NECESIDAD DE ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN: CUANDO NO EXISTE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO NI SE EJERCE EL CONTROL PARLAMENTARIO SOBRE LOS ABUSOS EN LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL.

Esta Asociación solicitó meses atrás a las Cortes de Aragón una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la empresa SARGA, vista la presencia en su plantilla de numerosos candidatos electorales del Partido Aragonés (PAR), cuya contratación en la citada empresa puede hallarse directamente vinculada con su militancia política. Nuestra petición, sin embargo, no fue recogida por ningún Grupo Parlamentario de la Cámara ni los órganos de gobierno o funcionamiento de la Cámara dieron a la misma una respuesta expresa, más allá de remitir nuestra petición a los diferentes Grupos Parlamentarios.

 

Ante la pasividad mostrada por el conjunto de las instituciones respecto al necesario esclarecimiento de las formas de contratación en las diferentes entidades del sector público autonómico –ignorando los graves indicios de utilización clientelar de tales entes para colocar a personas afines por razones políticas o personales-, esta Asociación deberá considerar la oportunidad de instar un control por parte de la Fiscalía Anticorrupción, para determinar si los indicios existentes responden a prácticas irregulares que pudieran contar con relevancia penal, resultando necesario esclarecer tanto los posibles abusos cometidos como las diferentes responsabilidades en las que hayan podido incurrir las personas que han estado al frente de la gestión del sector empresarial público.

 

Sirva de ejemplo para tal posible iniciativa la investigación que se lleva a cabo en el sector público del Principado de Asturias, de acuerdo con lo informado hace unos días en el blog de Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies, asociación de funcionarios asturianos con la que nuestra asociación mantiene una relación de colaboración en iniciativas de control de la legalidad en el ámbito de la función pública.

 

Se reproduce a continuación la nota publicada en el blog de Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies:

 

“La Fiscalía investiga la contratación del personal de las empresas y fundaciones públicas del Principado.

 

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación (ver aquí) sobre la posible existencia de delitos de prevaricación y nombramientos ilegales en relación con la contratación de personal laboral de empresas y fundaciones del sector público del Principado de Asturias.

Esta investigación responde a la denuncia presentada por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies el pasado 24 de marzo ante la Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública  (ver aquí), sobre los procedimientos de contratación del personal laboral por parte de las referidas empresas y fundaciones, por incumplir los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad,  que exigen convocatorias y bases públicas y transparentes y órganos de selección imparciales, profesionales e independientes.

En dicha denuncia señalamos que la información facilitada por varias Consejerías respecto a algunas entidades, empresas, consorcios y fundaciones (19 en total), permite concluir que se ha incumplido la legalidad de aplicación de manera palmaria y evidente. Así, a título de ejemplo:

1. Las empresas públicas Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A. (ASTUREX) y Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU, reconocen la contratación directa, sin convocatoria pública, de varios trabajadores de su plantilla:

              -    ASTUREX reconoce la contratación sin convocatoria pública de: un director general y seis (6) técnicos superiores (cinco de ellos procedentes del IDEPA, de la Cámara de Oviedo, de la Cámara de Avilés, de Presidencia del Principado).

              -   Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU reconoce la contratación sin convocatoria pública de un técnico informático, una coordinadora general y de un ordenanza. 

2. La Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) reconoce que los procesos de selección del personal directivo, docente y de apoyo se realizan en base a varias Órdenes Ministeriales del año 2001, conforme a las cuales se excluye la normativa establecida para la selección del personal de las Administraciones Públicas. Es decir, admite que no aplica los principios legales del artículo 55 del EBEP

3. La empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias SA (GITPA) señala que la selección de sus trabajadores la realiza una empresa privada (Eulen SA)

4. Otras empresas públicas como las ya citadas ASTUREX y Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU, la Fundación Asturiana de la Energía, la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias SA o la Inspección Técnica de Vehículos SA (ITVASA), indican que realizan convocatorias en la prensa o en su página web, pero no aportan acreditación de la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ni de la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

5. La empresa VIPASA hace referencia a una serie de convocatorias públicas, sin identificar el medio de publicidad, ni el contenido de la convocatoria y sus bases.
6. Sobre la empresa pública Albancia se reconoce que la forma de contratación de su personal se realizó entre los años 2007 y 2010 a través de las Fundaciones FAEDIS y Fundosa, y que en el año 2010 se creó una bolsa de empleo. Es decir, la contratación de personal se hizo al margen de los procedimientos y principios legales del EBEP .
7. Sobre las convocatorias de la fundación FASAD, se aportan una serie de ofertas de trabajo a través del Servicio Público de Empleo, siguiendo un procedimiento de contratación propio de la empresa privada.  

Asimismo, en la denuncia presentada ante la Fiscalía advertimos que el Principado de Asturias no entregó a esta asociación la información solicitada sobre la contratación de personal de empresas y fundaciones públicas tan relevantes como Gispasa, Recrea, la Fundación Niemeyer, SERPA (Servicios Públicos del Principado de Asturias SA), Sogepsa, Sasec (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos), entre otras muchas.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies vuelve a reiterar que la existencia de una Administración paralela en la que la selección del personal se hace con criterios de empresa privada, lesiona gravemente los derechos fundamentales de los asturianos y asturianas a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, en base exclusivamente a sus méritos y capacidades y no a recomendaciones, enchufes e influencias políticas, sindicales etc.. Este modo de proceder ha dado lugar a una extensa red clientelar incompatible con un sistema democrático mínimamente presentable.

Por ello, confiamos en que la recién creada Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública investigue a fondo los procedimientos de contratación efectuados en las empresas y fundaciones del sector público asturiano y exija las responsabilidades a que hubiera lugar “.