El
pasado jueves tuvo lugar la reunión prevista de la Junta Directiva de la Asociación, de acuerdo
con el orden del día señalado en su convocatoria y hecho público en este blog,
de acuerdo con los principios de transparencia que marcan el funcionamiento de la Asociación.
Tras
la aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 18 de diciembre de
2014, el Presidente de la
Asociación, Julio Guiral, informó de la actividad desarrollada
a lo largo de las primeras semanas del año, que ha sido reflejada en su práctica
totalidad en el blog asociativo. Estos días han venido marcados
fundamentalmente por la formalización de la adhesión de la Asociación a la
organización Acción Cívica contra la Corrupción, pasando a ser el primer socio
institucional de la misma, con la que se espera poder colaborar en un futuro en
la exigencia de desarrollo de la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2013. Asimismo,
responsables de la Asociación
han mantenido diferentes contactos externos, con representantes de Candidatura
Independiente de SARGA, Colectivo Salud Cinco Villas, CGT Enseñanza y Asociación
para la Defensa
de la Sanidad Pública
de Aragón, para abordar aspectos de interés común en la defensa de la legalidad
y del derecho de acceso a la función pública. Se valora muy positivamente el
hecho de que nuestra Asociación esté en condiciones de establecer cauces de
comunicación y colaboración con organizaciones que trabajan en ámbitos del sector
público distintos al de Administración General, en el que de forma mayoritaria
hemos centrado nuestras iniciativas.
Se
conviene en la importancia de proseguir nuestra campaña de denuncia frente a la Ley de integración efectiva
del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud, así como redoblar nuestras presiones
sobre los miembros del Gobierno de Aragón responsables de la ejecución de las
sentencias obtenidas por esta Asociación en materia de oferta de empleo público,
marcándonos como prioridad la oferta complementaria de personal docente no
universitario, dado el nivel de arbitrariedad que caracteriza a los
responsables del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte en
la materia.
Asimismo,
se valora muy positivamente la reciente sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, admitiendo el recurso promovido por la Asociación contra el
Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulneración del
derecho fundamental de petición, al no contestar a la petición realizada en
octubre de 2010 para revisar la regulación del Registro Actividades, Bienes e
Intereses de altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma,
de manera que su contenido tuviera carácter público, en los términos en que se
contempla en otras Administraciones Públicas, entre ellas la Administración General
del Estado. La Asociación
debe aprovechar el fallo judicial para volver a requerir al Gobierno de Aragón
el respeto y adecuada ordenación del ejercicio del derecho de petición de los
ciudadanos ante el Ejecutivo autonómico y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, dada la muy deficiente actuación que se sigue dispensando a dicho
derecho fundamental, con flagrantes incumplimientos o vulneraciones de su
regulación legal.
Seguidamente,
y como elemento monográfico de la reunión, se aborda la necesaria revisión del
Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración que pretende
elaborar la Asociación
de cara a la próxima legislatura de las Cortes de Aragón, con la doble
finalidad de sugerencias dirigidas a los grupos políticos –para su posible
incorporación en sus programas electorales o en sus objetivos de actuación política
a lo largo de la legislatura- y de programa de acción para la propia Asociación
a lo largo de los próximos cuatro años, sin perjuicio de aquellas otras
actuaciones que puedan venir determinadas por las actuaciones de responsables públicos
o situaciones concretas que comprometan los principios de legalidad,
profesionalidad y ética pública, a los que se debe nuestra Asociación.
Se
coincide en considerar válidas la mayor parte de las propuestas contenidas en
el Documento elaborado con motivo del inicio de la actual legislatura, más allá
de la necesaria revisión de las mismas y de la actualización de aquellas
propuestas que –como la ley de calidad de los servicios públicos o la elaboración
de un boletín estadístico sobre el personal de la Administración
autonómica- han tenido un desarrollo parcial a lo largo de la legislatura, lo
que obliga a modificar su formulación, para destacar las insuficiencias de lo
realizado y establecer nuevas metas hacia las que avanzar en dichos campos. El
cambio social y político experimentado a lo largo de estos últimos años –desde 2011,
fecha del actual documento- y, en particular, los numerosos casos de corrupción
pública aflorados así como las notables alteraciones políticas derivadas de las
pasadas elecciones europeas de 2014, obligan a reforzar el tono y el enfoque
del documento, incidiendo en la importancia que las ideas de buen gobierno y
buena administración, y sobre todo su realización práctica, han de cumplir en
la regeneración y fortalecimiento de las instituciones democráticas y en el
buen desempeño de las administraciones públicas, dentro del marco
constitucional, como estructura indispensable para la realización diaria del
Estado social y democrático de Derecho.
