PETICIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN A LAS CORTES DE ARAGÓN SOBRE LA IRREGULAR SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA SARGA.

El pasado mes de diciembre de 2014, intervinieron ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, un grupo de trabajadores de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), integrantes del sindicato Candidatura Independiente, y en la citada comparecencia, además de exponer las reivindicaciones laborales de la plantilla de la empresa, denunciaron la existencia de más de cuatrocientos trabajadores –un tercio del total de la plantilla- con presencia en las candidaturas electorales del Partido Aragonés (PAR).

Dicha denuncia viene a poner de manifiesto la presunta instrumentalización política del sector público empresarial desde el Gobierno de Aragón, al supeditar el funcionamiento de la empresa a los intereses partidistas con el fin de asegurar puestos públicos a quienes se incorporen a las candidaturas electorales del Partido Aragonés (PAR). De ser así, y existen razones para considerar que la acusación cuenta con fundamento real, estaríamos ante una grave malversación de fondos públicos por parte de responsables institucionales del área medioambiental de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Los hechos merecen, como se ha hecho con las graves irregularidades producidas en la gestión de la empresa pública PLAZA, S.A., la constitución de una comisión parlamentaria de investigación, ante la que sean citados todos los responsables de la gestión de la empresa SARGA –y de su antecedente SODEMASA- y del área medioambiental de la Administración autonómica, para que se aclaren las condiciones de contratación y de dedicación de su plantilla, se investiguen las conexiones entre la misma y las candidaturas electorales del Partido Aragonés (PAR) y, asimismo, se investiguen las condiciones en que viene operando la empresa en sus relaciones con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, como son los trabajos encomendados, las condiciones de ejecución y el continuado e irregular préstamo de trabajadores a la Administración, en la que suplantan indebidamente la actividad de funcionarios públicos.

Resulta incomprensible, a nuestro juicio, que el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, no haya comparecido a petición propia ante las Cortes de Aragón para dar las explicaciones oportunas en relación con la acusación realizada. Es inaceptable que el rechazo de tal acusación, ante la opinión pública, se haya realizado no por el responsable del Departamento afectado, sino por el Presidente del Partido Aragonés (PAR), José Ángel Biel, cuya neutralidad como Presidente de las Cortes de Aragón, responsable máximo del control de la acción del ejecutivo, ha venido a quedar una vez más en entredicho.

Con independencia del control parlamentario reclamado, esta Asociación reunirá en próximas fechas toda la información posible sobre las irregularidades existentes en la plantilla de SARGA, para su traslado, en el caso de que lleguen a constatarse indicios suficientes de graves irregularidades, a la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que puedan exigirse las posibles responsabilidades penales que correspondan.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición de Comisión de Investigación remitido al Presidente de las Cortes de Aragón:

“Excmo. Sr. Presidente

Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 12 de enero de 2015.

Estimado señor:

El pasado mes de diciembre, en el transcurso de la comparecencia efectuada por representantes de Candidatura Independiente SARGA ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de ese Parlamento, se denunció públicamente la existencia de más de cuatrocientos trabajadores de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) que han figurado como candidatos en las distintas listas electorales del Partido Aragonés (PAR).

Tal afirmación –realizada ante el propio Parlamento autonómico-, cuya gravedad no cabe desconocer, debiera activar los mecanismos de control adecuados para constatar la veracidad de los hechos denunciados y determinar, en su caso, el posible alcance de la señalada instrumentalización partidista  del sector público autonómico.

El hecho de que tal afirmación se haya efectuado ante una Comisión de las propias Cortes de Aragón, institución a la que corresponde ejercer el control sobre la acción del Gobierno, conforme a lo señalado en el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, debería llevar a los propios órganos de gobierno de la Cámara o, en su defecto, a los Grupos Parlamentarios a impulsar las oportunas iniciativas de control que permitan esclarecer la situación en que se halla el personal del sector público autonómico y, en particular, constatar las condiciones de selección del mismo a fin de establecer las posibles conexiones existentes entre los procesos selectivos de personal y la confección de candidaturas en los procesos electorales municipales y autonómicos.

Debiera abordarse igualmente la irregular presencia de trabajadores de las empresas públicas en las unidades administrativas de los Departamentos de la Administración autonómica, donde llevan a cabo de manera indebida funciones reservadas a funcionarios públicos. La insuficiencia de las plantillas administrativas o las limitaciones aplicadas a la selección de personal funcionario de nuevo ingreso no pueden justificar que se acuda al personal de las empresas públicas para el ejercicio de potestades administrativas que tienen atribuidas los órganos propios de la Administración.

Entendemos que los hechos señalados requieren una investigación rigurosa sobre las responsabilidades que pueden concurrir en la contratación irregular del personal de las empresas públicas, correspondiendo en concreto al Parlamento autonómico determinar la responsabilidad política en la que hayan podido incurrir los miembros del Gobierno de Aragón al propiciar o tolerar una irregular selección del personal, guiada por criterios de carácter político o clientelar, o la indebida utilización del personal de dichas empresas para atender funciones propias de funcionarios en el ámbito de la Administración departamental.

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 62 y 64 del Reglamento de las Cortes de Aragón, y al amparo del derecho fundamental de petición que establece el artículo 29 de la Constitución Española, solicitamos que por parte de los órganos competentes se impulse la creación de una comisión de investigación, al objeto de esclarecer las diferentes irregularidades que hayan podido producirse  tanto en materia de selección del personal de la empresa pública Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) como en el indebido ejercicio por su personal de funciones reservadas a funcionarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desarrolladas en las propias oficinas de la Administración autonómica.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”