2015: EL SENTIDO CRECIENTE DEL COMPROMISO EN EL NUEVO AÑO..

Estrenamos un nuevo año, que marca el final de la actual legislatura, tanto en la Comunidad Autónoma como en el Estado. A lo largo de 2015, los ciudadanos renovarán con su voto la composición de las Cortes de Aragón –junto a las Asambleas Legislativas de otras doce Comunidades Autónomas-, en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el 24 de mayo de 2015, y a finales del año tendrán lugar las elecciones generales, con las que se renovarán Congreso de los Diputados y Senado, dando lugar, en ambos casos a nuevos Gobiernos con nuevos programas de acción política.

El nuevo año obliga a fijar nuevos objetivos y a lanzar nuevas iniciativas, pero también a proseguir todas las acciones ya en marcha en la defensa de los principios constitucionales de la función pública.

Hemos de mantener nuestro compromiso con la exigencia de respeto al derecho de acceso al empleo público, y reiterar nuestra oposición a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de oferta pública –nuevamente el artículo 21 de la  Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, contiene previsiones limitativas del derecho fundamental de acceso a la función pública que contravienen tanto el artículo 23.2 de la Constitución Española como el Estatuto Básico del Empleado Público, al suspender el ejercicio del derecho, con manifiesto desconocimiento del carácter indisponible de los derechos fundamentales-, prosiguiendo las actuaciones procesales en todos los procedimientos judiciales actualmente en marcha frente a Ofertas de Empleo Público aprobadas en la Administración autonómica aragonesa y en la Administración General del Estado. La exigencia de respeto a este derecho nos exige igualmente una oposición radical frente a la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, cuyas previsiones comporta la incorporación de un colectivo amplio de personal a la Administración autonómica al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. No es aceptable que las leyes nieguen el derecho de acceso al empleo público que garantiza la Constitución, como ocurre en las normas presupuestarias aprobadas, al tiempo que una ley especial incorpora a la Administración personal al margen de los procesos selectivos establecidos. El respeto de las normas, que también concierne a las leyes, pues la norma constitucional no puede ser desconocida por ellas, exige un cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional de ambas Leyes, que esta Asociación tratará de promover ante los órganos legitimados para plantear recurso de inconstitucionalidad.

Asimismo, la tardía aprobación de los Decretos 217/2014 y 218/2014, ambos de 16 de diciembre, por los que se acuerda respectivamente la Oferta de Empleo Público para 2014 de personal docente no universitario y de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, con evidente omisión de las plazas correspondientes a Administración General, supone un ejemplo más de la anómala política de personal seguida por el Gobierno de Aragón en materia de selección de personal, con una manifiesta arbitrariedad en la fijación de las plazas y plazos de las ofertas de empleo, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al rechazar las condiciones de ejecución de las sentencias que anularon las ofertas de empleo de 2007 y 2011 y obligar a la aprobación de nuevas ofertas complementarias con todas las plazas vacantes ocupadas por interinos que no fueron incluidas en su día.

Esta Asociación no va a rebajar su nivel de compromiso en la defensa del derecho de acceso al empleo público, ni tampoco lo va a hacer en otras cuestiones de particular trascendencia, como es la obligada denuncia de la instrumentalización política de las empresas públicas para asegurar empleo a los candidatos electorales de cierto partido –como ha sido denunciado en el caso de SARGA y su precedente SODEMASA- o del abuso indiscriminado de la libre designación como fórmula de provisión de puestos en ciertos organismos públicos –como es el caso del INAGA- o del préstamo de trabajadores de empresas públicas a la Administración departamental, dando lugar a la suplantación de funciones reservadas a funcionarios por parte del personal laboral de dichas empresas. Sin olvidar tampoco el abuso de los contratos de alta dirección para situar en puestos de responsabilidad directiva a personas carentes de cualquier mérito objetivo para su desempeño.

El horizonte electoral del año que ahora comienza obliga no solo a mantener el compromiso hasta ahora ejercido en materia de defensa de la función pública, sino a incrementarlo, mediante una labor de reflexión y estudio, de debate –interno y externo- de un conjunto de medidas y propuestas de buen gobierno y buena administración que esta Asociación intentará trasladar en las próximas semanas a todas las fuerzas políticas significativas de nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de que las puedan analizar y, en su caso, contemplar en sus programas electorales.

En la línea señalada por el Rey en su mensaje de navidad, nuestra Asociación va a reforzar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción pública –la que afecta a cargos públicos y a funcionarios-, y una muestra de ello es la decisión adoptada por la Junta Directiva en la última reunión de 2014 para incorporarnos a la organización Acción Cívica contra la Corrupción, con el afán de ser un integrante activo de la misma. Proseguiremos con nuestras peticiones a las instituciones europeas y a las instituciones nacionales para que se lleve a cabo un pleno desarrollo de las medidas contempladas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2013, ratificada tanto por España como por la propia Unión Europea.

Necesitamos, tanto para propiciar la regeneración de nuestras instituciones como para garantizar la eficiencia de los servicios públicos y el bienestar colectivo, una función pública profesionalizada plenamente comprometida con la legalidad y el interés general, y trabajar por ella durante el año 2015 –con la mayor exigencia que nos sea posible- sigue siendo nuestro compromiso, al que deseamos convocar a todos los servidores públicos aragoneses.