LA LUCHA POR EL DERECHO: LA DEFENSA DEL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA HA DE SER PERMANENTE.

Esta Asociación consideró prioritaria, desde el mismo momento de su creación, la defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad. La realización de dicho derecho –sistemáticamente ignorado por el Gobierno de Aragón, al tiempo que se incorporaba numeroso personal de manera irregular al entramado empresarial promovido como administración paralela- exigía la aprobación de ofertas anuales de empleo público, conforme a lo exigido por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dichas ofertas o no se aprobaban o se hacía con cifras manifiestamente insuficientes, provocando tasas de interinidad inaceptables en el conjunto de la Administración.

Ni la arbitrariedad de los poderes públicos –inaplicando las leyes- ni los acuerdos que pudieran establecerse en el ámbito de la negociación colectiva, con menoscabo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, podían prevalecer frente al principio de legalidad consustancial a un Estado de Derecho. Contra ambas inercias, fuertemente arraigadas en la Administración autonómica, quiso reaccionar esta Asociación, considerando que la vigencia efectiva de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública era el elemento esencial para asegurar la profesionalidad y el compromiso con el Estado de Derecho que debían caracterizar la función pública en nuestro marco constitucional.

Todos los esfuerzos realizados en esa dirección –frente a Gobierno y sindicatos, que hicieron incomprensible frente común contra el respeto de las leyes- han dado, finalmente, resultado, y han provocado un claro punto de inflexión en la realidad de nuestra Administración. El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos. Ambos fallos judiciales creemos que han marcado un antes y un después en la Administración autonómica, a pesar de que el actual Gobierno de Aragón haya proseguido sin aprobar oferta de empleo público durantes los años 2012, 2013 y 2014, más allá de la incompleta ejecución de las sentencias judiciales, al aprobar insuficientes ofertas complementarias de 2007 y 2011, como ha declarado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En España, durante estos últimos años, han cambiado notablemente las actitudes de los ciudadanos y de algunos poderes públicos –como el Poder Judicial-, conscientes de la degradación que la arbitrariedad política y la corrupción pública han provocado en nuestro sistema institucional y en la calidad democrática. No es posible subestimar en dicho deterioro el efecto que ha tenido la grave precarización de un tercio del personal de las administraciones públicas, impidiendo con ello que la función pública garantizase de manera adecuada el funcionamiento imparcial y el sometimiento a la legalidad de las diferentes políticas públicas. La politización y desprofesionalización de las administraciones públicas han tenido en la crisis del régimen de acceso a la función pública una de sus manifestaciones más claras, cuyos efectos no parecen haber preocupado a los responsables estatales y autonómicos de función pública. Ha sido necesaria la reacción de la sociedad civil y de los propios servidores públicos para poner en cuestión tales prácticas.

Los logros obtenidos –con las sentencias dictadas y los procesos de ejecución en marcha, pese a las evidentes resistencias de los responsables departamentales- no pueden ocultarnos la necesidad de seguir defendiendo la legalidad, de seguir reclamando el respeto al derecho y de seguir comprometidos con una función pública que se ajuste en todos sus elementos –incluida, lógicamente, su selección- a los principios y valores constitucionales. Nos hallamos ante una tarea permanente, en la que inevitablemente no podemos reducir nuestro nivel de exigencia, pues la arbitrariedad sigue siendo el signo que marca la conducta de nuestros responsables políticos.