciudadanos, afectando a su contenido esencial, indisponible por definición para los poderes públicos.

La batalla judicial de la impugnación de las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 –ganada en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, respectivamente- ha dado paso a una dura disputa jurídica para conseguir la estricta ejecución de ambas sentencias, tratando de evitar que la Administración –de forma arbitraria- minimice sus efectos, particularmente en el ámbito del personal docente no universitario, en el que la falta de rigor de los responsables de personal resulta incomprensible. Cuesta creer que el responsable de la Dirección General de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte realice afirmaciones tan inconsistentes, en sus reuniones con los sindicatos de la enseñanza, como que la Oferta de 2010 no se halla recurrida, cuando precisamente nos hallamos pendientes de sentencia, tras formular todas las partes los respectivos escritos de conclusiones. O hay mala fe en tales afirmaciones o existe una ignorancia inexcusable que inhabilita para el desempeño de responsabilidades públicas.

Esperamos ahora el posible fallo judicial que corresponde dictar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la Oferta de Empleo Público de 2010 y también el pronunciamiento pendiente del Tribunal Supremo sobre la Oferta de Empleo Público de 2014 para la Administración General del Estado, en cuya impugnación cuestionamos la licitud constitucional de las tasas de reposición de efectivos como medida limitadora del derecho de acceso a la función pública.

A todos los procesos pendientes, se añaden de manera constante nuevas circunstancias que obligan a esta Asociación a posicionarse, como ha ocurrido con el proceso selectivo de Administradores Superiores, en el que se aplican criterios ajenos a lo establecido en las bases de la convocatoria –como es la exención de pruebas a candidatos que han superado el primer ejercicio en anteriores convocatorias- con la más absoluta arbitrariedad y opacidad, con lo que se conculcan frontalmente los principios de legalidad, igualdad y publicidad que han de presidir todo proceso selectivo. Todo parece indicar que tanto el Instituto Aragonés de Administración Pública como el Tribunal de selección actuante han optado por ignorar las irregularidades señaladas y proseguir el desarrollo de las pruebas, con total indiferencia al perjuicio que pueda derivarse de tal modo de actuar. El proceso de Administradores Superiores ha puesto de manifiesto, por los errores en que se ha incurrido en la realización de la primera prueba, una práctica irregular del Instituto Aragonés de Administración Pública que afecta a otros procesos selectivos y que debiera abordarse de manera global para ajustarse a las exigencias de legalidad, igualdad y publicidad en el desarrollo de los procesos selectivos.

Parece constatarse que la incuria en materia de selección de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma no se agota en la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público, sino que alcanza a una gran cantidad de elementos que resultan igualmente decisivos para asegurar procesos selectivos plenamente ajustados a los principios constitucionales. Tal vez sea el momento de revisar en profundidad el sistema de selección de personal en esta Administración para establecer fórmulas que resulten ágiles, eficaces y con plenas garantías para todos los aspirantes.

Todas las deficiencias que no se afrontan y resuelven adecuadamente se van sumando y acaban lastrando de manera inevitable cualquier pretensión de actuación correcta, y la peor conducta que cabe imaginar es la de aquellos que no reconocen las deficiencias, no asumen sus errores y anteponen su criterio a cualquier otra consideración, incluidos la seguridad jurídica y los derechos e intereses de aquellos que participan en procedimientos que, como hemos podido observar, no reúnen las debidas garantías de legalidad.