LA LUCHA POR EL DERECHO Y CONTRA EL DERECHO: OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en sentencia  de 14 de abril de 2015, ha anulado la oferta de empleo público de 2014 de la Diputación Provincial de Huesca y los procesos selectivos realizados para cubrir cuatro plazas de Auxiliar Administrativo y otras cuatro de Administrativo en dicha institución, admitiendo así el recurso promovido por la Abogacía del Estado, en el que se invocaba la prohibición de incorporación de nuevo personal a lo largo de 2014 establecida en la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Este hecho viene a constatar la realidad manifestada por esta Asociación en sus escritos de petición a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en el sentido de que el esfuerzo realizado por la Administración General del Estado para controlar la legalidad del acceso al empleo público en las entidades locales de cada Comunidad Autónoma no se dirige a asegurar la realización del derecho, sino a asegurar la aplicación de los límites legales establecidos en las leyes de presupuestos. Así, se actúa contra la Diputación Provincial de Huesca, por ajustar su actuación a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero nada se hace contra el Ayuntamiento de Zaragoza, que no aprueba oferta de empleo público, ni contra el Gobierno de Aragón, que omite la aprobación de oferta correspondiente al ámbito de administración general.

Ofrece un pésimo ejemplo la Abogacía del Estado –dependiente de las respectivas Delegación y Subdelegación de Gobierno- en cuanto a la defensa de la legalidad, si sus actuaciones se dirigen justamente a evitar que los ciudadanos ejerzan el derecho constitucional de acceso que les reconoce la Constitución Española y regula el Estatuto Básico del Empleado Público –al anteponer a tales normas las limitaciones presupuestarias que cercenan el derecho pero mantienen el gasto, como sucede en el caso de las plazas cubiertas por interinos, lo que demuestra el carácter ilógico de las mismas-, y resulta decepcionante que un Juzgado del orden contencioso-administrativa vuelva a reproducir una jurisprudencia que creíamos ya superada, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, y que limitaría la eficacia del artículo 23.2 CE a l no discriminación entre los participantes en un proceso selectivo, excluyendo del derecho la exigibilidad de celebración de los procesos selectivos.

Lo sucedido con la oferta de empleo público de la Diputación Provincial de Huesca –vistas las tesis defendidas por la Abogacía del Estado y recogidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca- supone un grave retroceso en la defensa del derecho de acceso al empleo público, pues viene a dejar la efectividad de un derecho fundamental –indisponible para los poderes públicos, por expresa garantía constitucional- a las arbitrarias decisiones de las distintas Administraciones Públicas, pues el derecho solo surge, al parecer, cuando éstas, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, haya decidido convocar procesos selectivos, eso sí, cuando la ley de presupuestos generales permita tal posibilidad. Las leyes de presupuestos, al parecer, ya no regulan el gasto de las administraciones sino el alcance de los derechos constitucionales, independientemente de que su ejercicio no afecte el gasto público, como sucede con la cobertura de las plazas desempeñadas por personal interino.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas debiera aclarar, a la vista de todo ello, si el Estatuto Básico del Empleado Público continúa siendo la norma básica que regula el acceso al empleo público y asegura el ejercicio del derecho fundamental de acceso que reconoce a los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española, o ha quedado suspendida en su vigencia. ¿Acaso puede suspenderse la vigencia de un derecho fundamental en un Estado de Derecho?