Esta
Asociación tiene entre sus objetivos inmediatos la denuncia de la Ley 12/2014, de 18 de
diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés
Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud. Por considerar
que la misma supone una frontal vulneración de las reglas constitucionales de
acceso al empleo público.
Resulta
inadmisible que, junto a las restricciones aplicadas a la aprobación de ofertas
de empleo público, que impiden el normal ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función
pública que constitucionalmente corresponde a todos los ciudadanos, el Gobierno
de Aragón habilite –por vía excepcional- el acceso a la función pública a un
amplio colectivo de personas al margen de los principios de igualdad, mérito y
capacidad, demostrando un manifiesto desprecio por las exigencias de la norma
constitucional e incurriendo en una vulneración del principio de igualdad de
los ciudadanos ante la ley. No se puede
a un mismo tiempo –como ha venido a suceder- negar a unos ciudadanos el
ejercicio de su derecho fundamental, y habilitar a otros el
acceso al empleo público mediante una ley abiertamente irregular, tramitada con
opacidad y precipitación.
Agrava
la decisión del Gobierno de Aragón el hecho de que la aprobación del citado
Proyecto de Ley, acordada en su reunión de 9 de diciembre de 2014, se hiciera
pese al criterio radicalmente desfavorable del informe emitido por la Dirección General
de Servicios Jurídicos, en el que se señalaba que el proyecto normativo
elaborado resultaba contrario a los artículos 23.2 y 149.1.18ª de la Constitución Española,
además de incurrir en el incumplimiento de trámites preceptivos del
procedimiento de elaboración y aprobación del Proyecto de Ley. Dicho informe
igualmente aconsejaba recabar el dictamen del Consejo Consultivo, al objeto de
asegurar la máxima garantía legal del texto.
Dicho
informe jurídico desfavorable no solo no fue atendido –ni en sus objeciones ni
en sus recomendaciones-, sino que tampoco fue remitido a las Cortes de Aragón entre
la documentación que debe acompañar el envío del Proyecto de Ley para su
oportuna tramitación parlamentaria.
El
citado informe debe considerarse parte de los antecedentes necesarios con que
el Gobierno de Aragón debe
acompañar al Proyecto de Ley al enviarlo a las Cortes de Aragón para su
tramitación. Así lo establece el artículo 122.1 del Reglamento de las Cortes de
Aragón: “Los proyectos de ley remitidos por la Diputación General
de Aragón irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes
necesarios para poder pronunciarse sobre ellos”.
Lo
sucedido, por lo tanto, evidencia que el Gobierno de Aragón tomó una decisión –como
es la aprobación de una iniciativa legislativa- a sabiendas de sus
contradicciones con preceptos constitucionales, y que en la tramitación de
dicha iniciativa ocultó a los Grupos Parlamentarios el dictamen desfavorable de
la Dirección General
de Servicios Jurídicos.
Tan
irregular actuación se vio reforzada, además, por el procedimiento especial de
tramitación en las Cortes de Aragón, que llevó a debatir y aprobar en tiempo
record el proyecto normativo, decidiéndose su aprobación en el Pleno del
Parlamento autonómico del 18 de diciembre de 2014, mediante la imposición de
los votos de la mayoría parlamentaria, incurriendo en un nuevo atropello a los
principios del Estado de Derecho, como ya sucedió con la ratificación del Decreto-ley
1/2014, de 9 de enero, con el que se quiso desvirtuar el alcance de las
sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que
anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011.
Como
ya anunciamos en su día, esta Asociación se dirigirá tanto a la institución del
Defensor del Pueblo como al Presidente del Gobierno de la Nación y a los Grupos
Parlamentarios de las Cortes Generales para solicitarles la impugnación de la Ley aprobada, por entender que
incurre en vicio de inconstitucionalidad, según advirtió el informe de la Dirección General
de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.
No
podemos permanecer callados ante lo que supone una decisión arbitraria del
Gobierno de incorporar a la función pública a un amplio colectivo al margen de
las reglas constitucionales de acceso a la misma, con evidente quiebra del
principio de igualdad entre todos los ciudadanos. Es obligado reaccionar para
evitar que esta decisión produzca efectos y sirva de precedente para futuras
integraciones del personal del sector público autonómico –de entidades y
empresas públicas- que ha accedido a sus puestos de manera ajena a los
principios de igualdad, mérito y capacidad que se exigen para ingresar en la
función pública.
7 comentarios:
De ahí la precipitación con que lo hicieron.
Aconsejo consultar el dictamen que en 2011 emitió el Consejo Consultivo de Aragón sobre un anterior intento de integración, al término de la anterior legislatura.
El rechazo de tal posibilidad por parte del Consejo Consultivo fue radical.
El Gobierno de Aragón parece haber dictado una solución contraria a derecho a sabiendas, con la posición contraria de todos sus órganos consultivos en materia legal.
La gravedad del caso es evidente.
Parece que nos las cuelan todas.
Se impone una protesta enérgica ante la Presidenta del Gobierno de Aragón, por la burla del derecho en que se ha incurrido.
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