Consecuentemente,
la Asociación
ha de vivir en este primer trimestre de 2015 dos importantes procesos, que se
refuerzan entre sí, como son la apertura hacia la colaboración con otras
entidades que trabajan por objetivos compartidos y la revisión del documento de
propuestas que debe permitirnos contar con un nuevo horizonte de trabajo a
desarrollar en los próximos cuatro años, que deberá concretarse en todas
aquellas peticiones y sugerencias que habremos de dirigir a los responsables institucionales
y al conjunto de actores que intervienen en la deliberación y aprobación de las
políticas públicas que inciden de manera directa sobre la calidad democrática y
la configuración del modelo de función pública, de manera que ésta pueda
avanzar hacia la organización eficiente al servicio del interés general que
señala nuestra norma constitucional.
2 comentarios:
Un fallo informático en el cruce los listados de plazas e interinos obligará al Gobierno de Aragón a convocar 78 plazas de funcionario más. Se añaden a las 2.783, que el Ejecutivo tiene que sacar --ya lo está haciendo durante estos meses-- como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
La sentencia obliga al Gobierno actual a convocar todas las plazas que, a fecha de 31 de diciembre del 2006 y a 31 del mismo mes, pero del 2010, estaban ocupadas por interinos. En ese momento, el Ejecutivo socialista sacó los concursos correspondientes al 2007 y el 2011, pero se dejó las plazas de los interinos. Una denuncia de la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón motivó está convocatoria.
Tras la sentencia del TSJA la Dirección General de Función Pública realizó "un exhaustivo y arduo trabajo" que consistía en identificar las plazas que en aquellas fechas estaban ocupadas por interinos, según explicó el responsable del área, Ignacio Murillo. En febrero del año pasado el Gobierno aprobó los decretos de oferta, con las 2.783 plazas que se habían detectado como resultado de este análisis. Eran: 1.364 de Sanidad, 385 de Educación y 1.034 de Administración General. A partir de ahí se fijó un calendario para ir convocando estas plazas ordenadamente. Aunque la sentencia daba un plazo de 3 años para hacerlo, pero se marcó como objetivo sacarlas en el plazo de un año, "y de momento se está cumpliendo", explicó el director general.
PLAZA POR PLAZA
A finales del 2014, el TSJA exigió al Gobierno de Aragón que volviera a revisar todo el proceso para detectar errores. A ello se puso Función Pública: la tarea consistió en volver a rastrear "plaza por plaza". Finalmente, la dirección general concluyó que "efectivamente hay otras 78 plazas que deben sumarse a las 2.783 iniciales", reconoció Murillo. "Aunque es un número reducido de plazas en proporción al volumen global, no cabe duda de que es importante y positivo para mejorar al máximo el proceso, con el objetivo final de convocar todas las plazas que corresponden", advirtió.
Educación convocó ya más de la mitad de las plazas el pasado verano y las restantes saldrán en verano del 2015 --siempre se hacen en verano--. Sanidad sacará las suyas en este 2015, porque el año pasado estaba inmerso en otros procesos de oposición también muy numerosos. Y Administración General --cuya convocatoria corresponde al departamento de Hacienda-- se marca un calendario ordenado para ir convocando progresivamente: primero las plazas de A1 --titulados superiores--; luego A2 --diplomados e ingenieros técnicos; ahora mismo se está terminando esta fase--, y luego C1 y C2. "Desde el principio hemos querido que todo este proceso se hiciese con celeridad, pero también con garantías, y siempre teniendo en cuenta que los que aspiran a estas plazas de funcionario precisan de un tiempo determinado para preparar suficientemente los exámenes", subrayó el director general.
Durante estos meses se han ido convocando las de A1, que son unas 100 plazas --arquitectos, ingenieros industriales y muy diversas especialidades de las antiguas licenciaturas--, y se está terminando con el A2 --unas 200 plazas de más de 20 especialidades de ingenieros técnicos y antiguas diplomaturas--.
"Las convocatorias más numerosas de la Administración General se publicarán en marzo y los exámenes se harán justo después del verano, para que los aspirantes tengan tiempo suficiente para prepararse. Esperamos varios miles de personas demandantes. Pero tenemos capacidad para gestionarlo porque contamos con una amplia experiencia", destacó Ignacio Murillo.
periodicodearagon
Nada como trabajar bien, con personal tal eficaz y competente como el director general.
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