EL COMPROMISO CON LA FUNCIÓN PÚBLICA PASA POR EL TRABAJO RESPONSABLE Y BIEN HECHO.

La crítica que esta Asociación practica hacia los defectos de funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma y de numerosas decisiones del Gobierno de Aragón, dado el escaso respeto a la legalidad que se aprecia en amplias parcelas de su actuación, no nos exime en absoluto del cumplimiento de nuestras obligaciones como servidores públicos.

Debemos ejercer nuestra actividad profesional de la manera más eficaz y correcta posible, conscientes de que los ciudadanos son los verdaderos destinatarios de nuestro trabajo y que el buen funcionamiento de los servicios públicos es esencial para la realización de los derechos de las personas y para la satisfacción del interés general.

Nuestra postura crítica no es compatible –sino, justamente, todo lo contrario- con el desentendimiento o indiferencia hacia el logro de los objetivos de la organización administrativa, con la imprescindible tensión interna por la mejora de los procedimientos administrativos y de las diferentes técnicas de gestión.

Como servidores públicos, debemos poner toda nuestra capacidad y nuestra energía al servicio de la Administración para asegurar la realización diaria de los valores del Estado social de Derecho que establece nuestra Constitución.

Como ciudadanos,  a su vez, debemos ejercer el uso público de la razón para señalar deficiencias, incumplimientos y vulneraciones que puedan desvirtuar el papel que corresponde tanto a la Administración como al conjunto de las instituciones públicas. 

Ambas vertientes de compromiso son complementarias y se legitiman recíprocamente. La crítica viene a ser, de ese modo, una manifestación más del compromiso con el papel que corresponde a la función pública, con el deber que nos es exigible como servidores públicos. Ejercida en nuestra calidad de ciudadanos.

El buen desempeño de la Administración no se logrará solo con buenas normas y políticos competentes y fiables, sino sobre todo con servidores públicos plenamente comprometidos con su labor profesional, preocupados por la realización conjunta de la legalidad y de la eficacia en cada una de sus actuaciones. Ni la legalidad –en su versión degradada del “legalismo”- puede servir como excusa o justificación de la ineficacia administrativa, ni cabe aspirar a la eficacia al margen de la legalidad, ignorando derechos amparados por las normas, anteponiendo la decisión arbitraria al cumplimiento de la ley.

La labor de control y denuncia que desarrolla esta Asociación no puede ni debe sustituir el exigible compromiso que corresponde a cada servidor público con los valores de legalidad y eficacia. La exigencia externa que ejercemos como Asociación ha de venir a reforzar el esfuerzo colectivo interno para que las leyes se respeten y para que los valores del servicio público se preserven dentro de la organización administrativa, en cada una de sus múltiples manifestaciones.

La función pública ha de relegitimarse socialmente gracias a la actitud y comportamiento de sus miembros. Sin ello, cualquier discurso público reclamando el papel esencial de la función pública dentro de nuestro marco institucional se verá desmentido por el descrédito social de los miembros de la función pública, pues no podemos inhibirnos en la asunción de la responsabilidad pública que nos corresponde, tanto en el hacer como en el no hacer que nos impone nuestro doble sometimiento a la legalidad y a la dirección política del Gobierno respectivo.

Por ello, a nadie debe sorprender que esta Asociación defienda los principios y valores de la función pública y no los intereses o condiciones de trabajo de los empleados públicos, ámbito reservado a los sindicatos en el marco de la negociación colectiva. Los derechos de los ciudadanos y los principios y valores constitucionales de la función pública no pueden ser en ningún caso objeto de negocación, sino de cumplimiento o exigencia. Empezando por nosotros mismos en nuestros puestos de trabajo.