EL GOBIERNO DE ARAGÓN APROBÓ EL PROYECTO DE LEY DE INTEGRACIÓN DEL CASAR EN EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, PESE A LAS ADVERTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ASESORÍA JURÍDICA.

Esta Asociación tiene entre sus objetivos inmediatos la denuncia de la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud. Por considerar que la misma supone una frontal vulneración de las reglas constitucionales de acceso al empleo público.

Resulta inadmisible que, junto a las restricciones aplicadas a la aprobación de ofertas de empleo público, que impiden el normal ejercicio  del derecho fundamental de acceso a la función pública que constitucionalmente corresponde a todos los ciudadanos, el Gobierno de Aragón habilite –por vía excepcional- el acceso a la función pública a un amplio colectivo de personas al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad, demostrando un manifiesto desprecio por las exigencias de la norma constitucional e incurriendo en una vulneración del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.  No se puede a un mismo tiempo –como ha venido a suceder- negar a unos ciudadanos el ejercicio de su derecho fundamental, y habilitar a otros el acceso al empleo público mediante una ley abiertamente irregular, tramitada con opacidad y precipitación.

Agrava la decisión del Gobierno de Aragón el hecho de que la aprobación del citado Proyecto de Ley, acordada en su reunión de 9 de diciembre de 2014, se hiciera pese al criterio radicalmente desfavorable del informe emitido por la Dirección General de Servicios Jurídicos, en el que se señalaba que el proyecto normativo elaborado resultaba contrario a los artículos 23.2 y 149.1.18ª de la Constitución Española, además de incurrir en el incumplimiento de trámites preceptivos del procedimiento de elaboración y aprobación del Proyecto de Ley. Dicho informe igualmente aconsejaba recabar el dictamen del Consejo Consultivo, al objeto de asegurar la máxima garantía legal del texto.

Dicho informe jurídico desfavorable no solo no fue atendido –ni en sus objeciones ni en sus recomendaciones-, sino que tampoco fue remitido a las Cortes de Aragón entre la documentación que debe acompañar el envío del Proyecto de Ley para su oportuna tramitación parlamentaria.

El citado informe debe considerarse parte de los antecedentes necesarios con que el Gobierno de Aragón debe acompañar al Proyecto de Ley al enviarlo a las Cortes de Aragón para su tramitación. Así lo establece el artículo 122.1 del Reglamento de las Cortes de Aragón: “Los proyectos de ley remitidos por la Diputación General de Aragón irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos”.

Lo sucedido, por lo tanto, evidencia que el Gobierno de Aragón tomó una decisión –como es la aprobación de una iniciativa legislativa- a sabiendas de sus contradicciones con preceptos constitucionales, y que en la tramitación de dicha iniciativa ocultó a los Grupos Parlamentarios el dictamen desfavorable de la Dirección General de Servicios Jurídicos.

Tan irregular actuación se vio reforzada, además, por el procedimiento especial de tramitación en las Cortes de Aragón, que llevó a debatir y aprobar en tiempo record el proyecto normativo, decidiéndose su aprobación en el Pleno del Parlamento autonómico del 18 de diciembre de 2014, mediante la imposición de los votos de la mayoría parlamentaria, incurriendo en un nuevo atropello a los principios del Estado de Derecho, como ya sucedió con la ratificación del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, con el que se quiso desvirtuar el alcance de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011.

Como ya anunciamos en su día, esta Asociación se dirigirá tanto a la institución del Defensor del Pueblo como al Presidente del Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales para solicitarles la impugnación de la Ley aprobada, por entender que incurre en vicio de inconstitucionalidad, según advirtió el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.

No podemos permanecer callados ante lo que supone una decisión arbitraria del Gobierno de incorporar a la función pública a un amplio colectivo al margen de las reglas constitucionales de acceso a la misma, con evidente quiebra del principio de igualdad entre todos los ciudadanos. Es obligado reaccionar para evitar que esta decisión produzca efectos y sirva de precedente para futuras integraciones del personal del sector público autonómico –de entidades y empresas públicas- que ha accedido a sus puestos de manera ajena a los principios de igualdad, mérito y capacidad que se exigen para ingresar en la función pública.